Entre las cifras y la realidad: la salud pública en Junín

 A pesar de los avances presentados durante la XLI Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), realizada a finales de septiembre en la ciudad de Huancayo, los indicadores en salud de la región Junín siguen reflejando una realidad preocupante y compleja. Aunque se han realizado algunos esfuerzos, los resultados no son tan alentadores; particularmente la anemia sigue siendo un desafío crítico. A pesar de los planes y políticas multisectoriales implementadas a nivel nacional, los avances en la región han sido ligeros y las cifras respecto al 2024, apenas han cambiado. La persistente alta tasa de anemia en gestantes y niños, así como la desnutrición crónica en menores, evidencia que las políticas en curso necesitan ser revisadas y adaptadas de manera más efectiva a las particularidades de Junín.

Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Junín enfrenta elevados índices de anemia y desnutrición crónica que siguen siendo un reto significativo. En la región, el 24% de las gestantes y el 50.5% de los niños de 6 a 36 meses padecen anemia, mientras que el 17.8% de los menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. La persistencia de estos indicadores señala la urgencia de reforzar estrategias de atención y prevención, y evidencia que las políticas y programas actuales no han sido suficientemente eficaces para abordar de manera integral y sostenida la malnutrición en la región, lo que obliga a redoblar esfuerzos y revisar los enfoques adoptados.

Además, los indicadores relacionados con el acceso a servicios básicos en Junín revelan considerables desigualdades que afectan gravemente la calidad de vida de sus habitantes, especialmente en las zonas rurales más alejadas. De los 3720 centros poblados de la región, solo el 39.7% tiene acceso a agua potable, y el acceso a saneamiento es aún más limitado (26.1%). Solo 62.4% de los centros poblados tiene acceso a electricidad, sin embargo, el acceso a internet es bajo (10.7%). La cobertura en servicios integrales sigue siendo escasa, solo 7.7% de los centros poblados tienen acceso a todos los servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad e internet). Estos datos no solo reflejan limitaciones en la infraestructura básica, sino una clara disparidad en el acceso a servicios esenciales que condicionan el bienestar de la población. Esta situación plantea la necesidad de un enfoque mejor adaptado a las realidades locales y un compromiso más firme para reducir estas brechas.

Por otro lado, según la Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud del Perú - Sala Situacional de Dengue, 2025, Junín ha registrado 1446 casos acumulados de dengue, con una disminución del 50% comparados con los 2877 reportados en el mismo período de 2024. Sin embargo, se registra un incremento del 33% con respecto a las defunciones (3 fallecimientos en 2024 y 4 en 2025). Si bien la reducción de casos indica que las medidas de control están funcionando, el aumento en la mortalidad es preocupante; a pesar de los esfuerzos preventivos, la enfermedad sigue causando muertes en la región. Esto podría estar relacionado con factores como el acceso a la atención médica o la gravedad de los casos en algunas zonas, lo que resalta la necesidad de intensificar no solo la prevención frente a los criaderos de mosquitos, sino la mejora en la atención médica oportuna para evitar más defunciones.

Parece que el entusiasmo ha desbordado en la reciente reunión de la CIGS, especialmente al destacar que Junín se encuentra entre las regiones con mejores niveles de inversión en salud. Para comprobarlo, revisamos la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que aporta los siguientes resultados: el Gobierno Regional de Junín dispone de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 3 472 569 681, con una ejecución actual del 74.7%. De este total, la función Salud recibe S/ 1 073 150 913, de los cuales se han devengado S/ 786 049 305, lo que representa un avance del 73.2%.

A pesar de que el nivel de ejecución es aceptable, los resultados en el sistema de salud regional evidencian graves deficiencias. La Contraloría General de la República, a través del Informe de Orientación de Oficio N.º 033-2024-2-2814-SOO y el Informe de Visita de Control N.º 032-2024-OCI/2814-SVC, ha identificado serias falencias en los establecimientos de salud de Junín, que incluyen la escasez de personal asistencial, problemas estructurales y la falta de equipos médicos básicos. En el Hospital Domingo Olavegoya de Jauja (en estado de emergencia desde 2012), se realizó una nueva supervisión bajo el Informe N.º 018-2025-OCI/2814-SVC, donde se detectaron filtraciones, fisuras, instalaciones eléctricas expuestas y ambientes deteriorados, situaciones que ponen en riesgo la seguridad tanto de pacientes como de trabajadores. Además, se comprobó el incumplimiento de horarios por parte de los profesionales de salud, así como la ausencia de una adecuada programación de guardias médicas. Estos problemas reflejan un uso ineficiente del gasto público: mientras el presupuesto cubre el pago del personal, este no se traduce en mejoras sustanciales en la calidad del servicio ni en la creación de condiciones adecuadas para la atención.

La situación de la salud pública en Junín sigue siendo alarmante. A pesar de los avances en el presupuesto destinado a la salud y los esfuerzos intergubernamentales, las cifras de malnutrición como la alta tasa de anemia y desnutrición crónica son preocupantes. Las inversiones económicas y los planes multisectoriales no han logrado un cambio significativo en los indicadores clave de bienestar, esto refleja la ineficacia de las políticas implementadas hasta ahora. El acceso limitado a servicios básicos como agua potable, saneamiento e internet en la mayoría de los centros poblados, especialmente en áreas rurales, refuerza la desigualdad estructural que afecta la calidad de vida de los habitantes, lo que plantea un desafío aún mayor para mejorar la salud pública en la región.

La falta de personal adecuado, infraestructuras deterioradas, escasez de equipos médicos en establecimientos de salud, como en el caso del Hospital Domingo Olavegoya, revelan la falta de eficiencia en el gasto público. Aunque el presupuesto está destinado al pago de personal, ello no se traduce en mejoras sustanciales en las condiciones de los centros de atención ni en la calidad del servicio ofrecido a los pacientes. La persistencia de estos problemas, junto con la ineficiencia en el uso de recursos y la falta de una respuesta efectiva ante emergencias sanitarias como el dengue, subraya la necesidad urgente de una revisión profunda de las políticas y estrategias en salud. Es fundamental que se adapten a las realidades locales, priorizando la mejora de infraestructura, la capacitación continua del personal y, sobre todo, un enfoque integral y sostenible para garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud para todos los habitantes de Junín.

 

 

desco Opina – Regional / 10 de octubre de 2025

descocentro 

La ESI en Arequipa: contra la ignorancia, no contra la infancia

 

La aprobación de la Ordenanza Regional N° 538 para implementar la Educación Sexual Integral (ESI) en los sectores Educación y Salud en Arequipa ha desatado una campaña de desinformación impulsada por grupos conservadores de la ciudad, con dos voceros visibles. El Arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, ha afirmado que la norma “es una aberración” y que en el fondo busca imponer la –inexistente– “ideología de género”. Por su parte, el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, ha referido que su implementación es el inicio de un camino para la implementación de otras normas, como la del cambio de sexo a niños de 10, 11 y 12 años pagadas por el Estado sin autorización de los padres, como en Argentina, hecho que tampoco es cierto.

La realidad es otra en la región. Según la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, la tasa de embarazo adolescente se ha mantenido entre 3.5 % y 3.7 %, sin mostrar señales de descenso entre 2024 y 2025. Durante 2024, el Ministerio de Salud reportó 782 casos de embarazo adolescente en Arequipa y Caylloma, buena parte de ellos como resultado de violaciones sexuales.

Por otro lado, la violencia sexual contra menores progresa con cifras alarmantes: hasta junio de 2025 se han denunciado cerca de 800 casos de abuso sexual contra menores en la región. Y en el ámbito escolar, en el 2023 se reportaron 160 casos de violencia sexual en Arequipa, 222 en 2024, y en lo que va del año se registran ya 116 denuncias, según el portal SíseVe del Ministerio de Educación.

Estas cifras revelan una cruda verdad: nuestras niñas, niños y adolescentes están siendo víctimas. Y los eslóganes contra la implementación de la ESI solo sirven para perpetuar la ignorancia, el miedo y el abuso sexual.

La ESI, tal como lo establece la ordenanza, no promueve ninguna “ideología de género”. Sí promueve información basada en evidencia, derechos humanos, autocuidado y convivencia democrática. Busca prevenir embarazos no deseados, violencia sexual e infecciones de transmisión sexual, además de fortalecer la participación informada de familias y comunidades. Para su elaboración se pidió la opinión técnica de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia Regional de Educación.

Su implementación supone ciertamente, un proceso largo que tiene que ser asumido en los planes operativos de las gerencias mencionadas, con la ejecución de actividades como capacitaciones a los actores educativos, campañas de comunicación y supervisión. Además, es imprescindible el acompañamiento de diversas instituciones de la sociedad civil, para que el Gobierno Regional no ceda frente a estas presiones y otras que han comenzado a llegar desde el ala fundamentalista del Congreso.

Esta campaña de desinformación debe responderse con contundencia: la educación sexual integral es un derecho, y su defensa es una obligación ética y social. ¿O preferimos seguir ignorando el embarazo de las adolescentes en la región mientras se esconde el verdadero problema bajo una falsa moralidad?

La ordenanza es un mandato de responsabilidad política y social. Ahora corresponde defenderla. No por capricho, sino por humanidad. Los datos lo demuestran, ofrecen la suficiente evidencia sobre la urgente necesidad de su implementación. Gracias a herramientas como la ESI, podemos empezar a transformar realidades en nuestra región, y dejar de disfrazarlas o, peor aún, actuar como que no suceden.

 

desco Opina – Regional / 12 de setiembre del 2025

descosur

La trampa del individualismo

El individualismo es una fuerza de innovación y autonomía, pero cuando no se orienta hacia el interés general, hacia formas de organización colectiva, se convierte en un factor de fragilidad social. Y es así como se vive en nuestro país. El predominio de la acción aislada debilita las redes comunitarias e institucionales, tanto en el campo como en las zonas urbanas. Como consecuencia de ello, se idealiza mal a los llamados emprendedores y se avala la lógica del “sálvese quien pueda”.

Esto tiene graves consecuencias, tanto en la vida cotidiana como en la estabilidad a largo plazo. Las salidas individualistas, que se traducen en falta de coordinación colectiva, nos impiden dar una respuesta rápida y eficaz ante emergencias. Lo hemos vivido repetidamente en momentos de crisis. Recientemente con la pandemia, pero antes en epidemias, ocurrencia del Fenómeno de El Niño o procesos post terremoto, ya hemos visto que la acción individual no basta y que sin una estructura colectiva que organice los recursos, comunique con claridad y ejecute medidas comunes, los efectos negativos se multiplican y potencian.

No podemos olvidar la primera etapa de la pandemia de COVID-19. A falta de una estrategia comunitaria clara, las mayorías urbanas, sin ingresos formales ni redes de soporte barrial, rompieron las cuarentenas por necesidad. La descoordinación entre el gobierno central y las autoridades locales, sumada a la desconfianza institucional, debilitó la efectividad de las medidas. El resultado: uno de los índices de mortalidad más altos del mundo.

Más recientemente, en 2023, la crisis climática provocada por el ciclón Yaku evidenció de nuevo esta carencia. En Lima y el norte del país, las lluvias causaron serios desbordes y colapsos de infraestructura básica. Sin organización vecinal sólida ni coordinación efectiva entre municipios y Defensa Civil, muchas familias lo perdieron todo.

Hoy, cuando los ciudadanos se desentienden del bien común y el Estado capturado por una coalición autoritaria y mafiosa actúa sin control social, se genera un nuevo ciclo de precariedad. Servicios esenciales como salud, educación básica, transporte público o gestión ambiental se deterioran sin que nadie haga nada. La falta de organización ciudadana para exigir el mantenimiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento, así como de los sistemas de riego, ha agravado la crisis hídrica en varias regiones del Perú, especialmente en zonas como Ica o Arequipa. Del mismo modo, los bajos niveles de participación colectiva en temas educativos complican la fiscalización y la mejora de los colegios públicos, con graves brechas de calidad docente, infraestructura y conectividad. En salud, la escasa colaboración ciudadana en campañas de vacunación o prevención ya ha generado brechas peligrosas. Las tasas de vacunación infantil han descendido por debajo del límite necesario para proteger contra enfermedades erradicadas como el sarampión y la tos convulsiva.

Sin espacios donde los ciudadanos se encuentren, escuchen y negocien, lo que crece es la desconfianza y la fragmentación social que facilitan la ineficiencia del Estado y la arbitrariedad de la clase política. En contextos como el peruano, donde la confianza en las instituciones es muy baja o inexistente, fomentar espacios de organización ciudadana no es un lujo de ONG, sino una necesidad y una obligación urgente para la estabilidad democrática y el bienestar común. ¿Quién exige rendición de cuentas en su municipio? ¿Quién fiscaliza los presupuestos participativos?¿Quién se une a una asociación barrial que no sea por puro interés inmediato? Las redes sociales, más allá de sus virtudes, nos están mostrando que lejos de unir, amplifican la distancia social: cada quien vive encerrado en la burbuja de su celular, repitiendo lo que quiere ver y oír, rechazando al que piensa diferente, imaginando que alguien ¿? se está ocupando del bien común.

No se trata de idealizar, toma tiempo, esfuerzo y paciencia. Pero no conocemos otra forma para sostener viva la democracia, avanzar hacia una economía menos injusta y una sociedad menos cínica. No basta con indignarse en redes sociales ni con votar cada cinco años.

Recordemos que, en muchas zonas del país, principalmente en comunidades rurales, la acción colectiva sigue viva. Quizá lo urgente hoy sea aprender de quienes aún entienden que vivir en sociedad es más que coexistir: es construir juntos. Debemos recuperar el NOSOTROS y eso empieza en lo pequeño: en la asamblea del barrio, en el comité de agua, en la escuela donde estudian nuestros hijos e hijas, en los centros de trabajo, en las organizaciones de las mujeres de los barrios.

 

desco Opina - Regional / 4 de julio de 2025

descoCiudadano 

La selva y la ausencia de USAID

 

En la última semana del mes de enero el presidente norteamericano Donald Trump decidió paralizar por 90 días la asistencia financiera a los programas gestionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el objetivo de reevaluar y reorientar dichos fondos. Su arremetida contra esta agencia ha sido más agresiva al señalar que "la corrupción está a niveles raramente vistos antes. ¡ciérrenla!" Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. había emitido un comunicado en el que detallaba haber iniciado “una revisión de todos los programas de asistencia exterior para garantizar que sean eficientes y coherentes con la política exterior”.

USAID ha transferido en los últimos 24 años más de dos mil millones de dólares para proyectos diversos en Perú. Implementa diversos programas enfocados en áreas clave como la gobernanza, la salud, la educación, el desarrollo económico y el medio ambiente, pero es la selva peruana la que recibe una importante atención a través de los fondos para la lucha contra las drogas. USAID se convirtió en una de las fuentes financieras más importantes para el desarrollo de la selva peruana, pues desde sus presupuestos se promueven proyectos de asistencia técnico productiva y de infraestructura vial, se apoya principalmente a los gobiernos locales de las zonas sensibles al narcotráfico y en especial, la promoción de cultivos alternativos como café y cacao para la lucha contra los cultivos ilícitos. Además, a través de instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), se canalizan proyectos de desarrollo alternativo, pero parece que el gobierno de Trump no ha calibrado el impacto que tendrá esta medida en la lucha contra el tráfico de drogas que se ha realizado por años en nuestra Amazonía, y los efectos que traerá para las ciudades norteamericanas.

En este escenario el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú dijo estar “absolutamente convencido” de que “la ayuda en cuestiones críticas de seguridad de los EE.UU. no va a ser tocada porque es algo estratégico para los propósitos norteamericanos”, sin embargo, a pesar de que la lucha contra las drogas es estratégica para los intereses norteamericanos, reconoció que podría haber impactos en áreas como “salud, educación, producción, medio ambiente, entre otras”, en las cuales USAID implementa su cooperación a través de su relación con aproximadamente 60 ONG locales que “efectivamente van a sentir el impacto”. Por su parte, DEVIDA, un organismo oficial del Gobierno del Perú adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (no es una ONG), ha funcionado como la contraparte nacional para recibir fondos de la cooperación, especialmente del Gobierno de Estados Unidos, por lo que su dependencia económica a USAID es más que evidente. Si bien es cierto DEVIDA se crea en 1999, es desde 1981 que se inician las acciones de reducción del cultivo de coca, por presión del gobierno norteamericano, mediante el proyecto CORAH, el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga.

Las municipalidades de las áreas sensibles al narcotráfico reciben asistencia técnica brindada por DEVIDA, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y USAID, lo que permite que se gestionen fondos adicionales a sus presupuestos municipales para invertir en proyectos y actividades. La suspensión del apoyo, en principio por 90 días, deja en tensión los compromisos con estos gobiernos locales, compromisos que han logrado resultados alentadores en la lucha contra la pobreza y en especial contra las drogas. El personal de DEVIDA señala que sus presupuestos para este 2025 están asegurados, sin embargo, se corre el riesgo que se frustren las expectativas futuras debido a la dependencia con el apoyo económico norteamericano. El personal de DEVIDA busca ganar la fidelidad de los agricultores para que estos no vuelvan a depender de los cultivos ilegales que sirven de insumo básico para el narcotráfico, con lo cual todo lo avanzado en la lucha contra las drogas corre el riesgo de perderse irremediablemente. El gobierno peruano debe de aclarar cuál es el futuro de esta institución en el caso de que el apoyo norteamericano no retorne nunca. Cabe mencionar que el esfuerzo de Trump por desmantelar USAID también desmantela los esfuerzos que su país ha hecho durante este tiempo para ejercer un “poder blando” global, como herramienta de influencia para persuadir a otros países, como el Perú, a fin de garantizar sus propios intereses por sobre los intereses de aquellos que se han mantenido como el patio trasero de Estados Unidos. La suspensión es por 90 días, pero los efectos serán por un mayor plazo.

 

 

desco Opina – Regional / 28 de febrero de 2025

descocentro

Establecimientos de salud con pertinencia cultural

 

En la última semana de noviembre de 2024, se llevó a cabo la Primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas en Perú, organizada por la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la Contraloría General de la República. Este evento reunió a líderes de 41 pueblos indígenas de diferentes departamentos del país, con el objetivo de promover el diálogo intercultural y el respeto de sus derechos, incluyendo el derecho a la salud.

El Perú, con su rica diversidad cultural y lingüística, enfrenta el desafío de garantizar servicios de salud equitativos y accesibles para todos sus ciudadanos. La implementación de Establecimientos de salud con pertinencia cultural (ESPC) se ha convertido en una estrategia fundamental para reducir las brechas existentes, especialmente en las zonas rurales y comunidades indígenas donde la cosmovisión y las prácticas ancestrales son pilares del bienestar.

El camino hacia la salud intercultural en el Perú ha sido marcado por un conjunto de leyes y políticas que buscan integrar la diversidad cultural en el sistema de salud. La Constitución Política de 1993 reconoce al país como pluricultural y multilingüe, sentando las bases para el desarrollo de un sistema de salud inclusivo. La Ley General de Salud, la Ley de Consulta Previa, la Política Nacional de Salud Intercultural y la Directiva Sanitaria N.º 014-MINSA/2018, entre otras, han fortalecido el marco normativo y orientado la implementación de los ESPC.

Los ESPC implican un proceso de adaptación que va más allá de la infraestructura. Se requiere una transformación profunda que considere las necesidades específicas de las comunidades. Esto incluye:

• Adaptación cultural: traducción de materiales a lenguas indígenas, incorporación de la medicina tradicional, participación de agentes comunitarios de salud y adecuación de la infraestructura.
• Capacitación del personal de salud: formación en interculturalidad, comunicación efectiva, sensibilización sobre las prácticas médicas tradicionales y promoción del trabajo conjunto entre médicos tradicionales y profesionales de la salud.
• Programas de salud comunitaria: diseño e implementación de programas con la participación de las comunidades, incorporando sus saberes y prácticas en la prevención y tratamiento de enfermedades.
• Desafíos en la implementación de los ESPC.

Para que un establecimiento de salud sea calificado como ESPC, debe cumplir con el 80% de los criterios establecidos en la directiva N°261-MINSA/2019/DGIESP. El año 2024 ha sido un período de gran avance, con un aumento significativo en el número de ESPC implementados, lográndose a la fecha 179 establecimientos de salud con pertinencia cultural en el Perú. Estos establecimientos atienden a una población de 476 571 personas, incluyendo comunidades indígenas amazónicas y andinas, que comprende 50 etnias tanto amazónicas como andinas, shipibo-conibo, matsiguenga, awajún, pampis, kichwa, kukama, asháninca, yine, katacataibo, ese eja, quechua, aimara, entre otras.

La Mancomunidad Regional de los Andes ha impulsado la implementación de 77 ESPC en su ámbito, que abarca seis departamentos: Ica, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Apurímac y Cusco. La implementación es liderada por la región de Huancavelica con 43 establecimientos, la cual se ha convertido en un referente para las otras cinco regiones de la Mancomunidad, como muestra de un trabajo articulado, y que buscan fortalecer a través de la Política Pública de Pertinencia Cultural en Salud de la Mancomunidad Regional de Los Andes.

A pesar de los avances, persisten desafíos que dificultan la implementación efectiva de los ESPC:

• Barreras institucionales: falta de coordinación intersectorial, limitaciones en la asignación de recursos y resistencia al cambio en las instituciones de salud.
• Desconfianza y resistencia cultural: percepción de discriminación y falta de respeto a las prácticas tradicionales por parte del sistema de salud, lo que genera desconfianza en las comunidades.
• Limitaciones en la formación profesional: formación en salud intercultural aún insuficiente para asegurar la atención adecuada a las comunidades indígenas.

La  La implementación de los ESPC es un paso fundamental para construir un sistema de salud que valore y respete la diversidad cultural del Perú. Para superar los desafíos, es crucial fortalecer la participación de las comunidades en el diseño e implementación de los servicios, invertir en la formación del personal de salud en interculturalidad y promover la investigación en salud intercultural para generar evidencia que respalde la toma de decisiones. Solo así se podrá garantizar el derecho a la salud de todos los peruanos y peruanas, sin importar su origen o cultura.

 

 

desco Opina – Regional / 7 de diciembre de 2024

descocentro