viernes

Más espacios públicos para Lima

 

La llegada de la temporada de verano trae consigo cambios importantes en la vida urbana para todas y todos. Es un momento en el que el uso intensivo de los espacios públicos en Lima, hace evidente las carencias temporales y la falta de atención a demandas básicas para mínimos aceptables de calidad de vida urbana.

Entre las carencias destacadas en la ciudad de Lima, está la falta de áreas verdes de recreación, parques y plazas públicas con buen mantenimiento para el uso de las y los ciudadanos. Principalmente en los barrios. Ante ello, es urgente invertir en el mejoramiento de dichos espacios públicos, que en esta temporada, son constantemente visitados por familias de Lima y otras regiones; así como garantizar el funcionamiento del transporte público masivo que adolece en medio del agotador y sofocante tráfico de la ciudad.

La inseguridad ciudadana, instalada como preocupación central de los vecindarios, y los latrocinios en las obras municipales y del gobierno central, las demandas por más y mejores áreas verdes vecinales; aparecen para algunos como asuntos exquisitos y de menor prioridad, frente a problemáticas como la ausencia de redes de agua potable y para consumo en las ciudades de la costa, la sierra y la Amazonía.

Sin embargo, las estadísticas sobre Lima son aplastantes al revisar la calidad de vida de sus habitantes respecto al tránsito, la diversa contaminación ambiental y la mala distribución de las áreas públicas existentes. Lima es una metrópoli que está muy por atrás en las encuestas que miden la oferta urbana (pública y privada) de servicios vecinales urbanos –propios de grandes ciudades o metrópolis– como son el transporte público masivo no contaminante y de calidad, acceso masivo a Internet con wifi abierto en espacios públicos, baños públicos gratuitos con políticas de género, parvularios y servicios para ciudadanas y vecinos ancianos, una adecuada iluminación nocturna y paraderos acogedores para pasajeros escolares, mujeres y cualquier ciudadano.

Diariamente, el Estado se pone de espaldas a la población limeña y sus urgentes necesidades. El alcalde metropolitano, Rafael López Aliaga, aspirante a presidente de la República 2026, ha priorizado acciones ridículas que ponen a la población en un estado de abandono, como su apuesta terca por seguir construyendo playas artificiales en parques zonales y la donación sospechosa de locomotoras de casi 40 años de antigüedad. No cabe duda que su incompetencia pervierte el sentido de urgencia de una ciudad que hace buen tiempo ha sido sobrepasada por la delincuencia.

Recordemos que el verano aparece como una buena ocasión para promover la apertura de espacios públicos para la comunidad, sobre todo de aquella que, debido a sus condiciones económicas y sociales, no pueden acceder a áreas recreativas o de descanso, como parques, lozas deportivas, etc., y por el aumento de la precariedad que cada día explota más el tiempo libre de las familias. Para lograrlo es indispensable superar las estrategias individualistas que priorizan el mercado y su funcionalidad, para dar paso a una gobernanza colectiva, que apueste por la recuperación de espacios tomados por la delincuencia y la mala gestión de las autoridades.

La dotación de áreas verdes, en cada barrio y distrito, es un indicador público del grado de desarrollo que hemos alcanzado en una perspectiva de democratización de la ciudad. Está más allá de las luchas contra la privatización de los espacios colectivos, públicos, de la urbe ya existentes en todos y cada uno de sus distritos. Es una demanda por mayores derechos que permitan disminuir las grandes diferencias sociales que nos caracterizan y recibir, del Estado y del municipio, ofertas atractivas de recreación y entretenimiento cultural, como cabinas de Internet, bibliotecas, espacios para la práctica del baile, para exposiciones fotográficas, de pintura y actividades teatrales. Estas pueden resultar de formas de organización democrática como lo son las juntas de vecinos de edificios, condominios, grupos residenciales y otros, aplicables al mejoramiento de las ciudades, los barrios y las propias viviendas.

Salta a la vista la necesidad de un plan verdaderamente concertado con todos los que vivimos en los distritos y el conjunto de la metrópoli. Un Plan que no existe, planes que nadie conoce o planes que sirven solamente para mostrarlos como un elemento decorativo de cumplimiento de la norma. La exigencia es que sean planes construidos de una manera verdaderamente participativa en una ciudad caótica que requiere un orden que tiene que venir de la autoridad, pero en el cual tiene que participar el ciudadano y comprometerse también a hacerlo realidad.

La construcción fallida de un puente peatonal innecesario e inconsulto, iniciado por un par de alcaldes distritales, es un mal ejemplo de cómo, por falta de canales institucionales de participación y diálogo, millones de personas que van a la playa en Lima verán afectada su calidad de vida los próximos meses, al impedir un buen uso de los reducidos espacios públicos con los que contamos.

 

desco Opina - Regional / 20 de diciembre

descoCiudadano

Los estropicios legales de un congreso ilegítimo

 

Los senadores estadounidenses Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y Tim Kaine, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, emitieron un comunicado el 6 de diciembre, expresando su preocupación por el impacto que podría tener en la democracia peruana el proyecto que busca modificar la Ley 27692, reguladora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Las alertas manifestadas no se limitan a las referidas autoridades, sino que son extensivas al aparato estatal estadounidense, en tanto las libertades de asociación y expresión, además de ser derechos básicos protegidos por los regímenes democráticos, devienen en instrumentos indispensables para dos de los objetivos políticos, concatenados, que persigue Washington en nuestro hemisferio: la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Por eso, el comunicado de los senadores norteamericanos se suma a la preocupación manifestada por los relatores especiales de las Naciones Unidas, quienes, el pasado 19 de junio, advirtieron que las reformas propuestas podrían interferir en el funcionamiento interno de las ONG y las organizaciones sociales. En particular, resaltaron que obligarlas a registrar sus actividades y divulgar información sensible, va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.

De igual manera, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, también expresó su preocupación sobre este tema. Destacó la importancia de las ONG en el fortalecimiento de la democracia, advirtiendo que las medidas que busca aprobar el Congreso, podrían afectar negativamente la cooperación internacional y el clima de inversión en el Perú.

¿Por qué la preocupación? Lo que no asumen los patrocinadores del proyecto que busca modificar la Ley que norma el funcionamiento de APCI, es la complejidad que supone la referencia a la cooperación internacional. En efecto, cuando el objetivo es perseguir, criminalizar e ilegalizar y no buscar mejores canales para dar eficiencia a estos recursos, los impulsores de la norma no consideran que, según cifras oficiales, 73% de la cooperación para el desarrollo es manejada por el Estado peruano y sólo el 27% lo conducen las ONG y organizaciones sociales.

De ese más del 70% que administra el Estado peruano, la cooperación norteamericana representa casi el 60% del total. En el 2021, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), convino con el Estado peruano la transferencia de 321 millones de dólares, para proyectos de cooperación en Perú, durante los siguientes cinco años.

Estos recursos se destinan al desarrollo económico y social de las comunidades rurales que buscan fuentes de ingreso lícitas y sostenibles mediante el desarrollo de cadenas productivas. En otras palabras, lo que se intenta es la reconversión productiva sostenible de los campesinos cocaleros para, según el objetivo 1 que se propone el plan de USAID para nuestro país, “expandir el desarrollo económico y social en regiones post erradicación para sostener la reducción de los cultivos de coca”.

Una segunda área de cooperación es la mejora de la integridad pública para reducir la corrupción. En esa línea, USAID busca apoyar a las entidades de supervisión y control del Estado peruano, para la implementación de sus políticas y reformas destinadas a lograr mayor eficiencia y transparencia del aparato estatal. Así, según su objetivo de desarrollo 2, nuestro país, “incrementa la integridad pública para reducir la corrupción”.

Como vemos, las posiciones eminentemente personales, combinadas con la vocación profundamente antidemocrática que porta la mayoría de los integrantes del Congreso de la República dan como resultado estas inconcebibles conductas, en las que el necesario debate alrededor de los intereses nacionales queda totalmente de lado. Más aun, ni siquiera estamos ante situaciones inéditas, porque lo que vemos hoy tiene mucha semejanza con lo visto durante el autoritarismo fujimorista de los años 90 e, incluso, encarnado en las mismas personas y agitando los mismos pretextos.

 

 

desco Opina / 13 de diciembre de 2024

lunes

Establecimientos de salud con pertinencia cultural

 

En la última semana de noviembre de 2024, se llevó a cabo la Primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas en Perú, organizada por la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la Contraloría General de la República. Este evento reunió a líderes de 41 pueblos indígenas de diferentes departamentos del país, con el objetivo de promover el diálogo intercultural y el respeto de sus derechos, incluyendo el derecho a la salud.

El Perú, con su rica diversidad cultural y lingüística, enfrenta el desafío de garantizar servicios de salud equitativos y accesibles para todos sus ciudadanos. La implementación de Establecimientos de salud con pertinencia cultural (ESPC) se ha convertido en una estrategia fundamental para reducir las brechas existentes, especialmente en las zonas rurales y comunidades indígenas donde la cosmovisión y las prácticas ancestrales son pilares del bienestar.

El camino hacia la salud intercultural en el Perú ha sido marcado por un conjunto de leyes y políticas que buscan integrar la diversidad cultural en el sistema de salud. La Constitución Política de 1993 reconoce al país como pluricultural y multilingüe, sentando las bases para el desarrollo de un sistema de salud inclusivo. La Ley General de Salud, la Ley de Consulta Previa, la Política Nacional de Salud Intercultural y la Directiva Sanitaria N.º 014-MINSA/2018, entre otras, han fortalecido el marco normativo y orientado la implementación de los ESPC.

Los ESPC implican un proceso de adaptación que va más allá de la infraestructura. Se requiere una transformación profunda que considere las necesidades específicas de las comunidades. Esto incluye:

  • Adaptación cultural: traducción de materiales a lenguas indígenas, incorporación de la medicina tradicional, participación de agentes comunitarios de salud y adecuación de la infraestructura.
  • Capacitación del personal de salud: formación en interculturalidad, comunicación efectiva, sensibilización sobre las prácticas médicas tradicionales y promoción del trabajo conjunto entre médicos tradicionales y profesionales de la salud.
  • Programas de salud comunitaria: diseño e implementación de programas con la participación de las comunidades, incorporando sus saberes y prácticas en la prevención y tratamiento de enfermedades.
  • Desafíos en la implementación de los ESPC.

Para que un establecimiento de salud sea calificado como ESPC, debe cumplir con el 80% de los criterios establecidos en la directiva N°261-MINSA/2019/DGIESP. El año 2024 ha sido un período de gran avance, con un aumento significativo en el número de ESPC implementados, lográndose a la fecha 179 establecimientos de salud con pertinencia cultural en el Perú. Estos establecimientos atienden a una población de 476 571 personas, incluyendo comunidades indígenas amazónicas y andinas, que comprende 50 etnias tanto amazónicas como andinas, shipibo-conibo, matsiguenga, awajún, pampis, kichwa, kukama, asháninca, yine, katacataibo, ese eja, quechua, aimara, entre otras.

La Mancomunidad Regional de los Andes ha impulsado la implementación de 77 ESPC en su ámbito, que abarca seis departamentos: Ica, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Apurímac y Cusco. La implementación es liderada por la región de Huancavelica con 43 establecimientos, la cual se ha convertido en un referente para las otras cinco regiones de la Mancomunidad, como muestra de un trabajo articulado, y que buscan fortalecer a través de la Política Pública de Pertinencia Cultural en Salud de la Mancomunidad Regional de Los Andes.

A pesar de los avances, persisten desafíos que dificultan la implementación efectiva de los ESPC:

  • Barreras institucionales: falta de coordinación intersectorial, limitaciones en la asignación de recursos y resistencia al cambio en las instituciones de salud.
  • Desconfianza y resistencia cultural: percepción de discriminación y falta de respeto a las prácticas tradicionales por parte del sistema de salud, lo que genera desconfianza en las comunidades.
  • Limitaciones en la formación profesional: formación en salud intercultural aún insuficiente para asegurar la atención adecuada a las comunidades indígenas.

La  La implementación de los ESPC es un paso fundamental para construir un sistema de salud que valore y respete la diversidad cultural del Perú. Para superar los desafíos, es crucial fortalecer la participación de las comunidades en el diseño e implementación de los servicios, invertir en la formación del personal de salud en interculturalidad y promover la investigación en salud intercultural para generar evidencia que respalde la toma de decisiones. Solo así se podrá garantizar el derecho a la salud de todos los peruanos y peruanas, sin importar su origen o cultura.

 

 

desco Opina – Regional / 7 de diciembre de 2024

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