La ignorancia del ministro de Educación

 

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Gobierno retirará de la currícula nacional las interpretaciones que, según sostuvo, incorporan una carga ideológica en la enseñanza de la historia del Perú, cuestionando que los periodos de violencia política sean presentados por algunos sectores como una “guerra civil”, cuando –afirmó– correspondieron a actos de terrorismo.

Veamos. En términos jurídicos no basta con que haya enfrentamientos internos para que se reconozca una situación como guerra civil: deben existir un nivel de organización, control territorial y capacidad de sostener operaciones militares prolongadas por parte de los rebeldes.

En esa línea, si se hubiera impuesto una interpretación como esa para lo que aconteció durante el ciclo de violencia política que asoló al país entre 1980 y el 2000, seguramente debió conducirnos a la discusión del reconocimiento de “fuerza beligerante” de los subversivos, es decir, a aceptar que poseían derechos y deberes similares a los de un Estado en guerra. Esto incluye derecho a ser tratado como fuerza armada legítima, posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con terceros y aplicación plena de las leyes de la guerra (Convenios de La Haya, Ginebra).

Esto implicaría que el Estado peruano debía reconocer que la beligerancia estaba limitando su margen de acción. En otras palabras, no podría tratar a los subversivos como simples criminales o terroristas; debía aplicar normas de trato a prisioneros, protección de civiles, etc. De otro lado, ese supuesto reconocimiento abría la puerta a que otros Estados puedan negociar, mediar o incluso apoyar a los rebeldes, sin ser acusados de injerencia ilegítima. Asimismo, para los rebeldes es una forma de legitimación política y jurídica, porque pasan de ser “sediciosos” a actores con estatus internacional.

¿Quiere el ministro Chang un ejemplo? El caso de la Organización de Liberación de Palestina OLP, muestra cómo el sistema internacional puede flexibilizar las categorías jurídicas, ya que, sin cumplir todos los requisitos de beligerancia clásica, la OLP fue reconocida como actor legítimo por razones políticas y de justicia histórica. Como es obvio, en Perú, ni Sendero Luminoso (SL) ni el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) obtuvieron ese reconocimiento, porque ni sus métodos ni sus objetivos lograron generar legitimidad internacional. Aun así, Sendero Luminoso sí buscaba que el conflicto peruano fuese reconocido como una “guerra civil”, porque esa denominación les otorgaba un valor político y jurídico que iba mucho más allá de ser considerados “terroristas” o “delincuentes comunes”.

En suma, una “guerra civil” implica aceptar que los rebeldes no son meros delincuentes, sino actores armados con capacidad política y militar. Sin embargo, en la práctica los Estados suelen usar fórmulas intermedias (“conflicto armado interno”) para evitar esa concesión de estatus, aplicando normas humanitarias sin otorgar reconocimiento político.

En esa línea, reconocer una guerra civil acerca indudablemente al reconocimiento de beligerancia, aunque no es automático. Es un terreno donde el lenguaje jurídico y político se entrelaza con la estrategia de legitimidad.

Así, como resulta obvio para quien haya siquiera hojeado su Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú, nunca utilizó la categoría de “guerra civil” para describir el conflicto armado interno (1980–2000). En su lugar, lo definió como conflicto armado interno, siguiendo la terminología del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto permitía aplicar normas de protección sin conceder beligerancia.

De igual manera, el guion del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) evita cuidadosamente la categoría  “guerra civil”. La narrativa oficial del LUM se construye sobre la base del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que definió el periodo 1980–2000 como conflicto armado interno.

Lo que hizo la CVR fue buscar un equilibrio. Por un lado, reconocer la magnitud del conflicto (violencia masiva, violaciones de derechos humanos, enfrentamientos prolongados) y, por otro, evitar la trampa política de legitimar a los insurgentes como actores equivalentes al Estado.

Por eso, su argumento se centró en la idea de un Estado democrático atacado por organizaciones terroristas, pero que, a la vez, cometió graves violaciones de derechos humanos en su respuesta.

 

desco Opina / 18 de setiembre de 2026

El indulto y los campos en disputa

La presentación oficial del pedido de indulto para Fujimori por parte de sus vástagos amenaza con dejar a nuestro no tan locuaz presidente sin el único argumento que tenía para no hablar sobre el tema: «no he recibido nada». Queda claro que un sector, el mismo que se opuso con tenacidad a Humala en 2011, está a favor del indulto y mueven sus fichas en privado y en público para que éste sea otorgado. Panamericana televisión, por ejemplo, titulaba la noticia con el conmovedor rótulo ‘Con fe y esperanza’, palabras que uno esperaría para informar sobre la Teletón.

Cabría esperar algún resquicio de pudor para manifestarse desembozadamente desde la prensa ‘seria’ a favor de Fujimori, exaltando sus virtudes. Y cabría esperarlo porque él y su aparato se encargaron de comprar la línea editorial de diarios y canales de televisión. Hoy, los columnistas que rechazan –legítimamente– las expropiaciones del pasado, se hacen de la vista gorda con la compra fujimorista; al parecer mientras las cosas se mantengan dentro de la lógica del intercambio de prestaciones todo vale. En positivo, el tema ha tenido la virtud de explicitar las posturas de influyentes figuras del medio, tras varios años de apoyos oblicuos y tras el amago de mea culpa de los medios en conjunto, a poco de caer el régimen de Fujimori y Montesinos.

Pero más allá de los medios, los operadores políticos juegan su partido. La especulación sobre el canje de favores entre el nacionalismo y el fujimorismo no deja de tener cierto asidero, sobre todo si estamos hablando de un gobierno que parece estar supliendo su orfandad de ideas con la posibilidad cada vez más cierta de terminar asemejándose a quienes fueron sus rivales electorales. Por el momento, las declaraciones del presidente contra los «infiltrados» en organizaciones que podrían participar en las elecciones regionales y municipales de 2014, relacionadas sin duda a su animadversión por algunos presidentes regionales tipo Santos y con la huelga de maestros del SUTEP, le hacen el juego –tal vez inadvertidamente– al tipo de alertas sobre el terrorismo que más que defender al Estado buscan beneficiar a los Fujimori, por un lado, y reforzar aquella visión de los acontecimientos que pone en el mismo saco a Patria Roja y al Movadef, y, con nulo rigor histórico, a toda la izquierda, del lado del ‘terror’.

Sumado a eso, el presidente viene dejando claro que su hartazgo con algunos ministros de su primer gabinete con quienes, supuestamente él tenía que fungir como «profesor», es inversamente proporcional a su confianza casi ciega en figuras como el ministro Castilla. El MEF parece haber amasado, sin oposición alguna dentro de un gabinete demasiado cambiante, el poder para decidir respecto de las transferencias a gobiernos locales y regionales con miras a capitalizar apoyos para el 2014. Esto juega en pared, por ejemplo, con espadas de Damocles que penden sobre la institucionalidad de los gobiernos regionales, como las modificaciones a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que están dando vueltas en el Pleno del Congreso.

Si la reconcentración es la forma que el gobierno considera óptima para acumular fuerzas y capital político que no podrá obtener de operadores políticos –que no tiene– entonces parece que se quiere cuidar más de sus propias bases que de quienes tienen el poder de susurrarle al oído en salones privados.

La derecha, ante la sensación de haber perdido algo a nivel regional con la tercera victoria sucesiva de Chávez en Venezuela, parece más empeñada en que salga el indulto. Hay una afinidad que podríamos llamar cultural con «valores» como la mano dura y el autoritarismo que el personaje encarna, pero también, se percibe que golpea a los adversarios, lo cual es una forma difusa pero eficiente de ir ganando. Lo que continúa en el guión es el ataque a fondo al Informe de la CVR y, cómo no, ampliar la amnistía a niveles insospechados.

Por otro lado, la izquierda en sus intentos por fortalecer sus bases tiene un camino complicado con la pendiente recolección de firmas que enfrentan las fuerzas que quieren inscribirse para participar en 2014 y en 2016. Parece imposible pedirles que dejen de pensar en las elecciones a favor de hacer política, si entendemos esto último como la consolidación de discursos que disputen los sentidos comunes del libre mercado y el exitismo basado en la capacidad disuasiva del consumo. En ese sentido, la batalla del indulto sí es un pleito que debe comprarse para sentar posición contra la antipolítica como forma de relacionamiento entre Estado y sociedad.

desco Opina / 12 de octubre de 2012
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Problemas de «inteligencia»

Los veinte años de la captura de Abimael Guzmán coinciden con el reavivado «protagonismo» del grupo que hizo del terrorismo su principal arma. La muerte del supuesto «camarada William», quien finalmente resultó no ser quien se decía que era y la poca prolija manipulación política que se trató de hacer de ese hecho, abrió las puertas para que el fujimorismo, pero no sólo éste, abriera fuegos una vez más contra el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

La pronta respuesta del Premier Jiménez pareció expresar el aval del gobierno a dicho documento. Sin embargo, unas declaraciones del propio Presidente de la República, señalando que habían aspectos de aquél que podían revisarse, aunque poco resaltadas por los medios de comunicación, reavivaron el debate, coincidiendo con el rechazo mayoritario que viene generando la propuesta de ley sobre el negacionismo. ¿Qué debe revisarse? ¿Quién debe hacerlo? son preguntas que deberían responderse pero, antes, se tiene que asegurar el acceso a la información que se necesita para contrastar hechos y aseveraciones. Entonces, preguntamos, ¿hay disposición, por ejemplo, para desclasificar documentación tipificada como secreta, que ofrezca la posibilidad de abrir nuevas comprensiones de lo que sucedió?

Para hacerse las cosas más difíciles para el gobierno, la primera dama y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aparecieron recibiendo a tres niños, supuestos cautivos de Sendero Luminoso. Posteriormente, la aparición del padre de los niños y las declaraciones de un alcalde que los identifica, peor aún, la evidencia de que en la operación murió otra niña de tan sólo 8 años, obligaron a apuradas aclaraciones sobre un hecho a todas luces confuso, que no es de ninguna manera lo que inicialmente se le anunció al país. El corolario de esta penosa situación, fue un conjunto de comunicados y declaraciones oficiales contradictorias entre sí, ofreciendo el lamentable espectáculo de un gobierno carente de mínimas coordinaciones entre sus altos funcionarios. Por lo pronto, los ministros Cateriano y Pedraza ya han sido citados al Congreso para que expliquen sobre el caso, mientras que Otárola sigue viendo operaciones impecables donde no las hay.

En este escenario convulso, el fujimorismo organizó un reconocimiento a los captores de Gonzalo en el Congreso de la República, ganándole el vivo al oficialismo y evidenciando su conocida intención de relativizar y desprestigiar el informe de la CVR, como parte de su voluntad de construir una falsa memoria del aciago conflicto interno. Hoy vuelve a salir a la luz el grosero manejo político que hicieron del enfrentamiento con Sendero Luminoso, al extremo que según distintas versiones, “postergaron” su captura para justificar el autogolpe de 1992.

Esta imagen de debilidad desde el gobierno es capitalizada por el fujimorismo, que busca posicionarse como oposición. Uno de sus pocos argumentos parece ser la imagen de un ‘buen’ o al menos ordenado manejo contra-senderista aunque aludiendo por un lado ‘montajes’ de este gobierno, lo cual resulta contraproducente para sus intereses pues suena demasiado a Montesinos, recordado por estos días al cumplirse 12 años del primer ‘vladivideo’.

Los despliegues fujimoristas más bien distraen del hecho tangible de que Sendero Luminoso, además de su presencia activa en el narcotráfico, se está reactivando de distintas maneras, buscando lograr presencia en distintas protestas sociales legítimas e incluso al interior de algunas organizaciones sociales. El MOVADEF que es, sin duda, una de sus fachadas, está particularmente activo.

En ese contexto, resulta grave que el gobierno no tenga iniciativa ni propuesta para enfrentar esta pretensión. La sociedad y los partidos tenemos la responsabilidad ciudadana de cerrarles el paso y derrotarlos políticamente, no con leyes apuradas, sino con la divulgación de la tragedia vivida y la construcción de nuestra memoria como país. El gobierno por su lado, tiene la obligación imperativa de implementar las políticas necesarias para su derrota definitiva, pero también para que la historia no se repita. Esa estrategia gubernamental que demandamos, supone un trabajo de inteligencia alejado de la búsqueda del rédito político, de uno y otro lado.

desco Opina / 14 de setiembre de 2012
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La Ley del Negacionismo

La denominada Ley del Negacionismo que impulsa el Ejecutivo en el Congreso de la República sorprendió a propios y extraños. Todo indica que se trata de un intento de respuesta a la ostensible presencia del MOVADEF en el CONARE-SUTEP y a su accionar en la huelga magisterial. Como toda respuesta poco pensada y apresuradamente formulada, se trata de una iniciativa unilateral y llena de peligros, como lo han señalado algunos voceros de la propia organización presidencial, Gana Perú.

Unilateral porque la ley en cuestión pretende aplicarse únicamente a aquellos que desconozcan el papel de Sendero Luminoso y el MRTA en el conflicto interno que tanto nos costara. Unilateral, en consecuencia, porque quienes nieguen el triste papel del grupo Colina, por ejemplo, no están inmersos en la norma, que ciertamente podría corregirse en el Congreso, haciéndola extensiva a todos aquellos que nieguen las responsabilidades y el papel de los distintos actores que intervinieron en ese doloroso período de nuestra historia, como lo sugirió el ex Canciller García Sayán.

Llena de peligros porque se interviene en un terreno que roza demasiado de cerca el derecho elemental de libre opinión y pensamiento y de la libertad de información, al extremo que la norma, por ejemplo, podría pretender aplicarse a párrafos completos del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El entusiasmo por su aprobación mostrado por importantes voceros del fujimorismo y por algunos de los sectores más duros de la derecha, desnuda el interés que puede existir en negar una parte de la historia, y por esa vía, evitar la recuperación de la memoria.

Pero también, porque más allá de la voluntad de quienes impulsan la medida, es claro que ésta afecta la posibilidad de verdad y reconciliación, que no es lo mismo que impunidad como parecen entenderlo algunos, a la que debemos acceder como país. La memoria, entendida como conexión entre pasado y futuro, es indispensable en esta perspectiva si queremos que en la construcción del mañana, el recuerdo del pasado sea una garantía para que éste no se repita.

Desde esta perspectiva, creemos que el Estado se equivoca. La memoria se recupera y la verdad se transmite de generación en generación como resultado de un esfuerzo público y sostenido de educación y comunicación. En el mismo, la responsabilidad del Estado es neurálgica y aquella no puede ser reemplazada por el uso de instrumentos legales para formar las imágenes y valoraciones de la población.

Sorprende definitivamente que sea el Premier, uno de los abanderados de la propuesta. Y lo hace, porque su discurso inicial está marcado por la apuesta por el diálogo que exige de tolerancia y de respeto por la libre opinión pública. Preocupa, adicionalmente, por el momento en que se hace, coincidiendo con el polémico fallo encabezado por el vocal Villa Stein, que fuera dura y certeramente criticado por el propio Premier.

Tal como está formulada, la propuesta alimentará, sin ninguna duda, una fuerte polémica y la polarización que siempre genera nuestro pasado reciente, seguramente volverá a aparecer. Creemos que haría bien el Ejecutivo en repensar y ajustar su propuesta, antes de someterse a la posibilidad cierta de su derrota en el Congreso de la República, y más cierta aún, en la ciudadanía.

desco Opina / 31 de agosto de 2012
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El Sacha VRAE

A diez meses de iniciada su gestión, el presidente Humala debe lidiar con los primeros síntomas de desgaste. Exitoso en mantenerse a distancia de la caída del vicepresidente Chehade y de los sinsabores causados por sus hermanos Alexis y Antauro, hoy Humala es víctima nada menos que de la imagen que intenta transmitir. Al revés del dicho, son las circunstancias las que no están a la altura que pretende el Presidente.

Los entretelones de la llamada «Operación Libertad» muestran, en primer lugar, lo lejos que las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía están de manejar adecuadamente la derrota de Sendero Luminoso. Humala y su entorno pecaron de exitismo al querer duplicar los dividendos que supuso la captura de «Artemio» hace unos meses y con ese objetivo presentaron la liberación de los rehenes de Kepashiato como producto de la supuesta presión ejercida por las fuerzas del orden sobre la columna senderista. Las revelaciones periodísticas y las desafiantes declaraciones del senderista «Gabriel» muestran la fragilidad de la imagen presidencial cuando esta se sostiene en la fantasía de que «todo está bajo control», alimentada por los mandos militares.

De fondo, algunos temas llaman a preocupación. En primer lugar, es claro que no existe una estrategia ante los escenarios de seguridad interna que se derivan ya no solamente del narcotráfico, sino también del aún invisible entramado social, económico y político que viene provocando la operación de inversiones extractivas en los territorios amazónicos La conversión de columnas armadas –en las que apenas puede rastrearse el componente ideológico– en aparatos de extorsión a empresas principalmente extranjeras es un componente que el Estado no debe subestimar intentando encajar en el discurso de la «lucha contrasubversiva». Nada impide que el cobro de cupos sea enfrentado con mucho pragmatismo por los inversionistas, lo que crecientemente supondrá un problema de gobernabilidad en el centro del eje energético del país.

En segundo lugar, surge la pregunta por la capacidad de nuestra democracia para hacer frente a situaciones de conflicto. La región militar del VRAE, creada en 2009 por el gobierno del APRA, no comprende el distrito de Echarate, donde desde 2010 se reporta actuación de subversivos en operaciones del narcotráfico y donde hoy se ha trasladado la persecución a «Gabriel». Nuestra historia reciente nos ha dejado cargados de lecciones –por lo visto inútiles– sobre lo que ocurre cuando el mando militar prima sobre los gobiernos civiles: a cuenta gotas la prensa informa sobre las etnias desplazadas y los bombardeos en áreas pobladas por civiles. 

Vemos así cómo un proceso que debería despertar la unidad de los peruanos, como lo es la derrota final de Sendero Luminoso, termina en realidad teñida de cuestionamientos. Mientras el Premier, el ministro de Defensa y los adeptos al poder quieren ver en esto mezquindad y hasta complicidad con el senderismo, lo cierto es que no hay que ser especialmente crítico con el gobierno para notar sus deficiencias en el manejo civil y militar de la situación. Como vemos, no sólo en lo relativo al proyecto Conga Humala tiene serios problemas para gobernar un «modelo económico» que se sostiene tanto en la actuación de las grandes extractivas, como en los recursos de la coca ilegal y el «chorreo» de la minería informal.

desco Opina /  27 de abril de 2012
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Kepashiato

A inicios de la semana, la captura y secuestro de más de 40 trabajadores de las empresas Skanska y Coga vinculadas al consorcio Camisea, remeció al país. La incursión de una columna armada en el centro poblado menor de Kepashiato y su posterior desaparición en la poco accesible geografía que rodea al distrito de Echarate, pone en cuestión la estrategia antisubversiva que viene llevando adelante el gobierno, en una zona donde los vínculos de los senderistas con el narcotráfico son tan evidentes como la pobreza de buena parte del valle de los ríos Apurímac y Ene. El sorprendente silencio gubernamental sobre los sucesos llega al extremo que transcurridos varios días del mismo, aún se desconoce con exactitud el número y la identidad de los rehenes.

Mientras buena parte de las autoridades nacionales estaban más preocupadas por atender –felizmente con éxito en este caso- el rescate de los nueve mineros informales atrapados en un derrumbe en la mina Cabeza de Negro en Ica, la alcaldesa de La Convención era de las pocas que aparecían desmintiendo la información inicial del Ministerio Público, que señalaba la liberación de un grupo de los secuestrados. El comunicado del Ministerio de Defensa anunciando el envío de un fuerte contingente militar para hacer frente a la situación, y el anuncio de la constitución de un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es absolutamente insuficiente y evidencia el desconcierto gubernamental.

La operación de los subversivos no puede ser una sorpresa para el Estado. Máxime si existe el antecedente de un hecho similar el año 2003, cuando los senderistas capturaron y retuvieron a más de 50 trabajadores de la empresa Techint en Toccate, liberándolos, tras una presumible exitosa negociación con la empresa, la que explicaría por qué ésta pudo seguir operando sin que se sucedieran problemas parecidos.

En esta ocasión, el senderismo, defendiendo ahora una supuesta política de Frente Único Democrático, exige diez millones de dólares, además de una contribución anual que superaría el millón de dólares, contra el compromiso de respetar el trabajo posterior de las empresas involucradas. En otras palabras, un negocio a gran escala, no muy distinto al que llevan adelante las distintas bandas de extorsionadores, dirigidas, todo indica, desde varios de los penales del país.

El gobierno se ve así asediado desde un flanco distinto en su intención de garantizar un ambiente adecuado para las grandes inversiones. Si Cajamarca y Conga lo interpelan política y socialmente, Kepashiato lo hace en su capacidad de garantizar la seguridad en una zona estratégica del territorio nacional. En consecuencia, es evidente que está en la obligación de dar una explicación clara de lo que viene ocurriendo y del curso de su acción. Son más de cuarenta personas las víctimas directas en esta ocasión, pero de la misma gravedad es la demostración de la vulnerabilidad de este territorio neurálgico para el presente y el futuro energético del país, donde parece movilizarse con comodidad este grupo subversivo.

Si la captura de Artemio fue una victoria importante para el país y un logro que le dio importantes dividendos a la popularidad presidencial, el ataque de Kepashiato nos golpea duramente a todos y obliga a las autoridades a revisar y replantear una estrategia que se ha demostrado definitivamente limitada.

desco Opina / 13 de abril de 2012

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Fujimorismo con rostro aprista

El premier Velásquez Quesquén, perfila su salida del Gabinete y quiere hacerlo por todo lo alto. Para impactar, parece que tuvo a bien vestirse de fujimorista por un momento, señalando que el Perú debía retirarse parcialmente del sistema interamericano de derechos humanos, porque sus sentencias –en las que están involucrados condenados por terrorismo– no estaban en sintonía con los intereses nacionales.

No le siguieron ni sus formalmente subordinados ministros, pero lo dicho, dicho estaba y no respondía a ninguna ingenuidad, aunque lo parezca, sino más bien a torpeza. El premier no se desvía un ápice de una de las líneas de acción planteadas por el actual gobierno, en su fase de salida. En efecto, su planteamiento sintoniza con una serie de actos gubernamentales que muestran indefectiblemente una voluntad de endurecer el precario régimen democrático existente en el país.

Los enfoques que predominan en el Ejecutivo sobre el empleo de la fuerza pública, los roles de la justicia militar y el tratamiento a los pendientes en materia de judicialización por violaciones a los derechos humanos, tienen actualmente una vía abierta para ser formulados en normas, al decidir el Congreso la delegación de facultades legislativas para estos temas. Aún más, debe remarcarse el hecho de que han empezado a tomar forma opiniones «técnicas» en cuestiones tales como la presencia de menores en grupos armados –considerándolos «blancos legítimos»– o la tipificación de «daño colateral» que, en cristiano, significa que no habría consecuencia judicial si alguna persona tuvo la mala suerte de encontrarse en medio del fuego cruzado entre las fuerzas del orden y grupos subversivos y ser víctima de ello.

Incluso, podemos agregar a todo esto las formas lamentables como el Ejecutivo, seguido por la mayoría de los medios de comunicación, plantearon el marco del debate respecto a la liberación de los condenados por terrorismo y el pago de reparaciones.

El escenario descrito conduce a plantearse una pregunta obvia: ¿A qué necesidad responde esta voluntad expresada nítidamente por el gobierno? Seguramente, a organizar el escenario ante la probabilidad de un aumento sustancial de la conflictividad social generada en torno a las actividades extractivas y la disputa por los recursos naturales.

Para el caso, es posible que un aprendizaje de lo experimentado durante el ciclo de violencia política, haya conducido a los agentes del Estado a apelar nuevamente en versión corregida, aumentada y puesta al día, a las restricciones de los derechos garantizados por la Constitución del Estado. Por ello, no es fortuito que vuelva a levantarse la fantasmal amenaza subversiva, que estaría adoptando ahora la figura de sacerdotes que defienden los derechos de la población nativa, activistas de derechos humanos, opositores a la actividad extractiva salvaje, entre otros.

Además, que todo ello suceda en la fase terminal del actual gobierno, permite sospechar que los alcances de sus decisiones no sólo buscan herramientas para sortear la presión social, sino también para poner marcos acotados al próximo gobierno, fuese quien fuese su conductor, obligándolo a actuar bajo estas cuestionables reglas. En este contexto, la institucionalidad democrática es un bien cada vez menos valorado.

desco Opina / 23 de julio de 2010

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Un iceberg llamado Sendero

La demostración pública en la facultad de Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre banderas rojas y consignas a favor de la libertad para «los presos políticos del Perú», que hacen clara alusión a los sentenciados por delitos de terrorismo, expresa crisis, debilidades y aprovechamientos de diverso tipo, que finalmente constituyen la punta de un iceberg con posible rumbo de colisión en el mediano plazo. Vayamos por partes.

No podemos obviar que la marcha pro senderista parece haber aprovechado con criterio estratégico el contexto de aguda crisis institucional que atraviesa la Decana de América. Por su lado, los medios de comunicación van construyendo la gran noticia de la amenaza terrorista, uniendo este registro en video con otros hechos que han estado en las primeras planas en estos días, como la excarcelación del Lori Berenson a fines de mayo. El gobierno se vale de esto para dar demostraciones de rigor y vigilancia, sobre todo para distanciarse de los procesos de excarcelaciones sobre los cuales, dicen, no pueden hacer nada porque vienen desde el gobierno de Toledo. Esto le sirve, de paso, a los sectores conservadores cercanos al régimen para criticar la labor de las organizaciones de derechos humanos. Finalmente, el fujimorismo se beneficia y busca ensalzar la imagen de su también encarcelado líder como el que derrotó a las agrupaciones subversivas.

Sin embargo, al margen del provecho político que algunos esperan obtener, no cabe duda que éste es un tema que debe tomarse con suma seriedad, sobre todo por lo que expresan las nuevas dinámicas «electorales» de sectores filo-senderistas como el Movimiento por la Aministía y Derechos Fundamentales (Movadef) que ha comprado un kit electoral y está a la caza de firmas para inscribirse. Ya han saltado a la palestra al menos un par de candidatos a alcaldes por este movimiento, entre los que destaca Abraham Cauna, candidato en Puno que declaró que Abimael Guzmán es «un genio del proletariado que va a superar la teoría del Big Bang».

Sea que se trate de una «fachada democrática» o de la apuesta real de algunas facciones de SL por participar dentro del sistema, esto presenta una novedad que nos habla de dinámicas internas que avanzan –aún con las contradicciones conocidas entre «acuerdistas» (leales a Guzmán) y los de la línea «proseguir» (que optan por la continuación de la lucha armada)– sin que haya una mayor elaboración desde el sistema político de partidos ni desde las instancias de gobierno por completar una labor que ahora se revela como inconclusa durante el periodo de Fujimori.

Se pensó que, seco el pantano, desaparecerían los mosquitos, pero es claro que la capacidad de organización territorial en las zonas cocaleras y la infiltración y la acumulación de fuerzas –fenómeno muy acotado en Lima pero de mayor alcance en otras regiones, incluyendo Huamanga– tienen que ver con la continuidad de una propuesta ideológica que cala entre los jóvenes que siguen constatando día a día qué poco hemos avanzado en la reducción de las desigualdades sociales y económicas y que –en muchos casos– no han vivido la crueldad de SL en carne propia. Por ahora, pareciera que hasta SL ha cambiado, pero no la forma del Estado peruano de afrontar el tema.

Tampoco parece haber desde los partidos de izquierda, preocupados la mayoría por su inscripción y su propia acumulación de fuerzas durante el «invierno» neoliberal del segundo García, la necesidad de dar batalla ideológica a Sendero Luminoso, tal como lo hizo tantas veces en el pasado. La derecha política y el partido de gobierno tampoco debaten ni toman posición y se opta a menudo por la vía represiva como alternativa, solución y bálsamo.

El Presidente, en esa línea, se sigue equivocando, tanto al señalar que los pedidos de amnistía a Guzmán configuran el delito de apología al terrorismo, como al pretender, a toda costa, intervenir las universidades. Pero esto no es solo un error, sino un paso coherente con una política más amplia de alianza con sectores militares para fomentar el uso de la fuerza. No debemos olvidar que el 10 de junio se aprobó un proyecto de Ley que faculta al Poder Ejecutivo a legislar sobre: a) el nuevo código de Justicia Militar, b) ley de uso de la fuerza letal por parte del personal militar y c) normas procesales para personal militar y policial condenados por delitos contra los derechos humanos. Los analistas advierten el carácter inconstitucional de esta nueva maniobra que anticipa juegos políticos de largo plazo para el partido de gobierno en su vinculación con las fuerzas armadas y confirma que la agenda de «lucha contra el terrorismo» está subordinada a otro tipo de cálculos políticos. Este es un tema que merecería un mayor debate puesto que, por ahora, nos encontramos sumidos entre la ignorancia de la verdadera magnitud de estas dinámicas y la ausencia de alternativas realmente efectivas para hacerles frente como sociedad y como sistema político.

desco Opina / 25 de junio de 2010

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