El gasoducto del sur, sí o sí

 

Hace unos días, en un conversatorio público, Humberto Campodónico reveló aquello que hasta ahora el Ejecutivo no se atrevió a contarnos: se ha comprobado que en el sur no solo hay demanda suficiente para el gas, sino reservas para satisfacerla, y que el vilipendiado trazo del gasoducto del sur es la alternativa más económica para su masificación en esta parte del país. Y no lo dice él, fue resultado del esperado estudio de factibilidad del proyecto encargado en el 2018 por el Estado peruano a la prestigiosa consultora inglesa Mott MacDonald, el que aún no se ha hecho público de forma masiva.

Así, se cayó la pulla de ese grupo de interesados capitalinos que por años petardearon el proyecto del gasoducto mediante operadores políticos y leguleyos que hicieron lo posible por sembrar en la opinión pública la idea de que este proyecto es un elefante blanco sin viabilidad económica. Argumentaron que no había demanda suficiente de gas y que era más rentable exportarlo; todo con la anuencia de medios de comunicación masivos limeños y a través de conductores conservadores de pobre espíritu cuestionador, cuando se trata de pensar en los intereses del «interior del país», como se denomina a los otros departamentos de Perú que no sean Lima.

Los detractores del proyecto entraron nuevamente en acción ahora que el gasoducto es tema de agenda del debate electoral, aprovechando los problemas que aquel tiene. El primero es que Odebrecht y su socia Enagas, demandaron ante el CIADI al Estado peruano por las sumas de US$1200 y US$405 millones respectivamente, como indemnización por la paralización del proyecto Gasoducto en el año 2017 en el marco del caso Lava Jato. Lo último que se conoce es que en octubre de 2020 se completó el tribunal que revisará el caso de Odebrecht y que, en diciembre de ese año, sostuvieron su primera sesión virtual. Con el proyecto judicializado es más complicado continuar; sin embargo, el gobierno ya anunció la licitación del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País (SITGAS) para el año 2022; nueva denominación del gasoducto que ya conocemos.

El segundo hecho es que a pesar de que contamos con una Política Energética Nacional, no tenemos una política de masificación del gas que permita planificar y construir una red integrada para su distribución en todo el país, pensada bajo la lógica de rentabilidad social (es decir, el gas como un derecho), más que como un negocio. La masificación contribuiría a que otras regiones del país cuenten con energía más barata y mejoren su competitividad; como es el caso de las industrias afincadas en la capital, que ya usan para sus procesos de producción el gas que llega desde el Cusco. Pero no sólo eso, sería un mecanismo para disminuir las desigualdades, abaratando los costos del consumo domiciliario (ahora en balones), e incentivando un parque automotor y una industria con energía limpia.

El tercer hecho es que son las empresas concesionarias y no el Estado, las que tienen toda la potestad sobre el uso del gas que está en diferentes lotes; es decir, son éstas las que deciden si venden el gas para el consumo interno o siguen exportándolo. Si el Ejecutivo ya se embarcó en la idea del gasoducto, debería estar pensando ya en la negociación de las reservas del lote 58, hoy en manos de la petrolera china CNPC, y que según el informe de Mott MacDonald, sería el proveedor más grande del gas para el sur. Nuestros recursos energéticos están privatizados y eso debe cambiar.

Pero no todo está perdido. Recientemente la Mancomunidad del Sur ha despertado de su letargo y ha emitido un pronunciamiento ante la “débil acción del Gobierno Nacional en promover la masificación del gas natural en todo el país con retrasos, demoras y postergaciones”, conminándolo a realizar una serie de acciones en beneficio de los ciudadanos al más breve plazo. Parece que se logró incidir en el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, quien fue invitado al mismo conversatorio al que nos referimos al inicio de este artículo, o quizá fue la cercanía a este mandato presidencial, al que le queda poco tiempo y que podría dejar las cosas encaminadas.

Por otro lado, sabemos que hay una masa crítica en el sur que ahora tiene mayores argumentos para debatir sobre la necesidad de contar con este recurso estratégico. Nos referimos a los representantes de diferentes instituciones y organizaciones civiles y empresariales, docentes universitarios y activistas juveniles que participaron en el XXXIV Curso de Formación “Gas natural y desarrollo del sur peruano” organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana y su socias en el sur. Ellos y ellas presentaron una serie de propuestas para darle un seguimiento continuo al proyecto e incidir desde sus espacios para que este prospere. Entre las propuestas están: la declaración del gas como recurso natural estratégico de rentabilidad social y económica; constituir el observatorio del gasoducto del sur por iniciativa de la sociedad civil, con canales de atención virtual, información, análisis, discusión, y transparencia; iniciar procesos de investigación a los funcionarios involucrados en actos de corrupción vinculados a los retrasos en los procesos de licitación, acuerdos irregulares, adendas innecesarias del gasoducto y otros proyectos de masificación; comprometer a los congresistas del sur a que legislen sobre la política de masificación; entre otras.

Estamos a puertas de elegir al nuevo mandatario o mandataria que gobernará nuestro país por los próximos cinco años, y en estas últimas semanas sólo dos partidos han dado señales de estar en sintonía con esta demanda: Acción Popular y Juntos por el Perú. Y cómo sabemos que cualquier cosa puede pasar, hay que conseguir, como sugiere la especialista Marusia Ruiz Caro, docente de este curso, un compromiso claro de los partidos que compitan en la segunda vuelta, y reconstruir la credibilidad del proyecto.

Es momento de que las fuerzas políticas del sur (gobernadores y alcaldes), empresarios y organizaciones sociales, no pierdan de vista el proyecto y estén vigilantes del relanzamiento y, por añadidura, ver la posibilidad de que se incluya a la petroquímica como uno de sus componentes. ¡Manos a la obra!

 

desco Opina - Regional / 31 de marzo de 2021

descosur

Deshojando margaritas en el sur

Los resultados de las elecciones regionales en gran parte de la Macro Región Sur, al igual que en el resto del país, se han caracterizado por la atomización y dispersión del voto entre una gran cantidad de candidatos interesados en ocupar los cargos regionales. En seis departamentos de los siete que la componen (Arequipa, Puno, Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Tacna), habrá segunda vuelta.

No hay duda de que en la primera parte de la campaña electoral regional se presentaron candidatos con el legítimo interés de contribuir al desarrollo regional, pero ha habido otros que han buscado acceder a los recursos públicos con propósitos menos claros. La gran cantidad de listas y candidatos tachados por plagiar programas de gobierno, las denuncias por vinculaciones con el narcotráfico, la minería ilegal, las diversas manchas en las hojas de vida, etc., sugieren tal interpretación. Hay que mencionar también el interés por los recursos de los que se dispondrá en estos departamentos con la apertura de nuevos proyectos mineros. No olvidemos que es en el sur donde se va a concentrar la inversión minera del país  en los próximos años. Así tenemos que en Tacna se presentaron 19 candidatos, en Arequipa 17, en Puno 16, en Cusco 13, en Madre Dios 10, en Apurímac 10, y en Moquegua 8 candidatos.

Prácticamente terminado el escrutinio de los votos, los dos candidatos más votados que no alcanzaron el 30% más uno de los votos válidos en sus regiones, comenzaron la campaña para la segunda vuelta apelando a diversas estrategias: unos han preferido iniciarla con ataques al contrincante, otros están buscando y pactando alianzas, mientras un tercer grupo todavía guarda un silencio táctico. Por otro lado, algunos candidatos eliminados en la primera vuelta vienen exigiéndoles precisiones a sus propuestas, a fin de contemplar un eventual apoyo, mientras que otros, sin tener militancia, llaman a viciar el voto.

En Arequipa la campaña de la segunda vuelta comenzó con ataques. Pedro Pablo Kuczynski abrió un flanco con sus declaraciones de apoyo a Javier Ismodes (Arequipa Renace), que la candidata Yamila Osorio (Arequipa Tradición y Futuro) aprovechó para calificar a su rival como el candidato de la derecha; por su parte, Ismodes califica a Osorio como la candidata de los contratistas, basándose en una denuncia aparecida en medios los últimos días de la primera campaña. Ambos sin embargo, han sido considerados por los otros candidatos como representantes del continuismo de Juan Manuel Guillén, que luego de dos gestiones, viene siendo investigado por varias irregularidades. Esta última semana, Yamila Osorio ha recibido el apoyo de los alcaldes de la provincia de Caylloma, la segunda provincia con mayor población de la región y de otros de los distritos más populosos de Arequipa, mientras que Javier Ismodes ha decidido reforzar su campaña en provincias, donde el voto le fue mayoritariamente esquivo. Cualquiera de los candidatos, de ser electos, tendrá que lidiar su primer año de gobierno con un presupuesto reducido, por la disminución de las transferencias del canon minero, y una serie de demandas de las provincias, pues también los presupuestos municipales han sufrido recortes. En cualquiera de las opciones, y con fines de evitar problemas de gobernabilidad, el triunfador deberá forjar alianzas pues la mayoría del Consejo Regional proviene de otros movimientos o agrupaciones.  

En Puno, Juan Luque Mamani (PICO) y Walter Aduviri (Democracia Directa), guardan silencio midiendo sus fuerzas. PICO ha logrado siete de las trece alcaldías de Puno, mientras que Democracia Directa ninguna. Sin embargo, el perfil reivindicativo de Aduviri es más fuerte que el de Luque en el imaginario popular, en especial en la zonas aymaras del altiplano, y aunque con respecto a los quechuas son una minoría electoral, muchos analistas regionales no se atreven a predecir su derrota sobre todo por la identificación del candidato con las zonas rurales y el apoyo que tiene en las provincias del norte, donde se concentra mayor población. Ambos todavía tienen pocas adhesiones de los partidos y movimientos derrotados en la primera vuelta, pero Luque es, sin duda, quien tiene menos rechazos. En el caso de esta región, la composición del consejo está más equilibrada, así que no se avizoran mayores problemas.

Este es el panorama de la segunda vuelta en Arequipa y en Puno, que prevé, por el momento, resultados inciertos en la conformación del mapa político de la Macro Región Sur para los próximos cuatro años.

desco Opina - Regional / 17 de octubre de 2014

Programa Regional Sur

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Majes II: neutralidad mal entendida

El pasado 15 de abril, se presentaron los avances del Estudio de Balance Hídrico del río Apurímac (EBHICA), paso necesario para la viabilidad del proyecto Majes Siguas II. Sin embargo, en la provincia cusqueña de Espinar no se habría podido tomar las muestras necesarias por la oposición de sectores de la población. El equipo de UNOPS –entidad de Naciones Unidas– a cargo del estudio, ha interpretado dicha negativa como una amenaza a su seguridad; mientras el plazo de diez meses fijado para concluir dicho estudio sigue corriendo. Esto plantea un complejo escenario para el Gobierno Regional de Arequipa y para el Gobierno Nacional, que no puede darse el lujo de ponerse de perfil.

Cabe señalar que la realización del citado estudio quedó establecida mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, que señala claramente la participación de la PCM y de la Autoridad Nacional del Agua. No es nuestra intención argumentar aquí sobre la necesidad del proyecto, aunque sí remarcar su importancia para atender la demanda energética en un contexto en el que en Arequipa y en otras partes del Sur se experimentan intempestivos cortes de energía, aparentemente debidos a la saturación de la línea de transmisión Mantaro Socabaya. De acuerdo a los expertos, con la operación de las centrales de Molloco, Lluclla y Lluta –estas dos últimas parte de Majes Siguas II–, se cubriría la demanda de energía.

El Gobierno Regional de Arequipa no ha logrado comunicar las ventajas del proyecto ante sus pares cusqueños, que hasta el momento no han demostrado intención alguna de «comprarse el pleito». Por ahora la respuesta de UNOPS pasa por trabajar el componente comunicación como medio para entrar con mejor pie a las comunidades, en las que no debe promocionar las bondades del proyecto, sino las ventajas de realizar el estudio.

Todo ello mientras el alcalde y los dirigentes de Espinar proponen extender la realización del estudio por veinte meses bajo amenaza de desconocerlo, ante la pasividad de las autoridades del Gobierno Nacional. Al margen de lo que concluya el EBHICA, los hechos muestran lo erróneo de la estrategia del Gobierno Regional de Arequipa al judicializar un asunto que requiere más bien de una decisión técnica y política, incluyendo capacidad de concertación que por ahora no aparece. Desde el Gobierno Nacional es necesario dar señales de que el crecimiento está acompañado de una visión sobre el ordenamiento de los territorios y los bienes mayores en juego, sin que ello signifique un enfrentamiento con la población.

desco Opina - Regional / 22 de abril de 2013
Programa Regional Sur
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Desconozco mayormente...

Las últimas semanas se han evidenciado nuevos escándalos que muestran el grado de corrupción existente en el país, así como la amenaza de importantes conflictos alrededor de algunos de los anunciados megaproyectos que están en curso. En lo que hace a los escándalos, es indudable que el indulto al empresario José Enrique Crousillat y su posterior anulación, como resultado de su grosera exhibición pública y peor aún, de su pretensión de recuperar la administración de América Televisión, le ha hecho un fuerte daño al gobierno, al Ministro de Justicia –que incomprensible y desafiantemente se aferró al cargo hasta ser tardíamente cesado, pareciendo defensor del involucrado–, así como al propio Presidente de la República, que difícilmente se puede creer sea una víctima de esta comedia de equivocaciones, que explicita la total vigencia y la fuerza del fujimontesinismo en plena coyuntura electoral. Los argumentos esgrimidos como justificación de la patinada gubernamental –el abuso de su buena fe– no convencen a nadie y perjudican, una vez más, la confianza ciudadana en la política y sus instituciones.

El escándalo y el espectáculo ligado a éste coinciden con la amenaza de profundización de los conflictos, ya en marcha, alrededor de dos de las futuras grandes inversiones en las que parece estarse embarcando el país, una privada y la otra pública. El primer caso es el de la explotación cuprífera de Tía María, que compromete a la empresa minera Southern Perú y a sectores importantes de la población de Islay, Arequipa. Mediante una inversión cercana a los mil millones de dólares, la empresa pretende extraer 120,000 toneladas métricas de cobre en una zona agrícola, pesquera y turística, sin que la empresa se responsabilice claramente de los eventuales daños colaterales al medio ambiente y a las fuentes de vida de casi 50,000 habitantes. Inicialmente rechazada en una consulta popular que contó con 13,000 participantes (91% de oposición), hoy, un frente regional, integrado, entre otros por el Presidente Regional, el alcalde provincial y distintas autoridades locales, organizaciones sociales y colegios profesionales; rechaza la posibilidad de que la empresa use aguas subterráneas o construya una presa para sus actividades, aceptando posiblemente el rebombeo del agua de mar, para ese fin.

Así las cosas, el Ministerio de Energía y Minas pretende discutir en abril, un estudio de impacto ambiental, rechazado por la población, que no acepta el supuesto soporte técnico de la empresa para manejar las aguas subterráneas. Aunque la negociación no está cerrada y la población arequipeña parece aceptar la inversión, de usarse el agua de mar, las voces que exigen el uso de la fuerza y denuncian intereses «oscuros» contra el proyecto, ya se hacen oir ante la despreocupación de las autoridades del MEM, interesadas sobre todo en asegurar la marcha del mismo.

El segundo caso es el de uno de los 6 megaproyectos energéticos que el gobierno pretende instalar como parte del convenio con Brasil, la hidroeléctrica de Inambari, que ha motivado ya la paralización de diversas provincias puneñas. Con una inversión de más de 4,000 millones de dólares, el proyecto que apunta a generar 2,000 MW de electricidad –75% para el Brasil y 25% para Perú–, supondría la mayor represa del país y la quinta de América Latina, utilizando 26,500 millones de metros cúbicos de agua, con un espejo de 410 kilómetros cuadrados, en una concesión de 1,700 kilómetros cuadrados. El proyecto implicaría desplazar 27 centros poblados de Puno (San Gabán) y por lo menos 12 de Cusco; exigirá también la inundación de 40,000 hectáreas de tierra, incluyendo el 4% de la superficie del Parque Nacional Bahuaja y de más de 60 kilómetros del tramo IV de la Interoceánica, ya construidos, ello, además de severos impactos ambientales y climáticos, como la deforestación directa de miles de hectáreas por el tendido de 300 kilómetros de líneas de transmisión en nuestro territorio, así como el incremento en 5.86% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, sin incluir los que producirían las turbinas y los ventiladores… Ello, sin discutir el sentido último de un proyecto que beneficia a los brasileños, antes que al país. Por cierto, como en el caso anterior, distintas voces pretenden reducir el conflicto a la «acción interesada de comunistas y ONG».

Lo dramático de los tres casos es la falta de responsabilidad de las autoridades involucradas. Ese «desconozco mayormente» del gobierno en el escándalo Crousillat, es equivalente a la actitud indolente de las autoridades de distintos sectores, con responsabilidad en el futuro de los proyectos de Tía María y la presa de Inambari. Cuando el deterioro de nuestro sistema político está alcanzando niveles insospechados y cercano aún y sin solución cabal el caso de Bagua, produce malestar profundo la falta de responsabilidad política y de compromiso con la democracia que están mostrando nuestros gobernantes.

desco Opina / 19 de marzo 2010

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