La ignorancia del ministro de Educación

 

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Gobierno retirará de la currícula nacional las interpretaciones que, según sostuvo, incorporan una carga ideológica en la enseñanza de la historia del Perú, cuestionando que los periodos de violencia política sean presentados por algunos sectores como una “guerra civil”, cuando –afirmó– correspondieron a actos de terrorismo.

Veamos. En términos jurídicos no basta con que haya enfrentamientos internos para que se reconozca una situación como guerra civil: deben existir un nivel de organización, control territorial y capacidad de sostener operaciones militares prolongadas por parte de los rebeldes.

En esa línea, si se hubiera impuesto una interpretación como esa para lo que aconteció durante el ciclo de violencia política que asoló al país entre 1980 y el 2000, seguramente debió conducirnos a la discusión del reconocimiento de “fuerza beligerante” de los subversivos, es decir, a aceptar que poseían derechos y deberes similares a los de un Estado en guerra. Esto incluye derecho a ser tratado como fuerza armada legítima, posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con terceros y aplicación plena de las leyes de la guerra (Convenios de La Haya, Ginebra).

Esto implicaría que el Estado peruano debía reconocer que la beligerancia estaba limitando su margen de acción. En otras palabras, no podría tratar a los subversivos como simples criminales o terroristas; debía aplicar normas de trato a prisioneros, protección de civiles, etc. De otro lado, ese supuesto reconocimiento abría la puerta a que otros Estados puedan negociar, mediar o incluso apoyar a los rebeldes, sin ser acusados de injerencia ilegítima. Asimismo, para los rebeldes es una forma de legitimación política y jurídica, porque pasan de ser “sediciosos” a actores con estatus internacional.

¿Quiere el ministro Chang un ejemplo? El caso de la Organización de Liberación de Palestina OLP, muestra cómo el sistema internacional puede flexibilizar las categorías jurídicas, ya que, sin cumplir todos los requisitos de beligerancia clásica, la OLP fue reconocida como actor legítimo por razones políticas y de justicia histórica. Como es obvio, en Perú, ni Sendero Luminoso (SL) ni el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) obtuvieron ese reconocimiento, porque ni sus métodos ni sus objetivos lograron generar legitimidad internacional. Aun así, Sendero Luminoso sí buscaba que el conflicto peruano fuese reconocido como una “guerra civil”, porque esa denominación les otorgaba un valor político y jurídico que iba mucho más allá de ser considerados “terroristas” o “delincuentes comunes”.

En suma, una “guerra civil” implica aceptar que los rebeldes no son meros delincuentes, sino actores armados con capacidad política y militar. Sin embargo, en la práctica los Estados suelen usar fórmulas intermedias (“conflicto armado interno”) para evitar esa concesión de estatus, aplicando normas humanitarias sin otorgar reconocimiento político.

En esa línea, reconocer una guerra civil acerca indudablemente al reconocimiento de beligerancia, aunque no es automático. Es un terreno donde el lenguaje jurídico y político se entrelaza con la estrategia de legitimidad.

Así, como resulta obvio para quien haya siquiera hojeado su Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú, nunca utilizó la categoría de “guerra civil” para describir el conflicto armado interno (1980–2000). En su lugar, lo definió como conflicto armado interno, siguiendo la terminología del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto permitía aplicar normas de protección sin conceder beligerancia.

De igual manera, el guion del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) evita cuidadosamente la categoría  “guerra civil”. La narrativa oficial del LUM se construye sobre la base del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que definió el periodo 1980–2000 como conflicto armado interno.

Lo que hizo la CVR fue buscar un equilibrio. Por un lado, reconocer la magnitud del conflicto (violencia masiva, violaciones de derechos humanos, enfrentamientos prolongados) y, por otro, evitar la trampa política de legitimar a los insurgentes como actores equivalentes al Estado.

Por eso, su argumento se centró en la idea de un Estado democrático atacado por organizaciones terroristas, pero que, a la vez, cometió graves violaciones de derechos humanos en su respuesta.

 

desco Opina / 18 de setiembre de 2026

Tan pronto, y sin pena ni gloria

 

A 23 días del mensaje inaugural de la gestión de Keiko Fujimori, el presidente de su Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asistió a la Cámara de Diputados para la presentación de las prioridades y la política general del gobierno. Quienes esperaban que la misma estuviera acompañada del pedido de facultades extraordinarias que la mandataria anunciara como si estuviera listo, el 28 de julio, para postergarlo posteriormente unos días “por retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros”, tendrán que seguir esperando, no sabemos bien hasta cuándo. En sentido estricto, las debilidades, los ruidos internos del Gabinete y las reiteradas diferencias de criterio con la Presidenta, cada vez más públicos, no permitían expectativas mayores sobre su asistencia a la avenida Abancay.

Una sucesión de errores y desencuentros, así lo evidenciaban. Recordemos algunas de las señales más estruendosas. El desencuentro más grosero lo protagonizó el Ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien fuera Primer Ministro de Jerí, aprovechando la filtración de una carta firmada por 21 abogados, muchos de ellos próximos a la Coordinadora Republicana, anunciaba su intención de que el Lugar de la Memoria (LUM) sea trasladado a su sector, argumentando que aborda directamente la época del conflicto armado interno. Pronto, Alberto Beingolea, uno de los mejores periodistas deportivos del país, convertido en Ministro de Cultura, indicó que se trataba de una opinión personal y le respondió defendiendo la ubicación del LUM.

Por las características del personaje, ocupa el segundo lugar el Canciller y excandidato presidencial Carlos Espá, que cuando aspirante al sillón de Pizarro consideraba inaceptable que la señalada por golpista Betssy Chávez se asilara en México, aparece anunciando la autorización para que salga del país como la primera medida de su gestión. Disputando ese honor, el ministro del Interior, César Astudillo, ex comandante general del Ejército, defendió la permanencia en el cargo del Jefe de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, argumentando sus resultados en la lucha contra la delincuencia, sin percatarse, quizá, que en los primeros 18 días de su gobierno, se habían producido 105 asesinatos, 77.5% cometidos con arma de fuego.

Por su lado, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, aseguró que los vagones del tren promovido por el exalcalde y ahora candidato Rafael López Aliaga, en realidad fueron comprados por la Municipalidad de Lima, rechazando la versión que aquél y sus defensores, mantuvieron permanentemente. La Presidenta tuvo que aparecer en una red social desautorizando a su ministro y asegurando que los trenes se harán de todas maneras, precisando que se encuentran en Proinversión. Finalmente, Rey, en la misma presentación en la Cámara de Diputados, terminó de recular, indicó que fue malinterpretado y que no tiene nada en contra del principal aliado gubernamental y su soporte indispensable en el Senado, precisando que dejará los estudios y el futuro del proyecto en manos de Proinversión.

El desorden y la debilidad parecen tan significativos, que incluso Elmer Cuba, el ministro más rankeado del equipo ministerial, tuvo unas declaraciones poco felices y nada empáticas, al pedir "no exagerar por un poco de agua en la rodilla" cuando varios distritos del sur de la capital sufrían las consecuencias de una lluvia intensa, días atrás, obligando una vez más a que la propia señora K le llame la atención desde el mismo lugar de los acontecimientos. Como es obvio, la suma de éstos y varios otros sucesos, motivaron, muy pronto, críticas y comentarios duros de analistas y políticos que perciben el rápido deterioro que puede alcanzar al Ejecutivo.

Así las cosas, la presentación de Luis Galarreta, Presidente del Consejo de Ministros, que en el mejor de los casos puede ser calificada como reiteración de un diagnóstico que el país ya escuchó de labios de la señora Fujimori, estuvo llena de promesas abstractas –sin precisar mecanismos, mucho menos presupuestos viables para convertirlas en resultados tangibles–, así como de omisiones clamorosas que ponen en cuestión la composición y capacidad del equipo ministerial y su posibilidad real de llevar adelante las ofertas y compromisos anunciados por el gobierno. Como su Presidenta, no podía ser de otra forma, empezó su mensaje señalando que el gobierno encontró un Estado “desordenado y desbordado”, olvidando oportunamente, igual que aquella, que tanto el desorden como el desborde los tienen claramente entre los responsables.

Sobre esa base concentró su intervención en algunos puntos e hizo unos pocos anuncios. En materia de seguridad, fortalecer el sistema de flagrancia y ampliar el subsistema contra la extorsión a 15 distritos judiciales, penales de alta seguridad y habilitar cuarteles en desuso para aliviar las cárceles, además de devolverle capacidades operativas al Sistema de Inteligencia Nacional, en el marco de unas FF.AA. protagónicas en la materia. Frente a El Niño, anunció la instalación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo para acelerar la preparación frente a su llegada, advirtiendo que “el Estado no llegará cuando el daño ya esté hecho”, olvidando que el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, acababa de anunciar un primer paquete de 800 millones de soles para 540 puntos críticos… de los más de 1900 que existen. En el discurso hubo silencio sobre las tareas pendientes de la Autoridad Nacional de Infraestructura, creada por Dina Boluarte, supuestamente para destrabar los proyectos que tenía la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Se necesitaban 7000 millones de soles para culminar obras esenciales como el Proyecto Integral de la Cuenca del Piura, el Congreso que encabezaron aprobó menos de la mitad.

Si los problemas previos del equipo encabezado por Galarreta daban indicios de un temprano desgaste sin necesidad de la intervención de la oposición, su paso por la Cámara de Diputados ratificó esa imagen e incluso las intervenciones de sus aliados, la señora Yarrow, por ejemplo, mostraron que no se alejan mucho de la línea de flotación.

 

 

desco Opina / 21 de agosto de 2026

Tanto va el cántaro al agua…

Las primeras planas de los periódicos y la cobertura diaria de la radio y la televisión fueron ocupadas las últimas semanas por los desastres y la emergencia asociada al ciclón Yaku. La presidenta y su primer ministro creyeron descubrir una oportunidad para “pasar la página” de los muertos, heridos, detenidos y perseguidos de las protestas y las demandas que se iniciaran hace ya más de 4 meses. Pensaron, con la soberbia que los caracterizó desde su instalación como parte de la coalición autoritaria que nos gobierna, que podían empezar a atender su inexistente legitimidad. Esa capacidad –asociada al liderazgo y la confianza, indispensables para gobernar– aparece en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos por debajo del nivel de flotación: con una aprobación de apenas 15% y una desaprobación de 78% que supera el 80% en el sur y el oriente del país, en el medio rural y en los estratos D y E, no cancela la legalidad del poder de la señora Boluarte, pero evidencia su precariedad en el cargo en el que la sostiene la coalición autoritaria que sucedió a Castillo.

La última encuesta de IPSOS Apoyo que preguntó al respecto (con tarjeta y opción múltiple), muestra que 32% cree que ella es la responsable mayor de la crisis que vivimos, 17% lo sindica a Alberto Otárola, 29% piensa que el fujimorismo y un 28% señala a las bancadas de extrema derecha, aliadas del gobierno. La percepción instalada en la opinión pública es clara y que la explosión social de los últimos meses haya disminuido en fuerza y cantidad, como no podía ser de otra manera dado el tiempo transcurrido, no significa, como creen el gobierno y sus socios, que ésta vaya a cambiar y que el piso empiece a emparejarse y estabilizarse.

Entonados por la nueva situación, los integrantes de la coalición gubernamental siguieron con sus andadas. En el Ejecutivo, la velocidad que mostraron para comprar material antidisturbios y desplazar raudamente tropas al sur, fue reemplazada por sobrevuelos en helicóptero y el turismo de distintos ministros y ministras que buscaron “ensuciarse” y lamentarse por la falta de recursos y motobombas, como los argumentos para la futura creación de una Autoridad Nacional de Infraestructura. El Congreso por su lado, buscando el disimulo de sus escándalos cotidianos –el buffet parlamentario, la pretensión del policlínico propio, los viajes sin control, el blindaje de sus integrantes y la práctica regular de “expropiación” de las remuneraciones de sus trabajadores–, se redujo al acopio de donaciones y a la búsqueda de fotos de algunos de sus integrantes con cara de circunstancia en algunas de las zonas afectadas, combinado con el sonoro rechazo a discutir la moción de vacancia contra Dina Boluarte. Confiando en el olvido, por cierto, del incumplimiento de sus funciones como lo muestran la inexistencia de cualquier iniciativa legislativa frente a la emergencia climática, de algún proyecto de vivienda popular y reubicación de las zonas afectadas o el fracaso de su comisión de seguimiento a la reconstrucción del Niño Costero del 2017 que nos ha costado ya más de medio millón de soles en asesores de confianza, sin ningún resultado concreto.

Por su parte, el alcalde de Lima, aunque socio menor de la coalición por el momento, pasó con singular entusiasmo de la oración por los damnificados y para que pare el desastre, a la queja porque carece de recursos y tiene poco tiempo en el cargo, exigiendo una ley de intangibilidad de las quebradas, que ya existe hace mucho, y proponiendo que se protejan quebradas y ríos con “dos paredes y piso”, seguramente para que Lima sea potencia mundial.

En este contexto, y más allá de las apariencias que les ha permitido el ciclón, el gobierno y el Congreso parecen confiados, si no de llegar al 2026, de durar lo necesario para “restaurar” el orden neoliberal y asegurar su control pleno de las instituciones (Defensoría del Pueblo, JNE, ONPE, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia) para organizar el futuro del país a partir de sus intereses y a su imagen y semejanza, repitiendo el modelo fujimorista. Se sienten tan confiados e impunes que continúan con las provocaciones torpes, no obstante, la presión de la comunidad internacional –desde el Departamento de Estado americano y la ONU hasta el New York Times– por la gravedad de la situación que vivimos, en la que desde el gobierno se ha impuesto un patrón de violación de derechos humanos, con el silencio cómplice del Congreso, el Ministerio Público y la justicia. El cierra filas por la impunidad es parte de su decisión firme de cerrar el sistema político de toda forma de participación que suponga algún cuestionamiento al modelo o la inclusión en las decisiones políticas de quienes lo exigen en las calles, demandando cambios de fondo y un nuevo contrato social.

La clausura del LUM, la agresión contra quienes hacían una alfombra de flores en la semana santa ayacuchana recordando a los muertos recientes o el patético desembarco de la derecha extrema española y latinoamericana en el denominado Foro de Madrid, son evidencia de tales provocaciones. La novedad en el escenario de hoy es la campaña lanzada desde distintos medios de comunicación desnudando distintas acciones de la presidenta en su reciente pasado “castillista”. Que la mayoría de “acusadores” sean aspirantes a colaboradores eficaces y cercanos al profesor, indicaría la contribución de la Fiscalía a lo que parece una campaña de demolición de mediana intensidad, iniciada por los programas políticos de la televisión del 19 de marzo y reproducida y amplificada por los medios escritos desde el día siguiente. La misma, en lo inmediato, apuntaría a la salida de Otárola y a la designación de un nuevo gabinete, más directamente vinculado a los sectores que realmente cortan el jamón.

A fin de cuentas, en la derecha también hay quienes se dan cuenta de la precariedad del gobierno –el reciente anuncio del paro piurano, convocado por sus autoridades territoriales para el 18 de abril, evidenciando el fracaso del turismo de desastres, así se los ratifica– y empiezan a buscar parches para blindar el modelo y desaparecer cualquier progresismo que afecte sus intereses. Saben bien que tanto va el cántaro al agua…

desco Opina / 10 de abril de 2023

Un gobierno con poco oxígeno

Como era previsible, los temblores empezaron a acechar al nuevo gobierno apenas días después del voto de confianza a su Gabinete. El Presidente de la República debe haber descubierto ya, que el nuevo «estilo» de comunicación con la gente –viajes, visitas y gestos que lo acercan a la gente de a pie–, tiene un techo muy bajo. Más bajo todavía, cuando desde su propio equipo, se hacen méritos para evidenciar su debilidad y su falta de norte en temas que son cruciales para el país, como lo demuestran dos hechos recientes.

El triste espectáculo para desprestigiar al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) promovido por el congresista Edwin Donayre, apareció como el «disparador» de una campaña, seguramente organizada desde el fujimorismo, destinada a construir la nueva narrativa que necesitan del conflicto interno y de su rol; reescribiendo la historia reciente del país y sellando en el camino su alianza con sectores militares y empresariales, distintos grupos católicos y evangélicos ultramontanos, así como algunos periodistas, para allanar el camino neoconservador y autoritario que buscan entronizar el 2021. Más lamentable aún la deplorable reacción de la Ministra de Cultura que en su afán por lavarse las manos, terminó inclinándose en el Congreso ante un grupo desbocado de congresistas, que hicieron evidente la operación en curso. Perdió ella, pero también el gobierno todo, que se desentendió del ataque.

Simultáneamente, tuvimos la minicrisis provocada por el Ministro de Economía tras su presentación el martes 15 ante la Comisión de Economía, donde adelantó que se pensaba cobrar el Impuesto a la Renta a partir de un ingreso mensual menor al actual para ampliar la recaudación en 600 millones de soles anuales, que provocó un corto circuito en el Ejecutivo, ante la multiplicación de las críticas. El Premier y el propio Presidente, finalmente, tuvieron que salir al frente y echarle agua fría al responsable del sector que pretendía levantar menos del 0.1% adicional del PBI, en un escenario en el que el mismo Fernando Tuesta advirtió que las exoneraciones tributarias, que benefician a los más ricos, alcanzan los 16 500 millones de soles, mientras la evasión,  supera los 60 000 millones. El daño, sin embargo, ya estaba causado.

Con un gobierno que muestra tan pronto tal debilidad e impericia, cabe preguntarse por su futuro inmediato y por las fortalezas que contribuyan a su sobrevivencia, máxime cuando las protestas y paralizaciones contra las medidas adoptadas con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), se iniciaron ya en el sur. Antes que ajustar números más o menos, el gobierno debió exponer el desastre tributario que encontró, las enormes trampas que representan los contratos con excepciones tributarias que se realizaron en el pasado con las grandes empresas –no sólo las mineras–, mostrando que en esas condiciones ningún país puede enfrentar la pobreza y la desigualdad. Su debilidad «de origen», pero también su compromiso con el modelo, lo llevan a evitar esta confrontación eminentemente política, optando por «administrar» la cosa pública buscando imposibles equilibrios minimalistas.

Todo indica que el capital mayor del Ejecutivo radica en las debilidades de las principales fuerzas políticas del país, interesadas antes en reordenarse para enfrentar el 2021 con posibilidad de éxito electoral, que en hacerse cargo de un país con signos crecientes de agotamiento y descomposición. El fujimorismo, que aparece en este escenario como la fuerza principal que condiciona al gobierno, permanece enredado en sus propios dilemas. Keiko Fujimori, empeñada en poner orden y reescribir la historia del país y de su padre para aparecer como la cara «democrática» de una amplia alianza neoconservadora, está atrapada por su esencia autoritaria y sus vínculos con la corrupción, pero también por su necesidad de continuar controlando el Congreso.

Las amenazadoras declaraciones del Presidente de ese poder contra los medios que osaron preguntar por la compra de frigobares, televisores y computadoras a través del mecanismo de adquisición directa, no dejan lugar a dudas, como tampoco lo dejan los esfuerzos de algunas de sus figuras más visibles e importantes, Miguel Torres y Úrsula Letona, por impedir que las cooperativas, sospechosas de facilitar el lavado de activos, sean supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Las recientes declaraciones de su candidato a gobernador regional de Junín, sosteniendo que exmilitantes del MRTA y Sendero Luminoso (SL), hoy lo hacen en Fuerza Popular, son apenas la cereza del pastel de los múltiples discursos y rostros naranjas.

Como la situación de las otras fuerzas políticas presentes en el Congreso no es mejor, el Ejecutivo en el corto plazo, respira con cierto alivio, pero puede terminar rápidamente, de multiplicarse los malestares de la gente y/o los miedos de los empresarios. La inminencia del mundial de fútbol y la novela de Paolo Guerrero lo ayudan a plazo fijo. Sin embargo, después de estos días, queda claro que si no son capaces de mostrar resultados de su gestión en un par de meses más; si no consiguen avanzar en una agenda de prioridades de la que carecen y continúan evidenciando su desarticulación como gobierno y la precariedad de sus operadores, se les agotará el oxígeno. En esa situación, para sobrevivir, sólo les quedará convertirse en un gobierno zombie.

desco Opina / 25 de mayo de 2018