Bajo amenaza

Empezando por la presión política y la manipulación mediática para que se atienda el pedido de indulto para Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, hasta los intentos de sembrar el pánico en los mercados de la Capital a raíz de los hechos de violencia en La Parada, durante las últimas semanas hemos sido testigos de una sucesión de situaciones que evidencian las serias amenazas que enfrenta hoy nuestra convivencia democrática.

La resistencia al cambio de un sector de comerciantes del hoy ex Mercado Mayorista de Lima, que se niegan a abandonar La Victoria, más allá de un problema de gestión y negociación técnica, se vincula a una irresponsable campaña política para fomentar el desgobierno en la ciudad y mermar la imagen de la alcaldesa de Lima. Ni los promotores de la revocatoria de Villarán, ni el ex alcalde Castañeda, ni los voceros del aprismo han tenido la más mínima discreción en mostrar su satisfacción con la difícil situación que tuvo que enfrentar la primera autoridad edil tras el fallido operativo del jueves pasado, que dejó dos muertos y varias decenas de heridos.

Diversos representantes de la derecha política y mediática, entre ellos el ex premier Del Castillo, han establecido comparaciones caprichosas entre sucesos como el Baguazo y lo ocurrido en La Parada. La comparación no sólo es forzada en relación al tipo de violencia, ni a los actores involucrados, sino también respecto a la iniciativa de gobierno que motiva la resistencia. En otras palabras, hay mucha distancia entre el anunciado ordenamiento del comercio mayorista de una ciudad, y una política escondida de concesiones energéticas indiscriminadas en territorio amazónico. Más digerible aparece el comentario del analista Martín Tanaka, que recordando diversos estallidos de violencia en los últimos años, llama a reconocer en ellos «la actuación de actores ilegales o paralegales que obtienen beneficios desmedidos» del statu quo.

Por si todo esto no resultara suficiente, ya en la semana anterior se registraron también en Lima, dos hechos vergonzosos que tienen en común la actuación de grupos intolerantes. Nos referimos al despido del director de la Galería Municipal de Miraflores y a la censura de una muestra gráfica en Villa El Salvador. En el primer caso, el pequeño grupo fundamentalista católico «Tradición y acción» presionó al alcalde de Miraflores para que retire la muestra de la escultora Cristina Planas, calificada de «blasfema»; increíblemente, consiguieron que el municipio despida a Luis Lama. En el segundo caso, se trató de la censura a varias piezas de arte gráfico que se exhibían en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador como parte de una muestra dedicada a repasar momentos como el asesinato de María Elena Moyano, el atentado Tarata, la Marcha por la Paz y la captura de Abimael Guzmán, hechos que, como señala el título de la exposición, cumplen «Veinte años en la historia del Perú». La recalcitrante fujimorista Martha Moyano, aunada a la poco clara actuación de los representantes del Ministerio de Justicia –entidad auspiciadora de la exposición– propiciaron la censura de piezas que apuntaban no a la responsabilidad del Estado en el clima de violencia de inicios de los noventa, sino a la actuación del líder senderista, Abimael Guzmán. Si hoy se «desaparece» opiniones que el fujimorismo considera demasiado «blandas» respecto al senderismo, ¿cuánta más libertad para «vigilar y castigar» tendrán esta clase de grupos de aprobarse leyes como la del negacionismo?

Todos estos hechos no deben verse como aislados. No nos referimos a una gran conspiración, sino a una creciente ola de conservadurismo e intolerancia, a las que hoy se suma la censura y la violencia expresa como parte del arsenal que los enemigos de la democracia –entre ellos la derecha derrotada en Lima– están dispuestos a emplear en su intento por asfixiar tanto las voces disidentes del discurso oficial sobre la guerra interna, como los necesarios cambios que Villarán y la confluencia quieren poner en marcha en la ciudad.

desco Opina / 29 de octubre de 2012
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Problemas de «inteligencia»

Los veinte años de la captura de Abimael Guzmán coinciden con el reavivado «protagonismo» del grupo que hizo del terrorismo su principal arma. La muerte del supuesto «camarada William», quien finalmente resultó no ser quien se decía que era y la poca prolija manipulación política que se trató de hacer de ese hecho, abrió las puertas para que el fujimorismo, pero no sólo éste, abriera fuegos una vez más contra el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

La pronta respuesta del Premier Jiménez pareció expresar el aval del gobierno a dicho documento. Sin embargo, unas declaraciones del propio Presidente de la República, señalando que habían aspectos de aquél que podían revisarse, aunque poco resaltadas por los medios de comunicación, reavivaron el debate, coincidiendo con el rechazo mayoritario que viene generando la propuesta de ley sobre el negacionismo. ¿Qué debe revisarse? ¿Quién debe hacerlo? son preguntas que deberían responderse pero, antes, se tiene que asegurar el acceso a la información que se necesita para contrastar hechos y aseveraciones. Entonces, preguntamos, ¿hay disposición, por ejemplo, para desclasificar documentación tipificada como secreta, que ofrezca la posibilidad de abrir nuevas comprensiones de lo que sucedió?

Para hacerse las cosas más difíciles para el gobierno, la primera dama y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aparecieron recibiendo a tres niños, supuestos cautivos de Sendero Luminoso. Posteriormente, la aparición del padre de los niños y las declaraciones de un alcalde que los identifica, peor aún, la evidencia de que en la operación murió otra niña de tan sólo 8 años, obligaron a apuradas aclaraciones sobre un hecho a todas luces confuso, que no es de ninguna manera lo que inicialmente se le anunció al país. El corolario de esta penosa situación, fue un conjunto de comunicados y declaraciones oficiales contradictorias entre sí, ofreciendo el lamentable espectáculo de un gobierno carente de mínimas coordinaciones entre sus altos funcionarios. Por lo pronto, los ministros Cateriano y Pedraza ya han sido citados al Congreso para que expliquen sobre el caso, mientras que Otárola sigue viendo operaciones impecables donde no las hay.

En este escenario convulso, el fujimorismo organizó un reconocimiento a los captores de Gonzalo en el Congreso de la República, ganándole el vivo al oficialismo y evidenciando su conocida intención de relativizar y desprestigiar el informe de la CVR, como parte de su voluntad de construir una falsa memoria del aciago conflicto interno. Hoy vuelve a salir a la luz el grosero manejo político que hicieron del enfrentamiento con Sendero Luminoso, al extremo que según distintas versiones, “postergaron” su captura para justificar el autogolpe de 1992.

Esta imagen de debilidad desde el gobierno es capitalizada por el fujimorismo, que busca posicionarse como oposición. Uno de sus pocos argumentos parece ser la imagen de un ‘buen’ o al menos ordenado manejo contra-senderista aunque aludiendo por un lado ‘montajes’ de este gobierno, lo cual resulta contraproducente para sus intereses pues suena demasiado a Montesinos, recordado por estos días al cumplirse 12 años del primer ‘vladivideo’.

Los despliegues fujimoristas más bien distraen del hecho tangible de que Sendero Luminoso, además de su presencia activa en el narcotráfico, se está reactivando de distintas maneras, buscando lograr presencia en distintas protestas sociales legítimas e incluso al interior de algunas organizaciones sociales. El MOVADEF que es, sin duda, una de sus fachadas, está particularmente activo.

En ese contexto, resulta grave que el gobierno no tenga iniciativa ni propuesta para enfrentar esta pretensión. La sociedad y los partidos tenemos la responsabilidad ciudadana de cerrarles el paso y derrotarlos políticamente, no con leyes apuradas, sino con la divulgación de la tragedia vivida y la construcción de nuestra memoria como país. El gobierno por su lado, tiene la obligación imperativa de implementar las políticas necesarias para su derrota definitiva, pero también para que la historia no se repita. Esa estrategia gubernamental que demandamos, supone un trabajo de inteligencia alejado de la búsqueda del rédito político, de uno y otro lado.

desco Opina / 14 de setiembre de 2012
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La Ley del Negacionismo

La denominada Ley del Negacionismo que impulsa el Ejecutivo en el Congreso de la República sorprendió a propios y extraños. Todo indica que se trata de un intento de respuesta a la ostensible presencia del MOVADEF en el CONARE-SUTEP y a su accionar en la huelga magisterial. Como toda respuesta poco pensada y apresuradamente formulada, se trata de una iniciativa unilateral y llena de peligros, como lo han señalado algunos voceros de la propia organización presidencial, Gana Perú.

Unilateral porque la ley en cuestión pretende aplicarse únicamente a aquellos que desconozcan el papel de Sendero Luminoso y el MRTA en el conflicto interno que tanto nos costara. Unilateral, en consecuencia, porque quienes nieguen el triste papel del grupo Colina, por ejemplo, no están inmersos en la norma, que ciertamente podría corregirse en el Congreso, haciéndola extensiva a todos aquellos que nieguen las responsabilidades y el papel de los distintos actores que intervinieron en ese doloroso período de nuestra historia, como lo sugirió el ex Canciller García Sayán.

Llena de peligros porque se interviene en un terreno que roza demasiado de cerca el derecho elemental de libre opinión y pensamiento y de la libertad de información, al extremo que la norma, por ejemplo, podría pretender aplicarse a párrafos completos del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El entusiasmo por su aprobación mostrado por importantes voceros del fujimorismo y por algunos de los sectores más duros de la derecha, desnuda el interés que puede existir en negar una parte de la historia, y por esa vía, evitar la recuperación de la memoria.

Pero también, porque más allá de la voluntad de quienes impulsan la medida, es claro que ésta afecta la posibilidad de verdad y reconciliación, que no es lo mismo que impunidad como parecen entenderlo algunos, a la que debemos acceder como país. La memoria, entendida como conexión entre pasado y futuro, es indispensable en esta perspectiva si queremos que en la construcción del mañana, el recuerdo del pasado sea una garantía para que éste no se repita.

Desde esta perspectiva, creemos que el Estado se equivoca. La memoria se recupera y la verdad se transmite de generación en generación como resultado de un esfuerzo público y sostenido de educación y comunicación. En el mismo, la responsabilidad del Estado es neurálgica y aquella no puede ser reemplazada por el uso de instrumentos legales para formar las imágenes y valoraciones de la población.

Sorprende definitivamente que sea el Premier, uno de los abanderados de la propuesta. Y lo hace, porque su discurso inicial está marcado por la apuesta por el diálogo que exige de tolerancia y de respeto por la libre opinión pública. Preocupa, adicionalmente, por el momento en que se hace, coincidiendo con el polémico fallo encabezado por el vocal Villa Stein, que fuera dura y certeramente criticado por el propio Premier.

Tal como está formulada, la propuesta alimentará, sin ninguna duda, una fuerte polémica y la polarización que siempre genera nuestro pasado reciente, seguramente volverá a aparecer. Creemos que haría bien el Ejecutivo en repensar y ajustar su propuesta, antes de someterse a la posibilidad cierta de su derrota en el Congreso de la República, y más cierta aún, en la ciudadanía.

desco Opina / 31 de agosto de 2012
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