Majes Siguas II, nuevamente paralizado

 

A inicio de este mes, Cobra, la concesionaria del proyecto agroindustrial Majes Siguas II, nuevamente colgó los guantes. Tras años de tira y afloja para la aprobación de la famosa ADENDA 13 del contrato, que finalmente se aprobó en julio del presente año, lo que permitiría destrabar la ejecución del proyecto, paralizada desde diciembre de 2017.

Para que la firma de la adenda no se dilate hubo mucha presión de algunos sectores, como el empresarial; sin embargo, como advertimos en un artículo anterior, no se volvieron a discutir temas de fondo del proyecto como el modelo de adjudicación. El año pasado la empresa Cobra, perteneciente al conglomerado español ACS, fue absorbida por una más grande, la empresa francesa Vinci. Quizá este hecho resolvió las sombras de insolvencia financiera que se ceñían sobre la empresa y que fueran advertidas por el exparlamentario Horacio Zeballos hace buen tiempo cuando realizó una investigación desde su despacho sobre el proyecto, convirtiéndose en un aliciente más para la firma de la adenda.

Los funcionarios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), han declarado a la prensa que Cobra está pidiendo una suspensión del inicio de actividades basados en una serie de faltas de parte del gobierno regional que ya fueron subsanadas entre el 2015 y 2016, indicando que no hay razón alguna para que el cronograma se retrase hasta abril de 2023, como requiere la empresa.

Desde que se firmó la adenda, el gobierno regional ha tomado diferentes acuerdos para garantizar el financiamiento del proyecto. En junio de este año autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto para este proyecto por un monto que asciende a S/ 43 813 420.88. Posteriormente, en setiembre, el Gobierno Regional de Arequipa aprobó realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para obtener financiamiento con recursos provenientes de una Operación de Endeudamiento Externo por US$ 97 994 640.26 también para financiar el proyecto. El presupuesto actualizado del proyecto es de 2431.4 millones de soles. Sólo registra un avance físico del 12% y se ha recalculado como fecha de entrega el 31 de diciembre de 2026.

La gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, aseguró que no cederán al pedido de Cobra, que busca retrasar el reinicio del proyecto y que harán cumplir el cronograma presentado por la concesionaria en setiembre pasado. Por su parte, el Consejo Regional de Arequipa, quiere interpelar al gerente de Autodema por el retraso, pero no plantean un careo directo con la empresa.

No sólo la ejecución del proyecto está en el ojo de la tormenta, también lo está su supervisión. En un reciente informe de auditoría, la Contraloría General de la República detectó un perjuicio por US$ 2 114 966 en Autodema, unidad ejecutora del GRA, por pagos adicionales a la Supervisión Especializada del proyecto Majes Siguas II, a través de dos adendas al contrato, de las que serían responsables varios funcionarios y servidores tanto de anteriores gestiones como de la actual gestión.

Majes II, no sólo es un proyecto emblemático en el imaginario colectivo arequipeño, sino que también forma parte de los 72 proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 – 2025, publicado recientemente por el gobierno nacional. Siendo así, sería deseable que el propio Ejecutivo respalde al GRA en el arreglo de este entuerto para decidir el reinicio del proyecto o llegar a un posible arbitraje internacional, si ese fuera el caso. Recordemos que Majes Siguas II es una obra público-privada, diseñada desde los escritorios de la tecnocracia de Proinversión, y que el Gobierno Regional de Arequipa ha cumplido cabalmente con los cinco desembolsos solicitados por Cobra, desde que se concesionó el proyecto para su ejecución.

 

 

desco Opina – Regional / 28 de octubre del 2022

descosur

Proyecto Majes II, esperanza y frustración

 

La primera etapa de este proyecto estratégico para la región Arequipa logró poner en producción 15 000 hectáreas de cultivos, arrancadas al desierto al costo de 1300 millones de dólares, lo cual ha sido motivo de un permanente cuestionamiento por tratarse de la habilitación de tierras más cara del mundo en esas condiciones. Sin embargo, hay que señalar que en estos costos se incluye la gran parte de la infraestructura hidráulica (represa de Condoroma, 97 Km de canales con capacidad de transportar 36 m³/s de agua, bocatomas y otras obras), necesaria para la ejecución de la segunda etapa que permitirá la incorporación de 38 500 hectáreas adicionales.

La segunda etapa del proyecto Majes comprende: la represa de Angostura (1140 millones de m³ de capacidad), el canal de derivación Angostura-Colca (18.4 km), la bocatoma de Lluclla (30 m ³/s), el canal de derivación Lluclla-Siguas y el sistema de distribución (38 500 ha). Su objetivo es generar 90 000 empleos permanentes en la agricultura y 100 000 en actividades conexas, a lo que habría que agregar alrededor de 10 000 empleos en la fase constructiva de la infraestructura hidráulica y las centrales hidroeléctricas previstas con capacidad de generación de 540 MW, importantes para asegurar la cobertura de la creciente demanda energética.

Como en muchas obras públicas, el vía crucis de este proyecto en la segunda etapa comienza con la injustificada oposición de nuestros vecinos del Cusco en el año 2013, argumentado “el impacto ambiental negativo” que tendría porque los dejaría sin recursos hídricos para irrigar sus territorios. En el fondo, esta oposición tenía a la base fundamentalmente, expectativas políticas de corto plazo determinadas por los diversos procesos electorales en curso tanto a nivel nacional, regional o local. Una politización distorsionada del proyecto tenía como resultado que los partidos políticos desnudaran su falta de visión territorial y de largo plazo, dando lugar a que los partidos políticos de derecha e izquierda, opinaran de manera opuesta en Cusco y Arequipa. La tradicional rivalidad entre las dos regiones se exacerbó. En esta pugna, el proyecto se judicializó cuando la Municipalidad de Espinar logró una medida cautelar que paralizó el proyecto estableciendo la obligación de realizar un estudio de balance hídrico, que se hizo en convenio entre UNOPS y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con supervisión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El estudio confirmó la viabilidad técnica y ambiental del proyecto, a pesar de ello se mantuvo la oposición de Espinar al mismo.

A esto, se han sumado las dificultades y problemas en la gestión del proyecto a cargo del Gobierno Regional de Arequipa. Guillén Benavides focalizó su accionar en los aspectos judiciales. Yamila Osorio, suscribió doce adendas que elevaron significativamente el presupuesto original y, según los especialistas, desnaturalizó el proyecto por incrementar indebidamente la participación del Estado en beneficio de la empresa concesionaria, vulnerando los términos del contrato original. Y la gestión de Cáceres Llica, que durante la campaña de su elección tenía como bandera central la no suscripción de la Adenda 13, que significaba otro incremento en el costo del proyecto en 104 millones de dólares.

Sobre este último punto, hasta hoy se mantiene una gran controversia en la región entre quienes argumentan que este pedido de la concesionaria es improcedente por cuanto no está suficientemente demostrada la justificación técnica del cambio de diseño y porque adicionalmente, el contrato de concesión establece expresamente que la variación técnica contemplada como posibilidad al momento de suscribir el contrato “no modificaría el presupuesto o aporte del gobierno”. La falta de aprobación de la Adenda 13 hasta el momento, es el factor detonante de la situación actual del proyecto.

Han transcurrido más de diez años desde la suscripción del contrato de concesión en diciembre del 2010 con el Consorcio Angostura Siguas, el costo inicial del proyecto se elevó en el año 2015 a US$ 550 millones de dólares y estaría pendiente su incremento en 104 millones adicionales según la exigencia de la concesionaria, más otros costos por la paralización del proyecto, pasaría a costar US$ 700 millones, según cálculos de Autodema.

Las modificaciones al contrato de concesión inicial, así como las marcha y contramarchas en las diferentes gestiones regionales, sobre todo en la última, han colocado en una situación complicada y desventajosa al Gobierno Regional de Arequipa, que ha sido aprovechada por la concesionaria para poner en marcha el proceso de resolución del contrato, invocando incumplimientos del gobierno regional y anunciando la demanda de 220 millones de dólares por los perjuicios ocasionados en el proceso. En el fondo, esta medida busca ocultar la insolvencia técnica y financiera para cumplir con las obligaciones de la concesión, además de las dificultades que representa la inestabilidad de nuestro sistema político, donde persiste la confrontación entre el Parlamento, el Ejecutivo y otras instancias del poder. Son factores que podrían pesar en contra de la región en un posible arbitraje.

Otro tema importante, aunque no ha ocupado los titulares en los medios, es el referido al diseño centralista del proyecto a cargo de Proinversión, sin participación de las fuerzas vivas de la región, y con un modelo de adjudicación que busca recuperar la inversión mediante la subasta de lotes de 200 hectáreas, supuestamente para superar el error cometido en la primera etapa, donde se adjudicaron parcelas de 5 hectáreas. Un diseño así, pensado exclusivamente en la agroexportación y en la intervención de grandes inversionistas, no corresponde a las condiciones de la región ni a las demandas estratégicas del desarrollo regional y nacional, pues ignora el rol de la agricultura familiar y la necesidad de enfrentar los retos de la seguridad alimentaria.

Así las cosas, ahora lo que se requiere son los mayores esfuerzos para evitar que esta gran esperanza se convierta en una nueva frustración, para lo cual se demanda: una adecuada y eficiente defensa jurídica del Estado en los tribunales; la reformulación del proyecto en función de las necesidades estratégicas del desarrollo y con participación de las fuerzas regionales; y la realización de una nueva licitación internacional que elimine los vicios del modelo de asociación público privado, que ha sido fuente de corrupción en nuestro país.

 

desco Opina – Regional / 18 de febrero del 2022

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Arequipa sin cabeza o la debacle de la política regional

 

Hace algunas semanas un operativo de la Fiscalía Anticorrupción contra la organización criminal denominada “Los Hijos del Cóndor”, culminó con la captura del gobernador regional Elmer Cáceres Llica y cerca de dos decenas de funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa y entidades de importancia como la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) y Copasa – Región Arequipa, entre otras. Las acusaciones son muy graves y están referidas al uso del poder para asegurar los votos del Consejo Regional de Arequipa y proteger al Gobernador a cambio de la cesión y adjudicación de terrenos pertenecientes al proyecto Majes o la entrega de obras condicionadas a las empresas con el pago de comisiones ilegales.

Transcurrido el plazo de ley, tuvo lugar la audiencia para resolver la acusación de la Fiscalía y el pedido de detención provisional, establecido por 24 meses para el Gobernador, períodos de 36 meses para otros, y comparecencia para algunos consejeros. Según lo indicado por la Fiscalía, la acusación se basa en el conjunto de evidencias recolectadas a lo largo de casi dos años de seguimiento mediante una agente encubierta, que ha proporcionado grabaciones y filmaciones de reuniones y comunicaciones en las que se acordaban las irregulares transacciones del caso, entre el Gobernador, los consejeros y funcionarios del gobierno regional y representantes de empresas.

En estas circunstancias, de acuerdo a la normatividad regional, el vicegobernador Walter Gutiérrez, asumió el gobierno regional en condición de encargado, quien de inmediato procedió designar a los funcionarios en reemplazo de los involucrados en el caso “Los Hijos del Cóndor”. A pocos días de iniciada su gestión, se comentaba en los medios la irregular asistencia de Gutiérrez a su despacho por problemas de salud, hecho que culminó fatalmente con su fallecimiento hace 21 días. Transcurridas dos semanas, el Consejo Regional aún no declaraba la vacancia del Vicegobernador fallecido, condición necesaria para la designación del reemplazante, debido a las pugnas internas sobre la sucesión, paralizando las decisiones operativas de la región, algunas de trascendencia, como la continuidad de la segunda etapa del Proyecto Majes.

Esta situación es el desenlace inevitable de una gestión que desde sus inicios mostró sus falencias, con la denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo presentada por el Vicegobernador en contra de Cáceres Llica, acusándolo de impedir su participación en la gestión del gobierno regional que se iniciaba.

Lo que siguió fue una secuencia de decisiones caprichosas, efectistas y frívolas de Cáceres Llica en la gestión regional junto a la designación de funcionarios de su entorno amical, con manifiesta incapacidad de gestión e incompetencia técnica, lo que tuvo su momento crucial en medio de la pandemia. La negligencia y desgobierno para afrontar la emergencia sanitaria motivó la intervención del gobierno central para la designación del Comité Covid-19, en evidente «jalón de orejas» a Cáceres Llica.

En algún momento, el Gobernador se preciaba de implementar una gestión descentralizada recuperando la importancia de las provincias usualmente postergadas; sin embargo, ahora se conoce que las asignaciones de recursos a éstas habrían sido enturbiadas por favores y contraprestaciones bajo la mesa en beneficio de la montada organización criminal.

Un hecho que debe llamar la atención es que han transcurrido prácticamente cuatro años de esta cuestionada gestión, durante los cuales se presumían las irregularidades en la conducción de la región más importantes del país después de Lima. Sin embargo, la sociedad civil no tuvo capacidad para ponerle coto, evidenciando la crisis de liderazgo que padece Arequipa en las últimas décadas.

Hace unos días, finalmente, el Consejo Regional designó y juramentó a la consejera Kimmerlee Gutiérrez, hija del fallecido Vicegobernador, como la nueva encargada del gobierno regional en medio de disputas de los bloques al interior del consejo, el mismo que tiene gran déficit de credibilidad o autoridad para dirigir este período de transición hasta la instalación del nuevo gobierno regional que surgirá de las elecciones regionales y municipales que tendrá lugar en octubre del 2022.

En estas condiciones, se debe exigir a la nueva encargada, la constitución de un comité asesor integrado por representantes de las fuerzas vivas de la sociedad civil regional, como el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Arequipa, la alianza de las Universidades de la Región, la Cámara de Comercio e Industria, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa y la Junta Regional de Usuarios de los Distritos de Riego, con el fin de acompañar y supervisar la gestión en este período de transición, apoyando en la priorización de las inversiones a ejecutar y convocando a profesionales con la solvencia necesaria para enmendar el desastre. Si es que se puede enmendar algo a estas alturas del periodo de gobierno regional.

 

desco Opina - Regional / 10 de diciembre de 2021

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