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viernes

Agua y cambio climático: más carga de cuidados

 

En Lima Metropolitana, el verano 2026 parece no haber tenido pausa por la persistencia de las condiciones cálidas asociadas al Niño Costero y, posteriormente, al desarrollo del Fenómeno de El Niño en el Pacífico central. Durante el 2026, se ha registrado un calentamiento de las aguas del mar frente a la costa peruana, lo que ha influido en el incremento de las temperaturas del aire en distintas ciudades costeras, entre ellas Lima Metropolitana. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se han previsto temperaturas superiores a sus valores normales en gran parte de la costa peruana y las condiciones asociadas a estos fenómenos podrían mantenerse hasta el verano de 2027.

A esta situación, se suma la desigualdad en el acceso al agua potable en Lima Metropolitana. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que, a inicios de 2026, solo 19 de los 46 distritos de Lima Metropolitana y el Callao contaban con acceso al agua potable durante las 24 horas del día.

Otros datos de estas injustas desigualdades se encuentran en el informe de Lima Cómo Vamos 2025. Por un lado, en la población del nivel socioeconómico E de Lima Metropolitana y Callao, la falta de agua potable aparece como el tercer problema más importante de la ciudad. Por otro lado, se observa una marcada disparidad territorial: Lima Norte y Lima Centro registran los mayores niveles de insatisfacción respecto al acceso y la calidad del agua, con 54,3 % y 52,5 %, respectivamente. En comparación, Lima Sur presenta un 29,9 % y Lima Este un 26,1 % de insatisfacción.

Los datos ofrecen un panorama poco alentador sobre las consecuencias de estas desigualdades, pues las condiciones climáticas cada vez más exigentes coinciden con problemas estructurales de acceso a servicios básicos como el agua potable. Esta inaceptable situación no solo representa un desafío ambiental y urbano, sino que también plantea interrogantes sobre sus consecuencias en la organización de la vida cotidiana, especialmente para las mujeres, quienes asumen en su mayoría las responsabilidades domésticas y de cuidado en los hogares peruanos.

Esta problemática adquiere una mayor complejidad en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, donde las responsabilidades económicas, domésticas y de cuidado suelen concentrarse en una persona. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024 (Enut), las mujeres peruanas destinan al día alrededor de 3 horas para el cuidado no remunerado a miembros del hogar y 4 horas de trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar.

Con la presencia del Fenómeno de El Niño, las mujeres presentarán una mayor carga de trabajo para garantizar las condiciones básicas de bienestar de sus familias. Esta situación no solo implica destinar más tiempo a las tareas domésticas, sino también reorganizar sus actividades laborales, reducir sus espacios de descanso y postergar su propio cuidado.

Las consecuencias pueden ser mayores para las mujeres que trabajan en condiciones de informalidad o que no cuentan con redes familiares y comunitarias de apoyo. Las condiciones climáticas adversas no solo generan estas desigualdades, sino también pueden profundizar las dificultades que enfrentan las mujeres para conciliar sus responsabilidades de cuidado con su autonomía económica y bienestar personal.

Ante este escenario, nos preguntamos si las políticas públicas de adaptación al cambio climático consideran las desigualdades que soportan las mujeres en la distribución del trabajo de cuidados y las condiciones aún más graves en los hogares monoparentales. Si bien garantizar el acceso continuo al agua potable y mejorar la infraestructura de los servicios básicos son prioritarias, resultan insuficientes si no se acompañan de políticas que reconozcan las necesidades de cuidado de la población frente a condiciones climáticas adversas, como las provocadas por el Fenómeno de El Niño Costero.

En ese sentido, es urgente fortalecer los servicios públicos de cuidado, ampliar las redes de apoyo comunitario e incorporar una perspectiva de género en las estrategias de adaptación climática, especialmente en los territorios más vulnerables y de mayor pobreza. De lo contrario, las consecuencias de la crisis climática continuarán recayendo principalmente y sin equidad sobre las mujeres, trasladando al ámbito doméstico responsabilidades que también corresponden al Estado y a la sociedad.

Abordar el cambio climático desde una perspectiva de género demanda reconocer el trabajo de quiénes sostienen los cuidados y las condiciones en que se realiza. La adaptación climática no debe limitarse a responder a los efectos ambientales, sino también considerar las desigualdades que condicionan la vida cotidiana. Una gestión del riesgo bien entendida no solo consiste en construir pircas preventivas o entregar víveres, sino también garantizar que los derechos de las mujeres y niñas sean reconocidos y atendidos antes, durante y después de un desastre.

Incorporar el enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres no es una cuestión ideológica, es una necesidad para identificar las distintas condiciones de vulnerabilidad de la población. Ignorar estas diferencias desde las políticas públicas significa dejar de lado una dimensión fundamental para garantizar una respuesta equitativa, justa y efectiva frente a la crisis climática.

 

 

desco Opina - Regional / 23 de octubre del 2026

descoCiudadano

“La revolución del sentido común”

 

Durante la campaña presidencial estadounidense, muchos nos tirábamos de los pelos por las consecuencias que traería para el continente y el mundo una eventual victoria de Trump, considerando los antecedentes de su primer gobierno, el fanatismo de sus seguidores que tomaron por asalto el Capitolio bajo el grito de fraude, y la radicalización de la derecha a nivel mundial, esa que enarbola un extraño concepto de libertad.

Durante estos primeros días en el gobierno, los miedos se han ido haciendo realidad. Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones comenzaremos la completa restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Todo se trata de sentido común… aseveró Trump durante su asunción, quien además anunció un conjunto de medidas con gran impacto en varios sectores.

Dijo que acabaría con el Nuevo Pacto Global y días después su gobierno retiró a EE.UU. del Acuerdo de París, aquel diseñado para frenar el calentamiento global, ese que acelera el cambio climático y que Trump niega. Pareciera que la “libertad” de sus industrias es más importante que conseguir el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial. Sin duda una bofetada a la ONU y a su iniciativa de designar al 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. No vamos a ahondar sobre las consecuencias de esta medida, pero sí a precisar que América Latina es la segunda región más propensa a desastres a nivel mundial y que el 83% de éstos son de origen climático. Perú es uno de los países con alto riesgo en esta materia.

Hemos visto en los noticieros los primeros aviones llenos de migrantes, quienes vienen siendo tratados como delincuentes, con grilletes en manos y pies, escoltados en aviones militares de regreso a sus países de origen. Este hecho no fue aceptado por el presidente colombiano Petro, el segundo presidente en la región que levantó la voz después de Sheinbaum, presidenta mexicana, ante la bravata de Trump. Después de un cruce de palabras y amenazas arancelarias, el presidente de EE.UU. tuvo que aceptar enviar a los inmigrantes colombianos respetando formas humanitarias, y Petro tuvo que aceptar recibir a los migrantes expulsados. Lo que seguro no esperaba el “salvado por Dios para hacer América más grande”, es que las empresas de su país comenzaran a reportar pérdidas económicas por la paralización de sus actividades, pues la mano de obra migrante dejó de asistir al trabajo por miedo a las nuevas políticas de deportación.

La Cancillería peruana ha señalado que los ciudadanos que sean deportados van a tener todas las facilidades que se necesiten para su reinserción en el país, remarcando que potenciarían los servicios de asesoría legal. Todavía no hay un anuncio oficial sobre un programa estatal para los migrantes retornantes, como el anunciado por Claudia Sheinbaum en su país. La resaca del viaje a Davos parece no dejar pensar con claridad a nuestra mandataria, preocupada más por sus líos domésticos que por lo que significa este forzado retorno de nuestros connacionales. Aún no cae en cuenta cómo se verán afectadas las partidas de remesas del exterior, que alcanzaron un máximo histórico de US $1240,93 millones en el segundo trimestre de 2024, según el Banco Central de Reserva del Perú, siendo Estados Unidos su principal origen.

Otra de las medidas que nos afectan es la suspensión por 90 días de la cooperación del gobierno de EE.UU., un importante convenio con el Perú con cuatro objetivos bien claros: expandir el desarrollo económico y social en regiones post erradicación para sostener la reducción de los cultivos de coca; incrementar la integridad pública para reducir la corrupción; fortalecer el manejo sostenible del ambiente y los recursos naturales para expandir beneficios económicos y sociales; y alcanzar la mayor integración económica de los migrantes y refugiados venezolanos. Contra lo que muchos piensan, el dinero de la cooperación de USAID para cumplir estos objetivos, representa un porcentaje mucho mayor para el gobierno peruano (en todos sus niveles), que para las ONG peruanas. Para el periodo 2023-2024 los Gobiernos de Perú y Estados Unidos de América acordaron un incremento de US $92 millones, lo que representó para el Perú US $202.9 millones para proyectos en esos dos años. De allí se entiende el comunicado de preocupación publicado por Cancillería sobre esta decisión.

Es seguro, en base a las nuevas políticas de la segunda era Trump, que los objetivos de la cooperación con el Perú después de esos 90 días van a cambiar. Sin duda, los proyectos (estatales y privados) que serán más afectados estarán relacionados al cambio climático y al medio ambiente. Ya no habrá dinero de la cooperación de USAID para el fortalecimiento de capacidades de instituciones y funcionarios del Estado para enfrentar delitos ambientales, para la seguridad hídrica y algunas inversiones en infraestructura natural y un largo etcétera. Sólo en el 2024 en respuesta a emergencias, protección general del medio ambiente y prevención de desastres, el Perú percibió de la cooperación de USAID US $70.4 millones.

Con Trump al mando de uno de los Estados más poderosos del mundo y una jefa de Estado peruana que no gobierna, es preocupante lo que nos deparan los próximos tiempos. No tendremos capacidad de respuesta, o al menos no se avizora de forma clara por el momento.

Las noticias internacionales suelen ocupar un espacio pequeño en medios tradicionales, y su pequeña parrilla está destinada usualmente a anécdotas o a la comunicación de desastres. El contexto internacional, cada vez más cambiante, nos obliga a estar atentas y atentos a las noticias, a escoger fuentes fiables y a preocuparnos por nuestra educación mediática. Tenemos que estar alertas ante esta “revolución del sentido común”.

 

desco Opina – Regional / 31 de enero del 2025

descosur

Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y el cambio climático

 

A la grave crisis política en el país se han sumado los eventos climáticos extremos que han puesto en jaque la capacidad gubernamental para disminuir las afectaciones en la población y sus medios de vida, como en el caso de la zona altoandina del sur, que ya hemos comentado en extenso en un artículo anterior. Pero no todo está perdido, la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) en parte de las regiones del sur, podrían paliar en un porcentaje estas afectaciones.

Los días 18, 19 y 20 de octubre se realizó en Arequipa, el Encuentro Nacional de MRSE HÍDRICO (MERESE-H), un espacio para intercambiar y reflexionar sobre las experiencias y lecciones aprendidas de los promotores y ejecutores de MRSE-H en Perú, con el fin de identificar las necesidades comunes, las oportunidades de mejora y los retos pendientes para fortalecer y consolidar las acciones de adaptación al cambio climático, en un contexto de crisis hídrica en el país.

Los MRSE-H, en efecto, han venido a reforzar las actividades de siembra y cosecha de agua, que algunas instituciones privadas, como la nuestra, han venido promoviendo en las zonas rurales y que luego el Gobierno Nacional ha tomado en cuenta a partir del año 2016 para su implementación como política mediante el programa Sierra Azul. La diferencia entre Sierra Azul y el MRSE es que los usuarios del agua, bajo este mecanismo, retribuyen con dinero el trabajo de los pobladores de las zonas altas que contribuyen con la conservación del agua para las poblaciones que habitan en zonas medias y bajas.

Durante el evento se presentaron los avances en la Macrorregión Sur. La especialista MRSE de la EPS Sedacusco, Zoraida Cáceres, expuso los avances en la ejecución de los cinco proyectos de inversión con los cuales han construido más de 75 km de zanjas de infiltración y cochas, han hecho revegetación, diques en cárcavas y actividades de fortalecimiento de capacidades en la comunidad, además de un sistema de monitoreo social desarrollado para los proyectos MRSE en Piuray.

Por su parte, EPS Ilo S.A., a través de la responsable MRSE, ing. Lizeth Condori, presentó sus avances trabajados en conjunto en la implementación con la comunidad de Asana, logrando construir más de 6 km de zanjas de infiltración y la instalación de su Sistema de Monitoreo Hidrológico, que de manera preliminar cuenta con una estación pluviométrica y que se planea ir sofisticando con los años. Asimismo, presentaron una plataforma donde han logrado sistematizar la información de precipitación que se viene recogiendo con su estación pluviométrica.

La representante de Sedapar, ing. Liudmila Murillo, también explicó cómo vienen ejecutando el MRSE en la región Arequipa a través de la modalidad de convenios de administración, con Profonanpe como administrador del fondo, y con descosur como ejecutor del plan de intervenciones. Indicó que esta modalidad ha permitido agilizar la inversión de estos recursos y alcanzar los objetivos del Año 2, resaltando el papel de descosur en la implementación del MRSE, ya que contar con casi 30 años de experiencia en la ejecución de acciones para siembra y cosecha de agua y en la recuperación de ecosistemas en la región, resultó fundamental para asegurar la calidad y eficiencia de las obras.

Los planes de intervención, en todos los casos, vienen acompañados de programas de fortalecimiento de capacidades en las comunidades contribuyentes, para asegurar la sostenibilidad de sus actividades económicas y para la obtención de beneficios en los años venideros, de los ecosistemas que habitan.

Es importante mencionar el caso de Sedapal, en Lima, cuya modalidad de ejecución del MRSE es a través del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (Invierte.pe), con el que suelen tener cuellos de botella en las fases de formulación y ejecución (a nivel de Expediente Técnico), dentro de sus Unidades Formuladora y Ejecutora por la limitada cantidad de profesionales para atender los proyectos de infraestructura verde, sumado a los proyectos de infraestructura gris. Una muestra más del paquidérmico estado de los sistemas de gestión estatales.

En el Encuentro Nacional MRSE, muchos representantes de las EPS coincidieron en que una de las limitaciones que se ha tenido en su implementación, ha sido no contar con profesionales capacitados. Han tenido que ir formándose con la experiencia y en base a las circunstancias de cada región. Sería importante que las EPS puedan hacerse de estos profesionales para asegurar no solo la continuidad de la implementación de los MRSE, sino su operación y el mantenimiento de las infraestructuras.

Por el momento, las contribuciones para la implementación de los MRSE provienen de los usuarios domiciliarios del agua. Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional se están encargado de la recaudación, de diseñar el plan de intervenciones y de ejecutar esa inversión mediante diferentes mecanismos. Todavía es un reto comprometer a otros usuarios del agua (agrícolas, industriales, etc.) para que de manera voluntaria (aunque a estas alturas debería ser una obligación) también contribuyan con la disponibilidad hídrica en las cabeceras de cuenca y las futuras generaciones puedan acceder a este preciado bien.

 

 

desco Opina – Regional / 27 de octubre del 2023

descosur

Crisis en el sur por el cambio climático

 

Para nadie es secreto que el cambio climático es un hecho incuestionable y que sus efectos son, y serán, cada vez más agresivos; pero ni la población ni las autoridades en el país parecen tomárselo en serio, todavía.

Quedan menos de cuatro meses para que el Niño Costero se manifieste con toda su ferocidad. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), ha hecho un mapeo nacional de los 9000 puntos críticos por huaycos e inundaciones, pero lo que no vemos hasta ahora es el mismo esmero para comunicar sobre los puntos críticos de la sequía que está afectando a toda la zona altoandina por tercer año consecutivo. El Cenepred cuenta con un reporte sobre los escenarios de riesgo por sequía que debería tener no sólo la misma difusión en prensa que tiene el de inundaciones, sino que tendría que ser un documento de trabajo permanente para el gobierno nacional, de modo que las partidas presupuestarias apunten a la remediación y adaptación, así también para que los gobiernos regionales y locales comiencen a planificar acciones en el mismo sentido.

El año pasado vimos noticias sobre la desaparición de diferentes cuerpos de agua como la laguna de Cconchaccota en Apurímac, la dotación de abrevaderos artificiales de agua en la zona de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca en Arequipa (RNSAB), la muerte de camélidos sudamericanos y otras afectaciones en las zonas altoandinas reseñadas en un anterior artículo. Lo más visible este año son las noticias sobre la disminución del nivel del lago Titicaca en Puno, la alerta de que la ciudad de Cusco se quedaría sin agua para el consumo humano por la falta de reservas  en la laguna Piuray, así como el déficit de agua para la agricultura en los distritos del Chili no regulado en Arequipa; sin embargo, lo más alarmante es lo que no se ve. En la zona altoandina de Arequipa y Puno han aumentado los remates de ganado, pues las familias alpaqueras prefieren vender sus animales antes que perderlos por enfermedades y abortos debido a la falta de agua. Si bien esta acción les permite tener dinero ahora, a la larga las descapitaliza, teniendo en cuenta que su situación económica ya es vulnerable.

Según información del Consejo Regional de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca Chili (CRRHCQCH), la demanda de agua para el consumo humano en la ciudad de Arequipa (que rondaría el millón 157 mil habitantes), está cubierta hasta abril del próximo año; de hacerse masiva esa noticia seguramente causaría un efecto contraproducente en la población, pues continuaría con los mismos malos hábitos de desperdicio en un contexto que ha cambiado. Debemos ser conscientes de que hay distritos en la ciudad que tienen agua por horas y que a sólo tres horas del centro hay personas que ni siquiera cuentan con agua segura. Por otro lado, es preocupante que a pesar de que la cuenca se maneja en un sistema integrado, el Consejo no cuenta con información detallada sobre la afectación de la sequía en su parte alta.

Las medidas preventivas son urgentes, así como contar con el presupuesto para atender a las personas cuyo sustento de vida se está evaporando; sin embargo, son necesarias también medidas a nivel macro, como solucionar el desperdicio de agua en la actividad agrícola. Según datos del Consejo de Cuenca, el 76 % de agua de la cuenca Quilca Chili es consumida por la agricultura, pero estos usuarios lo hacen de forma negligente: estiman que de cada 100 litros que usan, 45 son desperdiciados. Esto, por falta de sistemas de riego o por su inadecuado manejo, también por problemas con la infraestructura hídrica, como la de la Represa San José de Uzuña en Polobaya, cuya compuerta principal presenta deficiencias desde su inauguración. El desperdicio, por falta de eficiencia en el riego, es alevoso en este contexto.

Por otro lado, urge poner atención al cambio de matriz energética, ya que en muchas partes de nuestro país la fuente principal de energía es una hidroeléctrica. El gerente general de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL), Markpool De Taboada, reveló que el 50% de la energía para atender a los usuarios de Arequipa proviene de centrales hidroeléctricas, el 40% es producida por gas, 5% depende del diésel y 5% de energías renovables; esto en una región con altos niveles de radiación que muy bien podrían usarse para producir energía. Por cierto, junto a esta revelación, también anunció el posible aumento de la tarifa de energía eléctrica por la sequía.

Hace unas semanas, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, informaba que el Ejecutivo se comprometió a financiar con 9,6 millones de soles la construcción de 45 nuevas cochas en las cabeceras de las diferentes cuencas hidrográficas de la región; a setiembre aún no se ha efectuado ninguna coordinación con el Consejo de Cuenca para planificar su ubicación, teniendo en cuenta que en la RNSAB muchas de estas infraestructuras fueron construidas por descosur y la población mediante el financiamiento de sus proyectos y aporte de recursos municipales, así como con el financiamiento del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) Hídrico. También hay otras obras realizadas por gestiones regionales pasadas.

Ya que la alerta por el déficit hídrico ha pasado a ser permanente en el sur, es vital la coordinación interinstitucional para que las medidas de adaptación y mitigación sean más exitosas y cubran a un mayor número de habitantes. El Midagri, que tiene diferentes acciones mediante Agrorural, debería tener esa apertura y dejar de ejecutarlas aisladamente y sin un adecuado análisis de contexto.

Hay diferentes frentes para afrontar la sequía, pero requiere una organización conjunta y celeridad con planes de emergencia para atenuarla en esta temporada. Hace falta tener mayor empatía con la población más vulnerable.

 

desco Opina – Regional / 15 de setiembre del 2023

descosur