La segunda vuelta y la memoria

 

La segunda vuelta no comienza con la proclamación oficial de resultados. Empezó antes, con la difusión de nuevas encuestas. Esta vez mostrando un escenario de empate técnico: dos candidaturas bordeando el 38% y un país que, antes que decidir, parece, por ahora, contener el aliento. Las candidaturas entran a una fase de contraste, donde aparece un elemento importante que no se puede esquivar: la memoria de las peruanas y peruanos sobre lo vivido desde la elección de Pedro Castillo y lo que siguió.

Ese dato tiene implicancias concretas. Anticipa una campaña más disputada, más agresiva y un cambio en el terreno del debate. Las promesas generales y los lemas de la primera vuelta no serán suficientes. En ese campo, el fujimorismo no llega en blanco. Lo hace con un registro de decisiones tomadas en el Congreso durante el período 2021–2026, donde su bancada ha tenido un rol sostenido en la articulación de mayorías, que muchos analistas han denominado “pacto mafioso”: una coalición parlamentaria funcional a sus intereses particulares, articulada no necesariamente por orientación ideológica, para sacar adelante votaciones clave, incluyendo el debilitamiento y captura de instituciones como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.

No han sido episodios aislados, sino parte de un patrón que, bajo el discurso de “orden” y “seguridad jurídica”, ha impulsado normas duramente cuestionadas por sus efectos: debilitamiento de herramientas contra el crimen organizado, desprecio y riesgo de impunidad en materia de derechos humanos, restricciones a la acción de organizaciones civiles y ONG, retrocesos groseros en políticas de género y un uso recurrente del mecanismo de la insistencia legislativa para promulgar leyes frente a observaciones técnicas, que no se tomaron en cuenta. Todo esto tiene consecuencias que también se reflejarán en los votos. Ya más del 70% de quienes integraron esas mayorías congresales de facto, han sido rechazados por los votantes en su pretensión reeleccionista.

Estos procesos tienen efectos concretos. En el campo, los trabajadores agroindustriales siguen encasillados en esquemas precarios mientras se mantienen beneficios tributarios al sector. En la Amazonía, la presión sobre territorios y el avance de economías ilegales (tala ilegal, producción de cocaína y extracción de oro con dragas) continúa sin ninguna respuesta estatal consistente. En las ciudades, las clases medias y populares enfrentan servicios públicos precarios e ineficientes (salud, educación, agua potable y transporte público) y sistemas previsionales indecorosos. En los sectores urbano populares, las brechas estructurales persisten sin cambios, sin que ninguna ley declarativa –que han sido muchas– logre contentar a la tribuna. La inseguridad y la violencia delictiva que atraviesan el país son su manifestación más visible.

La discusión del balotaje, por tanto, no es sólo sobre cada medida; lo es sobre la dirección que éstas configuran. Esa orientación es la que ahora busca validación electoral, justamente cuando la memoria aparece como relevante para decidir el voto, no solo por el contenido de cada medida producida y concertada por el pacto mafioso, sino porque emerge la figura de quien ha manejado la batuta de esa concertación de intereses que busca validación electoral: Keiko Fujimori y la orientación política derechista y ultra conservadora que se aupó para controlar el Poder Ejecutivo y el gobierno de la nación.

El país llega a este momento atravesado por varias fracturas: entre fujimorismo y antifujimorismo, pero también entre derecha e izquierda, entre norte y sur, entre Lima y el resto del país. Son divisiones que se superponen y que hacen que el voto sea, al mismo tiempo que político o ideológico, también territorial, social y hasta emocional o de abierto conflicto reivindicativo. A ello se suma un contexto internacional más inestable de tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, realineamientos internacionales y volatilidad económica. Todos ellos afectando en variables clave del país, como precios, empleo e inversión. La política interna no puede discutirse aislada de ese contexto.

En ese marco, la pregunta no es quién gana, sino con qué agenda lo hace. La campaña que sigue exigirá definiciones más claras sobre institucionalidad, derechos, seguridad y servicios públicos, pero también sobre la relación entre discurso y práctica. El fujimorismo enfrenta aquí un punto crítico: su narrativa apela al orden, pero su comportamiento legislativo reciente es parte central del cuestionamiento. Puede intentar reposicionarse o matizar su discurso, pero el registro de sus votaciones congresales existe. Incluso puede ensayar cínicamente hasta una autocrítica. Pero en política, como en la vida, hay cosas que no se borran con una conferencia de prensa.

El electorado no decide sobre una hoja en blanco, sino sobre una acumulación de decisiones y sus consecuencias. En ese contexto, la memoria deja de ser un recurso retórico. Se vuelve un criterio de decisión.

 

desco Opina / 30 de abril de 2026

Segunda vuelta… ya vuelta, oye

 En un desco opina de quince años atrás titulado «La selva central y la segunda vuelta», manifestamos que “para nadie es un secreto que la selva central es un bastión fujimorista”. Hoy en el 2026, el escenario se repite por cuarta vez consecutiva, enfrentando una segunda vuelta electoral con un sólido respaldo de la selva central a Keiko Fujimori.

De los ocho distritos de Oxapampa (Pasco), siete han afirmado un respaldo “escandalosamente abrumador”; en Chanchamayo (Junín), los seis distritos que componen esta provincia acumulan un caudal fujimorista contundente. Este mismo comportamiento se observa en Pichanaqui, a pesar del rechazo a la visita que realizó Keiko meses antes. Aquí, el fujimorismo obtuvo un virtual empate junto a Roberto Sánchez; mientras que en Satipo, alcanzó un segundo puesto con 21.5% de los votos, a escasos 3 puntos del primer lugar. En elecciones como la del 2016, el respaldo al fujimorismo en estas zonas superó el 50%, actualmente en muchos distritos este respaldo se mantiene por encima del 40%. Si recorremos nuestra Amazonía, en muchas de sus provincias, Keiko tiene un fuerte respaldo electoral, demostrando que en quince años el mapa político se ha movido muy poco o casi nada, y que ninguna o muy pocas de las 35 candidaturas presidenciales pudieron disputar su posicionamiento actual.

Aunque el escenario electoral de la segunda vuelta aún es incierto, todo nos indica que, si Sánchez es el candidato rival de Keiko, gran parte del voto local migrará hacia el partido naranja. El discurso de Sánchez y su exhibición pública con personajes de la izquierda denominada como radical por algunos sectores, no le auguran mucho respaldo en la selva central debido a la narrativa impregnada en esos sectores que apela al temor y la memoria de los años de la violencia terrorista. Máxime si uno de los aliados más cercanos señaló en su momento que “lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo”. La izquierda política en la selva central peruana (Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali) ha enfrentado históricamente un panorama electoral adverso, caracterizado por un contundente respaldo al fujimorismo.

Mientras el sur peruano es de tendencia izquierdista, las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa han mostrado un fuerte respaldo a opciones conservadoras. Este “romance” entre el fujimorismo y la selva peruana sigue vigente desde los 90, y otras propuestas políticas no han sido capaces de disputarle ese posicionamiento. Cabe precisar que, al igual que en las grandes ciudades de la costa y sierra, en las ciudades de selva también existen colectivos de “No a Keiko”, quienes han organizado acciones de resistencia ante las visitas de los simpatizantes naranjas, pese al pasado albertista que aún sigue vigente en estas regiones, aunque, por la juventud de muchos de los actuales simpatizantes, podríamos aventurarnos a señalar que ahora la selva central es en su mayoría “keikista”.

No hay duda de que los principales y más antiguos representantes del fujimorismo seguirán apelando a la figura del padre, pero ahora es la hija la que está construyendo un liderazgo propio dirigido a las nuevas generaciones que no vivieron los 90 y que hoy muestran su respaldo en las ánforas. Para no perder ese respaldo, Fuerza Popular ya ha iniciado su campaña aprovechando la ventaja que la posiciona en el primer lugar, mientras aún aguardamos los resultados finales que darán los organismos electorales para conocer a su rival, en medio de una fuerte incertidumbre y la preocupación de sectores importantes de la población por una posible afectación a la voluntad que expresaron en las urnas.

 

desco Opina – Regional / 24 de abril de 2026

descocentro 

Una historia repetida

 

A cinco días de la primera vuelta electoral, aún desconocemos quién será el rival de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta, quiénes los integrantes del Congreso futuro y cuáles las fuerzas que controlarán al Senado todopoderoso. Sin embargo, es meridianamente claro que no estamos asistiendo a un proceso electoral “normal”. Lo sabíamos desde un inicio, porque se trata de uno diseñado por un congreso mafioso y autoritario que, convertido ya en primer poder del Estado, busca perpetuarse en el gobierno y lo diseñó a su imagen y semejanza.

Como se recordaba en un artículo publicado el día mismo de las elecciones, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto al derecho de las minorías. En nuestro país, aquellas se fragmentaron aceleradamente por la perversión de las reglas de juego, consagrándose el imperio de las segundas. La alianza de facto de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú, Podemos, AP y Perú Libre, destruyó la frágil institucionalidad democrática, el estado de derecho e incluso la persecución del crimen, todo en su beneficio. En ese proceso, la frivolidad de un Congreso lleno de privilegios que hoy cuesta 1768 millones de soles, más del doble de lo que costaba el 2022, así como su grosero desprecio por sus electores, explican el profundo rechazo que generan en la población, rechazo que, como es obvio, comparten los partidos políticos.

La cédula de votación, 44 cm x 21 cm, era el símbolo perfecto del desorden y la confusión que podían producirse el 12 de abril. Cinco columnas para igual número de elecciones simultáneas, 37 agrupaciones en competencia y varios miles de aspirantes en pugna, hablaban de la elección con más candidatos en los últimos 60 años en toda la historia nacional. La eliminación de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) multiplicó el número de partidos y abrió las puertas a agrupaciones que no habrían superado los filtros de procesos anteriores, asegurando una arquitectura electoral que asegurara el acceso al gobierno y a la representación con números irrelevantes. En otras palabras, la decisión de prolongar la situación que ya se observaba desde años atrás, manteniendo la baja legitimidad de origen de los parlamentarios. Recordemos que Fuerza Popular, con el 39.8% de los votos, logró el 56.15% de los congresistas el 2016, mientras que la alianza de facto que controla el actual Congreso, sin contar los votos de Perú Libre, no alcanzó ni el 15% del voto emitido.

Lo que no era tan previsible fue el naufragio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de la votación. Retrasos significativos en la distribución del material electoral, problemas con el funcionamiento y las conexiones de las computadoras o ausencia de éstas y locales inadecuados se fueron evidenciando en Lima desde las primeras horas. Finalmente, 52 261 electores en Lima se quedaron sin ejercer su derecho, porque no se pudieron instalar 187 mesas de votación en varios distritos del sur de la capital. La incapacidad de la ONPE para responder a una situación que generaba malestar creciente y la pronta reaparición de López Aliaga denunciando un fraude en su contra, retomando una letanía que había iniciado semanas atrás y que incluía, desde entonces, una amenaza directa a Corvetto, enrarecieron rápidamente el ambiente y en pocas horas asistimos a una acelerada película que permite múltiples sospechas, y que debe ser aclarada pronto.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salvar su indiscutible responsabilidad en los problemas suscitados, el Ministerio Público y la Policía, todos atrás del cuento del fraude, enfilaron contra Corvetto como responsable único y avanzaron en su afán de encontrar delito y flagrancia, incluyendo la detención y la exhibición de un funcionario esposado. Para entendernos, las gruesas fallas logísticas de la ONPE, los silencios y las importantes omisiones de su máxima autoridad, más allá de afectar de distinta manera el voto de más de 850 000 personas, exigen investigación inmediata y profunda, pero no justifican ni las denuncias de fraude ni la cacería de chivos expiatorios desde un Estado en derrumbe y en creciente deriva autoritaria (Nicolás Vargas en “Un golpe silencioso; un golpe perfecto”, La República 17 de abril de 2026). Mientras no se presenten pruebas, insistir con el argumento linda con el delito. El asunto es tan grosero que Keiko Fujimori hizo un llamado a la calma y a no hablar de fraude, cierto que como preámbulo a recordar que “el enemigo es la izquierda”, mientras distintos abogados, insospechables de izquierdismo, como César Nakazaki, insisten en que no se puede usar el derecho penal en este momento.

En medio de ese escenario, la gente participó y votó masivamente el domingo 12 porque asumió que con el voto también se lucha. Los resultados hasta el momento, así lo demuestran. Más allá de quién competirá con Fuerza Popular en la segunda vuelta, lo que es indiscutible es la lista de quiénes desaparecen del Congreso, sentenciados sin apelación. A César Acuña y APP, José Luna y Podemos, Avanza País y sus ruidosos voceros, Somos Perú con su triste paso por la presidencia del país, el huidizo Cerrón y su Perú Libre, así como a los viejos partidos históricos –APRA, PPC y AP, previamente suicidada –, les quedará como consuelo su eventual participación en las elecciones subnacionales de octubre. Los electores no se perdieron en la fragmentación ni en las dificultades del proceso mismo, decidiendo recordar y castigar.

El competidor de la señora K en la segunda vuelta difícilmente se definirá en las próximas horas. Hay más de 5400 actas impugnadas en el país, 18.8% en Lima. Los personeros naranjas y celestes se las reparten, priorizando muchos de los territorios en los que ganó Sánchez, en un proceso electoral cuya calidad ha sido seriamente afectada, involucrando la representatividad de los resultados y aumentando la polarización y la desconfianza de la ciudadanía. A la incontinente violencia verbal del exalcalde limeño se suman periodistas que no dudan, por ejemplo, en calificar de “ignorante, revanchista y odiador” al voto del sur, así como una derecha que no aprende y que mira como rojo y peligroso todo lo que no ve el mundo como lo hacen desde sus intereses y sus miedos. En este escenario, los próximos días las denuncias de fraude se multiplicarán, seguramente desde el lado de los candidatos en pugna, pero también de sectores del electorado y de poblaciones que sentirán que atrás de las acusaciones de fraude está el interés de desconocer su voluntad.

Como lo señaló un analista, citando a Marx, la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Recordemos que a la segunda vuelta concurrirán dos candidatos, no importa si López Aliaga o Sánchez, que sumados a Fujimori no representan al 30% de los electores.

 

 

desco Opina / 17 de abril de 2026

Por un voto consciente y con memoria

 

Entramos a la recta final rumbo a la primera vuelta de las elecciones 2026 en medio de dudas sobre quiénes lograrán pasar a la segunda vuelta. Mientras los principales medios de comunicación tradicionales ya tienen a su dupla ganadora para este domingo 12 de abril, tal como lo demostraron en sus recientes dominicales, alrededor del 30% de la ciudadana aún no logra definir su voto, como lo evidenció la reciente encuesta del IEP.

Creemos que el país no solo se enfrenta a la decisión de elegir autoridades, lo hace, sobre todo, a una realidad incómoda que nos lleva a cuestionarnos a qué estamos dispuestos para que las cosas cambien. Eso implica que decidamos con consciencia crítica, abandonando la vaga y tibia apuesta que ha justificado la opción de un “mal menor” y que descartemos de plano a aquellos partidos políticos que han sido parte del pacto mafioso que ha creado las bases para institucionalizar el crimen, la corrupción y la impunidad que tanto daño nos hacen hoy.

Hablar de ello implica hacer memoria para llegar a las urnas con una decisión más clara, considerando, además, la historia viva de los últimos años, aquellos hechos que la prensa, y cómo no, los fake news, se han encargado de pasar por agua tibia. No en vano aún seguimos asumiendo la responsabilidad de rechazar cada 5 de abril, uno de los sucesos más críticos de nuestra historia reciente que, junto a los crímenes perpetrados por el régimen fujimontesinista, significaron un quiebre para la supervivencia de nuestra democracia y el estado de derecho.

Más allá del protagonismo individual que asumió Alberto Fujimori y que hoy lo hace Keiko frente a ese bolsón electoral fiel que recuerda con vehemencia el pasado albertista y que ve en ella la oportunidad de reivindicar la promesa mesiánica que se introdujo en los 90, como lo analiza el historiador José Ragas, lo que debe inquietarnos es la vigencia de una forma de hacer política que no ha desaparecido: la idea de que el autoritarismo puede ser necesario, incluso deseable, si promete orden o estabilidad. Esa narrativa, lejos de ser superada, tiene nuevos voceros y nuevas formas de legitimación facilitadas por el difícil contexto de inseguridad. La zozobra en la que vive gran parte de la población, temerosa y sin poder asegurar un mínimo de estabilidad económica, laboral y emocional, se ha vuelto el motor para anhelar un orden que priorice la mano dura, antes que políticas seriamente pensadas.

De ahí que personajes como Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y la propia Keiko Fujimori resalten como prioridad el retiro del Pacto de San José, responsabilizando de la actual crisis de seguridad a las políticas pro derechos humanos que fueron  trabajadas y defendidas por diversas instituciones de la sociedad civil, alejando del meollo del asunto al autoritarismo y el abuso de varios sectores políticos hoy en carrera, impulsando las leyes pro crimen, a cambio de asegurarse la impunidad para seguir operando en los márgenes de la ilegalidad.

No es casual que, en los últimos años, sectores políticos que manejan el Congreso de la República, y desde ahí el país, hayan reivindicado ese pasado funesto, relativizando sus consecuencias que hasta hoy lamentamos. El pacto mafioso opera más allá de alianzas formales o de coincidencias ideológicas; de ahí que sean también herederos del fujimorismo. Para ellos, fue más útil apelar a la necesidad de sobrevivencia, imponiendo sus intereses particulares compartidos, para llevar adelante el desmontaje y captura institucional que sufrimos, asegurando su impunidad total, sin importar que con ello dejaban en la mayor desprotección a la mayoría de la población, que tiene suficiente con sobrevivir diariamente en la informalidad y la precariedad.

Las gestiones de Boluarte, Jerí y Balcázar, han evidenciado una forma de gobernar desde las sombras que rinde frutos al menor costo posible. Esa es una lección aprendida que seguirán aplicando los que logren pasar la valla electoral, así no lleguen a segunda vuelta. Saben que desde el Congreso hoy se gobierna porque ellos cambiaron el sistema político, construyendo una forma basada en la precarización de la democracia, que demandará un compromiso político de largo aliento para desbaratarla. Pero este proceso no se sostiene únicamente desde las élites políticas, también se alimenta de un clima social y cultural en el que los discursos de odio han ido ganando terreno gracias a candidatos como López Aliaga o Fujimori, pero también de otros como Carlos Espá y Carlos Álvarez, que hoy sale n a negar sus dichos o a arrepentirse de lo afirmado en su momento. Todos ellos y otros más, no desaprovecharon oportunidad para terruquear a quienes protestaban frente al atropello del poder político y económico. Que hoy salgan a querer atenuar sus afirmaciones, no niega la tibieza con la que afrontaron ese momento crítico que demandó madurez y claridad política para enfrentar los discursos de odio pululantes.

Ese discurso que comparten, construido sobre la base de diferencias culturales, justificando actos racistas, clasistas e incluso, machistas, no es fenómeno reciente, pero se ha convertido en herramienta política válida para descreditar al opositor, delimitando quiénes merecen derechos y quiénes no; erosionando lentamente la idea misma de ciudadanía.

No se puede ignorar el desencanto que atraviesa a buena parte de la ciudadanía. La desconfianza hacia la clase política, la sensación de que “todos son lo mismo” y el agotamiento frente a las crisis sucesivas que han debilitado el vínculo con lo político. En ese contexto, el voto puede sentirse vacío, sin dimensionar el impacto real que tiene en nuestras vidas. La indiferencia no neutraliza el poder, al contrario, lo deja en manos de quienes saben organizarse para capturarlo.

Por ello, el llamado no es a un optimismo ingenuo ni a una defensa superficial de la democracia como discurso desgastado que resuena en varios medios. Es, más bien, una reflexión apelando a la memoria. Que votar no solo sea un acto de elegir entre opciones disponibles, que implique preguntarse quiénes han contribuido a este escenario, quiénes han guardado silencio frente a los abusos y quiénes han promovido activamente retrocesos en nuestros derechos. Se trata de recuperar la memoria como herramienta política, no como un acto de resentimiento, sino para evitar que los sucesos que vivimos se repitan sin control ni sanción. En un escenario en el que las reglas del juego han sido trastocadas, la responsabilidad ciudadana no puede reducirse a la resignación. Toca decidir qué prácticas no estamos dispuestos a legitimar, qué discursos no queremos normalizar y qué tipo de país estamos dispuestos a sostener, incluso en contextos adversos.

 

desco Opina Regional / 10 de abril de 2026

Votemos por el estado de derecho

 

Mucho de la manera cómo funciona nuestra ruinosa democracia, se evidenció en el reciente debate entre los candidatos presidenciales. El esfuerzo por acercarle a la ciudadanía las propuestas de los candidatos con el afán de facilitar y mejorar los canales de representación, arrojaron como resultado la exposición de una absoluta orfandad de argumentos e ideas. El problema, una vez más, tiene mucho de forma, pero es bastante mayor en materia de contenidos.

Para 33 candidatos, de los 36 en competencia, el estado de derecho, es decir, el marco normativo, la debida gestión y los procesos transparentes en los que debieran competir, no interesan. En esa línea, los que buscan alejarse de los actuales partidos congresales, señalaron que una prioridad que tendría un eventual gobierno suyo, era la derogación de las leyes pro crimen que aprobaron los integrantes del actual Parlamento.

Que los candidatos de los tres partidos, “dueños” actuales del Congreso, que hicieron del Ministerio Público la destrozada institución que vemos ahora, pasando del 18% de desaprobación ciudadana el 2022 a 35% en el 2025, nos juren por todos los santos que la Fiscalía debería tener presupuesto autónomo (Acuña), ser blindada de injerencias políticas (López Aliaga) o que se le debe garantizar su independencia funcional (Fujimori), fue sólo una aburrida manera de llenar el tiempo que se les asignó en el debate, porque todos sabemos de los enormes problemas que tienen los tres con esa institución y su escenario soñado es probablemente que ni siquiera exista.

Este apego por la desinstitucionalización, poniendo de lado cualquier atisbo de estado de derecho, hace que, en términos generales, los candidatos entiendan la inseguridad ciudadana, el mayor problema que nos aqueja hoy, como un tema policial-militar que podríamos manejarlo mejor “saliéndonos del Pacto de San José”, expresando claramente sus limitaciones y su falta de creatividad. Peor aún, un candidato autodefinido de izquierda, supone que esta situación amerita, incluso, auspiciar la creación de “comandos de aniquilamiento”.

A estas alturas, deberíamos estar convencidos de que estamos ante un problema estructural que requiere reformas profundas en justicia, participación ciudadana, policía, coordinación interinstitucional y políticas sociales.

Sin embargo, lo planteado está lejos de enfoques integrales, participativos y territoriales. Por ello, las propuestas terminan siendo populistas, fragmentadas e inviables legalmente, lo que explica por qué no logran convencer a la ciudadanía ni ofrecer soluciones sostenibles.

De este decepcionante panorama, escapan posiblemente Jorge Nieto, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara. Nieto propone además de una reforma integral de la Policía Nacional con énfasis en la profesionalización, la coordinación y articulación con gobiernos locales para reforzar la prevención comunitaria, algo que escapa totalmente a la lógica represiva de los otros candidatos. De igual manera, Mesías Guevara, emplea un enfoque territorial de manera tal que el plan de seguridad ciudadana pueda adaptarse a las realidades regionales y responder así a la diversidad territorial del país. En el caso de Pérez Tello, planteó un enfoque integral, también bastante alejado de los predominantes enfoques represivos: fortalecimiento institucional y de redes comunitarias, transparencia y coordinación interinstitucional, para profesionalizar la Policía, combatir la corrupción y atender las causas sociales del delito.

No es que las propuestas sensatas en términos de institucionalizarnos, reforzando el estado de derecho para generar ambientes más seguros no existan. El problema es que predomina el discurso facilista, de corto plazo, que apela al sentido común, resumido en el formulismo de “mano dura”.

Por eso, el pesimismo, “el mal menor” de ayer o “el voto estratégico” de hoy, sólo favorece a la antipolítica de los actores no democráticos. Aquellos que demuestran a cada paso que la democracia y el estado de derecho no les importan, pero gritan fraude como si la sospecha fuera su único plan de gobierno, aun cuando la realidad no les dé motivo, como normalmente sucede.

Entonces, la cuestión que se plantea a las ciudadanas y los ciudadanos en las próximas elecciones es cómo recuperar el máximo de espacio cívico perdido en estas últimas décadas. El voto no es ideológico, sino principista. La cancha, sin duda, está nítidamente marcada.

 

desco Opina / 1 de abril de 2026

Ni olvido ni perdón

 

El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, una oportunidad para dar un repaso a los retrocesos del último año en nuestra legislación que buscan dejar impunes a militares por sus crímenes durante el conflicto armado interno; y revisar cómo las decisiones de otros poderes del Estado están impidiendo que muchas familias de las regiones del sur del país encuentren justicia frente a la violencia ejercida por el Ejecutivo a fines del 2022 e inicios del 2023, que dejó muertos y heridos con secuelas irreparables.

En agosto del año pasado fue promulgada le Ley 32419, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo en el Perú entre 1980 y 2000. Esta ley revierte sentencias firmes y puede detener juicios que aún están en curso por crímenes cometidos en ese periodo. Los votos que permitieron su aprobación provinieron de Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, APP, Somos Perú, Honor y Democracia, y Avanza País, destacando de ellos, dos de sus fervorosos artífices y defensores: el exmilitar y congresista Jorge Montoya, y el congresista Fernando Rospigliosi, ahora candidatos al Senado Nacional. Este último también fue el artífice de la Ley Nº 32107, que establece que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no son perseguibles si ocurrieron antes del 1 de julio de 2002.

Si bien diversos jueces y salas del Poder Judicial se han negado a aplicar estas normas por considerarlas inconstitucionales, los abogados de condenados, como los ocho exmilitares procesados por la masacre de Cayara, han comenzado a recusar los casos de sus clientes. La anulación de la pena de doce años de cárcel a Daniel Urresti que dio el Tribunal Constitucional, es una muestra de los graves efectos provocados por los impulsores de estas normas pro impunidad. No hay que olvidar que Urresti fue condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos; sin embargo, el candidato presidencial Pepe Luna, de Podemos Perú, lo ha incorporado en sus filas como flamante pieza clave para luchar contra la inseguridad.

Por su parte, el ahora Fiscal de la Nación Tomás Gálvez, desactivó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), además de otros tres, dejando en el aire 57 carpetas fiscales producto de las diligencias e investigaciones hechas en Ayacucho, Cusco y Puno, regiones donde se reportaron parte de las 49 personas asesinadas durante las masacres perpetradas por el régimen de Dina Boluarte. Si bien esta desactivación no significa que los casos se archiven, al pasar a manos de nuevos fiscales, los procesos y acusaciones a los responsables se vuelvan a retrasar. Peor aún, puede que esas carpetas fiscales queden olvidadas como tantas otras, debido a la abundante carga procesal del Ministerio Público.

Las víctimas del Estado en el sur no son sólo un número, se trata de vidas y familias que han quedado destruidas debido a la represión brutal que el régimen eligió desplegar a cambio de salvaguardar su permanencia en el poder. Vidas como la de José Luis Aguilar Yucra de 20 años, asesinado por un disparo que militares hicieron a 70 metros de distancia, el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho; o de Marco Antonio Samillán de 29 años, un estudiante de medicina que murió por un balazo en el tórax mientras brindaba auxilio a manifestantes durante las protestas, el 9 de enero de 2023 en Juliaca, Puno.

A más de tres años de lo acontecido, el avance para procesar a los culpables es lento y frustrante. La saña del Congreso no ha tenido límites: seis congresistas de Fuerza Popular, encabezados por Rospigliosi, presentaron el año pasado un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a policías y militares por las muertes que pudieran ocurrir durante la represión de una protesta. Si bien el proyecto fue duramente criticado por la opinión pública, no se archivó y continúa en la agenda parlamentaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  

Lastimosamente, el discurso sostenido por la derecha peruana que argumenta que “los derechos humanos solo sirven para proteger a los delincuentes”, ha calado y podemos ver a muchas personas haciendo eco de esta falacia en redes sociales. El negacionismo y la alta tolerancia sobre estos y otros hechos, se hacen visibles en las recientes encuestas electorales, donde los grupos políticos cuestionados siguen ostentando altos porcentajes en la intención de voto.  

Hasta ahora no se discute seriamente la desproporcionalidad de la fuerza entre los que reprimen las protestas y los protestantes. No hay consensos básicos sobre cómo se debe controlar una protesta sin el uso de armas letales. Mientras tanto, estos crímenes de Estado se siguen normalizando y pasando por agua tibia todo intento que el régimen logra articular para evitar el acceso a justicia y verdad. Es sintomático que, durante el primer debate presidencial rumbo a las elecciones 2026, candidatos como Carlos Álvarez de País Para Todos, Pepe Luna de Podemos Perú y Cesar Acuña de Alianza por el Progreso, hayan evitado responder sobre si reactivarían los grupos especiales que Tomás Gálvez ha preferido alejar.

La memoria y la justicia deben ser también un motor importante para convocarnos a las urnas este 12 de abril. Nuestro voto es, en este contexto de democracia imperfecta, una muestra de nuestra resistencia y lucha frente a los grupos de poder que han priorizado mantener su status quo a costa de la vida de las y los peruanos. ¡Ni olvido ni perdón!

 

desco Opina – Regional / 27 de marzo del 2026

descosur

El espectáculo del cinismo

 

La política peruana, una vez más, nos ofrece un lastimoso espectáculo donde el cinismo compite con la irresponsabilidad. La amenaza de negación de la confianza al Gabinete encabezado por la señora Miralles –y el clima político que terminó precipitando su renuncia–, revelan hasta qué punto el Congreso ha decidido jugar con la estabilidad del país, como si se tratara de una pieza más en su tablero de cálculo político. El rumor de una negación de confianza fue suficiente para generar rápidamente una crisis de Gabinete, sin que mediara ningún debate serio sobre políticas públicas o sobre el rumbo del gobierno en los cuatro meses que le quedan. Bastó el cálculo frío de los integrantes del pacto corrupto guiados por sus intereses particulares.

Hoy, la negación de confianza no es en la práctica un mecanismo constitucional útil para equilibrar poderes o exigir responsabilidad política al Ejecutivo, sino una herramienta para producir desgaste, forzar reacomodos y mantener al gobierno en un estado de fragilidad constante. En ese contexto, la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros –resultado de un clima político deliberadamente alimentado desde el Parlamento– es un síntoma más de la normalización de la inestabilidad como forma de hacer política.

Renuncia, hay que decirlo, que siguió a la comunicación firmada por el Secretario de Palacio, quien por encargo del Presidente, le agradecía por sus servicios; Balcázar, con el estilo sinuoso que lo caracterizó desde su aparición en el Congreso, sacrificó a Miralles y a unos pocos ministros más, para evitarse una posible derrota y recomponer las componendas que lo instalaron en la Plaza de Armas.

La conformación del nuevo Gabinete, encabezado por Luis Arroyo Sánchez, un general retirado que ocupaba el Ministerio de Defensa, se recibe con una mezcla de indiferencia y escepticismo. La pregunta sobre si el Congreso le otorgará o no la confianza parece menos importante que el espectáculo mismo del proceso. Para buena parte de la clase política parlamentaria que soportamos, lo fundamental no es la gobernabilidad ni la continuidad de la administración pública, sino la capacidad de marcar distancia del gobierno cuando conviene y, al mismo tiempo, influir en él cuando resulta útil.

Ese doble juego es evidente en el comportamiento de las principales bancadas que hoy dominan el Parlamento: Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Avanza País y los pequeños grupos parlamentarios que orbitan a su alrededor. Todas estas fuerzas políticas han participado, de una u otra forma, en la dinámica que ha sostenido al actual gobierno, continuidad del repudiado régimen de Dina Boluarte, que siguió a la caída de Pedro Castillo. Sin embargo, luego del espectáculo vergonzoso que fue la gestión del inefable Jerí en la Presidencia, ahora pretenden presentarse ante la opinión pública como actores externos, como observadores críticos de un escenario del cual en realidad han sido los protagonistas y únicos gestores.

La distancia que intentan marcar resulta imposible de sostener frente a los hechos. El Congreso no es un actor marginal en la actual configuración del poder político en el país. Por el contrario, ha sido uno de sus principales arquitectos. La continuidad del gobierno, las decisiones clave en materia institucional y la supervivencia misma de la actual administración han dependido en buena medida de acuerdos tácitos, convergencias circunstanciales y cálculos compartidos entre el Ejecutivo y las bancadas parlamentarias que se sumaron al pacto corrupto. Pretender ahora que el deterioro de la situación política es responsabilidad exclusiva del gobierno, constituye, en el mejor de los casos, un ejercicio de amnesia selectiva.

Este intento –vano y fallido– de reescribir la realidad política tiene un objetivo claro: preservar el que creen su capital político ante una ciudadanía profundamente desencantada. Las encuestas muestran niveles históricamente bajos de confianza tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. En ese contexto, cada bancada busca posicionarse como crítica del gobierno sin renunciar a los beneficios que le ha otorgado la correlación actual de fuerzas. Es un ejercicio de equilibrio precario, pero, sobre todo, extremadamente cínico.

El problema es que, mientras esos actores se concentran en sus estrategias de supervivencia electoral, el país enfrenta problemas urgentes que requieren atención y liderazgo. La inseguridad ciudadana, la desaceleración económica, las tensiones sociales y la persistente debilidad institucional no desaparecen porque el sistema político se encuentre atrapado en su propia dinámica de confrontación calculada. Por el contrario, se agravan.

Sin duda, la política democrática requiere conflicto, debate y control entre poderes. Pero también un mínimo de responsabilidad compartida respecto al funcionamiento del Estado. Cuando el Congreso convierte la amenaza de crisis en una rutina y los partidos que lo dominan buscan simultáneamente ejercer poder y negar su responsabilidad en las consecuencias, el sistema entero se degrada.

El espectáculo del cinismo que hoy observamos no es solo un problema de estilo o de retórica. Es un asunto de fondo que ya ha deteriorado la credibilidad de las instituciones y profundiza la distancia entre la ciudadanía y quienes la representan. Y mientras ese espectáculo continúe, lo que seguirá en veremos no será únicamente la confianza al segundo Gabinete de un Presidente con apenas un mes en el cargo, sino la confianza de los peruanos en nuestro propio sistema político. Los votos mayoritarios seguramente lo expresarán así el próximo abril.

 

desco Opina / 20 de marzo de 2026

Crisis energética, otro golpe a los barrios populares

La reciente crisis energética que atraviesa Perú no es un problema silencioso. Sus efectos ya se sienten con fuerza en la vida cotidiana de miles de familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La emergencia se originó tras un incidente en el sistema de transporte de gas natural de Camisea, que redujo el suministro de gas y generó tensiones en distintos sectores económicos, especialmente en el transporte y la distribución de combustibles. 

Uno de los impactos más inmediatos se ha observado en el precio del balón de gas doméstico. En diversos distritos de Lima, el costo del balón de gas de 10 kilos ha llegado a superar los 90 e incluso los 100 soles, cuando semanas atrás su precio era considerablemente menor. Este incremento afecta directamente a millones de hogares que dependen del gas para cocinar, pero también a pequeños negocios, mercados y servicios comunitarios que sostienen la alimentación diaria de los sectores populares.

El impacto de esta situación se amplifica cuando se observa la estrecha relación entre energía y transporte. En Lima y otras ciudades del país, una parte importante del transporte público utiliza gas natural vehicular (GNV). Cuando el suministro se restringe o se encarece, los transportistas deben recurrir a combustibles más caros, lo que incrementa sus costos de operación y termina trasladándose a los usuarios mediante el aumento del precio de los pasajes.

Para muchas familias que viven en las periferias urbanas, el transporte representa uno de los principales gastos diarios. En barrios ubicados en laderas o zonas alejadas de los centros de empleo y servicios, las y los trabajadores deben realizar varios tramos de transporte para llegar a sus destinos. El incremento del pasaje reduce el ingreso disponible para cubrir otras necesidades básicas como alimentación, salud o educación.

Sin embargo, uno de los impactos más preocupantes de esta crisis se observa en las organizaciones comunitarias que garantizan la alimentación en los barrios populares: los comedores populares y las ollas comunes. Estas organizaciones, gestionadas principalmente por mujeres, cumplen un rol fundamental en la seguridad alimentaria de miles de familias en situación de pobreza. A través de menús subsidiados o raciones solidarias, los comedores populares y las ollas comunes permiten que niños, adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores informales y personas desempleadas accedan diariamente a alimentos a bajo costo. El funcionamiento de estas iniciativas depende de un equilibrio muy frágil entre el costo de los insumos y el precio del menú. Cuando el gas, los alimentos y el transporte se encarecen al mismo tiempo, ese equilibrio se rompe.

La situación ha llegado a niveles preocupantes en algunos barrios de Lima Metropolitana, donde las mujeres organizadas han tenido que recurrir nuevamente a métodos precarios para continuar cocinando. En Villa María del Triunfo, por ejemplo, integrantes de una olla común reportaron que se han visto obligadas a utilizar leña o carbón para preparar los alimentos debido al fuerte incremento del precio del gas. Este tipo de soluciones refleja tanto la gravedad de la crisis como la capacidad de organización de las comunidades. Pero también evidencia una profunda desigualdad estructural: cuando el sistema energético enfrenta problemas, las consecuencias recaen principalmente en quienes tienen menos recursos para enfrentar la crisis.

La crisis energética también está generando un efecto en cadena sobre el precio de los alimentos. El incremento de los costos de transporte y logística repercute directamente en los mercados locales, encareciendo productos de primera necesidad que forman parte del menú cotidiano de muchas familias. Algunos comerciantes y pequeños negocios de comida ya han advertido el aumento en el precio del menú diario con el fin de solventar los insumos requeridos para la preparación.

Para los comedores populares y las ollas comunes, esto significa enfrentar una doble presión: por un lado, el incremento del costo del combustible necesario para cocinar y, por otro, el aumento del precio de los alimentos que deben comprar para preparar las raciones. En estas condiciones, muchas organizaciones comunitarias se ven obligadas a reducir porciones, modificar los menús o limitar el número de raciones que pueden ofrecer diariamente. Esto implica que las personas que dependen de estos espacios –en especial aquellas en situación de pobreza extrema– enfrenten mayores dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Lo que estamos observando no es solo una crisis energética. Es también una nueva crisis social que revela la vulnerabilidad de los sistemas urbanos frente a interrupciones en el acceso a recursos básicos. La dependencia de determinadas fuentes energéticas, sumada a la falta de mecanismos de protección para los sectores más vulnerables, termina trasladando el costo de la crisis hacia quienes menos pueden asumirlo, y no hacia quienes resultan responsables, en este caso, la gran empresa privada.

Frente a esta situación, es urgente que las políticas públicas incorporen medidas específicas para proteger a las poblaciones más vulnerables. Esto implica fortalecer el apoyo a los comedores populares y ollas comunes, garantizar mecanismos de estabilización del precio del gas doméstico y diseñar políticas de transporte que reduzcan el impacto de las fluctuaciones energéticas en la economía cotidiana de las familias.

Las ciudades latinoamericanas han demostrado que las redes comunitarias cumplen un rol fundamental para sostener la vida en contextos de crisis. Sin embargo, estas redes no pueden seguir funcionando únicamente gracias al esfuerzo voluntario de las comunidades.

Si algo evidencia esta crisis energética es que, una vez más, los más afectados son quienes ya viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

 

desco Opina - Regional / 13 de marzo de 2026

descoCiudadano

Entre el proceso electoral y el voto de confianza al Gabinete

 

La designación como Presidente de la República de José María Balcázar, hecha por el Congreso de la República, marcó un nuevo momento en la larga crisis orgánica que vive el país. El anterior mandatario, también designado por el Congreso, José Jerí, un cabal representante del autodenominado primer poder del Estado, terminó su breve mandato con 21% de aprobación y en caída acelerada, con una opinión pública –que no obstante los sucesivos escándalos en los que apareció involucrado ya instalado en la Plaza de Armas– donde el 65% creía que su censura estuvo motivada sólo por intereses políticos. Apenas 24% aprobó la designación de Balcázar y 56% indicaba que las cosas seguirán igual con él y 26% creía que empeorarán.

Ciertamente, no faltaba razón. Más allá de los groseros pecados de las últimas semanas del representante de Somos Perú, su historial previo –cargaba con una denuncia por violación archivada, otra por desobediencia a la autoridad y una tercera por integrar una supuesta organización criminal, además de su activa participación en todas las normas que dificultan y limitan la lucha contra la criminalidad, así como en las leyes que demolieron la institucionalidad y su entusiasmo por la amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos y la prescripción de delitos de lesa humanidad–, el interés y el apuro de parte importante del Congreso por su censura y la defensa cerrada que hicieran de él Keiko Fujimori y el fujimorismo en pleno, así lo demostraban.

Los pleitos entre Fujimori, López Aliaga, Acuña y Luna ocuparon el espacio, pero no lograban esconder que se trataba de peleas para desplazarse unos a otros en la campaña y para acusarse de haberle entregado el gobierno a la izquierda. Todos tratando de capitalizar en un sentido u otro la caída del hincha de Pantaleón y buscando adivinar quiénes votaron por Balcázar porque la aritmética demostraba que para lograr los 64 votos que obtuvo, el pacto de la derecha se debilita y que la competencia entre López Aliaga y los naranjas se desata, en una disputa entre compadres que buscan las mejores cartas de cara al 12 de abril y que más allá de los insultos y las descalificaciones en las que ambos tienen experiencia, aunque el candidato de Renovación lleva ventaja, están soldados y firmes en la captura del Estado y sus instituciones, la defensa de las leyes procrimen y antiderechos, la militarización de la seguridad ciudadana y la protección de su impunidad y sus privilegios.

El affaire De Soto, más allá de sus detalles menores, todo lo indica así, fue el temprano enfrentamiento entre dos egos, con historias y perfiles distintos, pero con similares ambiciones de poder y reconocimiento a la escala de cada uno. La continuidad de siete ministros, incluyendo a la nueva Premier y al ministro de Relaciones Exteriores, elogiados y reconocidos tres meses atrás por las distintas derechas, diversos gremios empresariales y por muchos analistas y medios de comunicación, se convirtió en demostración del peso y la presencia de APP en el Estado, como si fuera una novedad desconocida. Como en el caso de Jerí, el historial del nuevo encargado de la presidencia –la acusación por el robo de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, el tráfico de influencias recomendando a su nuera a Patricia Benavides, el plagio de la tesis de su hijo o sus indignantes declaraciones sobre la sexualidad de las niñas–, devino en descubrimiento, evidenciando una práctica instalada que consiste en “descubrir” al infractor cuando es necesario y olvidarlo cuando conviene, como ocurrió en este caso con su papel de facilitador de la composición del Tribunal Constitucional.

Como resulta obvio, el futuro de Balcázar y su gabinete dependen del Congreso y por ende del proceso electoral, el interés mayor de éste hasta el 12 de abril. Aunque ha disminuido el porcentaje que no elige a ningún candidato viable (de 44.5% a 35.8%), la última encuesta del IEP muestra que se mantiene la incertidumbre: No aparece un ganador probable, y si bien 39% cree que puede ser alguien que encabeza las encuestas, con más de treinta aspirantes, tales números pueden no ser estadísticamente significativos en un escenario en el que López Aliaga (14.6%), la señora K (10.3%), López Chau (5.3%) y Carlos Álvarez (4.9%) encabezan la intención de voto, mientras 21 candidatos no alcanzan ni siquiera el 1%, en una competencia en la que Fujimori resulta imbatible en el antivoto (54%). Ello, en un escenario en el que 65% de los encuestados dice estar poco o nada interesado en la política, aumentando 8 puntos en relación a enero.

Por lo demás, ello es comprensible cuando al menos 252 candidatos al nuevo Congreso bicameral (Senado, Diputados y Parlamento Andino) han declarado sentencias penales firmes en sus hojas de vida presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los partidos con mayor número de candidatos con antecedentes penales figuran Podemos, Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, que suman 61 sentenciados. Es difícil estimar el impacto en el electorado de la actuación del Congreso en el nombramiento de Balcázar, uno de sus efectos posibles es un mayor distanciamiento de la política y dar la idea de que la elección de presidente importa poco si el Congreso puede removerlo en cualquier momento.

El voto de confianza que buscará el gabinete Miralles en este contexto será un nuevo momento de la campaña electoral. El gobierno lo sabe y tiene claro que no es muy distinto al Congreso, –por ejemplo, más de diez ministros tienen denuncias policiales por delitos como corrupción, lavado de activos y ambientales–, apurándose en coordinar con la presidencia del Congreso, que como bien sabe Jerí, no es garantía de nada. A fin de cuentas, con este Congreso, por su afán de poder y de dinero, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. El pueblo peruano debe estar alerta y salir al frente cuando sea necesario.

 

 

desco Opina / 6 de marzo de 2026

Carretera Central: entre promesas y urgencia postergada

 

Mientras en Huancayo se iniciaba un paro regional de 48 horas por la nueva Carretera Central, cuya adhesión se limitó a funcionarios del Gobierno Regional de Junín y trabajadores municipales quienes anunciaron la suspendieron de sus labores, el transporte urbano y el comercio continuaron operando con relativa normalidad. Diversos medios locales reportaron que, pese al llamado a la paralización, el tránsito fluyó y las actividades económicas no se detuvieron de manera significativa ni en Huancayo ni en La Oroya. La protesta, aunque legítima en su demanda, no logró alterar de forma sustantiva la dinámica cotidiana de la ciudad.

Al mismo tiempo, en Lima el escenario político experimentaba otra transformación. La elección de un nuevo presidente del Congreso, figura clave en la línea de sucesión constitucional, reordenaba alianzas y prioridades en el gobierno central en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre. Casi en paralelo, millones celebraban el inicio del Año Nuevo Chino bajo el signo del Caballo de Fuego, símbolo de energía, libertad y cambios audaces. Tres planos distintos: una protesta regional, la recomposición del poder en el gobierno central y una renovación simbólica global, convergieron en los mismos días, dibujando un contexto de alta volatilidad política y social.

En ese contexto, la pregunta de fondo permanece intacta: ¿qué lugar ocupa realmente la nueva Carretera Central en la agenda del Estado? Más allá de los discursos y de las declaraciones formales, no existe claridad suficiente sobre el aseguramiento de recursos, los cronogramas efectivos ni las estrategias institucionales que garanticen su continuidad.

La Carretera Central es el principal corredor que conecta Lima con la macrorregión centro (Junín, Pasco, Huánuco y la Selva Central). Diseñada hace casi un siglo para un parque automotor radicalmente menor, hoy soporta un flujo muy superior al previsto originalmente. El resultado es estructural: congestión crónica, tiempos de viaje impredecibles, sobrecostos logísticos y una exposición permanente al riesgo.

El proyecto de la nueva Carretera Central estructurado bajo el modelo gobierno a gobierno (G2G) con Francia, fue presentado como la solución técnica de largo plazo para superar los cuellos de botella de la vía actual y transformar la conectividad nacional. Sin embargo, la reciente resolución del contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS generó incertidumbre pública, aun cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que dicha decisión no afectaría la continuidad del convenio ni los contratos vinculados al proyecto.

Las dudas persisten. No se ha explicado con suficiente detalle si existe un presupuesto multianual plenamente garantizado, considerando la magnitud de la inversión y su impacto fiscal. Tampoco se ha transparentado con precisión el cronograma actualizado ni los mecanismos que aseguren que los cambios de gabinete o de liderazgo político no vuelvan a postergar decisiones estratégicas. Cuando proyectos de esta envergadura dependen excesivamente del clima político del momento, la señal que se envía es preocupante.

A ello se suma un elemento estructural que no puede seguir invisibilizándose: la seguridad vial. El propio MTC, a través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ha señalado que la congestión y las deficiencias de infraestructura inciden de manera determinante en la siniestralidad en carreteras nacionales. Cuando una vía diseñada para determinado volumen de tránsito opera con el doble o el triple de su capacidad, el error humano deja de ser una causa aislada y se convierte en una consecuencia previsible de un sistema saturado.

El paro regional dejó lecciones contradictorias. Fue una expresión legítima de presión política para colocar el tema en la agenda nacional, pero también evidenció fragmentación social. La paralización fue percibida por algunos medios como simbólica, más cercana a una demostración institucional que a una movilización ciudadana masiva. Además, en el momento de la protesta el Poder Ejecutivo atravesaba una crisis de liderazgo, con cambios en el Gabinete y ministerios en transición, lo que diluyó la percepción de un interlocutor claro frente a la demanda regional. La pregunta que quedó flotando fue incómoda: ¿contra quién estaba realmente dirigido el paro?

Posteriormente, tras la reunión en Palacio de Gobierno en la que José María Balcázar recibió al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, y algunos alcaldes de la macrorregión centro, se informó que los acuerdos incluyeron el compromiso de continuar impulsando el proyecto de la nueva Carretera Central y atender la preocupación por el aislamiento de La Oroya, ciudad que teme quedar marginada del nuevo trazo si no se garantiza su adecuada integración al sistema vial proyectado. Sin embargo, más allá de las declaraciones y de la voluntad expresada en la reunión, queda la interrogante central: ¿tiene un presidente encargado, en un contexto de alta rotación política, la capacidad real de convertir estos compromisos en decisiones presupuestales y administrativas concretas?

La infraestructura estratégica no puede depender de coyunturas ni de voluntades individuales transitorias. Requiere blindaje institucional, financiamiento asegurado y mecanismos de seguimiento que trasciendan los cambios políticos. De lo contrario, la Carretera Central seguirá siendo una promesa reiterada que se reactiva en cada crisis y se diluye en cada transición.

No hablamos solo de kilómetros de asfalto. Hablamos de competitividad regional, integración económica, seguridad vial, reducción de costos logísticos y, sobre todo, vidas humanas. Cada accidente evitable revela una falla estructural. Cada retraso injustificado en la ejecución del proyecto constituye una decisión política, aunque se presente como una dificultad técnica.

Las preguntas siguen abiertas: ¿existe realmente un presupuesto multianual garantizado? ¿Se mantendrá el cronograma original de ejecución? ¿Qué mecanismos institucionales impedirán que futuros cambios políticos vuelvan a dilatar la obra? ¿Se garantizará que ciudades como La Oroya no queden aisladas en el nuevo diseño? Responderlas con claridad y transparencia es indispensable para que la nueva Carretera Central deje de ser un anuncio recurrente y se convierta, finalmente, en una política de Estado que conecte desarrollo con seguridad y justicia territorial.

 

desco Opina – Regional / 27 de febrero de 2026

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