Agua y cambio climático: más carga de cuidados

 

En Lima Metropolitana, el verano 2026 parece no haber tenido pausa por la persistencia de las condiciones cálidas asociadas al Niño Costero y, posteriormente, al desarrollo del Fenómeno de El Niño en el Pacífico central. Durante el 2026, se ha registrado un calentamiento de las aguas del mar frente a la costa peruana, lo que ha influido en el incremento de las temperaturas del aire en distintas ciudades costeras, entre ellas Lima Metropolitana. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se han previsto temperaturas superiores a sus valores normales en gran parte de la costa peruana y las condiciones asociadas a estos fenómenos podrían mantenerse hasta el verano de 2027.

A esta situación, se suma la desigualdad en el acceso al agua potable en Lima Metropolitana. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que, a inicios de 2026, solo 19 de los 46 distritos de Lima Metropolitana y el Callao contaban con acceso al agua potable durante las 24 horas del día.

Otros datos de estas injustas desigualdades se encuentran en el informe de Lima Cómo Vamos 2025. Por un lado, en la población del nivel socioeconómico E de Lima Metropolitana y Callao, la falta de agua potable aparece como el tercer problema más importante de la ciudad. Por otro lado, se observa una marcada disparidad territorial: Lima Norte y Lima Centro registran los mayores niveles de insatisfacción respecto al acceso y la calidad del agua, con 54,3 % y 52,5 %, respectivamente. En comparación, Lima Sur presenta un 29,9 % y Lima Este un 26,1 % de insatisfacción.

Los datos ofrecen un panorama poco alentador sobre las consecuencias de estas desigualdades, pues las condiciones climáticas cada vez más exigentes coinciden con problemas estructurales de acceso a servicios básicos como el agua potable. Esta inaceptable situación no solo representa un desafío ambiental y urbano, sino que también plantea interrogantes sobre sus consecuencias en la organización de la vida cotidiana, especialmente para las mujeres, quienes asumen en su mayoría las responsabilidades domésticas y de cuidado en los hogares peruanos.

Esta problemática adquiere una mayor complejidad en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, donde las responsabilidades económicas, domésticas y de cuidado suelen concentrarse en una persona. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024 (Enut), las mujeres peruanas destinan al día alrededor de 3 horas para el cuidado no remunerado a miembros del hogar y 4 horas de trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar.

Con la presencia del Fenómeno de El Niño, las mujeres presentarán una mayor carga de trabajo para garantizar las condiciones básicas de bienestar de sus familias. Esta situación no solo implica destinar más tiempo a las tareas domésticas, sino también reorganizar sus actividades laborales, reducir sus espacios de descanso y postergar su propio cuidado.

Las consecuencias pueden ser mayores para las mujeres que trabajan en condiciones de informalidad o que no cuentan con redes familiares y comunitarias de apoyo. Las condiciones climáticas adversas no solo generan estas desigualdades, sino también pueden profundizar las dificultades que enfrentan las mujeres para conciliar sus responsabilidades de cuidado con su autonomía económica y bienestar personal.

Ante este escenario, nos preguntamos si las políticas públicas de adaptación al cambio climático consideran las desigualdades que soportan las mujeres en la distribución del trabajo de cuidados y las condiciones aún más graves en los hogares monoparentales. Si bien garantizar el acceso continuo al agua potable y mejorar la infraestructura de los servicios básicos son prioritarias, resultan insuficientes si no se acompañan de políticas que reconozcan las necesidades de cuidado de la población frente a condiciones climáticas adversas, como las provocadas por el Fenómeno de El Niño Costero.

En ese sentido, es urgente fortalecer los servicios públicos de cuidado, ampliar las redes de apoyo comunitario e incorporar una perspectiva de género en las estrategias de adaptación climática, especialmente en los territorios más vulnerables y de mayor pobreza. De lo contrario, las consecuencias de la crisis climática continuarán recayendo principalmente y sin equidad sobre las mujeres, trasladando al ámbito doméstico responsabilidades que también corresponden al Estado y a la sociedad.

Abordar el cambio climático desde una perspectiva de género demanda reconocer el trabajo de quiénes sostienen los cuidados y las condiciones en que se realiza. La adaptación climática no debe limitarse a responder a los efectos ambientales, sino también considerar las desigualdades que condicionan la vida cotidiana. Una gestión del riesgo bien entendida no solo consiste en construir pircas preventivas o entregar víveres, sino también garantizar que los derechos de las mujeres y niñas sean reconocidos y atendidos antes, durante y después de un desastre.

Incorporar el enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres no es una cuestión ideológica, es una necesidad para identificar las distintas condiciones de vulnerabilidad de la población. Ignorar estas diferencias desde las políticas públicas significa dejar de lado una dimensión fundamental para garantizar una respuesta equitativa, justa y efectiva frente a la crisis climática.

 

 

desco Opina - Regional / 23 de octubre del 2026

descoCiudadano

Los asentamientos humanos de Lima sur y El Niño Costero

 

El fenómeno El Niño Costero vuelve a instalarse en la agenda nacional. Mientras gran parte de la atención pública suele concentrarse en las posibles afectaciones en la zona norte del país, los efectos que este fenómeno puede tener sobre Lima Metropolitana y sus sectores en situación de mayor vulnerabilidad, reciben menor consideración.

La Comisión encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene actualmente el estado de "Alerta moderada de El Niño Costero" y advierte que el evento, iniciado en marzo de este año, podría prolongarse hasta el verano de 2027 con muchas probabilidades de alcanzar una intensidad fuerte.

En Lima Metropolitana, las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indican temperaturas superiores a las habituales durante los próximos meses, las cuales podrían superar los 29 °C y la posibilidad de lluvias fuera de lo normal para la capital. Aunque estas cifras pueden parecer moderadas frente a las emergencias que enfrenta el norte del país, su impacto no será igual para todos los habitantes de la ciudad.

El Instituto Geofísico del Perú recuerda que los grandes eventos de El Niño de 1983, 1998 y 2017 afectaron significativamente a Lima Metropolitana. Su análisis señala que el crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad llevó a miles de familias a ocupar quebradas, laderas y otras zonas de riesgo. Ello demuestra que los desastres no son únicamente producto de la naturaleza; también son consecuencia de la manera en que construimos y gestionamos nuestras ciudades.

Esta realidad resulta especialmente relevante para distritos que cuentan con numerosa población asentada en terrenos de mala calidad y carentes de servicios como ocurre en las partes más altas de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Asentamientos humanos ubicados en la zona de La Nueva Rinconada y Nueva Esperanza, enfrentan diariamente desafíos relacionados con la movilidad, el acceso al agua y la calidad de la vivienda. Frente a un escenario de ocurrencia de un fenómeno El Niño excepcional, estos problemas pueden agravarse. El calor extremo incrementa los riesgos de deshidratación y afecta principalmente a niños y adultos mayores. Asimismo, las condiciones de almacenamiento de agua y el aumento de la temperatura pueden favorecer la proliferación de mosquitos y otros vectores, generando nuevas preocupaciones sanitarias. Situaciones similares ocurren en otros distritos, tanto en Lima Metropolitana como otras ciudades de la costa peruana.

Por otra parte, estos asentamientos también son espacios de organización y trabajo colectivo. La experiencia acumulada por dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias y redes de apoyo, constituyen un recurso fundamental para enfrentar emergencias. La prevención no depende únicamente de obras de infraestructura; también requiere información, participación ciudadana y capacidad de respuesta colectiva. Las experiencias de mejoramiento barrial en Perú –varias impulsadas por organizaciones como descoCiudadano y otras instituciones– muestran que cuando los vecinos participan en el diseño, la ejecución y el cuidado de las intervenciones, la sostenibilidad suele ser mayor que cuando las obras son completamente externas.

La eventual llegada de un Niño Costero más intenso nos obliga a mirar más allá de las predicciones meteorológicas. El verdadero desafío no consiste solamente en anticipar cuánto aumentará la temperatura o cuándo llegarán las lluvias, sino en reconocer que los impactos del clima se distribuyen de manera desigual.

Allí donde persisten las brechas urbanas y sociales, los riesgos encuentran menos barreras para convertirse en crisis. Por ello, prepararse para El Niño implica también avanzar hacia ciudades más equitativas, planificadas y capaces de proteger a quienes hoy enfrentan las mayores condiciones de vulnerabilidad.

 

desco Opina - Regional / 3 de julio de 2026

descoCiudadano

Ciudades en construcción permanente

 

Motivados por el nuevo proceso eleccionario nacional próximo y en medio de un panorama incierto sobre lo que nos deparará la gestión de nuevas autoridades en el país, vemos que se han producido algunos cambios que podrían ser importantes. Varias autoridades electas, han dejado sus cargos como el caso del gobernador regional de La Libertad.

Aquí en Lima ha sido el alcalde metropolitano quien ha renunciado para tentar el sillón presidencial del país. Todo estaría bien, si las gestiones de ambos funcionarios destacaran con referencias positivas a resaltar lo que nos haría esperar que el nuevo espacio para el cual tientan sirviera para replicar o mejorar lo hecho. Lamentablemente, los resultados de ambas gestiones son pobres, dejan mucho que desear, y los “logros de sus gestiones” palidecen ante la creciente inseguridad ciudadana y obras inconclusas en las que se ha dispendiado mucho dinero público.

Percibimos, en el caso de los municipios de Lima, que enfrentamos gestiones que en forma generalizada se han caracterizado por autoridades de muy limitada capacidad en los distritos. Así, en Lima Metropolitana, a dos meses de culminar el año, solo nueve alcaldes distritales han logrado apenas ejecutar el 60% del presupuesto asignado a obras para este 2025. Mientras tanto el forado que tiene el presupuesto de Lima por presupuesto comprometido a futuro para pago de deuda contraída, está en la misma cuenta en rojo de los trenes gastando vanamente 22 millones de dólares para importar chatarra ferroviaria con toda impunidad.

Cabe preguntarse dónde radica el principal problema para cumplir con las metas programadas; parte de la respuesta la vamos a encontrar si indagamos por los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento vigentes. La participación ciudadana está marginada y no se le tiene en consideración para garantizar que las obras se ejecuten atendiendo criterios de calidad y contando con los aportes y participación de la comunidad en general, para determinar el nivel de satisfacción que se tiene sobre su realización y resultados.

Sin embargo, lo que vemos es la implementación de distintos proyectos apurados bajo la modalidad de fast trak, hechos sin mayor estudio evidenciando –sin vergüenza y con descaro– un afán de marketing electorero y nada más. Incluso en obras con oposición del vecindario y carentes de fundamentos técnicos, que terminan siendo grandes elefante blancos sin mayor utilidad o peor aún, obras que ponen en peligro a la comunidad a la que deberían servir.

Por ello, no es menos importante la tarea de educar y capacitar a los ciudadanos en sus derechos y obligaciones a vivir en ciudades, en grandes metrópolis como Lima, que deben ofrecer niveles crecientes de calidad para sus habitantes como ocurre en muchos lugares de Sudamérica, por ejemplo.

Vemos con estas renuncias, malas prácticas de nuestras autoridades, que nos conducen a vivir en ciudades que en lugar de mejorar son cada vez peores. La forma como producimos las ciudades y cómo somos laxos o estrictos para exigir mecanismos de control más adecuados, nos están conduciendo a situaciones de creciente violencia y colapso que pueden medirse. Un terrible ejemplo en Lima Metropolitana, es el hecho de que un 60 % de las licencias de construcción otorgadas no pasan por una verificación técnica, según informa la Contraloría General de la República.

La escasa participación ciudadana y la poca fiscalización que se ejerce para construir una ciudad con crecientes estándares de calidad para la mayoría de sus habitantes es un grave problema que nos afecta a todos en medio de la pasividad. Este momento de reemplazo de unas autoridades por sus herederos debe servir como una nueva oportunidad para que exijamos un mayor control urbano de nuestras ciudades y promovamos iniciativas que mejoren su calidad en los espacios públicos colectivos, áreas verdes, los servicios públicos, la transitabilidad urbana y la generación de empleos adecuados. Y, por cierto, la calidad de las viviendas en las que habitan precariamente millones de limeños.

 

desco Opina - Regional / 24 de octubre de 2025

descoCiudadano

¿Cómo movilizar y fortalecer la participación popular?

 

Si bien la experiencia que se resume a continuación es puntual, consideramos que podría servir como un ejemplo para mirar la política de otra manera, dejar de ver a los “políticos” como los únicos actores principales y entender qué está haciendo la sociedad civil para construir ciudadanía, conciencia ambiental, etc., y a partir de ello encarar lo que están haciendo quienes ocupan hoy los espacios de poder. Es pues un análisis de coyuntura hecho mirando la política desde otro lado y a partir de otras vivencias.

En medio de las dificultades que atraviesa nuestro país, surgen espacios que ofrecen esperanza y caminos hacia un futuro mejor mostrando desde su vida cotidiana experiencias y prácticas que constituyen otras maneras de concebir la vida en colectividad. Uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo en laboratorios de innovación urbano-ambiental en barrios de escasos recursos y en las escuelas que allí funcionan.

Mientras el Estado se concentra en construir infraestructura escolar en colegios medianos y grandes, otra vía para fortalecer la democracia es impulsar procesos participativos con comunidades y estudiantes de barrios pobres o muy pobres para mejorar su educación. Esa es una respuesta de acción paralela y simultánea a análisis de coyuntura que en muchos casos quedan restringidos a debates entre especialistas, sin impacto real en la comunidad. Estas iniciativas, fuera del mundo de “la política de los políticos”, palpitan a diario y son una forma de toma de conciencia ante los sucesos de la coyuntura pues involucran a autoridades locales, organizaciones barriales, jóvenes líderes y a la comunidad educativa, logrando con su desempeño soluciones ajustadas a las realidades territoriales y no a planes burocráticos o debates que para muchos son abstractos sobre el autoritarismo, la democracia y el desinterés por la calidad de vida de las y los peruanos.

En Lima Sur, por ejemplo, se ha conformado el grupo Guardianes de Lima Sur, que busca asumir un rol de liderazgo en la mejora urbana. Pese a limitaciones de infraestructura y recursos presupuestales, decenas de jóvenes de barrios como Halcón Sagrado, Vista Alegre y Héroes del Cenepa participan activamente, liderando ejecuciones de obras y diseños. Motivan a otros grupos de mujeres y jóvenes a sumarse. Los planes maestros no quedan en el papel: se concretan en intervenciones ecoamigables en colegios como el Peruano Canadiense, Juan Carlos de Borbón, República Alemana y Nuevo Progreso. Estos barrios de Lima Sur han logrado una alta participación de estudiantes y docentes a través de faenas voluntarias coordinadas entre barrios y escuelas. Repercuten también, qué duda cabe, en movilizaciones, reclamos y marchas que se hacen para demandar cambios y más recursos. Fuera de las luces de la llamada gran prensa y los medios masivos de comunicación, constituyen espacios en los que se forman, de a poco, nuevas alternativas de organización, de poder y de conciencia que seguramente se expresarán con sorpresa en los escenarios oficiales cuando irrumpan más adelante.

Estas experiencias no son poca cosa: fortalecen efectivamente el empoderamiento de mujeres y adolescentes que, al arborizar, crear huertos o proteger muros de contención, aportan a la resiliencia barrial frente al cambio climático y la indolencia gubernamental. Además –y esto es muy importante– impulsan el liderazgo de mujeres organizadas, en especial señoras de comedores populares, quienes han logrado fortalecer sus capacidades en agricultura ecológica, salud comunitaria y gestión ambiental, como una nueva manera de mirar la política, convirtiéndose en actores clave de la transformación barrial sostenible.

En paralelo, se desarrollan talleres replicables en distritos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, ampliando progresivamente la red de comunidades organizadas y comedores populares. Es decir, reconstruyendo el tejido social deteriorado por el abuso, la desconfianza y la frustración que han traído las formas de hacer política, de buscar y de ejercer el poder en nuestro país a todo nivel.

Los jóvenes, por su parte, actúan como facilitadores intergeneracionales, acompañando a las mujeres –que pueden ser sus propias parientes– fortaleciendo lazos comunitarios que apuestan a nuevas formas de entender la sociedad, sus derechos y las obligaciones del Estado con la sociedad concreta que ellos constituyen en sus barrios e instituciones. No es poca cosa. Así, las experiencias barriales –que al inicio parecen aisladas– se enlazan, multiplican y consolidan redes de trabajo comunitario y ambiental que no están escritas en el papel: son realidades dinámicas que demandan derechos y exigen la participación del Estado –sectorialmente o desde el municipio– para la solución progresiva de sus problemas diarios, de resolución de sus carencias, elementales como la falta de agua potable y de sistemas de desagüe y otros servicios públicos urbanos. Lo hacen como ciudadanas y ciudadanos. Esto les permite contrastar y evaluar desde sus propias experiencias el rol que cumplen quienes ocupan actualmente los poderes del Estado (ministerios, Congreso, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, fiscalías, etc.).

Por eso, cuando se ve cómo se fortalecen capacidades en agricultura urbana, gestión de residuos y econegocios escolares, con participación activa de docentes y voluntarios de colegios, por ejemplo, el entusiasmo demostrado por estudiantes y maestros confirma que la educación ambiental tiene gran potencial de réplica a bajo costo y de movilización de la sociedad. Se involucra a toda la comunidad educativa en temas que les atañen directamente, sin mediaciones y análisis más complejos para entender qué hay que hacer para acabar con una situación generalizada de políticos corruptos, autoritarismo y combatir el maltrato a los más pobres.

 

  

desco Opina - Regional / 29 de agosto de 2025

descoCiudadano

La trampa del individualismo

El individualismo es una fuerza de innovación y autonomía, pero cuando no se orienta hacia el interés general, hacia formas de organización colectiva, se convierte en un factor de fragilidad social. Y es así como se vive en nuestro país. El predominio de la acción aislada debilita las redes comunitarias e institucionales, tanto en el campo como en las zonas urbanas. Como consecuencia de ello, se idealiza mal a los llamados emprendedores y se avala la lógica del “sálvese quien pueda”.

Esto tiene graves consecuencias, tanto en la vida cotidiana como en la estabilidad a largo plazo. Las salidas individualistas, que se traducen en falta de coordinación colectiva, nos impiden dar una respuesta rápida y eficaz ante emergencias. Lo hemos vivido repetidamente en momentos de crisis. Recientemente con la pandemia, pero antes en epidemias, ocurrencia del Fenómeno de El Niño o procesos post terremoto, ya hemos visto que la acción individual no basta y que sin una estructura colectiva que organice los recursos, comunique con claridad y ejecute medidas comunes, los efectos negativos se multiplican y potencian.

No podemos olvidar la primera etapa de la pandemia de COVID-19. A falta de una estrategia comunitaria clara, las mayorías urbanas, sin ingresos formales ni redes de soporte barrial, rompieron las cuarentenas por necesidad. La descoordinación entre el gobierno central y las autoridades locales, sumada a la desconfianza institucional, debilitó la efectividad de las medidas. El resultado: uno de los índices de mortalidad más altos del mundo.

Más recientemente, en 2023, la crisis climática provocada por el ciclón Yaku evidenció de nuevo esta carencia. En Lima y el norte del país, las lluvias causaron serios desbordes y colapsos de infraestructura básica. Sin organización vecinal sólida ni coordinación efectiva entre municipios y Defensa Civil, muchas familias lo perdieron todo.

Hoy, cuando los ciudadanos se desentienden del bien común y el Estado capturado por una coalición autoritaria y mafiosa actúa sin control social, se genera un nuevo ciclo de precariedad. Servicios esenciales como salud, educación básica, transporte público o gestión ambiental se deterioran sin que nadie haga nada. La falta de organización ciudadana para exigir el mantenimiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento, así como de los sistemas de riego, ha agravado la crisis hídrica en varias regiones del Perú, especialmente en zonas como Ica o Arequipa. Del mismo modo, los bajos niveles de participación colectiva en temas educativos complican la fiscalización y la mejora de los colegios públicos, con graves brechas de calidad docente, infraestructura y conectividad. En salud, la escasa colaboración ciudadana en campañas de vacunación o prevención ya ha generado brechas peligrosas. Las tasas de vacunación infantil han descendido por debajo del límite necesario para proteger contra enfermedades erradicadas como el sarampión y la tos convulsiva.

Sin espacios donde los ciudadanos se encuentren, escuchen y negocien, lo que crece es la desconfianza y la fragmentación social que facilitan la ineficiencia del Estado y la arbitrariedad de la clase política. En contextos como el peruano, donde la confianza en las instituciones es muy baja o inexistente, fomentar espacios de organización ciudadana no es un lujo de ONG, sino una necesidad y una obligación urgente para la estabilidad democrática y el bienestar común. ¿Quién exige rendición de cuentas en su municipio? ¿Quién fiscaliza los presupuestos participativos?¿Quién se une a una asociación barrial que no sea por puro interés inmediato? Las redes sociales, más allá de sus virtudes, nos están mostrando que lejos de unir, amplifican la distancia social: cada quien vive encerrado en la burbuja de su celular, repitiendo lo que quiere ver y oír, rechazando al que piensa diferente, imaginando que alguien ¿? se está ocupando del bien común.

No se trata de idealizar, toma tiempo, esfuerzo y paciencia. Pero no conocemos otra forma para sostener viva la democracia, avanzar hacia una economía menos injusta y una sociedad menos cínica. No basta con indignarse en redes sociales ni con votar cada cinco años.

Recordemos que, en muchas zonas del país, principalmente en comunidades rurales, la acción colectiva sigue viva. Quizá lo urgente hoy sea aprender de quienes aún entienden que vivir en sociedad es más que coexistir: es construir juntos. Debemos recuperar el NOSOTROS y eso empieza en lo pequeño: en la asamblea del barrio, en el comité de agua, en la escuela donde estudian nuestros hijos e hijas, en los centros de trabajo, en las organizaciones de las mujeres de los barrios.

 

desco Opina - Regional / 4 de julio de 2025

descoCiudadano 

La creciente perplejidad ciudadana

 

La mayoría de nuestra sociedad siente la inseguridad ciudadana como un problema que se agrava cada vez más en medio del tipo de democracia que soportamos. Con sus actos, quienes controlan los poderes del Estado, muestran una gran indolencia ante este peligroso desafío. Da la impresión, por lo que efectivamente se hace y se deja de hacer, que se vive una etapa en la historia nacional en la que, como señalan analistas especializados, se ha pasado de una precariedad institucional al descalabro político (Alberto Vergara / Ciudadanos sin República).

La población y la prensa nacional de distintas tendencias, compartimos la percepción creciente de que quienes nos gobiernan son delincuentes para los que la inseguridad ciudadana en aumento, es parte de su propio accionar. ¡Tremendo desafío el que tenemos por delante en el Perú!

El esfuerzo por fortalecer las instituciones democráticas y promover la independencia del Poder  Judicial y asegurar que actúe sin influencias indebidas, parece desvanecerse, del mismo modo que se entorpece la actuación de la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República. Peor aún es la situación de los organismos de derechos humanos, cuestionados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando democráticamente pretenden supervisar el uso del poder y los recursos públicos.

Las condiciones sociales y económicas cotidianas de pobreza y exclusión, sumadas al temor luego de los asesinatos gubernamentales de quienes protestaban a fines del año 2022 e inicios del 2023, impiden que exista un ambiente propicio para desarrollar la participación activa de la ciudadanía en la política local y nacional, para ejercer presión sobre los representantes elegidos y demandarles responsabilidad y transparencia. El Parlamento ya no es, como debiera, un espacio de representación ni de debate, como consecuencia del transfuguismo, la creación de nuevos grupos parlamentarios y decisiones que se toman sin debates ni dar razones. Su legitimidad, lo sabemos todos, ha desaparecido e igual situación corresponde al Poder Ejecutivo de casi inexistente aprobación ciudadana.

En ese contexto, que el ministro del Interior descuide los temas de seguridad ciudadana, que debieran ser su prioridad ante el múltiple asedio del crimen organizado, es apenas una anécdota. Prioriza proteger a la presidenta Boluarte y cumplir la consigna de cerrar la DIVIAC que la investiga, intentando un control de daños a una fracción de las muchas acusaciones en su contra. En ese discurrir, la seguridad ciudadana para el gobierno es un tema más para pasar por agua tibia. El reciente asesinato de dos dirigentes de construcción civil, por ejemplo, además de ser un asunto de mafias, denota el grave problema en el que nos encontramos, trepando en los puestos del ranking de criminalidad en América Latina. La inseguridad ciudadana puede tener muchas causas, como la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la falta de estrategias claras para combatirla, pero constatamos también que pone en peligro los derechos fundamentales de los peruanos, sin olvidar la violencia de género que nos afecta.

Si nos concentramos en lo que tenemos hoy por hoy en el sistema penal, encontramos algunas medidas que parecen extrañas, tales como la atenuación de la pena de delincuentes o la suspensión de la ejecución de la pena y sus respectivas excepciones.

Las demandas ciudadanas de muy diversos sectores para que se combata la corrupción, son cada vez más insistentes, exigiendo una acción efectiva de las autoridades para erradicar una actividad perversa que genera temor e incertidumbre entre la población y cuantiosas pérdidas económicas. Sin duda, la inseguridad ciudadana que soportamos pone ya en peligro los derechos fundamentales y resquebraja las condiciones básicas que nos permiten la convivencia pacífica.

Los destapes y denuncias de la prensa de investigación sobre la corrupción y los abusos de poder parecen prédicas en el desierto del cinismo instaurado, cuando se constata que nuevas leyes y la gestión gubernamental protegen a corruptos y delincuentes en distintos ámbitos como el transporte ilegal, la minería, la tala y la pesca depredadoras y varios casos más como el funcionamiento de universidades de muy mala calidad.

Hay urgencia por avanzar en reformas casi imposibles de llevar adelante en las actuales condiciones, que hay que hacer en la policía y las fuerzas de seguridad para erradicar la corrupción y asegurar actúen en beneficio de los ciudadanos, cumplan con la prevención del delito y un manejo adecuado de la fuerza. Sin embargo, en un contexto de delitos cometidos por quienes gobiernan, puede ser necesario establecer otras medidas para abordar estos crímenes. La promoción de cambios políticos y electorales, lejos de traer reformas que hagan más difícil acceder o mantenerse en el poder a los delincuentes y corruptos, lo facilitan. No vemos en el horizonte un escenario favorable a la participación activa de movimientos de base que promuevan candidatos y partidos políticos con un fuerte compromiso contra la corrupción y la delincuencia. Tampoco un apoyo decidido de organizaciones internacionales para supervisar y ayudar en el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en el Perú o la colaboración franca en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción transnacional.

Para prevenir el crimen y promover la seguridad ciudadana requerimos convencernos como sociedad de la importancia de utilizar un enfoque pluridisciplinario, que incluya políticas de inclusión social, fortalecimiento comunitario y educación, a las que ahora no se les da importancia.

En cuanto a la seguridad pública y las políticas de prevención, es necesario poner en marcha un modelo de Policía no sólo reactiva y de disuasión, sino proactiva, ligada a la sociedad de manera permanente y no sólo cuando se es víctima de algún delito; una Policía de prevención y proximidad con la ciudadanía, en donde el nivel de participación ciudadana sea dirigido y consolidado en acciones que permitan cambiar el rumbo de la percepción de inseguridad predominante.

 

desco Opina - Regional / 29 de agosto de 2024

descoCiudadano