La factura por la falta de prevención

 

Esta temporada de lluvias –que culmina entre marzo y abril– ha dejado al descubierto que la gestión reactiva de desastres tiene un costo humano y económico que es inaceptable. Mientras Arequipa lamentaba pérdidas humanas y una infraestructura colapsada, además de viviendas dañadas, Puno y Cusco enfrentaban emergencias paralelas que siguen el mismo patrón de vulnerabilidad y prevención postergada. Los datos de ejecución presupuestal del 2025 revelan una verdad incómoda: los recursos para prevenir estaban allí, pero su implementación llegó demasiado tarde o nunca llegó.

A nivel nacional, para el tercer trimestre del año 2025, el desempeño presupuestal Programa Presupuestal 0068 de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, fue bajo, según un reporte del Ministerio de Salud. En Arequipa, el Gobierno Regional sólo ejecutó el 58,6% del presupuesto, según este reporte. Puno, por su parte, enfrenta una emergencia de dimensiones distintas, pero igualmente devastadora. Las intensas lluvias han afectado a miles de familias, con viviendas colapsadas, cultivos anegados y comunidades aisladas. Según el reporte antes mencionado, a finales de setiembre Puno había ejecutado el 54% de ese presupuesto. En Cusco, la situación combina amenazas múltiples, además de las inundaciones en la capital y provincias bajas, el departamento enfrenta riesgos de deslizamientos en sus zonas altas. La ejecución presupuestal del Programa Presupuestal 0068 hasta setiembre, revela que se ejecutó el 57%. Sabemos que no es el único presupuesto para prevención y atención de emergencias, pero este reporte nos muestra que aun montos que no superan los 4 millones de soles, en el caso de los departamentos mencionados, no pueden ser ejecutados con efectividad.

El factor común entre estos grandes departamentos del sur, que agrupan a más del 75% de la población del total de los departamentos que conforman la Macrosur, es la desconexión entre la planificación y la acción. La brecha burocrática está a la vista. Los técnicos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y de otras instituciones especializadas en riesgos y desastres, han señalado repetidamente que la ventana ideal para ejecutar obras de prevención se ubica entre abril y junio, inmediatamente después de la temporada de lluvias. Esta ventana permite descolmatar ríos, construir defensas ribereñas y estabilizar laderas con tiempo suficiente antes del siguiente ciclo de precipitaciones.

Sin embargo, la dinámica política regional, los procesos de contratación dilatados y, en algunos casos, la simple negligencia administrativa, convierten este ciclo técnico ideal en un calvario burocrático. Para cuando las licitaciones se publican, los expedientes se aprueban y las obras se adjudican, la siguiente temporada de lluvias ya está encima. Así, lo que debería ser prevención se convierte en una carrera contra el tiempo que, con demasiada frecuencia, se pierde. En pequeña escala, a nivel de gobiernos locales, pasa lo mismo. Y es más grave aún en municipalidades donde el personal técnico es limitado.

El año pasado se reportaron varios incendios forestales en estos tres departamentos, siendo Cusco el que tuvo más siniestros: 78, afectando hasta 779 hectáreas, según los reportes a junio del Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Sin embargo, Arequipa tuvo una afectación casi tan grave como Cusco: 671 hectáreas con solo dos incendios. Y por qué hablamos de esto, porque hay una interconexión en las negligencias, que aumenta el peligro en esta temporada. Los incendios forestales, como los que vimos en las faldas del Misti, no sólo son una tragedia ecológica, sino que crearon las condiciones ideales para la activación de quebradas –emitiéndose una alerta roja– poniendo en riesgo a la población por la caída de huaicos en lugares sin contención. La vegetación que antes amortiguaba el impacto de las lluvias y permitía la infiltración del agua desapareció, dejando suelos desnudos, erosionados e inestables.

La cultura de la prevención engloba varias acciones para mitigar el peligro ante la temporada de lluvias, como la reforestación (no solo plantar la semilla, sino regarlas para que estas crezcan), la construcción de diques de retención de sedimentos, la instalación de sistemas de monitoreo en las quebradas afectadas y la planificación del territorio con alternativas para que las personas que ya construyeron sus viviendas en quebradas sean reubicadas. Además de promover campañas de concientización para evitar los incendios forestales que, en su mayoría, se deben a la negligencia humana.

La responsabilidad de esta cadena de fracasos en la prevención es transversal. Los gobiernos regionales y locales tienen la obligación legal y moral de ejecutar los recursos destinados a proteger a la población. El centralismo en la toma de decisiones, como no entregar a tiempo los recursos, la falta de capacidades técnicas en los equipos locales y la politización de la gestión de riesgo, son obstáculos que deben superarse con urgencia.

La ciudadanía también tiene un rol que cumplir. La demanda social debe orientarse no solo a solicitar una respuesta eficaz durante la emergencia, sino a la exigencia constante de prevención antes de la crisis. La rendición de cuentas sobre la ejecución del presupuesto destinado a la gestión de riesgo debe ser un tema de debate público permanente en diversos espacios, como las sesiones municipales, los presupuestos participativos, las audiencias públicas, etc. y no sólo reclamarlas cuando las lluvias ya causaron estragos en nuestras viviendas y calles.

La naturaleza no es impredecible en el sur andino, sus ciclos son conocidos: después de unos meses de lluvias (que traen inundaciones y huaycos), vienen las heladas. Lo verdaderamente impredecible es cuánto tiempo más toleraremos la ausencia de la prevención en la gestión pública regional y local. No se trata de repartir frazadas, víveres y hacer campañas de ayuda humanitaria todos los años, sino de ser efectivos con el presupuesto que se destina a la prevención.

 

 

desco Opina – Regional / 30 de enero del 2026

descosur

A mano alzada en el sur

 

El descontento en el sur no se ha apaciguado. Las protestas mantienen la intensidad registrada en sus inicios, y en algunos lugares, como Puno, han recrudecido. La juramentación de Dina Boluarte a la presidencia del país en diciembre de 2022, “hasta el año 2026”, sin sonrojarse, fue el detonante de un volcán que está hace mucho en actividad en esta parte del país, formado por un cúmulo de demandas no resueltas por el gobierno nacional, como las eternas mesas de diálogo que no solucionan los problemas socioambientales, la burla de la masificación del gas con el sistema de gas virtual, la irresuelta desnutrición infantil, la falta de servicios básicos, y un largo etc., combinada con la reivindicación que hacen sus habitantes de su ciudadanía, es decir la exigencia de su inclusión en la política.

Denilson Huaraca Vílchez, natural de Huancabamba (Andahuaylas - Apurímac) de 22 años, es el último de una lista larga de personas que la Policía y el Ejército han victimado en el sur, sin que se identifiquen responsables hasta el momento, sin un mea culpa honesto de parte del Ejecutivo. Toda la violencia ejercida desde el Estado, se lee aquí como desprecio, que no está haciendo más que afianzar la identificación de la población con su cultura secular, provocando que la organización de ciudadanos y ciudadanas, en diferentes lugares, se fortalezca.

El luto en el altiplano, por la masacre en Juliaca, se ha hecho visible en la cancelación de la Fiesta de la Candelaria y del Carnaval de Juliaca. No hay nada que festejar. La triste y ya célebre frase de Boluarte, “Puno no es el Perú”, ha calado tanto, que Puno permanece cerrado. El pase vehicular es restringido para circular en cualquier tipo de unidad motorizada, obligando a que muchos estén atentos a las treguas para trasladarse, mientras las zonas céntricas en varias provincias están tomadas por movilizaciones continuas. Sus autoridades tomaron una posición clara respaldando a los protestantes, pidiendo el esclarecimiento y sanción de las muertes, respaldando el pedido de renuncia de la Presidenta. En varias de sus provincias continúan las actividades para recaudar fondos, tanto para ayudar a los familiares de los asesinados en Juliaca como para hacer bolsa para las delegaciones que relevarán a las que participan en las marchas en la capital.

En Arequipa, si bien parece que la protesta se desvanece, hay una marcada posición política por el adelanto de elecciones ya, sostenida por el nuevo gobernador regional Rohel Sánchez. En la última convocatoria de paro nacional, los mercados, colectiveros locales, estudiantes universitarios y gremios agrupados en la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa apoyaron la protesta.

En Cusco, pese a los anuncios de reactivación del turismo, las carreteras también continúan bloqueadas en algunos puntos, como Sicuani, por lo que las empresas de transporte se han visto obligadas a suspender la venta de pasajes, recientemente.

A raíz de las protestas, en casi todo el sur hay desabastecimiento de GLP y el abastecimiento de alimentos es irregular, aunque en comparación con el mes de enero, está situación ha mejorado. En Puno, las autoridades han pedido a dirigentes y líderes regionales flexibilizar la medida para el ingreso de cisternas con gas. En Madre de Dios, el gobierno llevó alimentos y balones para abastecer algunas zonas. Aún así, bajar las manos no es una posibilidad. 

En el sur no hay tregua con el gobierno de turno, tampoco espacio para el diálogo, pues las condiciones no están dadas mientras desde el Gobierno se sigan ensañando con los manifestantes, gaseándolos, apaleándolos, acusándolos de terrorismo para justificar la excesiva violencia de las fuerzas del orden con el aplauso del Ejecutivo que no pone límites y los premia con un bono, o asesinándolos directamente, como lo hicieron en Ayacucho.

La reciente encuesta de DATUM señala que 71% de la población exige la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Las únicas vías posibles son esas, pero ninguno de estos dos caminos parece estar en la agenda de Palacio, ni del Congreso. Sin gestos políticos, la fractura del sur con la capital se hará más grande. El resto del país tampoco soportará indefinidamente esta actuación del Congreso y el Gobierno. Esa mascarada no resistirá mucho tiempo.

 

 

desco Opina – Regional / 17 de febrero del 2022

descosur

¿La guerra del fin del mundo?

 

43 muertos y más de 600 heridos son hasta hoy el dramático resultado de una explosión social que se inició con distintas movilizaciones en el territorio nacional, detonada por el pobre intento de golpe de Estado del desesperado Pedro Castillo, triste imitación del que diera Alberto Fujimori, treinta años atrás, mostrando el total deterioro de la democracia y el vaciamiento de su contenido, así como su subordinación al patrimonialismo y el clientelismo de nuestra política, a los que no fue ajeno el exmandatario. Las desigualdades y exclusiones y la ampliación de la corrupción, de data tan larga como nuestra historia republicana, acabaron por desnudar el régimen político, multiplicando los grandes malestares de nuestra sociedad.

Si ese fue el primer factor, Dina Boluarte y su gestión, precipitaron la situación. Obviando que legalidad –que la tenía– y legitimidad, no son la misma cosa, su juramentación alimentó la explosión social que se inició el 7 de diciembre pasado, porque desconociendo el carácter de transición de su gobierno y el deseo abrumador de la ciudadanía para que el Congreso también se vaya, se dirigió al parlamento y a la opinión pública limeña, a lo que sumó un primer gabinete «tecnocrático», de perfil bajo y liderado por un premier timorato y autoritario, ignorando los distintos malestares y demandas de la sociedad que la situación avivaba.

Las movilizaciones de diciembre se multiplicaron por el país deviniendo en las más fuertes de los últimos veinte años. Masivas en muchas regiones, especialmente en el sur y el centro, fueron convocadas por distintas y variadas organizaciones, comunidades, gremios, activismos y otras formas de articulación local, sin mayor coordinación entre ellas y con diversas demandas, predominando la exigencia de la renuncia de Boluarte y los congresistas, el adelanto de elecciones para este año y un camino para consultar una Asamblea Constituyente. Sorprendidos por la fuerza de las movilizaciones, en algunas de las cuales se produjeron innegables y condenables actos de violencia y vandalismo que deben ser investigados y sancionados, desde el Ejecutivo y parte importante de la clase política, se recurrió al estado de emergencia, la represión violenta de la policía y las FF.AA., así como la descalificación «primariosa» y el terruqueo de aquellas. 

La designación de Alberto Otárola como premier y la incorporación rápida de un discurso «guerrerista» en el Ejecutivo, mostraron con claridad antes del fin de año, el carácter de un gobierno crecientemente compartido por la señora Boluarte, la más precaria de los tres, el Congreso de la República y las FF.AA., más preocupados por una determinada opinión pública limeña que por entender los hondos y mortales desencuentros que nos caracterizan, a decir del recordado Carlos Iván Degregori, que una vez más, se sentían con nitidez.

Tras la tregua de fin de año, las protestas, como era previsible, se reiniciaron con fuerza e intensidad crecientes. Si Apurímac y Ayacucho fueron focos especiales el mes anterior, Puno fue el epicentro de las movilizaciones y de la descontrolada represión desde la primera semana del año. Como en diciembre, Boluarte respondió violentamente; a las muertes que se sucedieron el Congreso de la República y buena parte de los medios de comunicación lo hicieron aplaudiendo y sumándose a una narración en la que la protesta es responsabilidad exclusiva de Pedro Castillo y resultado de la acción de terroristas, senderistas, vándalos, mineros ilegales, narcotraficantes y azuzadores profesionales, contribuyendo de esta manera a la instalación de la barbarie en el país. 17 muertos en un día y un policía calcinado son parte del desprecio por la vida humana y la banalización de la muerte que pretende instalarse.

En este camino, las posiciones en confrontación se van haciendo irreductibles y la posibilidad de diálogo se aleja. Un Ejecutivo distante de buena parte de la sociedad y sin empatía alguna con los movilizados, así como un Congreso indolente, con una mayoría interesada en su permanencia y su reproducción –como lo acaban de evidenciar grosera e irresponsablemente blindando a un violador con el respaldo de las izquierdas conservadoras (votando en contra, absteniéndose o ausentándose de la sesión) y dando la confianza a un gabinete, horas después de la muertes que bajo su gestión se produjeran en Puno–, alimentan los profundos malestares de la gente y contribuyen al discurso y la acción de los reducidos núcleos violentistas que actúan en la movilización. Resulta inaceptable que desde el Estado y la clase política no se entienda que el sur andino, Puno y Ayacucho en particular y por razones complementarias, son la evidencia indiscutible del naufragio de nuestra construcción de un Estado Nación.

A estas alturas, aunque dramático, es evidente que nuestra clase política, con contadas excepciones, es una vergüenza. Las demandas del interior del país exigiendo la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones este año y la consulta sobre una posible convocatoria a Asamblea Constituyente, responden a la crisis de fondo del país y a la indisimulable ilegitimidad de sus autoridades y de sus representantes. Si realmente queremos construir y afirmar la unidad del Perú con acciones políticas y de gobierno, debemos superar nuestros miedos y estar dispuestos a escuchar para entender, no imaginando «asonadas» sobre Lima como aquellas con las que trató de asustarnos el Primer Ministro días atrás. Para defender la posibilidad de la democracia e impedir la fuerte tentación autoritaria que ya aparece, no podemos permitirnos más muertos.

 

desco Opina / 13 de enero de 2023