El Puerto de las Américas Corío en vitrina

 

Recientemente el Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa. El anuncio representa un hito histórico, si tomamos en cuenta que este megaproyecto carga una estela de dos décadas de promesas incumplidas en las gestiones regionales.  

En el sentido estrictamente burocrático: por primera vez existe un documento técnico validado por el ente rector que ordena usos de suelo, conectividad y etapas de implementación. Pero conviene mirar este anuncio teniendo presente los otrora halagüeños que hemos escuchado durante los últimos veintitrés años y que no condujeron a ninguna parte.

La idea de un gran puerto en Punta de Bombón se conoció en la gestión de Daniel Vera Ballón (2003-2006) quien se arrogó su concepción, pero la propuesta nació de la empresa privada, como Euroamerican International Group, invisibilizada en esta historia, como otros. Ese primer intento no prosperó.

Juan Manuel Guillén (2007-2010 y 2011-2014) y Yamila Osorio (2015-2018) heredaron la idea sin conseguir mayores avances. Aunque Osorio firmó un convenio con la APN para avanzar en el 2016 con los estudios que requiere el proyecto, su continuidad ejecutiva quedó inconclusa. Con Elmer Cáceres Llica (2019-2021) — quien nuevamente está en la carrera por el sillón regional tras su paso por la cárcel—, el proyecto languideció entre la conflictividad social por Tía María y la parálisis institucional. En el corto gobierno de Kimmerlee Gutiérrez (2021-2022) tampoco se avanzó nada. En noviembre de 2025, con Rohel Sánchez, se firmó un convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional, la APN, ProInversión y el MTC que finalmente destrabó el proceso hasta el Plan Maestro aprobado la semana pasada.

La inauguración del puerto de Chancay, en noviembre de 2024, financiado por capitales chinos a través de COSCO Shipping Ports, ha sido el chispazo para retomar el proyecto. Corío, con su batimetría natural de 28 metros —muy superior a los 17,9 metros de Chancay—, dejó de ser un proyecto regional más y empezó a venderse como la promesa para controlar la próxima generación de infraestructura portuaria del Pacífico Sur.

Detrás de los anuncios surge una disputa mayor: la inversión en "activos estratégicos", en medio de la pugna por el control logístico del Pacífico Sur entre China y Estados Unidos. Que Washington muestre interés no es casual. Estados Unidos observa con preocupación la expansión portuaria china en América Latina y busca alternativas de infraestructura en países aliados. Perú, sin buscarlo explícitamente, quedó posicionado como terreno de disputa entre ambas potencias. Y aquí cabe mencionar que la actual gestión regional de Arequipa también presentó el proyecto a inversionistas norteamericanos.  

El proyecto Corío contempla una plataforma logística, un hub de hidrógeno verde y conexión ferroviaria hacia Puno y Cusco. Para toda la macrorregión sur, el proyecto significaría la posibilidad de exportar mayor volumen de minerales y productos agroindustriales con menores costos logísticos, además de fomentar su articulación como un eje estratégico para el comercio regional y la integración con Brasil y el mercado asiático.

La aprobación del Plan Maestro es un paso real, pero tenemos que estar preparados para abordar la gestión de este megaproyecto desde diferentes flancos. Para comenzar el Gobierno Regional de Arequipa debería tener una participación en la formulación de los términos de referencia (TDR) que elaborará ProInversión para los posibles inversores y garantizar, con ello, una visión descentralista con ventajas para las economías de los departamentos de la Macrosur. También merece una discusión previa el tema de la soberanía nacional a fin de no dar prioridad a los intereses de países extranjeros, teniendo como antecedente la controversia suscitada por la supervisión estatal del puerto de Chancay. Otro tema que no debemos dejar de lado es la titularidad y resguardo de los terrenos donde se asentará el proyecto, ya tenemos malas experiencias en la ejecución del Proyecto Majes II, la Carretera Arequipa La Joya y el Puente Chilina.

Esta vez, el contexto geopolítico puede ser un espaldarazo para que este proyecto, rebautizado como el Puerto de las Américas Corío, se materialice y responda a las necesidades que implica el desarrollo descentralizado de las regiones al sur del país.

 

desco Opina – Regional / 11 de setiembre del 2026

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La factura por la falta de prevención

 

Esta temporada de lluvias –que culmina entre marzo y abril– ha dejado al descubierto que la gestión reactiva de desastres tiene un costo humano y económico que es inaceptable. Mientras Arequipa lamentaba pérdidas humanas y una infraestructura colapsada, además de viviendas dañadas, Puno y Cusco enfrentaban emergencias paralelas que siguen el mismo patrón de vulnerabilidad y prevención postergada. Los datos de ejecución presupuestal del 2025 revelan una verdad incómoda: los recursos para prevenir estaban allí, pero su implementación llegó demasiado tarde o nunca llegó.

A nivel nacional, para el tercer trimestre del año 2025, el desempeño presupuestal Programa Presupuestal 0068 de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, fue bajo, según un reporte del Ministerio de Salud. En Arequipa, el Gobierno Regional sólo ejecutó el 58,6% del presupuesto, según este reporte. Puno, por su parte, enfrenta una emergencia de dimensiones distintas, pero igualmente devastadora. Las intensas lluvias han afectado a miles de familias, con viviendas colapsadas, cultivos anegados y comunidades aisladas. Según el reporte antes mencionado, a finales de setiembre Puno había ejecutado el 54% de ese presupuesto. En Cusco, la situación combina amenazas múltiples, además de las inundaciones en la capital y provincias bajas, el departamento enfrenta riesgos de deslizamientos en sus zonas altas. La ejecución presupuestal del Programa Presupuestal 0068 hasta setiembre, revela que se ejecutó el 57%. Sabemos que no es el único presupuesto para prevención y atención de emergencias, pero este reporte nos muestra que aun montos que no superan los 4 millones de soles, en el caso de los departamentos mencionados, no pueden ser ejecutados con efectividad.

El factor común entre estos grandes departamentos del sur, que agrupan a más del 75% de la población del total de los departamentos que conforman la Macrosur, es la desconexión entre la planificación y la acción. La brecha burocrática está a la vista. Los técnicos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y de otras instituciones especializadas en riesgos y desastres, han señalado repetidamente que la ventana ideal para ejecutar obras de prevención se ubica entre abril y junio, inmediatamente después de la temporada de lluvias. Esta ventana permite descolmatar ríos, construir defensas ribereñas y estabilizar laderas con tiempo suficiente antes del siguiente ciclo de precipitaciones.

Sin embargo, la dinámica política regional, los procesos de contratación dilatados y, en algunos casos, la simple negligencia administrativa, convierten este ciclo técnico ideal en un calvario burocrático. Para cuando las licitaciones se publican, los expedientes se aprueban y las obras se adjudican, la siguiente temporada de lluvias ya está encima. Así, lo que debería ser prevención se convierte en una carrera contra el tiempo que, con demasiada frecuencia, se pierde. En pequeña escala, a nivel de gobiernos locales, pasa lo mismo. Y es más grave aún en municipalidades donde el personal técnico es limitado.

El año pasado se reportaron varios incendios forestales en estos tres departamentos, siendo Cusco el que tuvo más siniestros: 78, afectando hasta 779 hectáreas, según los reportes a junio del Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Sin embargo, Arequipa tuvo una afectación casi tan grave como Cusco: 671 hectáreas con solo dos incendios. Y por qué hablamos de esto, porque hay una interconexión en las negligencias, que aumenta el peligro en esta temporada. Los incendios forestales, como los que vimos en las faldas del Misti, no sólo son una tragedia ecológica, sino que crearon las condiciones ideales para la activación de quebradas –emitiéndose una alerta roja– poniendo en riesgo a la población por la caída de huaicos en lugares sin contención. La vegetación que antes amortiguaba el impacto de las lluvias y permitía la infiltración del agua desapareció, dejando suelos desnudos, erosionados e inestables.

La cultura de la prevención engloba varias acciones para mitigar el peligro ante la temporada de lluvias, como la reforestación (no solo plantar la semilla, sino regarlas para que estas crezcan), la construcción de diques de retención de sedimentos, la instalación de sistemas de monitoreo en las quebradas afectadas y la planificación del territorio con alternativas para que las personas que ya construyeron sus viviendas en quebradas sean reubicadas. Además de promover campañas de concientización para evitar los incendios forestales que, en su mayoría, se deben a la negligencia humana.

La responsabilidad de esta cadena de fracasos en la prevención es transversal. Los gobiernos regionales y locales tienen la obligación legal y moral de ejecutar los recursos destinados a proteger a la población. El centralismo en la toma de decisiones, como no entregar a tiempo los recursos, la falta de capacidades técnicas en los equipos locales y la politización de la gestión de riesgo, son obstáculos que deben superarse con urgencia.

La ciudadanía también tiene un rol que cumplir. La demanda social debe orientarse no solo a solicitar una respuesta eficaz durante la emergencia, sino a la exigencia constante de prevención antes de la crisis. La rendición de cuentas sobre la ejecución del presupuesto destinado a la gestión de riesgo debe ser un tema de debate público permanente en diversos espacios, como las sesiones municipales, los presupuestos participativos, las audiencias públicas, etc. y no sólo reclamarlas cuando las lluvias ya causaron estragos en nuestras viviendas y calles.

La naturaleza no es impredecible en el sur andino, sus ciclos son conocidos: después de unos meses de lluvias (que traen inundaciones y huaycos), vienen las heladas. Lo verdaderamente impredecible es cuánto tiempo más toleraremos la ausencia de la prevención en la gestión pública regional y local. No se trata de repartir frazadas, víveres y hacer campañas de ayuda humanitaria todos los años, sino de ser efectivos con el presupuesto que se destina a la prevención.

 

 

desco Opina – Regional / 30 de enero del 2026

descosur

Megadecepciones

 

Hay varios megaproyectos en el imaginario de las ciudadanas y ciudadanos surandinos, el término “imaginario” alude a que no se llegan a concretar. Algunos de ellos sólo están en el campo de los sueños como el megapuerto Corío, el tren bioceánico o una planta petroquímica en la costa sur; mientras que otros, que se iban a materializar, quedaron paralizados en medio de embrollos judiciales y de corrupción como el Gasoducto Sur Peruano (antes Gasoducto Sur Andino) y el proyecto Majes Siguas II. En medio de todo el ruido político, su resolución, ha estado permanentemente vigente en la agenda de la opinión pública en esta parte del país.

Comencemos con Majes Siguas II. El proyecto quedó paralizado en el año 2017. Después de una serie de discusiones sobre qué hacer para destrabarlo, el año pasado el Gobierno Regional de Arequipa decidió transferir el proyecto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Este año, el Gobierno Nacional anunciaba entre bombos y platillos que había varios Estados interesados en desarrollar el proyecto, aceptando implícitamente que ellos serían incapaces de hacerlo. Midagri informó que representantes de los Estados de Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Japón, llegaron al país para participar de una charla y efectuar una visita técnica a la primera etapa del proyecto que se adjudicaría en mayo a uno de ellos. Sin embargo, hace unos días, Midagri firmó un convenio con Proinversión para la evaluación e implementación de alternativas a fin de retomar la ejecución de la concesión del proyecto mediante el mecanismo de Asociación Pública Privada (APP). Esta noticia nos dice que quizá el proceso para adjudicar el proyecto a otro país esté tambaleando.

La relevancia del proyecto Majes Siguas II se funda en dos pilares: la optimización de los recursos hídricos y el impulso a una producción agrícola regional tecnificada, generando trabajo tanto en su etapa constructiva como en la productiva. Empero, al ser un proyecto elaborado por Proinversión en Lima, no se han tomado en cuenta diversas opiniones técnicas de la región respecto al costo de las tierras y la inclusión de la mediana agricultura en el desarrollo del proyecto para que no sólo favorezca a una o dos empresas nacionales. Además, no se ha resuelto aún el arbitraje internacional con la empresa Cobra, última titular de la concesión. Tampoco sabemos si el Gobierno Nacional ha invertido en el mantenimiento de la tuneladora que trajo la empresa y que el entonces presidente de lujo, Pedro Pablo Kuczynski, inauguró en el 2017, la misma que quedó en abandono sin que se haya terminado el túnel para el trasvase de aguas.

Para los cusqueños es vital el tema del abastecimiento de gas. No les cabe en la cabeza cómo es que, teniendo el recurso en la región, los primeros ciudadanos en ser atendidos hayan sido los capitalinos que cuentan con el servicio domiciliario de gas desde el 2005 a precios menores a los 30 soles, mientras que varios de los hogares cusqueños tienen que pagar entre 80 a 130 soles por un balón de GLP. Hace unos meses, el gobernador de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, exigió que el Gobierno Nacional construya el Gasoducto Sur Peruano (Sitgas) y que el proyecto priorice el abastecimiento en la región, si no, obstaculizarían su avance.

El problema no solo es el abastecimiento del gas domiciliario. El desabastecimiento para la industria ha sido un factor determinante para su desmantelamiento en el sur, pues los costos de producción de una planta industrial limeña que funciona con gas son inferiores a una que funciona a electricidad, petróleo o gasolina en esta parte del país. Así, no somos ni podemos ser competitivos, por eso la discusión por el trazo ha sido una constante desde el anuncio del proyecto a inicios de este siglo. Se ha dado una pelea firme contra el centralismo en la decisión del trazo, pelea contra un cúmulo de intereses para que sea costero y se desarrolle en Ica, una pelea que parece estamos perdiendo o que partirá al sur en dos.

En febrero el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, anunció que tienen avanzado el proyecto propuesto de manera interesada por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) para construir el Gasoducto Costero. El ministro señaló que “El ducto costero va a llegar y conectar en dos puntos para tener la petroquímica en desarrollo, una en Ilo y la otra en Arequipa, son dos puntos que se van a conectar”, lo que significa dejar al resto de regiones del trazo original en stand by y que seguirán siendo abastecidas por el “gas virtual” (suministro de gas a través de camiones). Esto mereció un encendido pronunciamiento de la CGTP que fue semilla para el paro regional de 48 horas convocado en Cusco hace unos días y que paralizó la capital y algunas provincias. Los dirigentes cusqueños pidieron una mesa de diálogo vinculante para ver la conclusión del Sitgas y la construcción de la planta de fraccionamiento en Kepashiato anunciada el año pasado por las autoridades nacionales. Los manifestantes consiguieron que la Presidencia del Consejo de Ministros les agende una reunión para el próximo 3 de abril.  

No podemos dejar de mencionar también, la indolencia de los gobernantes regionales del sur que no han mostrado un interés mancomunado en hacer un seguimiento al gasoducto. No bastaban acuerdos declarativos, era vital un trabajo de incidencia política permanente en el Gobierno Nacional. De poco sirve que ahora aparezcan de forma individual a querer resolver dicha situación.

El Sitgas quedó paralizado en el 2017 después del escándalo de corrupción de Odebrecht. En este mismo año, el Estado peruano invirtió en un estudio elaborado por la consultora internacional Mott MacDonald para retomar el proyecto, la que recomendó mantener el trazo general del Gasoducto Sur Peruano, a lo que han hecho oídos sordos. Hasta el 2023 el Gobierno Nacional desembolsó 825 millones de dólares en gastos administrativos por mantenimiento y preservación de tubos, y aunque solventaron parte del monto con la garantía del proyecto, no se cubrió ni la tercera parte de lo gastado. Desconocemos el monto total invertido hasta el momento.

Con una presidenta en funciones que vive en una realidad paralela y un Congreso tomado por lobistas y delincuentes, tenemos dudas de que estos megaproyectos –si logran remontarse– cumplan con las expectativas del sur de convertirse en un polo de desarrollo que desconcentre el poder económico. No queremos chorreos, demandamos ser incluidos, de una vez por todas, en el desarrollo del país.

 

desco Opina – Regional / 28 de marzo del 2025

descosur

El APEC y la vida real

 

Después de mucho tiempo vimos un abundante resguardo policial en las calles de Arequipa, y no, no era por una extensión del Estado de Emergencia por el que clamaban los alcaldes, se trataba de una más de las reuniones preparativas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará el mes de noviembre en la capital. 

Ya en febrero se realizó un primer evento descentralizado en la ciudad, que reunió a viceministros de Finanzas y Bancos Centrales. Este segundo evento fue más extenso en días y actividades: se realizó la segunda reunión de altos funcionarios, el diálogo político de alto nivel sobre las mujeres y la economía, y la reunión conjunta de los ministros responsables de comercio y de la mujer. En paralelo, nuestra frágil “democracia” continuaba con su proceso de putrefacción diario, el Congreso continuó haciendo estropicios con la impunidad de siempre y el Ejecutivo siguió dando rienda suelta a sus decisiones para desestabilizar la institucionalidad del país, como nombrar a un nuevo ministro del Interior que fue defensor legal de malos elementos en el cuerpo policial, y acabar definitivamente con la SUNEDU eliminando las direcciones de supervisión, fiscalización y licenciamiento.

Hacemos un repaso por los últimos acontecimientos políticos y sociales del país porque entran en contradicción con lo referido en los foros realizados durante este último encuentro. Mientras que la embajadora de EE.UU., Katherine Tai, se refería a la importancia de la participación de las mujeres para construir una democracia representativa, el Congreso, días antes de su alocución, aprobó un dictamen para eliminar la alternancia en las planchas presidenciales y paridad horizontal en las elecciones subnacionales. También la Comisión de la Mujer del Congreso archivó cuatro proyectos de ley sobre derecho al cuidado. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, en vez de referirse a estos dos temas durante la conferencia de prensa que brindó dentro del evento, victimizó a la presidenta Dina Boluarte, refiriendo que las tres mociones de vacancia que no alcanzaron mayoría en el Pleno, constituían una forma de acoso político, como si todos los casos de corrupción y obstrucción a la justica en los que está implicada la mandataria fueran de fantasía.

En la declaración final de esta reunión, los ministros reiteraron su compromiso con la Visión de Putrajaya 2040 que identifica tres pilares: comercio e inversiones, innovación y digitalización, y crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo; y con la implementación del Plan de Acción de Aotearoa, que fue adoptado por los líderes participantes del APEC en el 2020 para los próximos 20 años.

Sobre el rol de la mujer, los participantes se comprometieron a eliminar barreras y promover la igualdad de acceso para mujeres de diversos orígenes, a fin de que puedan aprovechar todo el potencial de su participación económica y liderazgo en el comercio; y avanzar en los esfuerzos colectivos para hacer de Asia y el Pacífico regiones más resilientes e inclusivas. Esto como parte del componente Crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo de la visión Putrajaya. Al respecto, según el estudio “Situación de la mujer rural”, tenemos una alta participación de la mujer rural en actividades económicas, incluso más altas que la ciudad: el 77,8% de las mujeres rurales ocupadas se encuentran dedicadas al sector agricultura, pesca o minería, 9,7% al sector servicio y el 9,3% al comercio; sin embargo, la inclusión financiera todavía es una barrera dura de tumbar, sin contar que muchas de las actividades económicas que desarrollan se hacen en la informalidad. Y no hay que olvidar que las labores de cuidado, esas de las que no quiere legislar más el Congreso, recargan su tiempo limitando su adecuado empoderamiento económico.

Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del periodo abril 2023 - marzo 2024, en el país había 17 212 800 personas con empleo, de este total, el 71,2% tenía empleo informal. ¿Cómo integrarnos a la economía Asia-Pacífico con esta realidad? Sin una ruta clara, estos compromisos país, como parte de las 21 economías incluidas en el APEC, siguen siendo meramente declarativos. 

Como cereza de este evento, la presidenta Dina Boluarte, hizo su aparición en el penúltimo día del encuentro, también con un discurso de realidad paralela: “estamos frente a un hito significativo en nuestro compromiso por garantizar la igualdad de género y el acceso equitativo a las oportunidades económicas para todos en el Asia-Pacífico…”. La corta visita de la mandataria a Arequipa se produjo bajo un fuerte protocolo, el mismo que viene llevando el último mes durante sus apariciones públicas, con un restrictivo acceso a la prensa, salvo el canal del Estado, y en helicóptero para no recibir el cariño de la gente en las calles.

La próxima reunión del APEC se llevará a cabo en Cusco, entre el 5 y 9 de junio, donde se desarrollará una reunión ministerial de turismo. Hay que estar atentas y atentos a los resultados de esta reunión y realizar un seguimiento para enlazarlos con la realidad, con políticas efectivas, aunque el APEC no sea vinculante.

 

desco Opina – Regional / 24 de mayo del 2024

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Otra vez, Tía María

 

En lo que va del 2024, venimos siendo testigos de una fuerte presión del empresariado para explotar nuestros recursos naturales, aun en zonas de conservación y con la oposición de la población. Con la ayuda diligente de este deplorable Congreso de la República o del Ejecutivo, a veces ni les es necesario exponer sus motivos ante la opinión pública, sólo esperan sentados a que sus alfiles hagan las jugadas marcadas, ante un tablero pasmado por el caos político que azota diariamente sin tregua.

Primero fue el tira y jala de los cambios en la Ley Forestal que busca beneficiar a la industria de la palma. Después, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, anunció que Tía María sí va en Cocachacra, buscando beneficiar a Southern Perú Copper Corporation a pesar de la férrea oposición de los pobladores del Valle de Tambo. Y hace poco escuchamos noticiar sobre la solicitud de la Sociedad Nacional de Pesquería que pretende tirar sus redes en la Reserva Nacional de Paracas para la extracción de anchoveta, amparados en sus prácticas industriales de antaño.

De los tres casos mencionados, el de Tía María es especial, pues la oposición a este proyecto cuprífero cumplirá 14 años en Arequipa. Siete personas fallecieron en los enfrentamientos del 2011 y 2015 entre la Policía y la población del valle. Y aunque la campaña publicitaria de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía –enfocada en grabar en nuestros corazones la frase “Perú, país minero”– haya calado en la narrativa gubernamental, lo cierto es que no toda la población la ha adoptado como mantra.

Southern Perú Copper Corporation se ha jugado varios frentes durante ese tiempo. El más exitoso fue la campaña en medios de comunicación limeños para acuñar al proyecto lo imprescindible que es para el desarrollo del país; el más desafortunado fue terruquear a los pobladores del Valle de Tambo, ante su desesperación porque sucesivos gobiernos de los últimos periodos se pasaban la posta para darles luz verde.

El año pasado, el exministro de Energía y Minas, Oscar Vera, desempolvó el tema; pero un medio de comunicación recordó el acta firmada por la mandataria Dina Boluarte durante la campaña, donde se comprometía a la cancelación del proyecto. Cuatro meses después, el Ejecutivo, con Otarola a la cabeza, volvía a sacar cuerpo, afirmando a la prensa, en plena Convención Minera, que el tema no estaba en agenda.

Actualmente, Southern Perú, cuenta con la licencia de construcción del proyecto que el Ejecutivo le otorgó en el 2019; pero a pesar de sus campañas sociales en el valle, y de invertir fuertemente para conseguir aliados a su causa en la región, hasta ahora no logra colocar un solo ladrillo del proyecto en el valle.

El ministro Rómulo Mucho sigue anunciado, desde febrero, su llegada a Arequipa para destrabar el proyecto, pero sólo se queda en anuncio. Como respuesta, a inicios de marzo, las viviendas del distrito de Cocachacra comenzaron a embanderarse de verde.

No hay duda que la presión sobre los recursos naturales en nuestro país continuará, y si bien es cierto que la minería es un importante motor para la recaudación de impuestos en el Perú, el cambio climático nos debe hacer sopesar su valía. Las tecnologías muestran grandes avances a fin de disminuir el impacto ambiental de las operaciones mineras, pero estas son caras y no todos están dispuestos a invertir desde el saque. Recordemos que las primeras protestas en el Valle de Tambo lograron que Southern Perú cambiará su propuesta de usar agua subterránea por la desalinización de agua de mar para echar a andar su proyecto.

Por otro lado, tenemos que reconocer que tenemos un aparato estatal cada vez más debilitado, que ha sido incapaz de cumplir sus compromisos en diferentes Mesas de Diálogo a lo largo de los años y en todo el país, por lo que la palabra de sus funcionarios llega con la sombra del descrédito a las zonas de conflicto minero.

Así las cosas, Tía María, otra vez, parece destinada al confinamiento.

 

desco Opina – Regional / 27 de marzo del 2024

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Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y el cambio climático

 

A la grave crisis política en el país se han sumado los eventos climáticos extremos que han puesto en jaque la capacidad gubernamental para disminuir las afectaciones en la población y sus medios de vida, como en el caso de la zona altoandina del sur, que ya hemos comentado en extenso en un artículo anterior. Pero no todo está perdido, la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) en parte de las regiones del sur, podrían paliar en un porcentaje estas afectaciones.

Los días 18, 19 y 20 de octubre se realizó en Arequipa, el Encuentro Nacional de MRSE HÍDRICO (MERESE-H), un espacio para intercambiar y reflexionar sobre las experiencias y lecciones aprendidas de los promotores y ejecutores de MRSE-H en Perú, con el fin de identificar las necesidades comunes, las oportunidades de mejora y los retos pendientes para fortalecer y consolidar las acciones de adaptación al cambio climático, en un contexto de crisis hídrica en el país.

Los MRSE-H, en efecto, han venido a reforzar las actividades de siembra y cosecha de agua, que algunas instituciones privadas, como la nuestra, han venido promoviendo en las zonas rurales y que luego el Gobierno Nacional ha tomado en cuenta a partir del año 2016 para su implementación como política mediante el programa Sierra Azul. La diferencia entre Sierra Azul y el MRSE es que los usuarios del agua, bajo este mecanismo, retribuyen con dinero el trabajo de los pobladores de las zonas altas que contribuyen con la conservación del agua para las poblaciones que habitan en zonas medias y bajas.

Durante el evento se presentaron los avances en la Macrorregión Sur. La especialista MRSE de la EPS Sedacusco, Zoraida Cáceres, expuso los avances en la ejecución de los cinco proyectos de inversión con los cuales han construido más de 75 km de zanjas de infiltración y cochas, han hecho revegetación, diques en cárcavas y actividades de fortalecimiento de capacidades en la comunidad, además de un sistema de monitoreo social desarrollado para los proyectos MRSE en Piuray.

Por su parte, EPS Ilo S.A., a través de la responsable MRSE, ing. Lizeth Condori, presentó sus avances trabajados en conjunto en la implementación con la comunidad de Asana, logrando construir más de 6 km de zanjas de infiltración y la instalación de su Sistema de Monitoreo Hidrológico, que de manera preliminar cuenta con una estación pluviométrica y que se planea ir sofisticando con los años. Asimismo, presentaron una plataforma donde han logrado sistematizar la información de precipitación que se viene recogiendo con su estación pluviométrica.

La representante de Sedapar, ing. Liudmila Murillo, también explicó cómo vienen ejecutando el MRSE en la región Arequipa a través de la modalidad de convenios de administración, con Profonanpe como administrador del fondo, y con descosur como ejecutor del plan de intervenciones. Indicó que esta modalidad ha permitido agilizar la inversión de estos recursos y alcanzar los objetivos del Año 2, resaltando el papel de descosur en la implementación del MRSE, ya que contar con casi 30 años de experiencia en la ejecución de acciones para siembra y cosecha de agua y en la recuperación de ecosistemas en la región, resultó fundamental para asegurar la calidad y eficiencia de las obras.

Los planes de intervención, en todos los casos, vienen acompañados de programas de fortalecimiento de capacidades en las comunidades contribuyentes, para asegurar la sostenibilidad de sus actividades económicas y para la obtención de beneficios en los años venideros, de los ecosistemas que habitan.

Es importante mencionar el caso de Sedapal, en Lima, cuya modalidad de ejecución del MRSE es a través del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (Invierte.pe), con el que suelen tener cuellos de botella en las fases de formulación y ejecución (a nivel de Expediente Técnico), dentro de sus Unidades Formuladora y Ejecutora por la limitada cantidad de profesionales para atender los proyectos de infraestructura verde, sumado a los proyectos de infraestructura gris. Una muestra más del paquidérmico estado de los sistemas de gestión estatales.

En el Encuentro Nacional MRSE, muchos representantes de las EPS coincidieron en que una de las limitaciones que se ha tenido en su implementación, ha sido no contar con profesionales capacitados. Han tenido que ir formándose con la experiencia y en base a las circunstancias de cada región. Sería importante que las EPS puedan hacerse de estos profesionales para asegurar no solo la continuidad de la implementación de los MRSE, sino su operación y el mantenimiento de las infraestructuras.

Por el momento, las contribuciones para la implementación de los MRSE provienen de los usuarios domiciliarios del agua. Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional se están encargado de la recaudación, de diseñar el plan de intervenciones y de ejecutar esa inversión mediante diferentes mecanismos. Todavía es un reto comprometer a otros usuarios del agua (agrícolas, industriales, etc.) para que de manera voluntaria (aunque a estas alturas debería ser una obligación) también contribuyan con la disponibilidad hídrica en las cabeceras de cuenca y las futuras generaciones puedan acceder a este preciado bien.

 

 

desco Opina – Regional / 27 de octubre del 2023

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