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viernes

La pobreza rural en Huancavelica: una lectura diferente

 

Huancavelica ha dejado de figurar entre los cinco departamentos más pobres del país. La noticia marca un hito histórico para una región que durante décadas encabezó ese ranking de desigualdad. En 2024, la pobreza monetaria se redujo en 6.1 puntos porcentuales, pasando del 39.5% al 33.4%, ubicando a Huancavelica como la segunda región con mayor reducción relativa. Este avance guarda relación con la significativa movilización de inversión, tanto pública como privada, que se dio en la región. Así en 2024, el Gobierno Regional alcanzó una ejecución presupuestal del 97.5%.

Inversiones como la carretera Huancavelica–Rumichaca, el relanzamiento del Tren Macho, la reactivación de hospitales emblemáticos como el Departamental de Huancavelica y la modernización de colegios emblemáticos, son obras que pueden colocar a la región en una dinámica de mayor visibilidad y posicionamiento en la agenda nacional. Sin embargo, este esfuerzo aún no se traduce de forma palpable en la vida diaria de la mayoría de las familias huancavelicanas.

El problema de fondo sigue siendo estructural: más del 90% de la población pobre trabaja en condiciones de informalidad y casi el 60% de la PEA se concentra en el sector agropecuario, usualmente vinculado a la venta de materias primas sin valor agregado. Huancavelica sigue siendo una región esencialmente materioprimaria, con una economía rural fragmentada, escasa asociatividad y limitada articulación con mercados. Y si bien la inversión en infraestructura es clave, no basta. No se trata solo de construir carreteras, sino de garantizar que estas conecten efectivamente con circuitos económicos locales, con cadenas de valor activas, con centros de acopio o transformación. De lo contrario, se corre el riesgo de que las cifras mejoren, pero no la calidad de vida.

Los datos nos muestran la necesidad de una mayor inversión en los territorios eminentemente rurales. Aquellos como Huancavelica que arrastra una deuda histórica del país, debido a que en el Virreinato fue una de las regiones que más riqueza aportó al fisco colonial a través del mercurio extraído en la mina Santa Bárbara. Dicha riqueza extraída nunca regresó en forma de infraestructura, salud o educación. Y aunque el Perú republicano ha firmado pactos descentralistas y programas sociales para saldar esa deuda, aún persisten brechas en el acceso a agua segura, saneamiento o educación de calidad y, sobre todo, estrategias para la generación de empleo digno, especialmente en las zonas rurales.

Los programas sociales como Juntos o Pensión 65 ayudan a mitigar la pobreza extrema, pero si no se articulan con estrategias de desarrollo productivo, formación de capacidades y políticas de innovación rural, corren el riesgo de consolidar el asistencialismo en lugar del desarrollo. La tarea pendiente no es solo reducir la pobreza, sino construir bienestar.

Por eso, en regiones como Huancavelica, la lectura de las cifras que muestran un cambio positivo, debe hacerse con cautela y sentido crítico. Salir del grupo de los más pobres es un logro, pero aún un tercio de la población vive en pobreza. Es momento de apostar por una inversión que no solo se ejecute, sino que transforme.

 

desco Opina – Regional / 20 de junio de 2025

descocentro

Beneficios ajenos

 

Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió las anheladas regalías mineras para los gobiernos locales y el Gobierno Regional de Arequipa; sin embargo, lejos de ser una buena noticia es una fuente de preocupación ciudadana. Sucede que esta lluvia de millones cayó dispareja en estas tierras, producto de la aplicación de una ley que debió modificarse hace tiempo para mejorar la distribución de aquellas, a lo que se suma el enorme descrédito de parte de las autoridades locales por su indolencia y desidia en la ejecución de los recursos públicos; sin contar los casos de corrupción en los que están comprometidos, como el del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, detenido por ser presunto integrante de la banda criminal “Los hijos del cóndor”, investigación en la que también están involucrados funcionarios de su entorno y consejeros de su gestión.

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, al ser el vocero durante la negociación con el Ejecutivo para que se haga efectiva esta transferencia –incidental o elegido–, fue blanco de las pullas de la colectividad arequipeña; sin embargo, pese a haber sido el saco del boxeo ciudadano, la fórmula de la distribución de la regalía minera sólo ha permitido que la comuna reciba poco más de seis millones de soles, un monto pequeño en comparación con otras municipalidades, como la de Cerro Colorado donde se transfirieron más de S/ 74 millones en una armada. Ahora que las municipalidades de sus colegas han recibido estas importantes cantidades ¿tendrán la generosidad de efectuar algún convenio con la municipalidad provincial para ejecutar proyectos conjuntos, considerando que dio la cara por ellos?

En las redes sociales del Gobierno Regional de Arequipa, la administración de Cáceres Llica propagandiza la reactivación de 300 obras a nivel departamental. Todo bien hasta allí. Sin embargo, en la víspera de la solicitud de transferencia de las regalías mineras inauguró una inmensa plaza cívica en medio del desértico asentamiento Jardines del Colca y anunció el inicio del expediente técnico para replicar El Huáscar en el Puerto Bravo de Mollendo, una afiebrada promesa de campaña. ¿Irán a parar aquí las regalías transferidas al gobierno regional? A esta institución pública acaban de transferirle más de 126 millones de este recurso, está ad portas de culminar el Hospital de Alto Inclán, también en Mollendo, y no tenemos certeza si tendrá los servicios habilitados y el personal necesario para atender a su población este año, o el próximo.

El otro caso preocupante es el de la Municipalidad de Yarabamba, a la que transfirieron la suma de S/.135 747 313 por ser zona de influencia de la minera Cerro Verde. No sólo ha recibido más que el municipio provincial, encargado de planificar el funcionamiento de toda la ciudad, sino que supera a la transferencia del gobierno regional que tiene que velar por el desarrollo de las ocho provincias de Arequipa. Yarabamba es un municipio rural con una población que apenas supera los 1528 habitantes, con un servicio de agua deficiente, poca conectividad de Internet y un historial de grandes inversiones en infraestructura deportiva, como el estadio municipal de Yarabamba, con capacidad para 2500 espectadores que ha costado al erario público 7 millones y medio de soles, así como el complejo deportivo en el Centro Poblado de El Cerro –perteneciente al mismo distrito– en el que se invirtió más de 13 millones de soles, que fue liquidado en julio del año pasado.

Existen prioridades que deben ser atendidas como la culminación de los hospitales en los distritos de Camaná, Chala y Cotahuasi, ejecutados por la anterior gestión regional y que hoy son responsabilidad de la actual. Hay que considerar, además, que el Hospital Goyeneche viene atendiendo de forma precaria y que falta poner a punto el Hospital General. También se debe poner atención a la infraestructura escolar, considerando las condiciones ideales que deben ofrecerse para salvaguardar la salud del alumnado en el contexto de la pandemia. Si se van a realizar obras viales, es importante incluir las ciclovías en el diseño de los proyectos, pues la forma de movilizarse de las personas ha cambiado con la pandemia. Otra prioridad que debe ser considerada es la reactivación económica, donde los municipios y el gobierno regional tienen potestad.

Un cambio en la redistribución de las regalías mineras y del canon minero tiene un horizonte largo, pues sólo el Ejecutivo o el Legislativo podrían plantearla, aunque es difícil que un congresista agarre esta «papa caliente», pues es una propuesta bastante impopular que causaría resistencias de las autoridades municipales y les restaría popularidad para pretender continuar con su carrera política. ¿Qué hacer entonces con esta inyección de regalías mineras? La población debe exigir transparencia a sus autoridades sobre cómo invertirán estos recursos; a las municipalidades que tienen poca capacidad operativa, pedirles que el gasto se efectúe a partir del próximo año, de modo que haya tiempo para incorporar la planificación de esos recursos en un Presupuesto Participativo y revisar las necesidades existentes, apuntando al cierre de brechas. Malgastar recursos, peor aún en este contexto de pandemia, donde se han develado carencias que ya se creían atendidas, sería muy grave.

Esta jugosa y repentina transferencia, que obedece a los altos y volátiles precios internacionales, nos debe llevar a una discusión pública, que permita establecer criterios de racionalidad y eficiencia en la asignación y uso de los recursos del canon y regalías mineras, enfrentando en paralelo drásticamente a la corrupción. Es momento de creatividad e ingenio. Es momento de responsabilidad política. Mientras sucede esto, a ciudadanas y ciudadanos les queda cautelar el gasto público en sus gobiernos locales. Nadie lo va a hacer por ellos.

 

desco Opina - Regional / 29 de octubre de 2021

descosur

martes

El gasoducto del sur, sí o sí

 

Hace unos días, en un conversatorio público, Humberto Campodónico reveló aquello que hasta ahora el Ejecutivo no se atrevió a contarnos: se ha comprobado que en el sur no solo hay demanda suficiente para el gas, sino reservas para satisfacerla, y que el vilipendiado trazo del gasoducto del sur es la alternativa más económica para su masificación en esta parte del país. Y no lo dice él, fue resultado del esperado estudio de factibilidad del proyecto encargado en el 2018 por el Estado peruano a la prestigiosa consultora inglesa Mott MacDonald, el que aún no se ha hecho público de forma masiva.

Así, se cayó la pulla de ese grupo de interesados capitalinos que por años petardearon el proyecto del gasoducto mediante operadores políticos y leguleyos que hicieron lo posible por sembrar en la opinión pública la idea de que este proyecto es un elefante blanco sin viabilidad económica. Argumentaron que no había demanda suficiente de gas y que era más rentable exportarlo; todo con la anuencia de medios de comunicación masivos limeños y a través de conductores conservadores de pobre espíritu cuestionador, cuando se trata de pensar en los intereses del «interior del país», como se denomina a los otros departamentos de Perú que no sean Lima.

Los detractores del proyecto entraron nuevamente en acción ahora que el gasoducto es tema de agenda del debate electoral, aprovechando los problemas que aquel tiene. El primero es que Odebrecht y su socia Enagas, demandaron ante el CIADI al Estado peruano por las sumas de US$1200 y US$405 millones respectivamente, como indemnización por la paralización del proyecto Gasoducto en el año 2017 en el marco del caso Lava Jato. Lo último que se conoce es que en octubre de 2020 se completó el tribunal que revisará el caso de Odebrecht y que, en diciembre de ese año, sostuvieron su primera sesión virtual. Con el proyecto judicializado es más complicado continuar; sin embargo, el gobierno ya anunció la licitación del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País (SITGAS) para el año 2022; nueva denominación del gasoducto que ya conocemos.

El segundo hecho es que a pesar de que contamos con una Política Energética Nacional, no tenemos una política de masificación del gas que permita planificar y construir una red integrada para su distribución en todo el país, pensada bajo la lógica de rentabilidad social (es decir, el gas como un derecho), más que como un negocio. La masificación contribuiría a que otras regiones del país cuenten con energía más barata y mejoren su competitividad; como es el caso de las industrias afincadas en la capital, que ya usan para sus procesos de producción el gas que llega desde el Cusco. Pero no sólo eso, sería un mecanismo para disminuir las desigualdades, abaratando los costos del consumo domiciliario (ahora en balones), e incentivando un parque automotor y una industria con energía limpia.

El tercer hecho es que son las empresas concesionarias y no el Estado, las que tienen toda la potestad sobre el uso del gas que está en diferentes lotes; es decir, son éstas las que deciden si venden el gas para el consumo interno o siguen exportándolo. Si el Ejecutivo ya se embarcó en la idea del gasoducto, debería estar pensando ya en la negociación de las reservas del lote 58, hoy en manos de la petrolera china CNPC, y que según el informe de Mott MacDonald, sería el proveedor más grande del gas para el sur. Nuestros recursos energéticos están privatizados y eso debe cambiar.

Pero no todo está perdido. Recientemente la Mancomunidad del Sur ha despertado de su letargo y ha emitido un pronunciamiento ante la “débil acción del Gobierno Nacional en promover la masificación del gas natural en todo el país con retrasos, demoras y postergaciones”, conminándolo a realizar una serie de acciones en beneficio de los ciudadanos al más breve plazo. Parece que se logró incidir en el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, quien fue invitado al mismo conversatorio al que nos referimos al inicio de este artículo, o quizá fue la cercanía a este mandato presidencial, al que le queda poco tiempo y que podría dejar las cosas encaminadas.

Por otro lado, sabemos que hay una masa crítica en el sur que ahora tiene mayores argumentos para debatir sobre la necesidad de contar con este recurso estratégico. Nos referimos a los representantes de diferentes instituciones y organizaciones civiles y empresariales, docentes universitarios y activistas juveniles que participaron en el XXXIV Curso de Formación “Gas natural y desarrollo del sur peruano” organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana y su socias en el sur. Ellos y ellas presentaron una serie de propuestas para darle un seguimiento continuo al proyecto e incidir desde sus espacios para que este prospere. Entre las propuestas están: la declaración del gas como recurso natural estratégico de rentabilidad social y económica; constituir el observatorio del gasoducto del sur por iniciativa de la sociedad civil, con canales de atención virtual, información, análisis, discusión, y transparencia; iniciar procesos de investigación a los funcionarios involucrados en actos de corrupción vinculados a los retrasos en los procesos de licitación, acuerdos irregulares, adendas innecesarias del gasoducto y otros proyectos de masificación; comprometer a los congresistas del sur a que legislen sobre la política de masificación; entre otras.

Estamos a puertas de elegir al nuevo mandatario o mandataria que gobernará nuestro país por los próximos cinco años, y en estas últimas semanas sólo dos partidos han dado señales de estar en sintonía con esta demanda: Acción Popular y Juntos por el Perú. Y cómo sabemos que cualquier cosa puede pasar, hay que conseguir, como sugiere la especialista Marusia Ruiz Caro, docente de este curso, un compromiso claro de los partidos que compitan en la segunda vuelta, y reconstruir la credibilidad del proyecto.

Es momento de que las fuerzas políticas del sur (gobernadores y alcaldes), empresarios y organizaciones sociales, no pierdan de vista el proyecto y estén vigilantes del relanzamiento y, por añadidura, ver la posibilidad de que se incluya a la petroquímica como uno de sus componentes. ¡Manos a la obra!

 

desco Opina - Regional / 31 de marzo de 2021

descosur

sábado

Reconstrucción Sin Cambios


Ha pasado más de un año desde que el Fenómeno El Niño azotó el Perú y dejó, según reportes oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 162 personas fallecidas, 500 heridas y 19 desaparecidas; los medios de comunicación informaron entre marzo y abril del 2017 que la cifra de daños materiales podría superar los 3100 millones de dólares. Es en ese contexto que se da la respuesta solidaria y masiva, pero «reactiva» al desastre por parte de todos los peruanos, a través de la campaña denominada Una Sola Fuerza, lanzada por el gobierno a comienzos de abril del 2017 y que culminó con la creación de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios ocurrida a finales de abril del mismo año.
Desde aquel tiempo en adelante, los avances en materia de reconstrucción no solo hacen recordar la poca preparación del gobierno en procesos de este tipo, sino –sobre todo– la lentitud del mismo para poder atender las demandas urgentes de los afectados; quedando demostrado que el «equipo de lujo» de técnicos y ministros del entonces presidente Kuczynski, resultó ser igual o menos eficiente que en los gobiernos anteriores. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que, a más de un año de producidos los daños, se estima que de los más de 25 000 millones de soles destinados para obras de reconstrucción y acciones de prevención del Plan Integral de Reconstrucción Con Cambios, solo se han ejecutado 2481 millones de soles, lo que representa menos del 10% del presupuesto.
El actual primer ministro Villanueva, ha manifestado que el mecanismo para ejecutar las acciones de reconstrucción “….No era un mecanismo ad hoc para resolver una emergencia, sino un mecanismo tradicional normal para cualquier otra situación…..”. Esta afirmación nos plantea serias interrogantes respecto a la eficiencia con la que se manejan los procedimientos «normalmente» y además, nos genera una serie de preocupaciones, cuando la solución propuesta señala que, a quien pueda hacer más rápido las cosas –sea gobierno local, regional o algún ministerio–, se le transferirán los fondos para ejecutar las acciones de reconstrucción.
En ese sentido la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ha transferido 3438 millones de soles para ejecutar 1031 obras a ministerios, gobiernos regionales y locales, siendo el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento al que más recursos se le ha transferido, con una suma que asciende a los 975 millones de soles. Sin ánimo de cuestionar la buena fe de las medidas propuestas por parte del gobierno para agilizar la solución de los problemas expuestos líneas arriba, la preocupación que nos motiva se centra en el hecho de que este proceso constante de «atención a emergencias» por parte de nuestras autoridades –no solo del actual gobierno del presidente Vizcarra, sino también de sus antecesores– quienes no han tenido la capacidad de proyectarse más allá del término de su mandato, nos indica que nunca planificarán más allá del tiempo que ostenten el poder. Grave situación que nos condena a cometer los mismos errores en materia de reconstrucción, y que tiene en el proceso post sismo de Pisco del año 2007 –hace más de 10 años–, el mal ejemplo que no deberíamos olvidar ni repetir.

desco Opina - Regional / 1 de junio de 2018
Programa Urbano