El Congreso de la República finalmente le dio la investidura al gabinete liderado por Aníbal Torres que obtuvo la confianza gracias a 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones; cuatro votos menos que su antecesora, Mirtha Vásquez, y nueve menos que Guido Bellido. Si nos guiamos por las encuestas de febrero, la opinión pública apostaba por un resultado ajustado –47% creía que el Congreso debía darle la aprobación frente a 49% que apostaba por la negación de la confianza– a diferencia de lo que ocurriera meses atrás con lo que se pensaba entonces de su antecesora que registraba 18 puntos más.
La presentación del nuevo equipo ministerial se producía en un escenario de constante desgaste del Ejecutivo aumentando la incertidumbre sobre el resultado. En febrero la aprobación del mandatario, según la encuesta citada, siguió cayendo, aunque lentamente; al final de ese mes la designación de Torres como Presidente del Consejo de Ministros era rechazada por el 54% de los encuestados, en un escenario en el que 68% de aquellos entendía que el gobierno estaba cumpliendo poco o nada de sus promesas y señalaban como sus limitaciones mayores el nombramiento de ministros cuestionables y el manejo de la corrupción.
En ese marco, en sentido estricto, el mayor capital del Ejecutivo cuya debilidad es un dato desde las primeras semanas del gobierno, es la precariedad del Legislativo aprobado por apenas el 14%, mientras que su Presidenta alcanzaba el 20%, cayendo ambos seis puntos en relación al mes anterior. En otras palabras, números aún peores que los del Ejecutivo que llevan a imaginar crecientemente la convocatoria a elecciones generales como la salida al enfrentamiento entre ambos poderes que se inició desde el día uno del gobierno.
La asistencia de los ministros al Congreso, antecedida por la censura del exministro de Transportes y Comunicaciones, blindado hasta entonces por el oficialismo tanto como por los sectores más duros de la oposición evidenciando las coincidencias prácticas que mantienen alrededor de diversos temas –transporte, educación superior y rol de Sunedu, minería informal e ilegal, enfoque de género, etc.–, despertó menos expectativas que las anteriores. Su presentación, si alguna sorpresa tuvo, fue la recurrente alusión del Premier a la necesidad e importancia de la concertación entre ambos poderes del Estado. Empezó y terminó haciendo invocaciones en esa dirección, interesado como en toda su intervención, en las formas antes que en el fondo, alimentando la desesperación de sus mayores críticos.
En sentido estricto la presentación ministerial fue una expresión más de la falta de una orientación programática mínima en el gobierno. Más allá de los temores que éste sigue generando entre los sectores más recalcitrantes que insisten en tomar la calle y se mantienen febrilmente convencidos de su rumbo al comunismo, quedó claro que no existen propuestas de cambio importantes en ninguna dirección –donde algunos tímidos intentos anunciados por el gabinete anterior, como la reforma tributaria, se desvanecieron en el discurso– predominando la parálisis y la instalación en los distintos campos que fueron abordados ante el Congreso. Al final de cuentas una presentación burocrática destinada a cumplir con un rito innecesario y a presentar lo que desde el Ejecutivo se entienden como los éxitos de su gestión en este corto tiempo, guardando silencio sobre cualquier cosa que parezca reconocimiento de errores o debilidades, es decir, sin asomo de autocrítica alguna.
Quienes se durmieron esperando la negación de la confianza tras la sucesión de altisonantes y reiterados señalamientos, incluidos aquellos realizados por más de un integrante de la bancada oficialista, despertaron el 8 de marzo para sorprenderse con los resultados. Con los votos de Perú Libre, Perú Democrático, Juntos por el Perú y 12 de los 15 votos de Acción Popular, a los que se sumaron algunos integrantes de APP, Podemos y Somos Perú, el cuarto equipo ministerial de este gobierno logró su aprobación. Mientras Renovación Popular y Avanza País apostaron desde antes de su presentación por el rechazo a Torres, Fuerza Popular se movió entre la abstención y el voto en contra hasta estar seguros del resultado que se produjo, más interesados en el futuro del Tribunal Constitucional que en el nuevo gabinete, esperando el juego más largo de la vacancia con el que están comprometidos. Todos ellos conscientes de que Acción Popular, más que Alianza para el Progreso, tiene una lógica de sobrevivencia y reproducción –ambas agrupaciones apuntan con cierta ventaja a los comicios regionales y municipales– que le permite negociar tanto la atención a sus distintas clientelas electorales cuanto la gestión de beneficios particulares.
Imaginarse lo que sigue no es muy difícil. Desde el Congreso, incluyendo a muchos de quienes votaron por la confianza, la interpelación y eventualmente la censura de varios de los ministros, donde Condori, Chavarry e Yldefonso ocupan los primeros lugares de la fila. Como primer plato, acompañada del pedido de vacancia que apunta a forzar la presencia presidencial ante el Congreso; como plato de fondo, el afán por llegar a los 87 votos que les permitirían liquidar al mandatario. Desde el Ejecutivo, la tranquilidad que les produce el relativo blindaje que muestran frente a la vacancia, parte del capital de Vladimir Cerrón, y la convicción que pueden seguir sacrificando ministros como parte de la negociación permanente. Las acciones del gobierno responden cada vez más a su afán de sobrevivencia en medio de una profunda polarización y una precariedad política de todos los actores. Castillo parece capaz de pactar con quien sea, casi cualquier cosa, con tal de no ser derrocado; su comportamiento, sin embargo, no es muy distinto al de la mayoría de integrantes del Congreso. Sus debilidades y limitaciones tampoco.
Estamos entonces frente a una película que se repite en su argumento y en la pobreza de sus actores. Más allá de la tregua que supone el voto de confianza, la sensación de crisis política permanece en la gente, que aunque sostiene que ésta le afecta mucho, no llega aún a la protesta, porque se siente distante de la institucionalidad. Como es obvio, no hay mal que dure indefinidamente ni cuerpo que lo resista.
desco Opina / 11 de marzo de 2022
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