Año Internacional de la Agricultora: ¿cambio o continuidad?

 

La declaración del 2026 como el Año Internacional de la Agricultora abre un debate importante para quienes nos vinculamos desde distintos roles a la promoción del desarrollo de las sociedades rurales. La pregunta cae por su propio peso: ¿servirá este año para trabajar por las brechas de género en las zonas rurales o se limitará a una serie de actos protocolares y registros fotográficos sin impacto real?

En un país con casi un millón de mujeres en la fuerza del agro, la respuesta depende de la implementación de medidas que vayan más allá de lo evidente y de los actos puramente simbólicos. Según el Padrón de Productores Agrarios - PPA (MIDAGRI, corte junio 2025), 45.6% de los productores agrarios empadronados en el 2025 son mujeres. Territorialmente Puno es la región con presencia mayoritaria con el 54.4%, seguido de las regiones Huancavelica (49.67%), Ayacucho (49.58%), Huánuco (48.84%), Tacna (48.25%), Moquegua (48%), Apurímac (47.61%), Junín (47.63%) y Cusco (45.55%), que tienen alta presencia de mujeres productoras. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 64.5% de los hombres rurales son titulares de tierras, frente al 35.5% de las mujeres. Esta falta de propiedad formal es el principal obstáculo para la inclusión financiera, ya que 91.9% de los créditos agrarios exigen títulos como garantía. Estos son datos esenciales para cultivar igualdad.

Tres aspectos se deben considerar esenciales para trabajar el empoderamiento de las mujeres agricultoras: el cuidado que limita su tiempo y genera sobrecarga de trabajo para participar en actividades como capacitación y tener presencia en espacios de toma de decisiones. El cambio climático asociado al impacto diferenciado que ocasiona, ya que de acuerdo con el Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú, las mujeres rurales enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a que suelen ocupar tierras de menor calidad y con menor acceso a recursos hídricos. La escasez de agua y la pérdida de biodiversidad incrementan su jornada laboral en la búsqueda de recursos, profundizando su precariedad. Finalmente, será clave analizar las transiciones demográficas y sus tendencias en los territorios rurales, así como sus implicancias en los roles de género. El análisis de estos procesos significa un desafío esencial para el diseño de políticas públicas considerando la evidencia.

Es importante aprender de lo avanzado y corregir las medidas de política pública con evidencia; en este marco la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena es clave. La estrategia permite identificar los cuellos de botella y corregirlos para su rediseño, obteniendo lecciones aprendidas para otros productos similares. Analizar el relacionamiento de las mujeres rurales con el Estado es medular. Cabe señalar que un primer aporte fue trabajado por la FAO.

Para transformar el simbolismo en cambios estructurales, es importante centrarse en los siguientes ejes estratégicos: a) asegurar el acceso y la seguridad jurídica sobre la tierra y el agua, fortaleciendo iniciativas de gestión hídrica con enfoque de género. Un ejemplo es el proyecto Mujeres del agua. b) Implementar mecanismos de financiamiento apropiados que faciliten el acceso a la innovación y tecnología. Esto es esencial para alcanzar una sostenibilidad de facto mediante modelos de economía circular, procesos en los cuales las mujeres son fundamentales debido a su protagonismo en el desarrollo de la agroecología. c) Desarrollar estudios de cadena que identifiquen roles específicos de género, permitiendo una asistencia técnica ad hoc que responda a las necesidades reales de las productoras. Existen avances en esta reflexión como lo vemos en las cadenas de café y cacao. d) Potenciar los mercados de circuitos cortos que son los espacios de mayor dominio femenino, consolidando la alianza cocinero-campesina que visibilice a las mujeres como actoras centrales en la cadena, de tal forma de facilitar su visibilidad.

Finalmente, es clave considerar la agenda multitemática de las mujeres rurales; no sólo son productoras, por ende, las políticas no deben centrarse únicamente en este rol. En este año será importante trascender el rol meramente productivo, vinculando en la agenda agraria aspectos de participación política y erradicación de la violencia, elementos indisolubles de la realidad y la autonomía de las mujeres productoras agrarias.

 

desco Opina / 23 de enero de 2026

Año Internacional de los Camélidos: qué dice el Perú

 

En diciembre de 2017, atendiendo a la petición de Bolivia, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó declarar el 2024 “Año Internacional de los Camélidos”, estableciéndose un Comité Directivo con una copresidencia integrada por Bolivia y Arabia Saudita para la dirección de esta celebración. Esta declaración tiene el propósito de destacar la importancia económica, social, alimentaria y cultural para los pueblos donde habitan los camélidos y también promover mayores inversiones, estudios e investigaciones en su campo.

Los orígenes de los camélidos se han establecido en el continente americano hace 40 millones de años de donde evolucionaron las siete especies que conocemos en la actualidad. Los camellos bactrianos, camellos bactrianos salvajes y los dromedarios que se encuentran en las zonas desérticas de Asia y África, y los camélidos sudamericanos con las especies silvestres, vicuña y guanaco y las domésticas, llama y alpaca.

La FAO ha señalado a los camélidos como los “héroes de los desiertos y las alturas: alimento para pueblos y culturas”. Lo cierto es que en la actualidad brindan el sustento a millones de personas en 90 países en el mundo. En el Perú, alrededor de 400 000 personas se sostienen de la crianza y conservación de los camélidos.

Una característica común es la ubicación de los camélidos en territorios frágiles, y el hecho de que estén a cargo de las poblaciones y culturas originarias que afrontan los retos de su geografía. En el caso peruano y sudamericano, tienen, además, la condición de ser la “ganadería de los vencidos”, pues con la conquista estas especies que cubrían todo el territorio, desde las llanuras costeras hasta las alturas, fueron progresivamente desplazadas por las nuevas especies introducidas por los conquistadores: vacunos, caprinos, porcinos y otras. Esto estableció una discriminación cultural ante algunos productos como la carne de alpaca o llama, consideradas “carne de indios”, situación que hasta hoy no se supera completamente, a pesar de sus comprobadas ventajas nutritivas y saludables frente a las demás carnes rojas.

Los estudios muestran las potencialidades de los camélidos por su capacidad de adaptación a las difíciles condiciones ambientales, sobre todo en estos tiempos del calentamiento global y el cambio climático, constituyendo un factor para la resiliencia frente a ellos. Cabe destacar que estas especies son los rumiantes que menos emisiones de gases de efecto invernadero producen y, por tanto, contribuyen a la adaptación y a mitigar las emisiones.

El Perú posee el 80% de las alpacas, 30% de las llamas, 50% de las vicuñas y menos del 1% de guanacos del mundo, lo que nos demanda liderar el desarrollo de estas especies; sin embargo, la realidad va en sentido contrario. Tenemos un gran atraso en las tecnologías reproductivas frente a otras especies; prevalencia de problemas sanitarios endémicos como la sarcocistiosis, que afecta la producción de carne; un mercado de fibra distorsionado, pues se sigue acopiando sin distinción de calidades, como hace más de 100 años en que se iniciaron las exportaciones; un mercado de la carne de camélidos también distorsionado, pues no se cuenta con camales o centros de beneficio con autorización sanitaria; deficientes servicios a la producción en todo el espacio altoandino que estimula la migración de los jóvenes; una institucionalidad pública desarticulada entre las diversas entidades nacionales y regionales, y con muy pocos recursos; y una organización gremial de los criadores debilitada, dispersa y sin representación nacional.

Respecto a la institucionalidad, la constitución del Instituto de los Camélidos, que disponía la Ley 30674 de octubre del 2017, hasta hoy no se implementa. Otros proyectos de ley para abordar el tema de la institucionalidad del sector, siguen durmiendo en la Comisión Agraria del Congreso, lo que ratifica el desinterés de políticos y gobernantes sobre el tema. Y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, nunca activó la Comisión Sectorial de carácter temporal para la elaboración del “Informe del estado situacional de la cadena productiva de Camélidos Sudamericanos en Perú”, que creó en el 2022.

Este Año Internacional de los Camélidos tendría que ser una oportunidad para abordar de manera resuelta estos temas pendientes, ejerciendo la responsabilidad que la realidad nos confiere. El gobierno de Bolivia hizo el lanzamiento de una iniciativa país en el marco del Año Internacional en agosto del año pasado, anunciando la ejecución de un gran proyecto con la cooperación internacional para la formulación de la estrategia y las políticas para el desarrollo del sector, y participó en el lanzamiento mundial oficial en Italia. En nuestro caso, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego realizó el lanzamiento del Año Internacional el pasado 30 de enero en un acto improvisado, sin un objetivo claro ni la convocatoria y concertación de todos los actores del sector: productores, academia, empresas, centros de promoción y sector público, para unir esfuerzos y aprovechar la oportunidad.

La Mesa de los Camélidos de Arequipa –entidad que congrega a los diferentes actores de la cadena– que viene funcionando desde hace ocho años, acordó en su última reunión enviar una comunicación a la ministra de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, Jennifer Contreras Álvarez, expresando su extrañeza ante este lanzamiento improvisado. Mientras esperamos la respuesta de un compromiso real con el sector, aunque sea en este año conmemorativo, la Mesa se ha propuesto un plan de actividades para la región, y no quedarnos desembarcados.

 

desco Opina – Regional / 2 de febrero del 2024

descosur

Crisis en el sur por el cambio climático

 

Para nadie es secreto que el cambio climático es un hecho incuestionable y que sus efectos son, y serán, cada vez más agresivos; pero ni la población ni las autoridades en el país parecen tomárselo en serio, todavía.

Quedan menos de cuatro meses para que el Niño Costero se manifieste con toda su ferocidad. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), ha hecho un mapeo nacional de los 9000 puntos críticos por huaycos e inundaciones, pero lo que no vemos hasta ahora es el mismo esmero para comunicar sobre los puntos críticos de la sequía que está afectando a toda la zona altoandina por tercer año consecutivo. El Cenepred cuenta con un reporte sobre los escenarios de riesgo por sequía que debería tener no sólo la misma difusión en prensa que tiene el de inundaciones, sino que tendría que ser un documento de trabajo permanente para el gobierno nacional, de modo que las partidas presupuestarias apunten a la remediación y adaptación, así también para que los gobiernos regionales y locales comiencen a planificar acciones en el mismo sentido.

El año pasado vimos noticias sobre la desaparición de diferentes cuerpos de agua como la laguna de Cconchaccota en Apurímac, la dotación de abrevaderos artificiales de agua en la zona de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca en Arequipa (RNSAB), la muerte de camélidos sudamericanos y otras afectaciones en las zonas altoandinas reseñadas en un anterior artículo. Lo más visible este año son las noticias sobre la disminución del nivel del lago Titicaca en Puno, la alerta de que la ciudad de Cusco se quedaría sin agua para el consumo humano por la falta de reservas  en la laguna Piuray, así como el déficit de agua para la agricultura en los distritos del Chili no regulado en Arequipa; sin embargo, lo más alarmante es lo que no se ve. En la zona altoandina de Arequipa y Puno han aumentado los remates de ganado, pues las familias alpaqueras prefieren vender sus animales antes que perderlos por enfermedades y abortos debido a la falta de agua. Si bien esta acción les permite tener dinero ahora, a la larga las descapitaliza, teniendo en cuenta que su situación económica ya es vulnerable.

Según información del Consejo Regional de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca Chili (CRRHCQCH), la demanda de agua para el consumo humano en la ciudad de Arequipa (que rondaría el millón 157 mil habitantes), está cubierta hasta abril del próximo año; de hacerse masiva esa noticia seguramente causaría un efecto contraproducente en la población, pues continuaría con los mismos malos hábitos de desperdicio en un contexto que ha cambiado. Debemos ser conscientes de que hay distritos en la ciudad que tienen agua por horas y que a sólo tres horas del centro hay personas que ni siquiera cuentan con agua segura. Por otro lado, es preocupante que a pesar de que la cuenca se maneja en un sistema integrado, el Consejo no cuenta con información detallada sobre la afectación de la sequía en su parte alta.

Las medidas preventivas son urgentes, así como contar con el presupuesto para atender a las personas cuyo sustento de vida se está evaporando; sin embargo, son necesarias también medidas a nivel macro, como solucionar el desperdicio de agua en la actividad agrícola. Según datos del Consejo de Cuenca, el 76 % de agua de la cuenca Quilca Chili es consumida por la agricultura, pero estos usuarios lo hacen de forma negligente: estiman que de cada 100 litros que usan, 45 son desperdiciados. Esto, por falta de sistemas de riego o por su inadecuado manejo, también por problemas con la infraestructura hídrica, como la de la Represa San José de Uzuña en Polobaya, cuya compuerta principal presenta deficiencias desde su inauguración. El desperdicio, por falta de eficiencia en el riego, es alevoso en este contexto.

Por otro lado, urge poner atención al cambio de matriz energética, ya que en muchas partes de nuestro país la fuente principal de energía es una hidroeléctrica. El gerente general de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL), Markpool De Taboada, reveló que el 50% de la energía para atender a los usuarios de Arequipa proviene de centrales hidroeléctricas, el 40% es producida por gas, 5% depende del diésel y 5% de energías renovables; esto en una región con altos niveles de radiación que muy bien podrían usarse para producir energía. Por cierto, junto a esta revelación, también anunció el posible aumento de la tarifa de energía eléctrica por la sequía.

Hace unas semanas, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, informaba que el Ejecutivo se comprometió a financiar con 9,6 millones de soles la construcción de 45 nuevas cochas en las cabeceras de las diferentes cuencas hidrográficas de la región; a setiembre aún no se ha efectuado ninguna coordinación con el Consejo de Cuenca para planificar su ubicación, teniendo en cuenta que en la RNSAB muchas de estas infraestructuras fueron construidas por descosur y la población mediante el financiamiento de sus proyectos y aporte de recursos municipales, así como con el financiamiento del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) Hídrico. También hay otras obras realizadas por gestiones regionales pasadas.

Ya que la alerta por el déficit hídrico ha pasado a ser permanente en el sur, es vital la coordinación interinstitucional para que las medidas de adaptación y mitigación sean más exitosas y cubran a un mayor número de habitantes. El Midagri, que tiene diferentes acciones mediante Agrorural, debería tener esa apertura y dejar de ejecutarlas aisladamente y sin un adecuado análisis de contexto.

Hay diferentes frentes para afrontar la sequía, pero requiere una organización conjunta y celeridad con planes de emergencia para atenuarla en esta temporada. Hace falta tener mayor empatía con la población más vulnerable.

 

desco Opina – Regional / 15 de setiembre del 2023

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