El espectáculo del cinismo

 

La política peruana, una vez más, nos ofrece un lastimoso espectáculo donde el cinismo compite con la irresponsabilidad. La amenaza de negación de la confianza al Gabinete encabezado por la señora Miralles –y el clima político que terminó precipitando su renuncia–, revelan hasta qué punto el Congreso ha decidido jugar con la estabilidad del país, como si se tratara de una pieza más en su tablero de cálculo político. El rumor de una negación de confianza fue suficiente para generar rápidamente una crisis de Gabinete, sin que mediara ningún debate serio sobre políticas públicas o sobre el rumbo del gobierno en los cuatro meses que le quedan. Bastó el cálculo frío de los integrantes del pacto corrupto guiados por sus intereses particulares.

Hoy, la negación de confianza no es en la práctica un mecanismo constitucional útil para equilibrar poderes o exigir responsabilidad política al Ejecutivo, sino una herramienta para producir desgaste, forzar reacomodos y mantener al gobierno en un estado de fragilidad constante. En ese contexto, la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros –resultado de un clima político deliberadamente alimentado desde el Parlamento– es un síntoma más de la normalización de la inestabilidad como forma de hacer política.

Renuncia, hay que decirlo, que siguió a la comunicación firmada por el Secretario de Palacio, quien por encargo del Presidente, le agradecía por sus servicios; Balcázar, con el estilo sinuoso que lo caracterizó desde su aparición en el Congreso, sacrificó a Miralles y a unos pocos ministros más, para evitarse una posible derrota y recomponer las componendas que lo instalaron en la Plaza de Armas.

La conformación del nuevo Gabinete, encabezado por Luis Arroyo Sánchez, un general retirado que ocupaba el Ministerio de Defensa, se recibe con una mezcla de indiferencia y escepticismo. La pregunta sobre si el Congreso le otorgará o no la confianza parece menos importante que el espectáculo mismo del proceso. Para buena parte de la clase política parlamentaria que soportamos, lo fundamental no es la gobernabilidad ni la continuidad de la administración pública, sino la capacidad de marcar distancia del gobierno cuando conviene y, al mismo tiempo, influir en él cuando resulta útil.

Ese doble juego es evidente en el comportamiento de las principales bancadas que hoy dominan el Parlamento: Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Avanza País y los pequeños grupos parlamentarios que orbitan a su alrededor. Todas estas fuerzas políticas han participado, de una u otra forma, en la dinámica que ha sostenido al actual gobierno, continuidad del repudiado régimen de Dina Boluarte, que siguió a la caída de Pedro Castillo. Sin embargo, luego del espectáculo vergonzoso que fue la gestión del inefable Jerí en la Presidencia, ahora pretenden presentarse ante la opinión pública como actores externos, como observadores críticos de un escenario del cual en realidad han sido los protagonistas y únicos gestores.

La distancia que intentan marcar resulta imposible de sostener frente a los hechos. El Congreso no es un actor marginal en la actual configuración del poder político en el país. Por el contrario, ha sido uno de sus principales arquitectos. La continuidad del gobierno, las decisiones clave en materia institucional y la supervivencia misma de la actual administración han dependido en buena medida de acuerdos tácitos, convergencias circunstanciales y cálculos compartidos entre el Ejecutivo y las bancadas parlamentarias que se sumaron al pacto corrupto. Pretender ahora que el deterioro de la situación política es responsabilidad exclusiva del gobierno, constituye, en el mejor de los casos, un ejercicio de amnesia selectiva.

Este intento –vano y fallido– de reescribir la realidad política tiene un objetivo claro: preservar el que creen su capital político ante una ciudadanía profundamente desencantada. Las encuestas muestran niveles históricamente bajos de confianza tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. En ese contexto, cada bancada busca posicionarse como crítica del gobierno sin renunciar a los beneficios que le ha otorgado la correlación actual de fuerzas. Es un ejercicio de equilibrio precario, pero, sobre todo, extremadamente cínico.

El problema es que, mientras esos actores se concentran en sus estrategias de supervivencia electoral, el país enfrenta problemas urgentes que requieren atención y liderazgo. La inseguridad ciudadana, la desaceleración económica, las tensiones sociales y la persistente debilidad institucional no desaparecen porque el sistema político se encuentre atrapado en su propia dinámica de confrontación calculada. Por el contrario, se agravan.

Sin duda, la política democrática requiere conflicto, debate y control entre poderes. Pero también un mínimo de responsabilidad compartida respecto al funcionamiento del Estado. Cuando el Congreso convierte la amenaza de crisis en una rutina y los partidos que lo dominan buscan simultáneamente ejercer poder y negar su responsabilidad en las consecuencias, el sistema entero se degrada.

El espectáculo del cinismo que hoy observamos no es solo un problema de estilo o de retórica. Es un asunto de fondo que ya ha deteriorado la credibilidad de las instituciones y profundiza la distancia entre la ciudadanía y quienes la representan. Y mientras ese espectáculo continúe, lo que seguirá en veremos no será únicamente la confianza al segundo Gabinete de un Presidente con apenas un mes en el cargo, sino la confianza de los peruanos en nuestro propio sistema político. Los votos mayoritarios seguramente lo expresarán así el próximo abril.

 

desco Opina / 20 de marzo de 2026

Impunidad de compadres: a todo trapo

Las últimas semanas, la presidenta Boluarte parecía muy próxima a su vacancia. No era por los muertos, heridos y perseguidos por las protestas, abusiva y violentamente reprimidas el 2022-2023. Era, finalmente, por el escándalo de los relojes Rolex a los que se sumaron otras joyas, el desbalance que existiría en sus cuentas bancarias y su reticencia a aclarar la situación ante la Fiscalía de la Nación. La historia que empezó a partir de una investigación periodística la primera quincena de marzo, llevó inicialmente a la mandataria a argumentar que se trataba de un bien del pasado, fruto de su esforzado trabajo. Luego de encerrase en el silencio unos días, el 22 de marzo anunció que asistiría al Ministerio Público con “su verdad”. Pronto, Fuerza Popular, mediante comunicado, expresó su preocupación por los “escándalos” que alcanzan al gobierno, solicitando que la mandataria precise el origen de los relojes en cuestión. Ante su inasistencia a las citaciones que le hiciera la Fiscalía, ésta, juez mediante, finalmente allanó el domicilio presidencial el 29 de marzo, abriendo la puerta con un ariete.

La respuesta de la presidenta, como nos tiene acostumbrados, fue victimizarse invocando su condición de mujer, provinciana y luchadora contra la corrupción, denunciando temprano un complot. Fastidiada porque los medios que sistemáticamente defendieron su permanencia, aparecían exigiéndole una mínima rendición de cuentas y subrayando su mediocridad, los incorporó como parte de la conspiración. Asustada, más allá de su soberbia y su frivolidad, esperó, sí, que los principales partidos de la derecha se pronunciaran a su favor y condenaran el fuerte sentido simbólico del allanamiento que vivió. Como no podía ser de otra manera, ocurrió así, sumándose a la preocupación por lo que ocurría, distintos analistas que sorprendieron a muchos con una mirada que olvidaba que Palacio ya había sido allanado con Castillo, como lo fuera también el domicilio de los Castillo Paredes.

Gustavo Lino Adrianzén, heredero del estilo y las maneras de su predecesor, quien ya había dado muestras de su talante autoritario e intolerante en su intervención en la CIDH defendiendo a Boluarte ante la OEA, justificando las muertes en las protestas, asumió el rol de leal escudero y finalmente encubridor del silencio de la mandataria, apareciendo como su defensor y acompañado por el abogado real de aquella, evidenciando sin tapujos su intención de castigar al coronel de Policía Harvey Colchado, responsabilizándolo de afectar la imagen del país con su acción, obviando toda explicación sobre las razones y el contexto de ésta. La mandataria y su Premier, para que no queden dudas, se exhibieron con los mandos militares, que una vez más, sin aprender lecciones del pasado reciente, aparecen como parte del mensaje de “fuerza” de la mandataria que busca mostrar las buenas relaciones que pretende tener con ellos, tanto como con el Congreso.

70 votos a favor, 36 en contra y 17 abstenciones cerraron el capítulo más reciente de la triste historia que estamos viviendo. Con el apoyo pleno de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Renovación Popular, al que se sumó el respaldo parcial de Avanza País, Acción Popular, Podemos Perú y el Bloque Magisterial, el gabinete presidido por Gustavo Lino Adrianzén, obtuvo el voto de confianza que buscaba. Lograrlo, como ya es un clásico en la coalición autoritaria que han construido el Legislativo y el Ejecutivo de la señora Boluarte, tuvo su precio. Así, tras sus anuncios de austeridad, el Ejecutivo –en una demostración más de su debilidad y precariedad–, con las firmas de la mandataria y del ministro José Arista, autorizó a favor del Congreso que tiene un presupuesto de más de 1200 millones de soles, un crédito suplementario que supera los 50 millones para el año 2024, a fin de financiar gastos de personal, servicios y equipamiento, en otra muestra de la falta de escrúpulos del Parlamento, a decir del congresista Anderson.

El mismo ministro, evidenciando su particular manera de entender la cacareada “austeridad” del gobierno, se apuró en aprobar el Decreto de Urgencia 006-2024 en el que retrocedió y autorizó el financiamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por 3,5 veces sus ingresos hasta el 31 de diciembre del 2024, claudicando así ante el alcalde López Aliaga, jefe de Renovación Popular, quien desde febrero anunciaba su voluntad de desacato de las reglas fiscales dispuestas por el Ejecutivo, obviando las advertencias del Consejo Fiscal que alertó de un sobreendeudamiento que dejará sin recursos a los próximos burgomaestres de la ciudad.

A estos estímulos crematísticos, y como parte de las componendas con sus socios políticos, 48 horas antes de la asistencia de Adrianzén y sus ministros al Parlamento, la mandataria cambió a seis de aquellos y aquellas y recompuso el gabinete, respondiendo a las exigencias de la mayoría congresal. Entre los nuevos ministros y ministras figuran militantes de Avanza País, Somos Perú y el Partido Morado, que se suman al ministro de Salud, militante del partido de César Acuña. El voto de confianza ha sido el corolario. La deslucida presentación del primer ministro, vacía de contenido y plena de lugares comunes, alentó “duras” intervenciones de los mismos congresistas que inmediatamente después le dieron la confianza en una sesión llena de lamentables intervenciones desbordantes de autoritarismo y promotoras de la impunidad, como la de Fernando Rospigliosi.

Una vez más, los socios de la coalición autoritaria que nos gobierna, se han dado la mano y prolongan su impunidad. Boluarte se aferra a la presidencia, con el fujimorismo y la derecha extrema que la toleran mientras siga haciendo, como hasta ahora, lo que quieren; aún la necesitan para concluir con el entramado institucional que pretenden para mantenerse en el poder, continuar con sus negocios y preservar el modelo. Estamos advertidos.

 

 desco Opina / 5 de abril de 2024

Una careta que se repite

 

El período de Alberto Otárola como Presidente del Consejo de Ministros llegó a su fin y ha sido el mejor ejemplo de cómo nuestra sociedad ha normalizado, no sólo el abuso de poder, si no la arbitrariedad desfachatada, la cultura de impunidad y la incapacidad de las y los gobernantes para dar cuenta de sus actos. Otárola fue el rostro de ese “régimen híbrido”, a medio camino entre democracia y autoritarismo, que nos otorgan los ránquines internacionales.

Aunque hace unas pocas semanas hubo cambios en cuatro carteras, el nombramiento del abogado Gustavo Adrianzén como nuevo presidente del Consejo de Ministros sin reemplazar a un solo integrante del gabinete es, por decir lo menos, inusual, más aún cuando en el Congreso de la República ya corrían firmas para interpelar al menos a cuatro de quienes fueron finalmente ratificados.

Adrianzén no sólo hereda un gabinete. Todo indica que dará continuidad al estilo de su predecesor. Ya había dado señas de su talante autoritario como defensor de Dina Boluarte ante la OEA, cuando además de justificar las muertes por represión durante las protestas a fines de 2022 y comienzos de 2023, perdió los papeles y respondió con gritos a un grupo de manifestantes que irrumpió en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del seguimiento a las recomendaciones que la entidad formuló en el “Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”.

La presencia de Adrianzén en el gobierno de Boluarte tampoco supone un cambio en las reglas de convivencia cínica entre el Ejecutivo y el Legislativo y se puede dar por descontado que el 3 de abril obtendrá los votos suficientes para su investidura. Formalmente, los objetivos del Premier apuntan a la reactivación económica y a la atención de los problemas más evidentes de criminalidad. Y en su agenda de defensor oficioso de Boluarte, ya dio su primera muestra de impaciencia y malcriadez ante los medios, al retirarse ofuscado de los micrófonos ante la pregunta por los relojes de lujo sin origen conocido, que luce la Presidenta.

Reactivación y seguridad, eso es todo lo que ha adelantado como parte de la “ronda de diálogo” con las 9 bancadas del Congreso a las que solicitará el voto de confianza y que han aceptado su invitación, haciendo un alto en su intensa labor de persecución de adversarios políticos, ataque a la Junta Nacional de Justicia, desmontaje de controles ambientales para la inversión privada, dación de innumerables dispositivos legales para favorecer a las economías delictivas que, a fin de cuentas, son las que “ordenan” el país, así como apuro para asegurar la impunidad que necesitan.

Poco o nada es lo que se derivará de estas conversaciones para aliviar los efectos que la corrupción y la violencia tienen sobre la vida de millones de peruanos y peruanas. Tanto en nuestras ciudades como en los territorios rurales crecientemente afectados por la minería informal, la trata, el narcotráfico y demás males conocidos.

Para la gran mayoría de peruanos y peruanas que repudian tajantemente tanto al Congreso como al Ejecutivo, —según todos los resultados de las encuestas hechas en el país durante los últimos años—, sólo queda esperar a las elecciones generales del año 2026. Visto así, la investidura de Adrianzén apenas marca el derrotero de otros dos años perdidos para la democracia peruana.

 

 

desco Opina / 22 de marzo de 2024

Una película cada vez más gastada

 

El Congreso de la República finalmente le dio la investidura al gabinete liderado por Aníbal Torres que obtuvo la confianza gracias a 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones; cuatro votos menos que su antecesora, Mirtha Vásquez, y nueve menos que Guido Bellido. Si nos guiamos por las encuestas de febrero, la opinión pública apostaba por un resultado ajustado –47% creía que el Congreso debía darle la aprobación frente a 49% que apostaba por la negación de la confianza– a diferencia de lo que ocurriera meses atrás con lo que se pensaba entonces de su antecesora que registraba 18 puntos más.

La presentación del nuevo equipo ministerial se producía en un escenario de constante desgaste del Ejecutivo aumentando la incertidumbre sobre el resultado. En febrero la aprobación del mandatario, según la encuesta citada, siguió cayendo, aunque lentamente; al final de ese mes la designación de Torres como Presidente del Consejo de Ministros era rechazada por el 54% de los encuestados, en un escenario en el que 68% de aquellos entendía que el gobierno estaba cumpliendo poco o nada de sus promesas y señalaban como sus limitaciones mayores el nombramiento de ministros cuestionables y el manejo de la corrupción.

En ese marco, en sentido estricto, el mayor capital del Ejecutivo cuya debilidad es un dato desde las primeras semanas del gobierno, es la precariedad del Legislativo aprobado por apenas el 14%, mientras que su Presidenta alcanzaba el 20%, cayendo ambos seis puntos en relación al mes anterior. En otras palabras, números aún peores que los del Ejecutivo que llevan a imaginar crecientemente la convocatoria a elecciones generales como la salida al enfrentamiento entre ambos poderes que se inició desde el día uno del gobierno.

La asistencia de los ministros al Congreso, antecedida por la censura del exministro de Transportes y Comunicaciones, blindado hasta entonces por el oficialismo tanto como por los sectores más duros de la oposición evidenciando las coincidencias prácticas que mantienen alrededor de diversos temas –transporte, educación superior y rol de Sunedu, minería informal e ilegal, enfoque de género, etc.–, despertó menos expectativas que las anteriores. Su presentación, si alguna sorpresa tuvo, fue la recurrente alusión del Premier a la necesidad e importancia de la concertación entre ambos poderes del Estado. Empezó y terminó haciendo invocaciones en esa dirección, interesado como en toda su intervención, en las formas antes que en el fondo, alimentando la desesperación de sus mayores críticos.

En sentido estricto la presentación ministerial fue una expresión más de la falta de una orientación programática mínima en el gobierno. Más allá de los temores que éste sigue generando entre los sectores más recalcitrantes que insisten en tomar la calle y se mantienen febrilmente convencidos de su rumbo al comunismo, quedó claro que no existen propuestas de cambio importantes en ninguna dirección –donde algunos tímidos intentos anunciados por el gabinete anterior, como la reforma tributaria, se desvanecieron en el discurso– predominando la parálisis y la instalación en los distintos campos que fueron abordados ante el Congreso. Al final de cuentas una presentación burocrática destinada a cumplir con un rito innecesario y a presentar lo que desde el Ejecutivo se entienden como los éxitos de su gestión en este corto tiempo, guardando silencio sobre cualquier cosa que parezca reconocimiento de errores o debilidades, es decir, sin asomo de autocrítica alguna.

Quienes se durmieron esperando la negación de la confianza tras la sucesión de altisonantes y reiterados señalamientos, incluidos aquellos realizados por más de un integrante de la bancada oficialista, despertaron el 8 de marzo para sorprenderse con los resultados. Con los votos de Perú Libre, Perú Democrático, Juntos por el Perú y 12 de los 15 votos de Acción Popular, a los que se sumaron algunos integrantes de APP, Podemos y Somos Perú, el cuarto equipo ministerial de este gobierno logró su aprobación. Mientras Renovación Popular y Avanza País apostaron desde antes de su presentación por el rechazo a Torres, Fuerza Popular se movió entre la abstención y el voto en contra hasta estar seguros del resultado que se produjo, más interesados en el futuro del Tribunal Constitucional que en el nuevo gabinete, esperando el juego más largo de la vacancia con el que están comprometidos. Todos ellos conscientes de que Acción Popular, más que Alianza para el Progreso, tiene una lógica de sobrevivencia y reproducción –ambas agrupaciones apuntan con cierta ventaja a los comicios regionales y municipales– que le permite negociar tanto la atención a sus distintas clientelas electorales cuanto la gestión de beneficios particulares.

Imaginarse lo que sigue no es muy difícil. Desde el Congreso, incluyendo a muchos de quienes votaron por la confianza, la interpelación y eventualmente la censura de varios de los ministros, donde Condori, Chavarry e Yldefonso ocupan los primeros lugares de la fila. Como primer plato, acompañada del pedido de vacancia que apunta a forzar la presencia presidencial ante el Congreso; como plato de fondo, el afán por llegar a los 87 votos que les permitirían liquidar al mandatario. Desde el Ejecutivo, la tranquilidad que les produce el relativo blindaje que muestran frente a la vacancia, parte del capital de Vladimir Cerrón, y la convicción que pueden seguir sacrificando ministros como parte de la negociación permanente. Las acciones del gobierno responden cada vez más a su afán de sobrevivencia en medio de una profunda polarización y una precariedad política de todos los actores. Castillo parece capaz de pactar con quien sea, casi cualquier cosa, con tal de no ser derrocado; su comportamiento, sin embargo, no es muy distinto al de la mayoría de integrantes del Congreso. Sus debilidades y limitaciones tampoco.

Estamos entonces frente a una película que se repite en su argumento y en la pobreza de sus actores. Más allá de la tregua que supone el voto de confianza, la sensación de crisis política permanece en la gente, que aunque sostiene que ésta le afecta mucho, no llega aún a la protesta, porque se siente distante de la institucionalidad. Como es obvio, no hay mal que dure indefinidamente ni cuerpo que lo resista.

 

desco Opina / 11 de marzo de 2022

¿Voto de confianza?

 

Los primeros cien días del gobierno de Pedro Castillo coincidieron con el voto de confianza a su segundo gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Tras dos jornadas de debate, el pleno del Congreso le dio 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. Un resultado menos ajustado del que esperaban los opositores más recalcitrantes del gobierno y ciertamente distante de la primera plana de un tabloide que insiste en hacer creer a sus lectores que fue «raspando y rezando». La votación, que supuso la ruptura de la bancada de Perú Libre con 16 de sus integrantes coincidiendo con la derecha más dura, cerró la crisis inmediata del Ejecutivo, provocada por la polémica presencia en ese mismo gabinete del ministro del Interior, Luis Barranzuela, agravada por la incomprensible celebración de una reunión social en su domicilio.

La Primera Ministra trabajó intensamente ese resultado. Su presentación en el hemiciclo días atrás, supuso la primera exposición ordenada de las políticas que prioriza el Ejecutivo. Hizo entonces énfasis en distintos temas entre los que destacaron algunos derechos básicos, la reactivación económica, la gestión de la pandemia, la descentralización del gobierno, la lucha contra la corrupción, la acción frente al cambio climático y el combate al racismo. Su búsqueda de diálogo con la representación parlamentaria y su afán por avanzar a un nuevo contrato social fueron en la misma dirección. Su voluntad de gobernar, a diferencia de su antecesor interesado en antagonizar como camino para llegar a la Asamblea Constituyente, quedó muy clara con su pública presión por la renuncia de Barranzuela, que finalmente tuvo que aceptar el mandatario.

Queda claro que habrá que observar hacia adelante cuánto afectará este hecho la confianza entre el Presidente y su Primera Ministra. Como es obvio, distintas lecturas interesadas en el fracaso de Pedro Castillo y de lo que representa, buscan presentar a Mirtha Vásquez como la posibilidad de contener y encauzar las decisiones presidenciales, tomando prácticamente las riendas del gobierno. Es decir, desplazando al mandatario

La investidura, sin embargo, no es necesariamente garantía de nada. De un lado, entre los rasgos más visibles de la actual gestión en sus primeros cien días, destacan su impredictibilidad y su inestabilidad, como lo evidenciaran las negociaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con los transportistas informales, la decisión de sacar a las FF.AA a cuidar el orden en el Callao o el confuso relevo de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea.

Del otro, conviviendo con el desorden del Ejecutivo, sufrimos de una oposición con un nivel muy pobre, anclada aún en su fantasía del fraude, y tenemos un Congreso, como lo muestra la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que está desaprobado como de costumbre (75%, alcanzando incluso un 67% entre quienes se identifican como de derecha) y que en este primer tiempo sólo puede exhibir varias contrarreformas electorales y políticas, además de poco respeto por la Constitución que dicen defender, modificándola mediante procedimientos inconstitucionales.

Al darle la confianza a la señora Vásquez, el Congreso ha mantenido uno de los débiles hilos que se conservan para intentar la gobernabilidad democrática del país. En su decisión, además de los cálculos particulares de bancadas como las de APP, AP y un sector de Podemos, seguramente ha pesado la opinión pública que mayoritariamente aparecía a favor del voto de confianza y que más allá de juicios de valor y opciones ideológicas, evidencia hace ya buen rato su hartazgo por la polarización que alientan los extremos políticos del país, que actúan desde sus respectivas trincheras en un juego de ataque permanente, apuntando a destruir al enemigo antes que a construir nada.

En este escenario, la sociedad ha tenido un momento de alivio, que tampoco es garantía de nada. Aunque la tercera ola de la pandemia aún no ha llegado gracias a la vacunación y al esfuerzo que hay que reconocerle al gobierno, los conflictos sociales se han multiplicado las últimas semanas y más allá de la disposición que han mostrado la derecha y sus medios para alentarlos, incluso para promoverlos como ocurre con la futura paralización del transporte camionero, evidencian que las autoridades no han recibido un cheque en blanco y que antes que bomberos y mecedoras, la gente quiere respuesta efectiva a sus demandas.

En esa dirección, el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo en materia tributaria merece por lo menos un debate serio. Descalificar el tema, como viene ocurriendo con gran facilidad, sirve de poco si se quieren mantener los hilos de la gobernabilidad democrática en el país.

 

 

desco Opina / 5 de noviembre de 2021