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viernes

El APEC y la vida real

 

Después de mucho tiempo vimos un abundante resguardo policial en las calles de Arequipa, y no, no era por una extensión del Estado de Emergencia por el que clamaban los alcaldes, se trataba de una más de las reuniones preparativas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará el mes de noviembre en la capital. 

Ya en febrero se realizó un primer evento descentralizado en la ciudad, que reunió a viceministros de Finanzas y Bancos Centrales. Este segundo evento fue más extenso en días y actividades: se realizó la segunda reunión de altos funcionarios, el diálogo político de alto nivel sobre las mujeres y la economía, y la reunión conjunta de los ministros responsables de comercio y de la mujer. En paralelo, nuestra frágil “democracia” continuaba con su proceso de putrefacción diario, el Congreso continuó haciendo estropicios con la impunidad de siempre y el Ejecutivo siguió dando rienda suelta a sus decisiones para desestabilizar la institucionalidad del país, como nombrar a un nuevo ministro del Interior que fue defensor legal de malos elementos en el cuerpo policial, y acabar definitivamente con la SUNEDU eliminando las direcciones de supervisión, fiscalización y licenciamiento.

Hacemos un repaso por los últimos acontecimientos políticos y sociales del país porque entran en contradicción con lo referido en los foros realizados durante este último encuentro. Mientras que la embajadora de EE.UU., Katherine Tai, se refería a la importancia de la participación de las mujeres para construir una democracia representativa, el Congreso, días antes de su alocución, aprobó un dictamen para eliminar la alternancia en las planchas presidenciales y paridad horizontal en las elecciones subnacionales. También la Comisión de la Mujer del Congreso archivó cuatro proyectos de ley sobre derecho al cuidado. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, en vez de referirse a estos dos temas durante la conferencia de prensa que brindó dentro del evento, victimizó a la presidenta Dina Boluarte, refiriendo que las tres mociones de vacancia que no alcanzaron mayoría en el Pleno, constituían una forma de acoso político, como si todos los casos de corrupción y obstrucción a la justica en los que está implicada la mandataria fueran de fantasía.

En la declaración final de esta reunión, los ministros reiteraron su compromiso con la Visión de Putrajaya 2040 que identifica tres pilares: comercio e inversiones, innovación y digitalización, y crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo; y con la implementación del Plan de Acción de Aotearoa, que fue adoptado por los líderes participantes del APEC en el 2020 para los próximos 20 años.

Sobre el rol de la mujer, los participantes se comprometieron a eliminar barreras y promover la igualdad de acceso para mujeres de diversos orígenes, a fin de que puedan aprovechar todo el potencial de su participación económica y liderazgo en el comercio; y avanzar en los esfuerzos colectivos para hacer de Asia y el Pacífico regiones más resilientes e inclusivas. Esto como parte del componente Crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo de la visión Putrajaya. Al respecto, según el estudio “Situación de la mujer rural”, tenemos una alta participación de la mujer rural en actividades económicas, incluso más altas que la ciudad: el 77,8% de las mujeres rurales ocupadas se encuentran dedicadas al sector agricultura, pesca o minería, 9,7% al sector servicio y el 9,3% al comercio; sin embargo, la inclusión financiera todavía es una barrera dura de tumbar, sin contar que muchas de las actividades económicas que desarrollan se hacen en la informalidad. Y no hay que olvidar que las labores de cuidado, esas de las que no quiere legislar más el Congreso, recargan su tiempo limitando su adecuado empoderamiento económico.

Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del periodo abril 2023 - marzo 2024, en el país había 17 212 800 personas con empleo, de este total, el 71,2% tenía empleo informal. ¿Cómo integrarnos a la economía Asia-Pacífico con esta realidad? Sin una ruta clara, estos compromisos país, como parte de las 21 economías incluidas en el APEC, siguen siendo meramente declarativos. 

Como cereza de este evento, la presidenta Dina Boluarte, hizo su aparición en el penúltimo día del encuentro, también con un discurso de realidad paralela: “estamos frente a un hito significativo en nuestro compromiso por garantizar la igualdad de género y el acceso equitativo a las oportunidades económicas para todos en el Asia-Pacífico…”. La corta visita de la mandataria a Arequipa se produjo bajo un fuerte protocolo, el mismo que viene llevando el último mes durante sus apariciones públicas, con un restrictivo acceso a la prensa, salvo el canal del Estado, y en helicóptero para no recibir el cariño de la gente en las calles.

La próxima reunión del APEC se llevará a cabo en Cusco, entre el 5 y 9 de junio, donde se desarrollará una reunión ministerial de turismo. Hay que estar atentas y atentos a los resultados de esta reunión y realizar un seguimiento para enlazarlos con la realidad, con políticas efectivas, aunque el APEC no sea vinculante.

 

desco Opina – Regional / 24 de mayo del 2024

descosur

El país que pudimos ser y los culpables de impedirlo

 

Los peruanos debimos debatir y ponernos de acuerdo sobre una cantidad enorme de cuestiones para salir del hoyo infinito en el que nos ha colocado la pandemia, tomando posición para arribar a objetivos de desarrollo antes del 2030. Los involucrados en la formulación de políticas públicas, fundamentalmente los agentes políticos, debieron decirnos cómo iban a conciliar los objetivos económicos, sociales y ambientales para garantizarlos y no quedarnos con la simple enunciación economicista de «asegurar el 10% de crecimiento» para el presente año que sale del MEF.

La cuestión es que el país sea sostenible y que la vida de los ciudadanos sea mejor. Para ello, hubiera sido conveniente que nos digan cómo iban a diseñar políticas y estrategias que promovieran el desarrollo y no simplemente el crecimiento (lo cierto es que ni siquiera eso fue planteado). Como señalaba nítidamente el voto indignado por Pedro Castillo, se debió proponer el fortalecimiento del aparato gubernamental para diseñar, implementar y monitorear políticas coherentes e integradas para el desarrollo sostenible. Esto suponía “fomentar sinergias entre las áreas de política económica, social y medioambiental, identificar compensaciones y conciliar los objetivos nacionales y multilaterales y abordar decididamente los efectos secundarios de las políticas nacionales”.

Lo anterior, debió tener como base tres cosas:

·     Una visión estratégica, respaldada por un claro compromiso político y liderazgo para mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

·     Mecanismos institucionales y de gobernanza eficaces e inclusivos para abordar las interacciones de las políticas en todos los sectores y alinear las acciones entre los niveles de gobierno.

·      Un conjunto de herramientas que permitieran anticipar, evaluar y abordar los impactos de largo plazo de las políticas.

En resumen, debió buscarse coherencia de las políticas para el desarrollo, integrando las dimensiones comprometidas en las políticas diseñadas, homogenizando los mecanismos institucionales y organizativos: estructuras, sistemas, procesos y métodos de trabajo aplicados por el gobierno en todos los sectores y niveles, así como por los actores interesados fundamentales.

Debimos estar conscientes que estas tareas necesitaban de liderazgos y compromisos políticos sólidos e incluyentes, que propusieran metas en los niveles de pobreza, equidad de género y ejercicio de DESCA, alineados con los ODS, todo lo cual demandaba una visión estratégica (ahora inexistente) que debía definir los resultados deseados, los escenarios y las acciones para mejorar la coherencia entre todos los sectores y niveles de gobierno, y entre las políticas externas e internas.

En ese sentido, debió saberse la urgencia de hacernos cuanto antes de medios como la previsión estratégica, la elaboración de escenarios y enfoques sistémicos en la formulación y aplicación de políticas, para determinar, prevenir y mitigar las repercusiones adversas, reales y potenciales, en el bienestar y las perspectivas de desarrollo sostenible.

También era menester llamar la atención hacia la integración de las políticas para incorporar mejor el desarrollo sostenible a las políticas y las finanzas y, en ese sentido, aprovechar las interrelaciones y los beneficios entre los sectores de la política económica, social y medioambiental, así como entre los objetivos de desarrollo sostenible nacionales e internacionalmente reconocidos.

Asimismo, preocuparnos de integrar el desarrollo regional y territorial en las políticas sectoriales para lograr mayores sintonías con la planificación estratégica a largo plazo, garantizar la coordinación del gobierno para identificar y mitigar las divergencias entre las prioridades y las políticas sectoriales y promover acciones que se apoyen mutuamente entre sectores e instituciones.

De esta manera, podemos seguir enumerando la gran cantidad de pendientes que tiene el país si lo que se quiere es enrumbarlo de manera decidida hacia el desarrollo, recuperando con la mayor rapidez posible la pérdida de más de una década en resultados sociales que nos viene dejando la pandemia.

Pero, no hemos puesto nada de esto en la mesa de debates que, dicho sea de paso, es lo que propone OCDE para nuestro país. La lucha política para el fujimorismo no es interpelar en función a estos objetivos, sino ensuciar el panorama al punto de hacer imposible cualquier atisbo de gobernabilidad hacia adelante.

En esa línea, no les han importado los costos que cada uno de los peruanos y peruanas –incluyendo a los que en estos momentos siguen entendiendo que lo central es evitar el «comunismo»– hemos empezado a asumir por esta abominable manera de proceder que no podemos entender. Porque si la razón fuera evitar la prisión de su lideresa a costa del futuro de todos y todas, es por ahora incomprensible la fila infinita de arrimados que han adoptado como programa el sonsonete de «comunismo no», y para ello vale todo, incluyendo la ruptura de reglas básicas de convivencia democrática.

 

desco Opina / 16 de julio de 2021

La nueva apuesta de la Macro Región Sur



Los gobernadores regionales de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna tomaron el acuerdo de conformar la Mancomunidad de la Macro Región Sur, un anhelado proyecto político que tiene larga data en este parte de nuestro país. Para que este acuerdo no quede sólo para la foto, como ya ha pasado,  las autoridades regionales han movilizado a los funcionarios de las gerencias de planeamiento y presupuesto para conformar un comité técnico que viabilice los anhelos de este bloque en proyectos interregionales concretos para poder gestionarlos en conjunto ante el Gobierno Nacional.
Este es un gran paso para el sur, el cual va a contrapelo del desinterés del Gobierno Nacional por avanzar en el proceso de descentralización y su tendencia a  centralizar el presupuesto público en los últimos años. El poder central puede erigirse en una de las principales amenazas de la mancomunidad, pues no le conviene tener al frente a un bloque poderoso. Por ello, es necesario un real compromiso de los gobernadores regionales del sur para afrontar el reto, superando otras situaciones delicadas que podrían obstaculizar los esfuerzos de la mancomunidad considerando la existencia de conflictos interregionales irresueltos (demarcación territorial y uso de agua principalmente), y la definición del lugar donde se instalará la petroquímica. La gestión de los intereses de cada departamento y de la mancomunidad va a ser un asunto delicado y complejo, y de persistir en el Gobierno Nacional las tendencias centralistas mencionadas, un sector de este podría tratar de atizar la división del bloque.
La primera tarea que se ha planteado esta joven mancomunidad es la elaboración de un Plan de Desarrollo Energético del Sur, esto como parte del seguimiento al que los gobernadores regionales se han comprometido a propósito de la construcción del Gasoducto Sur Peruano, a fin de garantizar un adecuado suministro del gas. Esta será la primera prueba de fuego para observar su dinámica de trabajo, en especial ahora que se va a elegir nuevo Presidente y nuestro futuro como país está en una ruleta.
La integración energética y económica son grandes pasos a la construcción de macrorregiones, pero también será necesario avanzar en las conciencias de los ciudadanos. Por ello, otro desafío futuro es construir la idea de una región Macrosur en el imaginario de los pobladores, superando la conocida idiosincrasia regionalista en los departamentos del sur, que en el 2005 llevó al fracaso un intento de conformar macrorregiones a través de un fallido referéndum. La campaña para crear conciencia sobre esta nueva entidad es necesaria y urgente, pues hace falta una base social fuerte para respaldar las futuras decisiones del bloque y resguardar su capacidad de negociación ante el Gobierno Nacional.
Una futura región Macrosur podrá consolidarse como tal si logra construir y ejecutar planes estratégicos que conduzcan a una efectiva articulación e integración de sus economías, aprovechando sus respectivas ventajas competitivas, y se fortalece una institucionalidad democrática que contribuya a la gobernabilidad de todo el país, aportando así al desarrollo nacional.
El actual proceso electoral puede ser una gran oportunidad para esta naciente mancomunidad. En este corto tiempo se puede concertar una reunión con los congresistas en funciones que representen a estos departamentos y con los principales candidatos al Congreso en el sur, buscando comprometerlos a impulsar ante el próximo gobierno futuras iniciativas destinadas a la realización de proyectos que proponga el bloque.
Luego de la experiencia frustrante de estos años, resulta claro que la descentralización en el país sólo podrá avanzar si se logran establecer macrorregiones (Sur, Norte, Centro, Amazonía) con el suficiente peso económico y político que pueda contrarrestar la predominancia capitalina o limeña. La Macro Región Sur tiene el suficiente peso político y económico para hacerlo, además de su larga tradición descentralista, y puede ser una iniciativa pionera para la reorganización e instauración de una nueva gestión democrática de nuestro país.

desco Opina - Regional / 4 de marzo de 2016
Programa Regional Sur
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¿Hasta cuándo el Gobierno Regional Junín seguirá sin rumbo?



El departamento de Junín, centro nodal de conexión de cuatro regiones con altos niveles de pobreza como Huancavelica, Pasco, Huánuco y Ayacucho, demanda políticas perspicaces y estrategias atractivas de inversión para  la diversificación productiva de los sectores agropecuario e industrial. Con un 21.90% de población pobre  (Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2007-2012. INEI) y un 64% de niños y niñas menores de tres años en condiciones de anemia (datos de DIRESA Junín), Junín  reúne un conjunto de indicadores que muestran la persistencia de la desigualdad, en gran medida fruto de la incapacidad de nuestros líderes políticos regionales para superarla.
La actual gestión del Gobierno Regional de Junín está hasta ahora pasmada, y carece de reacción o capacidad para tomar decisiones importantes para revertir la situación de la población empobrecida del departamento. El GORE actúa de manera improvisada, sin una agenda política interesante que proponga medidas para  alertar el desarrollo  de la región; es un gobierno débil para construir consensos sociales, fomentar el debate, la rendición de cuentas y superar las limitaciones que soporta desde hace años esta región. Se está  desaprovechando una vez más la oportunidad de desatar las potencialidades estratégicas de convertirse en  un gobierno dinamizador, que haga de Junín  el eje económico del corredor central del país.
Los GORE tienen por finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada en sus respectivas circunscripciones territoriales. En el GORE Junín se han desarrollado mecanismos para conceptualizar un territorio «democrático, descentralizado y desconcentrado» basado en el entendimiento del líder de cada gestión, sin tomar en cuenta, un modelo o propuesta de desarrollo viable, realista y sostenible, que permita a la sociedad civil organizada la vigilancia de este proceso. Lejos promover políticas regionales que contagien de dinamismo a gobiernos regionales vecinos, las sucesivas gestiones han permitido diferentes arreglos o acuerdos bajo la mesa, encubiertos por un supuesto «desarrollo integral sostenible» que en verdad no existe.
Nuestro país ha vivido una década de expansión económica que para algunos gobiernos regionales significó una importante afluencia de recursos gracias al canon minero, pero lo avanzado deja mucho que desear. Los principales esfuerzos de los políticos locales han estado más orientados a la promoción de sus propios movimientos regionales y algunos (pocos) partidos políticos que a plasmar un ideal o una propuesta efectiva de desarrollo y prosperidad para todos. Solo han sido agresivos en su tarea de marketing electoral para llegar al poder y luego sumar a su accionar a distintos actores privados sin visión ni compromiso de desarrollo regional, interesados tan solo en lucrar y rentabilizar sus ganancias (contratistas, empresas privadas –principalmente de la minería– y proveedores de bienes y servicios), resolviendo así los acuerdos de campaña con quienes les brindaron apoyo para llegar a gobernar.
Es duro decirlo, pero no hay una dirección que evidencie un propósito estratégico para hacer el pregonado desarrollo sostenible ofrecido. Así, la inversión en diversos proyectos a nivel regional se ejecuta sin concierto ni complementación de lo social con lo económico y lo ambiental. Lejos de promover oportunidades de crecimiento y desarrollo de Junín, estamos ante un festín de obras que no llevan a ningún buen destino. Para muestra están las diferentes ordenanzas promulgadas durante este año 2015:
En normatividad: Durante diez meses de gestión las ordenanzas promulgadas solo han servido para acomodar procedimientos administrativos atendiendo a intereses burocráticos de la gestión, sin establecer instrumentos  que faciliten la generación de proyectos destinados a dinamizar las economías locales o la formulación y ejecución de proyectos para disminuir brechas de desigualdad en términos sociales.
En gestión de proyectos de impacto regional: Durante este año fiscal 2015 simplemente se ha continuado con el programa de inversiones heredado de la gestión anterior (cumpliendo el mandato legal de dar continuidad a los proyectos pequeños) tal como se puede verificar en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, varios de los proyectos grandes e importantes como el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión se encuentran paralizados, como también  el puente Los Comuneros a la espera de un segundo peritaje. En los casos en  que se  reiniciaron  las construcciones (Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas-IREN y Colegio emblemático Santa Isabel) esto ha ocurrido  por la movilización de la población y de varias autoridades locales. Es indispensable continuar con la ejecución de estas obras más allá de cualquier proceso de investigación. Constatamos con frustración que durante estos diez meses la gestión del gobierno regional se ha caracterizado por acciones irrelevantes como la creación de una policía regional intrascendente frente a los agudos problemas de Junín.
Por lo anterior, nos sumamos a las críticas de quienes plantean  que el actual Gobierno Regional de Junín debería formular una autocrítica sobre su accionar. Comprender su papel y liderar procesos con visión macro regional, dando continuidad a las mega obras planificadas durante la gestión anterior y proponer renovados programas de desarrollo concertados con actores provinciales y distritales. No hay más tiempo que perder, exigimos eficiencia y eficacia para desarrollar un trabajo con metas concretas esperadas por la población: disminuir la desnutrición crónica infantil y la anemia, apostar por la diversificación productiva como medio para la generación de ingresos y garantía de la seguridad alimentaria regional, levantando un programa de emergencia que apunte a mitigar las posibles consecuencias del cambio climático y el Fenómeno El Niño. La decisión está en manos del GORE, la vigilancia ciudadana permitirá formular críticas, pero también apoyar el trabajo colectivo  por la mejora de la calidad de vida en un ambiente democrático y responsable.

desco Opina - Regional / 6 de noviembre de 2015
Programa Sierra Centro
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