¿Bombera o incendiaria?

 

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) no presenta mayores sorpresas. La aprobación de la mandataria sigue cuesta abajo en la rodada (12%) y registra su porcentaje más bajo desde la instalación de su gobierno en diciembre del año pasado (19%). Su gestión es la peor evaluada desde que se empezaron a medir estas percepciones, y a seis meses de iniciada, el 30.5% de los encuestados califican su gobierno como muy malo. Tan malo, que el 51% considera que es peor que el de Pedro Castillo, porcentaje que asciende a 59% si no consideramos Lima Metropolitana. Es cierto que como inútil consuelo, la señora Boluarte tiene al lado la desaprobación de sus socios del Congreso que asciende a un 91%, incluyendo a la capital, donde alcanza 90%.

Que su gestión es desastrosa, no caben dudas. Sorprende, sin embargo, la narrativa triunfalista de un gobierno que parece creer que reprimiendo los descontentos de la población, buscando el apoyo de las multilaterales y anunciando el reparto alegre del presupuesto –distintos bonos que no terminan de entregarse, el aviso de pago de deudas a los maestros o el supuesto destino de más de 1400 millones de soles para la prevención ante El Niño, así como la visita de los mandatarios del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, asegura su continuidad hasta el 2026, escondiendo que la OCDE y otros organismos internacionales redujeron la expectativa de crecimiento del país a 1.7% porque la actividad económica se ha desacelerado drásticamente debido al malestar social, la incertidumbre política y las condiciones climáticas extremas, mientras el BM revela que tres de cada diez peruanos se encuentran en situación de pobreza y cuatro de cada diez son vulnerables ante ella. Con estos resultados, el país enfrenta el peor retroceso social de América Latina luego de la pandemia del COVID-19. La citada encuesta del IEP registra a una pregunta de respuesta espontánea que el principal problema del país es económico (27%), incluyendo economía, empleo, inflación y pobreza.

Peor aún. En ese escenario frágil, la gobernante y su primer ministro, tras sufrir la renuncia de su incompetente ministra de Salud, virtualmente censurada por sus socios de coalición, acicateados por la señora K, nombran como su sucesor a un médico que si no prontuario, tiene por lo menos vasto repertorio: denunciado constitucionalmente por tráfico de influencias agravado por hechos relacionados con un presunto grupo criminal, suma 19 denuncias en las fiscalías de Lambayeque y Cajamarca que le imputan apropiación ilícita, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia a la autoridad, fraude procesal, atentados contra la autoridad y extorsión. Además de un despropósito, definitivamente una provocación.

Así las cosas, y estando anunciada una nueva oleada de movilizaciones en la que a las comunidades y organizaciones del sur del país parecen estarse sumándoles otras en distintas regiones que están buscando converger en la simbólica fecha del 19 de julio, no deja de sorprender el talante y el tono autoritario de la mandataria, que en una declaración tan torpe como convencida y amenazante, se preguntó cuántos muertos más buscaban los movilizados, a la par que insistía en el discurso de la inocencia de su gobierno y de la responsabilidad de quienes buscan su vacancia. Segura de que apaga «incendios», como sostuvo en la misma intervención, lanza más combustible a la indignación y el malestar de la gente.

Asediada desde la economía, atemorizada por las movilizaciones que amenazan con crecer y converger, Boluarte se enfrenta también al nuevo posicionamiento de Keiko Fujimori, su principal aliada política, que tras pechar su gestión y demandar el cambio de cuatro de sus ministros, le recordó que el tema del adelanto de elecciones era uno pendiente, que podía resolverse de ser necesario. La presidenta, que días antes había sostenido que se trataba de un asunto cerrado y que su gobierno concluiría el 2026, guiada por su soberbia, le respondió que su bancada presente una propuesta, que de aprobarse le permitiría convocar “alegremente” a elecciones generales”. Sin entender su precariedad, la presidenta abrió fuegos con la reina del cálculo político en la actual escena nacional. Decidida a desmarcarse del costo político de la vinculación con un gobierno que naufraga, midiendo el tiempo de cara al inicio del juicio oral que la espera, la señora Fujimori le hace una advertencia a la Plaza de Armas, adelanta sus fichas en la disputa por el liderazgo de las derechas, porque a ella le conviene el adelanto de elecciones más que a López Aliaga, además de tratar de ocupar el espacio de una oposición política hoy inexistente, porque la que hay es social.

Por si lo anterior no bastara, la aceptación de la mandataria de la mayoría de medios de comunicación, argumentada en el convencimiento de que era mejor que Castillo, acabó por desgastarse. La prensa y televisión concentradas la cuestionan cada vez más abiertamente y esconden menos la incomodidad que les provoca, como lo hacen los militares en retiro, quizá por la imposibilidad de que lo hagan explícitamente los que están en actividad, por el afán presidencial por desmarcarse de cualquier responsabilidad de mando y operativa de las muertes en el sur del país. La señora que intentó todo este tiempo ser la bombera de los incendios que generaba, ha devenido a estas alturas en una incendiaria con poca vergüenza. Su inocultable decisión de durar no alcanza. Lo más probable es que lleguemos al 2026 con otro inquilino o inquilina en la casa de Pizarro.

 

 

desco Opina / 30 de junio de 2023

Reivindicación de derechos en agenda

 

Hace una semana, varias organizaciones de mujeres puneñas participaron de un encuentro para revisar y actualizar la Agenda Regional de Mujeres Aimaras, Quechuas y Uros de la Región Puno, para que sea difundida y tomada en cuenta por las nuevas autoridades, quienes asumieron ese compromiso durante la gestión anterior, mediante la Resolución Ejecutiva Regional que la oficializó, pero que no logró concretarse.

Uno de los temas relevantes en la agenda es el agua, ya que son ellas las que conocen de cerca los efectos del cambio climático en sus comunidades, como la escasez de agua para la producción agropecuaria. Para paliar este problema proponen la ejecución de proyectos de siembra y cosecha de agua con tecnología ancestral, y la implementación de Ordenanzas Regionales vinculadas al tema como la que ordena la elaboración de un Plan Regional de Agricultura Familiar.

Otro punto destacable es la demanda por la reivindicación y respeto de su identidad cultural por parte de las autoridades que conforman los tres niveles de gobierno, que incluye la protección de sus costumbres, tradiciones e idioma. Esta demanda está comprendida en el eje de Educación de la agenda, en el que se propone coordinar no solo con el sector Educación, sino también con el sector Salud.

Por otro lado, si bien ya está confirmada la fecha para la Tercera Toma de Lima, aún no es clara la forma en que estas organizaciones de mujeres de Puno participarán; el tema no estuvo presente explícitamente en la agenda. Así mismo, se plantearon diferentes demandas para que sean consideradas en la actualización de la Agenda Regional, manifestando su necesidad de participar en un programa de formación que les permita reforzar sus capacidades para una mayor articulación con otras organizaciones y puedan estar preparadas para afrontar la coyuntura política y social que se aproxima. El espacio también permitió enfatizar la necesidad de trabajar en temas de salud mental para hacer frente al impacto emocional que les ocasionó la represión ejercida por las fuerzas del orden durante las protestas, que ocasionaron la muerte de varios ciudadanos puneños, además de las políticas de intimidación que promovieron ciertos sectores mediáticos y políticos para desvirtuar el pedido de justicia de los familiares y la población.

El pedido de justicia es una agenda presente dentro de las organizaciones de mujeres en Puno, quienes han exigido que se aceleren las investigaciones fiscales en Juliaca y no verse obligados a viajar a Lima para hacer el seguimiento de las denuncias. Todos estos pedidos van acompañados de la demanda por una Asamblea Constituyente.

Distintas instituciones que acompañan la organización de estas mujeres, como Pastoral Universitaria UNA Puno, Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), Instituto Surandino de Investigación y Acción Solidaria (ISAIAS), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Fe y Derechos Humanos, Centro Bartolomé de las Casas (CBC), Movimiento Manuela Ramos, Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS), Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur (descosur), han acordado apoyar su participación en el Presupuesto Participativo, con el fin de promover proyectos que viabilicen sus propuestas. Además de acompañarlas en acciones para que la agenda se siga visibilizando y se logre fortalecer a las organizaciones según los ejes de trabajo priorizados. Por el momento se está elaborando el Plan Operativo Anual que permita canalizar de mejor forma sus propuestas, mediante políticas y normas regionales.

El movimiento de mujeres en Puno es uno de los más fuertes en la Macro Región Sur. El reconocimiento oficial de una agenda mancomunada que agrupe sus diferentes demandas ha significado un gran logro para ellas. Si bien la agenda prioriza demandas sobre infraestructura y acceso a servicios del Estado, también son relevantes las demandas vinculadas al ejercicio de sus derechos políticos. Un siguiente paso es la elaboración de un plan de incidencia política y vigilancia ciudadana para que esta agenda sea conocida entre funcionarios de las instituciones gubernamentales puneñas y luego sea implementada por el gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales.

 

desco Opina – Regional / 23 de junio del 2023

descosur

Mal cálculo, insensatez o cinismo

 

Si la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de ministros Alberto Otárola están sólo en capacidad de ofrecer al país su autoritarismo negacionista, deberían renunciar. No lo van a hacer. La deshonestidad pública del gobierno no concierne únicamente a su afán por negar las masacres perpetradas durante las protestas de diciembre a febrero, sino ahora, más recientemente, por desconocer su muy mala imagen internacional derivada de las masacres y de la mediocridad de gestión.

Si cabe algún cotejo macabro de cifras oficiales, la explosión social ecuatoriana del año 2019 produjo seis muertos; el estallido chileno del mismo año 34; el de Colombia el 2021 produjo 29 fallecidos. En tan solo seis semanas de gobierno la dupla Boluarte-Otárola escaló a 67 cadáveres y más de 1900 heridos de distinta gravedad sin que hasta la actualidad se asuma ninguna responsabilidad política por ello. Esto resulta inaceptable en una democracia que debiera proteger los derechos humanos. Contra toda evidencia, el gobierno insiste en los métodos menos políticos para enfrentar una crisis que es, ante todo, política.

El balance de seis meses de gestión, expuesto en conferencia desde Palacio de Gobierno, pretendió, al contrario de lo que muestran diferentes estudios de opinión recientes, ofrecer la imagen de un remanso del proceso político social que vive el país. No hubo ninguna autocrítica sobre su desempeño y pretendió negar que en la práctica es evidente una alianza fáctica con el Congreso de la República.

Durante dos horas y media, la presidenta y sus ministros quisieron pasar como logros lo que no fue sino un listado del funcionamiento inercial del Estado peruano. El balance destacó por su desconexión con la realidad y la omisión grosera de serios problemas como por ejemplo, que las relaciones diplomáticas de Perú hayan quedado reducidas a encargados de negocios con Colombia, México y Honduras, al tiempo que se hizo evidente para el mundo el trato de los presidentes sudamericanos hacia el actual gobierno peruano, duramente frío y distante, como se vio en la reciente cumbre convocada por el presidente Lula en Brasil.

Abundaron las promesas de lo que se pretende para los próximos meses, la información sobre entrega de diferentes bonos a los pescadores artesanales y maestros, así como las becas a alumnos en educación.  Se dio cuenta del aumento de cifras presupuestales, varias de ellas simples asignaciones en las cuentas, para su potencial ejecución a futuro como son los planes de negocios. La entrega de toneladas de ayuda alimentaria, la asistencia económica y el aumento de los recursos de programas sociales como el Vaso de Leche y las ollas comunes dejaron ver el lado asistencialista como soporte, en un marco general de pretendido clientelismo, autoritarismo creciente y restricción de los espacios democráticos.

Pretendiendo negar la luz del día se repitió, en la exposición que siguió a cargo de su equipo ministerial, que gracias a la estabilidad y la confianza logradas “se ha conseguido restituir la imagen del Perú como socio confiable para el comercio al disfrutar de estabilidad jurídica y reglas claras para la inversión extranjera” y que se generará... impulsará… transferirá… asignará presupuesto… para distintos sectores, incluyendo 480 millones de soles para el mantenimiento de helicópteros, reactivar camiones, aviones y equipos de ingeniería militar y 558 millones para la industria naval.

Otárola y varios de sus ministros, insistieron en señalar como un logro importante haber dejado en París un memorándum a la OCDE para ingresar a ese espacio —como lo hicieron antes Humala y Kuczynski— a la espera de comentarios dentro de los próximos 36 meses. Dar cuenta de ese trámite como un logro importante, al mentir sobre un ingreso todavía lejano, es actuar con cinismo, en el mismo tono que afirmar que con decretos de este gobierno se reactivará la economía peruana y la confianza económica internacional que hemos perdido.

El Congreso, el verdadero gobierno de los 180 días de los que da cuenta Dina Boluarte, sigue afianzándose desde el siete de diciembre pasado, en medio de la estabilidad relativa del autoritarismo que nos gobierna. Afirmar, como lo hace Otárola, que la crisis ya terminó es negar que vivimos un proceso complejo que se agudiza por un gobierno irracional que se niega a dialogar. Su mensaje es vacío y nada convocante, aunque la presidenta afirme al final de su informe al país, desbarrando, que seguirá buscando trabajar de la mano con la sociedad civil, con la empresa privada, con todos los sectores, con los colegios profesionales, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, los peruanos de la tercera edad, con los chicos, con las chicas, con los adolescentes, con las mamás… (minuto 28.30). 

El cómo se desarrollen los próximos acontecimientos en nuestro complejo escenario político y socio económico será siempre un albur. De lo que sí podemos estar seguros es que, sin sanciones a los verdaderos responsables de las masacres ocurridas y sus aliados, será imposible avanzar hacia una verdadera pacificación, el respeto a los derechos humanos y el afianzamiento de la democracia en nuestro país.

Esta conferencia de junio constituye un triste adelanto de lo que será, párrafos más o guarismos actualizados, el mensaje a la nación del próximo mes.

desco Opina / 16 de junio de 2023

Distintas violencias urbanas

 

En las actuales décadas el delito, la acción criminal y otras formas de violencia interpersonal, han alcanzado una dimensión inédita de violencia urbana. Esto ha afectado las conductas de la población, su vida cotidiana, su sentido de comunidad real e imaginario y, por lo tanto, han alterado las formas de pensar y hacer la ciudad. Provoca un enorme sufrimiento a cientos de millares de personas, especialmente a quienes viven en barrios populares, donde suman millones aquellas de bajos y muy bajos ingresos, viviendo en muy malas condiciones en nuestro país.

Sin embargo, el análisis sigue siendo parcial, como lo muestra el tratamiento mediático que normalmente sostiene como respuestas la aplicación de políticas de intolerancia y corte represivo. Erróneamente se ha instalado la creencia de que la ciudad y la pobreza son la causa de la violencia, por su urbanización cada vez más caótica y agresiva, cuanto por el asentamiento en los lugares sin ciudad cuya consecuencia es la creciente degradación y hostilidad de la vida citadina. Más recientemente, culpar de esos males a los migrantes venezolanos, por la mayor visibilidad del sicariato, la extorsión y trata de personas, inseguridad que ya se sufría espectacularmente antes de su llegada, es una tendencia.

La violencia se ha trasformado en el vivir y padecer en nuestras ciudades. Nuestras existencias, lejos de manifestarse en una vida comunitaria, están signadas por la desconfianza, el individualismo, el aislamiento, la exclusión, la desesperación y la agresividad. No es así por causa natural, desviación moral o legal; es básicamente una relación social, particular y plural, que expresa la conflictividad política y social, que se da en nuestro país en estos tiempos, explicitando vínculos complejos e interconectados. Las estadísticas de criminalidad evidencian que el Perú mantiene una problemática importante de inseguridad ciudadana que afecta el derecho de todos a la vida, la libertad y la confianza, donde tres cuartas partes de las actividades se desarrollan en los límites de la total informalidad. El espacio público, escenario natural y lugar de encuentro de los distintos, pierde su significado positivo y se convierte únicamente en una ruta de circulación, muchas veces vista como de extremo riesgo.

Mientras más miedo, más fragmentada será la sociedad, y cuanto más segmentada esté la ciudad, más fácil será dominada por el miedo. La inseguridad alcanza así, día a día, niveles sin precedentes. La relación violencia-miedo-seguridad se ha integrado en una tríada difícil de desagregar, el miedo es vivido como sentimiento y la violencia como acción, pero cuando la acción cesa, el miedo persiste, asciende, cambia de motivo y de forma con políticas públicas y medios de comunicación sensacionalistas que en nada contribuyen a atender con mínimos de inteligencia el problema.

Esto es preocupante cuando las cifras dan cuenta particularmente de la violencia contra la mujer y del aumento de feminicidios en medio de una ideología instalada que relativiza la violencia de género y culpabiliza a las mujeres. Las intervenciones más eficaces tratan la epidemia de violencia como una crisis de salud pública. Perú figura entre los diez países en el mundo que sufre más gravemente este terrible delito.

Las ciudades se hacen cada vez más privadas y solo domésticas. La casa se habita en exceso y la ciudad apenas se usa, la vida se vuelca al espacio reducido del hogar, un refugio que es solo elusión del conflicto. La promiscuidad y el encierro habitacional compacta vivencias, agota la experiencia familiar en un mundo entre muros, impide la realización social y activa actos tóxicos, de género, escolares y laborales o el pánico a los lugares abiertos y el miedo a la ciudad en su totalidad. Eso, sin embargo, no logra ocultar los importantes indicadores de violencia familiar que se desarrollan con sorprendente frecuencia e intensidad entre las paredes del hogar con actores conocidos, donde las principales víctimas son mujeres y niños.

Recientes denuncias dan cuenta que durante el primer tercio del año 2023 se solicitaron 96 271 medidas de restricción y protección. Es muy fuerte reconocer que en cuatro meses se hayan registrado 65 feminicidios, que recuerdan a las 132 mujeres asesinadas el año 2022 por sus parejas y que, el Estado, encargado de asistir a los afectados por este delito, se ha hecho cargo sólo parcialmente de miles de menores huérfanos. Las leyes y reglamentos rigen en los papeles llevando a resultados letales en muchos casos de mujeres que terminan asesinadas, sumando ya más de mil víctimas desde el 2015. Hay lentitud en los procedimientos, los policías están poco preparados y los agresores están mal vigilados porque se priorizan otros asuntos.

Nuestras ciudades no pueden ser un aglomerado de gente acorralada, resignada a una vida amputada. No hay alternativa posible si se piensa en medidas aisladas. Necesitamos repensar la política, imaginar cómo recuperar los sitios urbanos para la vida comunitaria, derribar muros, reapropiarnos de barrios, plazas, calles y crear nuevos espacios donde podamos reconocernos y actuar conforme a nuestros deseos, sin que el miedo nos paralice. Tengamos en cuenta que por ahora no hay una opción válida de calidad de vida fuera de las urbes para la humanidad…cada vez más hacinada.

Promover cambios normativos a nivel local puede impactar muchísimo más de lo que uno se imagina. Redefinir a fondo la intervención de las fuerzas de seguridad pública en su trabajo, en cómo actúan en este tipo de escenarios. La aplicación de los estándares de uso de la fuerza tiene muchísima implicación en lo que pueda lograrse. Urge la prevención para proteger la vida y la dignidad de las personas víctimas de situaciones de violencia, y evitar el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.

En síntesis, requerimos mejorar los servicios públicos en las zonas de mayor violencia urbana y eso exige que el modelo contra la inseguridad sea reformado (o formulado) con la participación de la población, gobiernos locales y la Policía Nacional, incluyendo mejoras en varios proyectos de desarrollo urbano y social para integrar a los barrios pobres con el resto de la ciudad con servicios y calidad de vida, no con represión.

 

desco Opina / 9 de junio de 2023

descoCiudadano