¿Educar o imponer?

 

La autoridad en la escuela no se construye con prohibiciones y castigos, sino con formación, condiciones adecuadas y respeto.

El Ministerio de Educación ha vuelto a colocar la disciplina escolar en el centro de su discurso. Los lineamientos anunciados por el ministro José A. Chang consideran faltas graves, entre otras, el uso indebido de celulares y la acumulación de tardanzas injustificadas. A ello se suman las repetidas exigencias sobre el corte de pelo, el largo de las faldas, la puntualidad y la presentación personal.

Las escuelas públicas o privadas necesitan reglas de convivencia, y ciertas conductas exigen respuestas oportunas y proporcionales. Sin embargo, aparecen problemas cuando la disciplina se toma como el eje de la política educativa y la autoridad se confunde con la imposición de obediencia ciega. Educar no es uniformar conductas ni administrar castigos: es formar personas capaces de convivir, asumir responsabilidades y ejercer sus derechos. Más en un país multicultural, diverso, profundamente racista y clasista como el nuestro.

La insistencia en regular la apariencia, particularmente la vestimenta y el cabello de las alumnas y alumnos, revela una concepción propia de patrones autoritarios y machistas. En lugar de promover la autonomía y el respeto mutuo, se pretende transmitir que el orden depende del sometimiento a una autoridad que decide, incluso, la apariencia de los estudiantes. Las normas son necesarias, pero deben justificarse por su contribución al aprendizaje, la convivencia y la protección de las personas, no por la obediencia como valor en sí mismo. Así no se educa a nadie para vivir en democracia. Asunto éste que parece no preocuparles ni al Ministro ni al gobierno.

Quedan fuera de este debate las condiciones materiales para cumplir las exigencias escolares. Se pide aseo y buena presentación, pero ¿todas las escuelas disponen de agua, servicios higiénicos adecuados y materiales de limpieza? No. ¿Se considera la situación económica de las familias y las diferencias entre los entornos urbanos, rurales e indígenas? No. Más grave aún es la distancia entre el énfasis en la disciplina formal y los problemas de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes. Los casos de agresión sexual, y particularmente de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guisse parece hacer disparado la reacción disciplinaria del Ministro y su entorno, parte del cual parecía mirar al techo y silbar en el caso Condorcanqui. Quisiéramos saber si también se han preguntado ante lo ocurrido, qué mecanismos de prevención, supervisión y protección funcionaron y cuáles fallaron, y por qué.

Este tipo de violencia no se previene únicamente con reglamentos más severos. Se necesitan educación sexual integral, formación para reconocer y enfrentar el abuso, canales seguros de denuncia, atención a las víctimas, protocolos efectivos y responsabilidades institucionales. También faltan recursos para capacitar a los docentes y directivos, así como para trabajar con los estudiantes sobre el consentimiento, el respeto, la resolución de conflictos y las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Dónde están estos componentes en el discurso que insiste en la presentación personal y el endurecimiento de las sanciones?

La cuestión trasciende las escuelas. Lo hemos visto en un reciente enfrentamiento verbal entre senadores y representantes del Ejecutivo durante el debate de las facultades legislativas. En el mismo se mostró hasta qué punto las instituciones pueden apartarse de las normas que reclaman a la sociedad. La convivencia democrática no se enseña mediante reglamentos, también se aprende observando cómo actúan quienes ejercen responsabilidades públicas. Exigir autocontrol a los escolares mientras los adultos protagonizan confrontaciones y descalificaciones debilita la legitimidad del mensaje.

Peor aun cuando la respuesta a la inseguridad ciudadana se expresa principalmente mediante despliegues y demostraciones públicas de autoridad. Frente a las extorsiones, los asesinatos y los secuestros, la ciudadanía necesita resultados: investigación criminal, inteligencia policial, protección de las víctimas, coordinación institucional y justicia. Las ceremonias pueden tener una función simbólica, pero no reemplazan una política de seguridad capaz de reducir la violencia y proteger a las personas.

No se trata de equiparar disciplina escolar con seguridad ciudadana, sino de entender que la ruta no es creer que los problemas complejos se resuelven multiplicando las sanciones, exhibiendo autoridad y endureciendo las reglas. El desafío educativo peruano va más allá que el control de la apariencia y la conducta. La autoridad democrática, tanto en la escuela como en el Estado, necesita legitimidad, capacidad de respuesta y coherencia entre lo que se exige y lo que se hace.

Necesitamos mejorar los locales escolares, los servicios básicos, fortalecer la formación docente, prevenir la violencia y reconocer la diversidad social, lingüística y cultural del país. El tema exige, asimismo, escuchar a estudiantes, las familias diversas del Perú y a los maestros, en lugar de tratarlos como receptores pasivos de disposiciones ministeriales.

Una política educativa responsable debe preguntarse no solo por qué conductas sancionar, sino por cuales capacidades desarrollar, qué recursos proporcionar y qué responsabilidades asumir para que las escuelas sean espacios seguros, inclusivos y democráticos. La escuela necesita autoridad, pero una autoridad que eduque; disciplina, pero una disciplina que forme; normas, pero normas que puedan comprenderse y reconocerse como legítimas. De lo contrario, estaremos ordenando la superficie mientras dejamos sin respuesta los problemas que atraviesan la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes.

 

desco Opina / 16 de octubre del 2026

La ignorancia del ministro de Educación

 

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Gobierno retirará de la currícula nacional las interpretaciones que, según sostuvo, incorporan una carga ideológica en la enseñanza de la historia del Perú, cuestionando que los periodos de violencia política sean presentados por algunos sectores como una “guerra civil”, cuando –afirmó– correspondieron a actos de terrorismo.

Veamos. En términos jurídicos no basta con que haya enfrentamientos internos para que se reconozca una situación como guerra civil: deben existir un nivel de organización, control territorial y capacidad de sostener operaciones militares prolongadas por parte de los rebeldes.

En esa línea, si se hubiera impuesto una interpretación como esa para lo que aconteció durante el ciclo de violencia política que asoló al país entre 1980 y el 2000, seguramente debió conducirnos a la discusión del reconocimiento de “fuerza beligerante” de los subversivos, es decir, a aceptar que poseían derechos y deberes similares a los de un Estado en guerra. Esto incluye derecho a ser tratado como fuerza armada legítima, posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con terceros y aplicación plena de las leyes de la guerra (Convenios de La Haya, Ginebra).

Esto implicaría que el Estado peruano debía reconocer que la beligerancia estaba limitando su margen de acción. En otras palabras, no podría tratar a los subversivos como simples criminales o terroristas; debía aplicar normas de trato a prisioneros, protección de civiles, etc. De otro lado, ese supuesto reconocimiento abría la puerta a que otros Estados puedan negociar, mediar o incluso apoyar a los rebeldes, sin ser acusados de injerencia ilegítima. Asimismo, para los rebeldes es una forma de legitimación política y jurídica, porque pasan de ser “sediciosos” a actores con estatus internacional.

¿Quiere el ministro Chang un ejemplo? El caso de la Organización de Liberación de Palestina OLP, muestra cómo el sistema internacional puede flexibilizar las categorías jurídicas, ya que, sin cumplir todos los requisitos de beligerancia clásica, la OLP fue reconocida como actor legítimo por razones políticas y de justicia histórica. Como es obvio, en Perú, ni Sendero Luminoso (SL) ni el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) obtuvieron ese reconocimiento, porque ni sus métodos ni sus objetivos lograron generar legitimidad internacional. Aun así, Sendero Luminoso sí buscaba que el conflicto peruano fuese reconocido como una “guerra civil”, porque esa denominación les otorgaba un valor político y jurídico que iba mucho más allá de ser considerados “terroristas” o “delincuentes comunes”.

En suma, una “guerra civil” implica aceptar que los rebeldes no son meros delincuentes, sino actores armados con capacidad política y militar. Sin embargo, en la práctica los Estados suelen usar fórmulas intermedias (“conflicto armado interno”) para evitar esa concesión de estatus, aplicando normas humanitarias sin otorgar reconocimiento político.

En esa línea, reconocer una guerra civil acerca indudablemente al reconocimiento de beligerancia, aunque no es automático. Es un terreno donde el lenguaje jurídico y político se entrelaza con la estrategia de legitimidad.

Así, como resulta obvio para quien haya siquiera hojeado su Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú, nunca utilizó la categoría de “guerra civil” para describir el conflicto armado interno (1980–2000). En su lugar, lo definió como conflicto armado interno, siguiendo la terminología del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto permitía aplicar normas de protección sin conceder beligerancia.

De igual manera, el guion del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) evita cuidadosamente la categoría  “guerra civil”. La narrativa oficial del LUM se construye sobre la base del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que definió el periodo 1980–2000 como conflicto armado interno.

Lo que hizo la CVR fue buscar un equilibrio. Por un lado, reconocer la magnitud del conflicto (violencia masiva, violaciones de derechos humanos, enfrentamientos prolongados) y, por otro, evitar la trampa política de legitimar a los insurgentes como actores equivalentes al Estado.

Por eso, su argumento se centró en la idea de un Estado democrático atacado por organizaciones terroristas, pero que, a la vez, cometió graves violaciones de derechos humanos en su respuesta.

 

desco Opina / 18 de setiembre de 2026