Una careta que se repite

 

El período de Alberto Otárola como Presidente del Consejo de Ministros llegó a su fin y ha sido el mejor ejemplo de cómo nuestra sociedad ha normalizado, no sólo el abuso de poder, si no la arbitrariedad desfachatada, la cultura de impunidad y la incapacidad de las y los gobernantes para dar cuenta de sus actos. Otárola fue el rostro de ese “régimen híbrido”, a medio camino entre democracia y autoritarismo, que nos otorgan los ránquines internacionales.

Aunque hace unas pocas semanas hubo cambios en cuatro carteras, el nombramiento del abogado Gustavo Adrianzén como nuevo presidente del Consejo de Ministros sin reemplazar a un solo integrante del gabinete es, por decir lo menos, inusual, más aún cuando en el Congreso de la República ya corrían firmas para interpelar al menos a cuatro de quienes fueron finalmente ratificados.

Adrianzén no sólo hereda un gabinete. Todo indica que dará continuidad al estilo de su predecesor. Ya había dado señas de su talante autoritario como defensor de Dina Boluarte ante la OEA, cuando además de justificar las muertes por represión durante las protestas a fines de 2022 y comienzos de 2023, perdió los papeles y respondió con gritos a un grupo de manifestantes que irrumpió en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del seguimiento a las recomendaciones que la entidad formuló en el “Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”.

La presencia de Adrianzén en el gobierno de Boluarte tampoco supone un cambio en las reglas de convivencia cínica entre el Ejecutivo y el Legislativo y se puede dar por descontado que el 3 de abril obtendrá los votos suficientes para su investidura. Formalmente, los objetivos del Premier apuntan a la reactivación económica y a la atención de los problemas más evidentes de criminalidad. Y en su agenda de defensor oficioso de Boluarte, ya dio su primera muestra de impaciencia y malcriadez ante los medios, al retirarse ofuscado de los micrófonos ante la pregunta por los relojes de lujo sin origen conocido, que luce la Presidenta.

Reactivación y seguridad, eso es todo lo que ha adelantado como parte de la “ronda de diálogo” con las 9 bancadas del Congreso a las que solicitará el voto de confianza y que han aceptado su invitación, haciendo un alto en su intensa labor de persecución de adversarios políticos, ataque a la Junta Nacional de Justicia, desmontaje de controles ambientales para la inversión privada, dación de innumerables dispositivos legales para favorecer a las economías delictivas que, a fin de cuentas, son las que “ordenan” el país, así como apuro para asegurar la impunidad que necesitan.

Poco o nada es lo que se derivará de estas conversaciones para aliviar los efectos que la corrupción y la violencia tienen sobre la vida de millones de peruanos y peruanas. Tanto en nuestras ciudades como en los territorios rurales crecientemente afectados por la minería informal, la trata, el narcotráfico y demás males conocidos.

Para la gran mayoría de peruanos y peruanas que repudian tajantemente tanto al Congreso como al Ejecutivo, —según todos los resultados de las encuestas hechas en el país durante los últimos años—, sólo queda esperar a las elecciones generales del año 2026. Visto así, la investidura de Adrianzén apenas marca el derrotero de otros dos años perdidos para la democracia peruana.

 

 

desco Opina / 22 de marzo de 2024

El mensaje y la mensajera

A diferencia de los gobiernos de las últimas dos décadas, el de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tienen en el Congreso de la República a su principal soporte y no a un poder del Estado confrontacional y hostil. Se trata a todas luces de un gobierno subordinado al poder legislativo. Como lo muestra la última encuesta del IEP, la opinión pública lo entiende así; pese a tener una aprobación de 6%, se percibe que los congresistas son quienes tienen más poder en nuestro país (35%), seguidos por los empresarios (24%) y, en tercer lugar, la Presidenta (19%). Dicho sea de paso, para el 78%, el Congreso abusa del poder que tiene; apenas 2% cree que usa su poder de manera correcta. 

Eso le permite a la dupla Boluarte/Otárola emitir un mensaje a la nación por Fiestas Patrias, aplaudido rabiosamente por el compromiso que los vincula, por la mayoría congresal; un mensaje que es de reafirmación conjunta de la continuidad de un régimen autoritario que tan solo apunta a continuar su mandato hasta el año 2026, respaldado por una derecha que la aplaude y la sustenta en medio de una crisis política irresuelta. Claramente el interlocutor del gobierno es el Congreso, con 6% de aprobación y no los ciudadanos del Perú. Esto, pese a que las encuestas ciudadanas persisten en descalificar a ambos poderes con dígitos superiores al 80% y al 90% respectivamente, así como la evidente ausencia de un horizonte que recoja las expectativas ciudadanas de forjar una visión democrática del país.

Mediante un discurso declamatorio, de más de tres horas, cargado de promesas y en el que justificó sus escasísimos logros de gestión, responsabilizando de ello al desempeño del gobierno anterior del que formó parte como ministra y vicepresidenta de la República, así como a las manifestaciones de protesta y rechazo que insistió en calificar como grave conmoción social destinada a derrocar a su gobierno y reemplazarlo por una dictadura. Sin traer ninguna propuesta para una salida política a la crisis de legitimidad que soportan los principales poderes del país, cumplió cínicamente con la formalidad de pedir perdón por los muertos y heridos provocados por las graves protestas acalladas por excesos de la represión de las fuerzas policiales y militares, que devinieron en crímenes de Estado entre diciembre y febrero, denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

El autoritarismo negacionista del gobierno, ignorando las demandas del país de renovación de la clase política y adelanto de elecciones, se asienta en una oferta de diálogo en el desaparecido Acuerdo Nacional con los partidos que están en el Congreso, como la manera de confrontar las demandas y reclamos de amplios sectores nacionales y varios internacionales, que exigen su renuncia.

La mediocridad de la gestión del gobierno Boluarte/Otárola se expresó por la notoria ausencia en el discurso presidencial de temas como la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza que soporta el país o la alusión a políticas sobre la protección del ecosistema y la depredación de recursos naturales en sectores clave como pesca, minería y petróleo, además del mal manejo del desastre climático en curso. La falta de una proyección, cualquiera que fuera, sobre el crecimiento del PBI que espera el gobierno –en tendencia negativa en lo que va del año– y la recesión en curso, en medio de una grave crisis fiscal y caída de la recaudación pública, brillaron por su ausencia.

Resulta inaceptable en una democracia que sus gobernantes, deslegitimados por su innegable mal desempeño, persistan en negase a realizar cambios y se propongan más bien desinstitucionalizar el Estado como la manera de asegurar su estabilidad, fortaleciendo alianzas espurias con las fuerzas del orden y el Congreso para enfrentar una crisis que es, ante todo, política.

El balance de gestión que trae el discurso más largo leído en lo que va del presente siglo, carece de cualquier autocrítica sobre el desempeño del gobierno e insiste en su desconexión con la realidad. Hubo una omisión grosera de problemas, como el ejercicio autoritario del Estado, encubierto en medio de promesas y números vacíos como si se tratara de un gobierno que recién hubiera ganado unas elecciones y se iniciara limpiamente.

Mientras tanto, el Congreso, el verdadero gobierno de los días de los que da cuenta Dina Boluarte, continúa afianzándose sin ningún horizonte de mejoría democrática, en medio de nuevos pactos como el de Fuerza Popular y Perú Libre en la mesa directiva que ahora se inicia sin ningún liderazgo, mucha deshonestidad y cinismo.

La sociedad civil y la ciudadanía del país, entregadas a manos de una clase política incapaz e irresponsable, parecen mayoritariamente preocupadas en sobrevivir en medio de la inseguridad y la pobreza crecientes, sin lograr articular ofertas de alternativas o nuevos liderazgos que las ilusionen y reubiquen como actores políticos. Esto facilita por ahora la desarticulación nacional que muestran, su distanciamiento de los asuntos públicos y su rol pasivo alimentado por el papel que cumplen los medios de comunicación ante una crisis política que al parecer la economía no podrá salvar. Nos esperan días difíciles si se suma a ese próximo futuro lo que pueda traernos un mega Niño para el que no estamos preparados.

desco Opina / 31 de julio de 2023

Tanto va el cántaro al agua…

Las primeras planas de los periódicos y la cobertura diaria de la radio y la televisión fueron ocupadas las últimas semanas por los desastres y la emergencia asociada al ciclón Yaku. La presidenta y su primer ministro creyeron descubrir una oportunidad para “pasar la página” de los muertos, heridos, detenidos y perseguidos de las protestas y las demandas que se iniciaran hace ya más de 4 meses. Pensaron, con la soberbia que los caracterizó desde su instalación como parte de la coalición autoritaria que nos gobierna, que podían empezar a atender su inexistente legitimidad. Esa capacidad –asociada al liderazgo y la confianza, indispensables para gobernar– aparece en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos por debajo del nivel de flotación: con una aprobación de apenas 15% y una desaprobación de 78% que supera el 80% en el sur y el oriente del país, en el medio rural y en los estratos D y E, no cancela la legalidad del poder de la señora Boluarte, pero evidencia su precariedad en el cargo en el que la sostiene la coalición autoritaria que sucedió a Castillo.

La última encuesta de IPSOS Apoyo que preguntó al respecto (con tarjeta y opción múltiple), muestra que 32% cree que ella es la responsable mayor de la crisis que vivimos, 17% lo sindica a Alberto Otárola, 29% piensa que el fujimorismo y un 28% señala a las bancadas de extrema derecha, aliadas del gobierno. La percepción instalada en la opinión pública es clara y que la explosión social de los últimos meses haya disminuido en fuerza y cantidad, como no podía ser de otra manera dado el tiempo transcurrido, no significa, como creen el gobierno y sus socios, que ésta vaya a cambiar y que el piso empiece a emparejarse y estabilizarse.

Entonados por la nueva situación, los integrantes de la coalición gubernamental siguieron con sus andadas. En el Ejecutivo, la velocidad que mostraron para comprar material antidisturbios y desplazar raudamente tropas al sur, fue reemplazada por sobrevuelos en helicóptero y el turismo de distintos ministros y ministras que buscaron “ensuciarse” y lamentarse por la falta de recursos y motobombas, como los argumentos para la futura creación de una Autoridad Nacional de Infraestructura. El Congreso por su lado, buscando el disimulo de sus escándalos cotidianos –el buffet parlamentario, la pretensión del policlínico propio, los viajes sin control, el blindaje de sus integrantes y la práctica regular de “expropiación” de las remuneraciones de sus trabajadores–, se redujo al acopio de donaciones y a la búsqueda de fotos de algunos de sus integrantes con cara de circunstancia en algunas de las zonas afectadas, combinado con el sonoro rechazo a discutir la moción de vacancia contra Dina Boluarte. Confiando en el olvido, por cierto, del incumplimiento de sus funciones como lo muestran la inexistencia de cualquier iniciativa legislativa frente a la emergencia climática, de algún proyecto de vivienda popular y reubicación de las zonas afectadas o el fracaso de su comisión de seguimiento a la reconstrucción del Niño Costero del 2017 que nos ha costado ya más de medio millón de soles en asesores de confianza, sin ningún resultado concreto.

Por su parte, el alcalde de Lima, aunque socio menor de la coalición por el momento, pasó con singular entusiasmo de la oración por los damnificados y para que pare el desastre, a la queja porque carece de recursos y tiene poco tiempo en el cargo, exigiendo una ley de intangibilidad de las quebradas, que ya existe hace mucho, y proponiendo que se protejan quebradas y ríos con “dos paredes y piso”, seguramente para que Lima sea potencia mundial.

En este contexto, y más allá de las apariencias que les ha permitido el ciclón, el gobierno y el Congreso parecen confiados, si no de llegar al 2026, de durar lo necesario para “restaurar” el orden neoliberal y asegurar su control pleno de las instituciones (Defensoría del Pueblo, JNE, ONPE, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia) para organizar el futuro del país a partir de sus intereses y a su imagen y semejanza, repitiendo el modelo fujimorista. Se sienten tan confiados e impunes que continúan con las provocaciones torpes, no obstante, la presión de la comunidad internacional –desde el Departamento de Estado americano y la ONU hasta el New York Times– por la gravedad de la situación que vivimos, en la que desde el gobierno se ha impuesto un patrón de violación de derechos humanos, con el silencio cómplice del Congreso, el Ministerio Público y la justicia. El cierra filas por la impunidad es parte de su decisión firme de cerrar el sistema político de toda forma de participación que suponga algún cuestionamiento al modelo o la inclusión en las decisiones políticas de quienes lo exigen en las calles, demandando cambios de fondo y un nuevo contrato social.

La clausura del LUM, la agresión contra quienes hacían una alfombra de flores en la semana santa ayacuchana recordando a los muertos recientes o el patético desembarco de la derecha extrema española y latinoamericana en el denominado Foro de Madrid, son evidencia de tales provocaciones. La novedad en el escenario de hoy es la campaña lanzada desde distintos medios de comunicación desnudando distintas acciones de la presidenta en su reciente pasado “castillista”. Que la mayoría de “acusadores” sean aspirantes a colaboradores eficaces y cercanos al profesor, indicaría la contribución de la Fiscalía a lo que parece una campaña de demolición de mediana intensidad, iniciada por los programas políticos de la televisión del 19 de marzo y reproducida y amplificada por los medios escritos desde el día siguiente. La misma, en lo inmediato, apuntaría a la salida de Otárola y a la designación de un nuevo gabinete, más directamente vinculado a los sectores que realmente cortan el jamón.

A fin de cuentas, en la derecha también hay quienes se dan cuenta de la precariedad del gobierno –el reciente anuncio del paro piurano, convocado por sus autoridades territoriales para el 18 de abril, evidenciando el fracaso del turismo de desastres, así se los ratifica– y empiezan a buscar parches para blindar el modelo y desaparecer cualquier progresismo que afecte sus intereses. Saben bien que tanto va el cántaro al agua…

desco Opina / 10 de abril de 2023

La Macrorregión Sur ante la crisis

 

Han transcurrido casi cuatro meses desde el naufragio del proyecto castillista y la instauración del gobierno de Dina Boluarte, auspiciado por una interesada alianza de congresistas ultraconservadores, las Fuerzas Armadas y retazos de Perú Libre, como el bloque magisterial o Perú Democrático, así como otros parlamentarios defensores de los privilegios congresales a cualquier costo. Han corrido también casi tres meses desde los 19 muertos en Juliaca, como parte de una brutal represión desatada con el propósito de sostener un gobierno y un régimen profundamente rechazados por la mayoría nacional. A la fecha, suman 62 las víctimas de la represión indiscriminada, 49 asesinados o víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que son motivo de condena internacional, a pesar de que no hay responsables políticos y que las investigaciones fiscales para el establecimiento de las responsabilidades penales son lentas, pese a la abundante evidencia. Cabe apuntar que ni siquiera se han efectuado las reparaciones anunciadas desde el gobierno para los deudos, según los testimonios de los participantes del Foro Macrorregional realizado en Cusco el pasado 16 de marzo, que congregó a representantes de la sociedad civil de las regiones del sur y especialmente una numerosa delegación de Puno.

El estallido social que remeció todo el país puso sobre la mesa problemas muy profundos que se mantuvieron en estas últimas décadas de instauración del régimen neoliberal, soterrados y ocultos debajo de la verdad oficial de un Perú que marchaba incontenible a integrarse al club de los países más desarrollados, agrupados en la OCDE. Éramos la envidia de nuestros vecinos latinoamericanos por nuestras altas tasas de crecimiento del PBI y por la baja inflación, pero la realidad interna siempre era otra.

Las frustraciones acumuladas por las promesas de cambio incumplidas por todos los gobiernos, la caída del empleo, el aumento de la pobreza, el agravamiento de la crisis política y la captura del gobierno por la derecha, provocaron la mayor movilización social de las últimas décadas en todo el país, generando un mayor despliegue de las regiones de la Macrorregión sur, particularmente la región Puno, con la emergencia identitaria de las poblaciones aymaras y quechuas. El fracaso de la descentralización y la consolidación del centralismo limeño acrecentaron las brechas históricas, que son especialmente sentidas en el sur peruano.

La reivindicación explícita de las matrices culturales expresadas en la protesta, colocó en la agenda el tema no resuelto por la República, de la construcción de la nación peruana con su diversidad y la necesidad de acabar con la marginación y opresión de las poblaciones originarias, que existe desde la Colonia.

La combinación de estos factores devino en el establecimiento de una agenda reivindicativa eminentemente política, a pesar de la ausencia de una dirección política en el movimiento, que ha sobrepasado las tradicionales direcciones gremiales y a los partidos de izquierda. La demanda de inclusión y cambio se expresa en la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la consulta para la convocatoria a una Asamblea Constituyente que establezca las nuevas reglas de convivencia en el país.

En todo el sur peruano, la protesta social ha sido protagonizada significativamente por la población rural y comunera que ha establecido las condiciones de la paralización y movilización en sus respectivos territorios, sumándose las y los trabajadores agrícolas y pequeños agricultores en los valles costeros e irrigaciones, así como las poblaciones marginales de las ciudades, aportando también los contingentes de jóvenes y mujeres que se desplazaron a Lima para movilizarse en los centros del poder. Este proceso ha significado un gran despliegue de solidaridad y la capacidad de sacrificar los limitados recursos familiares para sostener los justos reclamos. La decidida participación de las mujeres en las movilizaciones en todo el país es una gran lección y da cuenta de los avances en la lucha por la igualdad y la participación política.

A estas alturas, las poblaciones se han replegado en la mayor parte del país mientras la resistencia en Puno se mantiene como un llamado a la conciencia nacional en demanda de justicia. La zona aymara ha decidido mantener la paralización total, mientras la zona quechua viene realizando «paro seco», esto es, paralización total los días martes. La lucha continúa enfrentando a un Congreso de la República repudiado por el 91% de la población y a un Gobierno rechazado por el 78% de los ciudadanos, según los últimos sondeos de opinión. Estamos pues ante un Congreso y un Gobierno ilegítimos a pesar de una legalidad que ellos mismos se encargan de vilipendiar cotidianamente.

Ante la continuidad y profundización de la crisis política, las organizaciones sociales y comuneras del sur peruano en las conclusiones del Foro Macrorregional del Sur, han reafirmado la plataforma de la que damos cuenta, demandando al mismo tiempo el pronunciamiento de las nuevas autoridades regionales y municipales, así como su participación activa promoviendo la unión de las regiones de la Macrorregión que recientemente han constituido una mancomunidad, para dar una salida a la crisis y emplazar a las representaciones congresales regionales a atender las demandas de la población expresadas en la plataforma de lucha, en lugar de defender sus privilegios pretendiendo mantenerse hasta el año 2026.

 

desco Opina – Regional / 31 de marzo del 2023

descosur

La recomposición de clases

Los contextos y coyunturas influyen si se leen como información y datos sociales en una dinámica de clases, no sólo de consumidores o de habitantes de territorios urbanos, rurales o casi despoblados del país. En nuestra sociedad se asoma una recomposición de clases en curso a la que debemos prestar mucha atención.

Es una tarea ardua, aunque indispensable, la que tenemos por delante para conocernos mejor y entablar acercamientos que permitan actuar para encontrar y establecer espacios de consenso: la ansiada igualdad, la justicia, los derechos y los deberes de cada quien en democracia. Es un ejercicio difícil porque se contrapone con otras agendas cuyas prioridades son el orden, la propiedad privada, el individuo atado a una comunidad o la libertad plena dentro de las reglas de una economía capitalista regida por la oferta y la demanda que llevan a la concentración extrema. 

La necesidad del cambio en nuestra sociedad nos obliga a ensayar un ejercicio de lecturas múltiples. Distintos investigadores de la realidad nacional han reflexionado sobre temas como el control de nuestra economía por el gran capital internacional en alianza no solo con los sucesores directos de una parte de la oligarquía nacional, sino también con aquellos provenientes de otros grupos económicos de poder, por fuera de esas familias y grupos ligados al capital limeño. Surgen desde ciudades como Ayacucho, Trujillo, Arequipa, Piura y otras, menores o mayores. En parte algunos de estos capitales formaron o consolidaron en el negocio de la minería hormiga, el narcotráfico y el contrabando, cuyos montos son solo estimados. Es dinero que ha sido blanqueado en inversiones inmobiliarias, de comercio y otras, en medio de la informalidad que nos rige, que constituyen el sustento y los intereses de estas nuevas clases sociales.

Los cambios legales no cambian la realidad en ninguna parte. Con muchas de las leyes que tenemos, estamos en situación similar que lo más avanzado de la humanidad, aunque únicamente de modo declarativo y no en la realidad de las cosas. Las prácticas sociales se instauran solo si son aceptadas, se instituyen y se acuerdan o son toleradas por los valores que se han enraizado. Pero, es paradójico el hecho que siempre la realidad puede cambiar todas las leyes y relaciones entre las clases, pudiendo desaparecer a varias de éstas a la vez. En ese proceso está el Perú

A las clases dominantes se les ha aflojado la mascarilla que las ocultaba y eso está llevando a personas y familias de origen subalterno a buscar pertenecer a ellas o aspirar a formar parte de su entorno cercano. Se ha creado una nueva clase intermedia, organizada para consumir con estándares impensables para sus abuelos, que alimenta la defensa de un orden económico y de poder que no les da cabida, pero sí la ilusión de aparentar ser como ellos, en sus vidas públicas. Presionan sobre las viejas clases medias urbanas empobrecidas, que en ese contexto se han sumado con su silencio a una alianza de clases conservadora, unida por el temor al cambio. Sin embargo, la crisis económica nacional e internacional las tiene jaqueadas y no puede garantizarles que se mantengan.

Esta recomposición, desde los intereses de la derecha política en el control del Estado, trae nuevas formas de articulación, nuevos escenarios, en los que el peso de la derechización de la humanidad contrasta con el fortalecimiento de los movimientos ambientalistas, de género y de las redes de derechos humanos que juegan un papel que no tuvieron antes en la conformación de las clases sociales. 

Un segundo elemento a considerar es el de la circulación creciente de los individuos. Hoy la profundidad de la recomposición de las clases sociales ha dado paso a la transformación paulatina de los campesinos y trabajadores rurales en comerciantes y proletarios, obreros de grandes medianas y pequeñas fábricas e instalaciones, muchas conectadas directamente con el mercado internacional. Tomar conciencia de esto ya ha generado fuertes movilizaciones y protestas.

La circulación de individuos hacia y desde el extranjero constituye en la actualidad un factor a tener presente mucho más allá de verlo tan sólo como dinamizador de la economía local. Interesa reflexionar, y que se conozca el efecto de mostración que significa su presencia para las clases nacionales.

El proceso migratorio hacia el exterior, que se extiende ya por medio siglo, inserta a la sociedad peruana en dinámicas nuevas de circulación de individuos en el mundo. Los peruanos en el extranjero no son sólo futbolistas. Este hecho obliga a reconocer el surgimiento de una nueva realidad que aporta otros elementos en la dinámica de las clases sociales en el país y sus estrategias de vida: educación, empleo, ingresos, salud, derechos políticos y también inversiones pequeñas. La llegada de algo más de un millón de extranjeros, como nunca antes había ocurrido en nuestra historia, mostrando sus creencias, formas de organización, valores, conciencia de derechos y más, cuya idiosincrasia diferente a la peruana aporta elementos positivos o no, debe estudiarse en esta recomposición.

Las clases sociales existen, son algo más que categorías de análisis para su clasificación descriptiva, para medir bienestar o consumo. Expresan intereses y desarrollan identidades. Están vivas y cambian.

desco Opina / 24 de marzo de 2023

Acostumbrados a la mediocridad

En algo más de un mes el gobierno del presidente Castillo cumplirá un año ocupando el poder Ejecutivo. Totalmente desgastado, no aparece más como un gobierno novedoso que ofrece esperanzas de una gestión, ni siquiera mediocre, del país. A esa derrota de la expectativa por avanzar y tener un destino mejor se suma, circunstancialmente, una derrota deportiva que nos deja fuera del campeonato mundial de futbol y que no se ha expresado en ningún descontento adicional con los políticos en el gobierno.

La marcada polarización no se ha atenuado y no se perciben aportes de la clase política que apunten a mejorar la gobernabilidad en función de lograr mejores condiciones de vida para los peruanos. La inestabilidad continua con fuerza. Es una época de intransigencias, donde la política entendida como negociación está desprestigiada. La mala calidad de nuestros políticos añade sombras a este escenario.

El vivir el «día a día» se reafirma así como parte de nuestra identidad, y contagia por cierto, todas las dimensiones de la vida pública y privada de las grandes mayorías, desprovistas de un empleo digno, de servicios básicos o de educación con mínimos de calidad. Eso, por no mencionar la larga lista de carencias en otros ámbitos como la agricultura, la vivienda y la salud. La lógica de la informalidad y la opacidad de un grupo mayoritario de congresistas que pretenden permanecer en sus cargos, pareciera señalar que esta situación se prolongará por un tiempo indefinido y las posibilidades de alcanzar un consenso mínimo están todavía muy lejos.

La lista de enfrentamientos entre poderes e instituciones públicas es cada vez más amplia e infructuosa. Casi todos los peruanos y peruanas coinciden en que, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se han entrampado en un enfrentamiento vano, y viven en medio de una situación incierta que se prolonga. El afán por entorpecer la acción del otro o por preservar intereses conservadores y negocios oscuros o incrementarlos, es lo único que queda claro en este escenario de confrontación entre ambos poderes

Los enfrentamientos entre las derechas del Congreso y el presidente de la República en su afán por vacarlo se expresan de múltiples maneras como, por ejemplo, el propósito de vacar prestamente a la vicepresidenta Dina Boluarte por una infracción constitucional discutible. También destaca el enfrentamiento entre el Jurado Nacional de Elecciones y varios de los partidos del Congreso cuyos dirigentes mostraron su incapacidad para inscribir a buena parte de las listas de sus candidatos para los próximos comicios regionales y municipales Más recientemente, se añadió, a propósito de la próxima elección del Defensor del Pueblo, el intento de desacato del Congreso a una orden judicial que confronta también a dos poderes del Estado en medio de su escasa capacidad para negociar y asumir sus propias responsabilidades. Un nivel muy alto de desorden e improvisación que hace más difícil la situación general del país.

La consigna «que se vayan todos» compite con la crecida resignación y la disposición que mostramos a aceptar la ecuación que suma incapacidad, mediocridad y corrupción, que caracteriza la vida política institucional del país; sin verdaderos partidos políticos ni liderazgos sólidos con proyectos colectivos de mediano o largo alcance, como parte del paisaje nacional. 

El alejamiento de la pandemia y la innegable disminución de los peligros del COVID-19 en el escenario sanitario, nos trasladan ahora a una nueva situación que se define por el proceso inflacionario interno, una contagiosa crisis económica internacional y un país que rechaza el trabajo parlamentario tanto como el del gobierno, sin que se genere mayor reacción de la ciudadanía acostumbrada por la informalidad a tolerar todo tipo de mediocridad, como en el caso del empleo informal, la educación universitaria «bamba» y de pésima calidad y las estafas recurrentes desde los sectores público y privado. Para la opinión pública esta nueva forma de país en el que la inestabilidad pareciera ser lo único constante y sólido de la política peruana es la «nueva normalidad».

En medio de este panorama carente de liderazgos, hay que señalarlo también, la izquierda real ha desaparecido como un actor propositivo del escenario nacional, y lo que se espera de las elecciones regionales y municipales del mes de octubre es que sus resultados, como ha sido durante los últimos procesos, encumbren a las fuerzas locales que en abrumadora mayoría son la expresión de más informalidad en política que nos lleva a seguir en la indefinición, la incertidumbre y la instalada mediocridad.

desco Opina / 17 de junio de 2022

Mis cabellicos maire… uno a uno se los lleva el aire

 

Las recientes encuestas de IPSOS y Datum coinciden en el incremento de la desaprobación de la gestión de Pedro Castillo, 76% en ambos casos, creciendo diez puntos en la primera, de acuerdo a la cual aquella crece en todo el país –entre 88% en Lima y 53% en el sur–, en todos los estratos –entre 92% en el A y 67% en el E–, así como en los distintos grupos de edad. Al Congreso de la República le va ligeramente peor, subiendo su desaprobación al 79%. En este escenario, como no puede ser de otra manera, 63% de los encuestados cree que el mandatario debe renunciar. El porcentaje de quienes piensan que se deben ir todos, que llegaba a 74% en febrero, la última vez que la encuestadora preguntó por el tema, está terminando por hacerse sentido común.

Sentido común que refuerza la convicción creciente de la gente que desde la política y los políticos no hay salida a la crisis del régimen que han producido desde buen tiempo atrás y en la que Ejecutivo y Legislativo parecen compartir el empecinamiento por durar. Como es cada vez más notorio, desde marzo pasado la calle se ha afirmado como el espacio privilegiado por la gente para expresar sus múltiples malestares. Ya ese mes, según la Defensoría, se registraron 363 acciones de protesta colectiva, largamente el número más alto de los últimos años, en un escenario donde los conflictos que fueron 208, hicieron de marzo el más conflictivo del último año.

Así las cosas, y afectados por un escenario en el que el mandatario percibe la profunda erosión de su legitimidad de origen y la pérdida cotidiana de apoyo popular, mientras el Congreso de la República, frenada la vacancia, busca otros caminos para retirarlo, surgió el anuncio de «cambio de rumbo» en el gobierno, donde Pedro Castillo aparecía mostrando su disposición a un nuevo gabinete de ancha base y a un Premier que no dependa de su entorno. El cardenal Barreto y el secretario del Acuerdo Nacional dieron esa versión a los medios tras reunirse con el Presidente, Oscar Maurtua y el congresista Bermejo. Todo indica que una vez más, el gobernante usó a sus interlocutores para generase un espacio, ganar tiempo y distraer a la opinión pública, pero también a los actores políticos.

Como no podía ser de otra manera, desde los extremos, descalificaron particularmente al arzobispo de Huancayo, mientras el primer ministro Torres, que paradójicamente registra menor desaprobación que Castillo (68%, subiendo 14 puntos desde marzo), directamente lo insultó y a imagen y semejanza del Ejecutivo y el Legislativo, insiste en sobrevivir aferrándose a su cargo, persistiendo en mencionar a Hitler y atacar a los medios de comunicación que lo cuestionan mientras fracasa en la atención a los principales conflictos sociales que enfrenta el gobierno, como lo demuestra el paro de Cusco, cuyos organizadores anuncian una paralización indefinida a partir del próximo 25 de no atenderse sus demandas.

Aunque desde el espacio del Acuerdo Nacional, con el apoyo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de distintas organizaciones sociales, se insiste en la dirección de un nuevo gabinete y un conjunto de cambios, las organizaciones políticas que integran ese espacio, mantienen su comportamiento y sus respectivas agendas, ignorando los malestares de la calle y leyéndolos instrumentalmente en función de sus intereses. Desde el Ejecutivo y sectores de la izquierda la calle exige atención a temas estructurales, responsabilidad de anteriores gobiernos, así como la defensa de una agenda de cambio asediada por la clase política; desde sectores crecientes del Parlamento, las movilizaciones responden a la incapacidad de la gestión y exigen la salida de Castillo.

En sentido estricto, ni los unos ni los otros están interesados en los malestares y las agendas de la gente. El Ejecutivo designa como asesor en el Ministerio de Salud al censurado exministro Condori, resulta incapaz de atender los conflictos en Cuajone y Fuerabamba que se prolongan peligrosamente, alienta un inútil proyecto de castración química contra los violadores y encuentra por toda respuesta a los «derrumbes» de Migraciones y las ruinas de Kuelap, la responsabilidad de gestiones anteriores. Por su parte, el Congreso y los partidos que lo integran, insisten en avanzar en la arbitraria e irregular conformación del Tribunal Constitucional a la par que hacen armas arrojadizas de distintas acusaciones constitucionales y consolidan la contrarreforma política para favorecerse en las elecciones regionales y municipales de octubre, en las que 27 exrepresentantes del período 2020-2021 competirán con sus colores en distintas regiones y otros 10 buscarán alcaldías en Lima y Callao.

Definitivamente, con su irresponsabilidad y su mediocridad, están jugando con fuego. A fin de cuentas, como lo evidencia un reciente informe regional, el 2021, Perú era uno de los tres países con menor apoyo a la democracia, apenas 21% se declaraba satisfecho con la que tenemos y ya entonces 57% prefería un gobierno de «expertos» antes que de electos. La tentación autoritaria tiene varios rostros y mientras distintos actores políticos la alientan explícitamente, todos la alimentan con su incapacidad para responder a las múltiples y cotidianas demandas de la gente.

 

 

desco Opina / 22 de abril de 2022