Ni olvido ni perdón

 

El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, una oportunidad para dar un repaso a los retrocesos del último año en nuestra legislación que buscan dejar impunes a militares por sus crímenes durante el conflicto armado interno; y revisar cómo las decisiones de otros poderes del Estado están impidiendo que muchas familias de las regiones del sur del país encuentren justicia frente a la violencia ejercida por el Ejecutivo a fines del 2022 e inicios del 2023, que dejó muertos y heridos con secuelas irreparables.

En agosto del año pasado fue promulgada le Ley 32419, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo en el Perú entre 1980 y 2000. Esta ley revierte sentencias firmes y puede detener juicios que aún están en curso por crímenes cometidos en ese periodo. Los votos que permitieron su aprobación provinieron de Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, APP, Somos Perú, Honor y Democracia, y Avanza País, destacando de ellos, dos de sus fervorosos artífices y defensores: el exmilitar y congresista Jorge Montoya, y el congresista Fernando Rospigliosi, ahora candidatos al Senado Nacional. Este último también fue el artífice de la Ley Nº 32107, que establece que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no son perseguibles si ocurrieron antes del 1 de julio de 2002.

Si bien diversos jueces y salas del Poder Judicial se han negado a aplicar estas normas por considerarlas inconstitucionales, los abogados de condenados, como los ocho exmilitares procesados por la masacre de Cayara, han comenzado a recusar los casos de sus clientes. La anulación de la pena de doce años de cárcel a Daniel Urresti que dio el Tribunal Constitucional, es una muestra de los graves efectos provocados por los impulsores de estas normas pro impunidad. No hay que olvidar que Urresti fue condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos; sin embargo, el candidato presidencial Pepe Luna, de Podemos Perú, lo ha incorporado en sus filas como flamante pieza clave para luchar contra la inseguridad.

Por su parte, el ahora Fiscal de la Nación Tomás Gálvez, desactivó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), además de otros tres, dejando en el aire 57 carpetas fiscales producto de las diligencias e investigaciones hechas en Ayacucho, Cusco y Puno, regiones donde se reportaron parte de las 49 personas asesinadas durante las masacres perpetradas por el régimen de Dina Boluarte. Si bien esta desactivación no significa que los casos se archiven, al pasar a manos de nuevos fiscales, los procesos y acusaciones a los responsables se vuelvan a retrasar. Peor aún, puede que esas carpetas fiscales queden olvidadas como tantas otras, debido a la abundante carga procesal del Ministerio Público.

Las víctimas del Estado en el sur no son sólo un número, se trata de vidas y familias que han quedado destruidas debido a la represión brutal que el régimen eligió desplegar a cambio de salvaguardar su permanencia en el poder. Vidas como la de José Luis Aguilar Yucra de 20 años, asesinado por un disparo que militares hicieron a 70 metros de distancia, el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho; o de Marco Antonio Samillán de 29 años, un estudiante de medicina que murió por un balazo en el tórax mientras brindaba auxilio a manifestantes durante las protestas, el 9 de enero de 2023 en Juliaca, Puno.

A más de tres años de lo acontecido, el avance para procesar a los culpables es lento y frustrante. La saña del Congreso no ha tenido límites: seis congresistas de Fuerza Popular, encabezados por Rospigliosi, presentaron el año pasado un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a policías y militares por las muertes que pudieran ocurrir durante la represión de una protesta. Si bien el proyecto fue duramente criticado por la opinión pública, no se archivó y continúa en la agenda parlamentaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  

Lastimosamente, el discurso sostenido por la derecha peruana que argumenta que “los derechos humanos solo sirven para proteger a los delincuentes”, ha calado y podemos ver a muchas personas haciendo eco de esta falacia en redes sociales. El negacionismo y la alta tolerancia sobre estos y otros hechos, se hacen visibles en las recientes encuestas electorales, donde los grupos políticos cuestionados siguen ostentando altos porcentajes en la intención de voto.  

Hasta ahora no se discute seriamente la desproporcionalidad de la fuerza entre los que reprimen las protestas y los protestantes. No hay consensos básicos sobre cómo se debe controlar una protesta sin el uso de armas letales. Mientras tanto, estos crímenes de Estado se siguen normalizando y pasando por agua tibia todo intento que el régimen logra articular para evitar el acceso a justicia y verdad. Es sintomático que, durante el primer debate presidencial rumbo a las elecciones 2026, candidatos como Carlos Álvarez de País Para Todos, Pepe Luna de Podemos Perú y Cesar Acuña de Alianza por el Progreso, hayan evitado responder sobre si reactivarían los grupos especiales que Tomás Gálvez ha preferido alejar.

La memoria y la justicia deben ser también un motor importante para convocarnos a las urnas este 12 de abril. Nuestro voto es, en este contexto de democracia imperfecta, una muestra de nuestra resistencia y lucha frente a los grupos de poder que han priorizado mantener su status quo a costa de la vida de las y los peruanos. ¡Ni olvido ni perdón!

 

desco Opina – Regional / 27 de marzo del 2026

descosur

Tanto va el cántaro al agua…

Las primeras planas de los periódicos y la cobertura diaria de la radio y la televisión fueron ocupadas las últimas semanas por los desastres y la emergencia asociada al ciclón Yaku. La presidenta y su primer ministro creyeron descubrir una oportunidad para “pasar la página” de los muertos, heridos, detenidos y perseguidos de las protestas y las demandas que se iniciaran hace ya más de 4 meses. Pensaron, con la soberbia que los caracterizó desde su instalación como parte de la coalición autoritaria que nos gobierna, que podían empezar a atender su inexistente legitimidad. Esa capacidad –asociada al liderazgo y la confianza, indispensables para gobernar– aparece en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos por debajo del nivel de flotación: con una aprobación de apenas 15% y una desaprobación de 78% que supera el 80% en el sur y el oriente del país, en el medio rural y en los estratos D y E, no cancela la legalidad del poder de la señora Boluarte, pero evidencia su precariedad en el cargo en el que la sostiene la coalición autoritaria que sucedió a Castillo.

La última encuesta de IPSOS Apoyo que preguntó al respecto (con tarjeta y opción múltiple), muestra que 32% cree que ella es la responsable mayor de la crisis que vivimos, 17% lo sindica a Alberto Otárola, 29% piensa que el fujimorismo y un 28% señala a las bancadas de extrema derecha, aliadas del gobierno. La percepción instalada en la opinión pública es clara y que la explosión social de los últimos meses haya disminuido en fuerza y cantidad, como no podía ser de otra manera dado el tiempo transcurrido, no significa, como creen el gobierno y sus socios, que ésta vaya a cambiar y que el piso empiece a emparejarse y estabilizarse.

Entonados por la nueva situación, los integrantes de la coalición gubernamental siguieron con sus andadas. En el Ejecutivo, la velocidad que mostraron para comprar material antidisturbios y desplazar raudamente tropas al sur, fue reemplazada por sobrevuelos en helicóptero y el turismo de distintos ministros y ministras que buscaron “ensuciarse” y lamentarse por la falta de recursos y motobombas, como los argumentos para la futura creación de una Autoridad Nacional de Infraestructura. El Congreso por su lado, buscando el disimulo de sus escándalos cotidianos –el buffet parlamentario, la pretensión del policlínico propio, los viajes sin control, el blindaje de sus integrantes y la práctica regular de “expropiación” de las remuneraciones de sus trabajadores–, se redujo al acopio de donaciones y a la búsqueda de fotos de algunos de sus integrantes con cara de circunstancia en algunas de las zonas afectadas, combinado con el sonoro rechazo a discutir la moción de vacancia contra Dina Boluarte. Confiando en el olvido, por cierto, del incumplimiento de sus funciones como lo muestran la inexistencia de cualquier iniciativa legislativa frente a la emergencia climática, de algún proyecto de vivienda popular y reubicación de las zonas afectadas o el fracaso de su comisión de seguimiento a la reconstrucción del Niño Costero del 2017 que nos ha costado ya más de medio millón de soles en asesores de confianza, sin ningún resultado concreto.

Por su parte, el alcalde de Lima, aunque socio menor de la coalición por el momento, pasó con singular entusiasmo de la oración por los damnificados y para que pare el desastre, a la queja porque carece de recursos y tiene poco tiempo en el cargo, exigiendo una ley de intangibilidad de las quebradas, que ya existe hace mucho, y proponiendo que se protejan quebradas y ríos con “dos paredes y piso”, seguramente para que Lima sea potencia mundial.

En este contexto, y más allá de las apariencias que les ha permitido el ciclón, el gobierno y el Congreso parecen confiados, si no de llegar al 2026, de durar lo necesario para “restaurar” el orden neoliberal y asegurar su control pleno de las instituciones (Defensoría del Pueblo, JNE, ONPE, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia) para organizar el futuro del país a partir de sus intereses y a su imagen y semejanza, repitiendo el modelo fujimorista. Se sienten tan confiados e impunes que continúan con las provocaciones torpes, no obstante, la presión de la comunidad internacional –desde el Departamento de Estado americano y la ONU hasta el New York Times– por la gravedad de la situación que vivimos, en la que desde el gobierno se ha impuesto un patrón de violación de derechos humanos, con el silencio cómplice del Congreso, el Ministerio Público y la justicia. El cierra filas por la impunidad es parte de su decisión firme de cerrar el sistema político de toda forma de participación que suponga algún cuestionamiento al modelo o la inclusión en las decisiones políticas de quienes lo exigen en las calles, demandando cambios de fondo y un nuevo contrato social.

La clausura del LUM, la agresión contra quienes hacían una alfombra de flores en la semana santa ayacuchana recordando a los muertos recientes o el patético desembarco de la derecha extrema española y latinoamericana en el denominado Foro de Madrid, son evidencia de tales provocaciones. La novedad en el escenario de hoy es la campaña lanzada desde distintos medios de comunicación desnudando distintas acciones de la presidenta en su reciente pasado “castillista”. Que la mayoría de “acusadores” sean aspirantes a colaboradores eficaces y cercanos al profesor, indicaría la contribución de la Fiscalía a lo que parece una campaña de demolición de mediana intensidad, iniciada por los programas políticos de la televisión del 19 de marzo y reproducida y amplificada por los medios escritos desde el día siguiente. La misma, en lo inmediato, apuntaría a la salida de Otárola y a la designación de un nuevo gabinete, más directamente vinculado a los sectores que realmente cortan el jamón.

A fin de cuentas, en la derecha también hay quienes se dan cuenta de la precariedad del gobierno –el reciente anuncio del paro piurano, convocado por sus autoridades territoriales para el 18 de abril, evidenciando el fracaso del turismo de desastres, así se los ratifica– y empiezan a buscar parches para blindar el modelo y desaparecer cualquier progresismo que afecte sus intereses. Saben bien que tanto va el cántaro al agua…

desco Opina / 10 de abril de 2023

Problemas de «inteligencia»

Los veinte años de la captura de Abimael Guzmán coinciden con el reavivado «protagonismo» del grupo que hizo del terrorismo su principal arma. La muerte del supuesto «camarada William», quien finalmente resultó no ser quien se decía que era y la poca prolija manipulación política que se trató de hacer de ese hecho, abrió las puertas para que el fujimorismo, pero no sólo éste, abriera fuegos una vez más contra el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

La pronta respuesta del Premier Jiménez pareció expresar el aval del gobierno a dicho documento. Sin embargo, unas declaraciones del propio Presidente de la República, señalando que habían aspectos de aquél que podían revisarse, aunque poco resaltadas por los medios de comunicación, reavivaron el debate, coincidiendo con el rechazo mayoritario que viene generando la propuesta de ley sobre el negacionismo. ¿Qué debe revisarse? ¿Quién debe hacerlo? son preguntas que deberían responderse pero, antes, se tiene que asegurar el acceso a la información que se necesita para contrastar hechos y aseveraciones. Entonces, preguntamos, ¿hay disposición, por ejemplo, para desclasificar documentación tipificada como secreta, que ofrezca la posibilidad de abrir nuevas comprensiones de lo que sucedió?

Para hacerse las cosas más difíciles para el gobierno, la primera dama y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aparecieron recibiendo a tres niños, supuestos cautivos de Sendero Luminoso. Posteriormente, la aparición del padre de los niños y las declaraciones de un alcalde que los identifica, peor aún, la evidencia de que en la operación murió otra niña de tan sólo 8 años, obligaron a apuradas aclaraciones sobre un hecho a todas luces confuso, que no es de ninguna manera lo que inicialmente se le anunció al país. El corolario de esta penosa situación, fue un conjunto de comunicados y declaraciones oficiales contradictorias entre sí, ofreciendo el lamentable espectáculo de un gobierno carente de mínimas coordinaciones entre sus altos funcionarios. Por lo pronto, los ministros Cateriano y Pedraza ya han sido citados al Congreso para que expliquen sobre el caso, mientras que Otárola sigue viendo operaciones impecables donde no las hay.

En este escenario convulso, el fujimorismo organizó un reconocimiento a los captores de Gonzalo en el Congreso de la República, ganándole el vivo al oficialismo y evidenciando su conocida intención de relativizar y desprestigiar el informe de la CVR, como parte de su voluntad de construir una falsa memoria del aciago conflicto interno. Hoy vuelve a salir a la luz el grosero manejo político que hicieron del enfrentamiento con Sendero Luminoso, al extremo que según distintas versiones, “postergaron” su captura para justificar el autogolpe de 1992.

Esta imagen de debilidad desde el gobierno es capitalizada por el fujimorismo, que busca posicionarse como oposición. Uno de sus pocos argumentos parece ser la imagen de un ‘buen’ o al menos ordenado manejo contra-senderista aunque aludiendo por un lado ‘montajes’ de este gobierno, lo cual resulta contraproducente para sus intereses pues suena demasiado a Montesinos, recordado por estos días al cumplirse 12 años del primer ‘vladivideo’.

Los despliegues fujimoristas más bien distraen del hecho tangible de que Sendero Luminoso, además de su presencia activa en el narcotráfico, se está reactivando de distintas maneras, buscando lograr presencia en distintas protestas sociales legítimas e incluso al interior de algunas organizaciones sociales. El MOVADEF que es, sin duda, una de sus fachadas, está particularmente activo.

En ese contexto, resulta grave que el gobierno no tenga iniciativa ni propuesta para enfrentar esta pretensión. La sociedad y los partidos tenemos la responsabilidad ciudadana de cerrarles el paso y derrotarlos políticamente, no con leyes apuradas, sino con la divulgación de la tragedia vivida y la construcción de nuestra memoria como país. El gobierno por su lado, tiene la obligación imperativa de implementar las políticas necesarias para su derrota definitiva, pero también para que la historia no se repita. Esa estrategia gubernamental que demandamos, supone un trabajo de inteligencia alejado de la búsqueda del rédito político, de uno y otro lado.

desco Opina / 14 de setiembre de 2012
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