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sábado

Tan pronto, y sin pena ni gloria

 

A 23 días del mensaje inaugural de la gestión de Keiko Fujimori, el presidente de su Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asistió a la Cámara de Diputados para la presentación de las prioridades y la política general del gobierno. Quienes esperaban que la misma estuviera acompañada del pedido de facultades extraordinarias que la mandataria anunciara como si estuviera listo, el 28 de julio, para postergarlo posteriormente unos días “por retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros”, tendrán que seguir esperando, no sabemos bien hasta cuándo. En sentido estricto, las debilidades, los ruidos internos del Gabinete y las reiteradas diferencias de criterio con la Presidenta, cada vez más públicos, no permitían expectativas mayores sobre su asistencia a la avenida Abancay.

Una sucesión de errores y desencuentros, así lo evidenciaban. Recordemos algunas de las señales más estruendosas. El desencuentro más grosero lo protagonizó el Ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien fuera Primer Ministro de Jerí, aprovechando la filtración de una carta firmada por 21 abogados, muchos de ellos próximos a la Coordinadora Republicana, anunciaba su intención de que el Lugar de la Memoria (LUM) sea trasladado a su sector, argumentando que aborda directamente la época del conflicto armado interno. Pronto, Alberto Beingolea, uno de los mejores periodistas deportivos del país, convertido en Ministro de Cultura, indicó que se trataba de una opinión personal y le respondió defendiendo la ubicación del LUM.

Por las características del personaje, ocupa el segundo lugar el Canciller y excandidato presidencial Carlos Espá, que cuando aspirante al sillón de Pizarro consideraba inaceptable que la señalada por golpista Betssy Chávez se asilara en México, aparece anunciando la autorización para que salga del país como la primera medida de su gestión. Disputando ese honor, el ministro del Interior, César Astudillo, ex comandante general del Ejército, defendió la permanencia en el cargo del Jefe de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, argumentando sus resultados en la lucha contra la delincuencia, sin percatarse, quizá, que en los primeros 18 días de su gobierno, se habían producido 105 asesinatos, 77.5% cometidos con arma de fuego.

Por su lado, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, aseguró que los vagones del tren promovido por el exalcalde y ahora candidato Rafael López Aliaga, en realidad fueron comprados por la Municipalidad de Lima, rechazando la versión que aquél y sus defensores, mantuvieron permanentemente. La Presidenta tuvo que aparecer en una red social desautorizando a su ministro y asegurando que los trenes se harán de todas maneras, precisando que se encuentran en Proinversión. Finalmente, Rey, en la misma presentación en la Cámara de Diputados, terminó de recular, indicó que fue malinterpretado y que no tiene nada en contra del principal aliado gubernamental y su soporte indispensable en el Senado, precisando que dejará los estudios y el futuro del proyecto en manos de Proinversión.

El desorden y la debilidad parecen tan significativos, que incluso Elmer Cuba, el ministro más rankeado del equipo ministerial, tuvo unas declaraciones poco felices y nada empáticas, al pedir "no exagerar por un poco de agua en la rodilla" cuando varios distritos del sur de la capital sufrían las consecuencias de una lluvia intensa, días atrás, obligando una vez más a que la propia señora K le llame la atención desde el mismo lugar de los acontecimientos. Como es obvio, la suma de éstos y varios otros sucesos, motivaron, muy pronto, críticas y comentarios duros de analistas y políticos que perciben el rápido deterioro que puede alcanzar al Ejecutivo.

Así las cosas, la presentación de Luis Galarreta, Presidente del Consejo de Ministros, que en el mejor de los casos puede ser calificada como reiteración de un diagnóstico que el país ya escuchó de labios de la señora Fujimori, estuvo llena de promesas abstractas –sin precisar mecanismos, mucho menos presupuestos viables para convertirlas en resultados tangibles–, así como de omisiones clamorosas que ponen en cuestión la composición y capacidad del equipo ministerial y su posibilidad real de llevar adelante las ofertas y compromisos anunciados por el gobierno. Como su Presidenta, no podía ser de otra forma, empezó su mensaje señalando que el gobierno encontró un Estado “desordenado y desbordado”, olvidando oportunamente, igual que aquella, que tanto el desorden como el desborde los tienen claramente entre los responsables.

Sobre esa base concentró su intervención en algunos puntos e hizo unos pocos anuncios. En materia de seguridad, fortalecer el sistema de flagrancia y ampliar el subsistema contra la extorsión a 15 distritos judiciales, penales de alta seguridad y habilitar cuarteles en desuso para aliviar las cárceles, además de devolverle capacidades operativas al Sistema de Inteligencia Nacional, en el marco de unas FF.AA. protagónicas en la materia. Frente a El Niño, anunció la instalación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo para acelerar la preparación frente a su llegada, advirtiendo que “el Estado no llegará cuando el daño ya esté hecho”, olvidando que el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, acababa de anunciar un primer paquete de 800 millones de soles para 540 puntos críticos… de los más de 1900 que existen. En el discurso hubo silencio sobre las tareas pendientes de la Autoridad Nacional de Infraestructura, creada por Dina Boluarte, supuestamente para destrabar los proyectos que tenía la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Se necesitaban 7000 millones de soles para culminar obras esenciales como el Proyecto Integral de la Cuenca del Piura, el Congreso que encabezaron aprobó menos de la mitad.

Si los problemas previos del equipo encabezado por Galarreta daban indicios de un temprano desgaste sin necesidad de la intervención de la oposición, su paso por la Cámara de Diputados ratificó esa imagen e incluso las intervenciones de sus aliados, la señora Yarrow, por ejemplo, mostraron que no se alejan mucho de la línea de flotación.

 

 

desco Opina / 21 de agosto de 2026

viernes

¿Voto de confianza?

 

Los primeros cien días del gobierno de Pedro Castillo coincidieron con el voto de confianza a su segundo gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Tras dos jornadas de debate, el pleno del Congreso le dio 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. Un resultado menos ajustado del que esperaban los opositores más recalcitrantes del gobierno y ciertamente distante de la primera plana de un tabloide que insiste en hacer creer a sus lectores que fue «raspando y rezando». La votación, que supuso la ruptura de la bancada de Perú Libre con 16 de sus integrantes coincidiendo con la derecha más dura, cerró la crisis inmediata del Ejecutivo, provocada por la polémica presencia en ese mismo gabinete del ministro del Interior, Luis Barranzuela, agravada por la incomprensible celebración de una reunión social en su domicilio.

La Primera Ministra trabajó intensamente ese resultado. Su presentación en el hemiciclo días atrás, supuso la primera exposición ordenada de las políticas que prioriza el Ejecutivo. Hizo entonces énfasis en distintos temas entre los que destacaron algunos derechos básicos, la reactivación económica, la gestión de la pandemia, la descentralización del gobierno, la lucha contra la corrupción, la acción frente al cambio climático y el combate al racismo. Su búsqueda de diálogo con la representación parlamentaria y su afán por avanzar a un nuevo contrato social fueron en la misma dirección. Su voluntad de gobernar, a diferencia de su antecesor interesado en antagonizar como camino para llegar a la Asamblea Constituyente, quedó muy clara con su pública presión por la renuncia de Barranzuela, que finalmente tuvo que aceptar el mandatario.

Queda claro que habrá que observar hacia adelante cuánto afectará este hecho la confianza entre el Presidente y su Primera Ministra. Como es obvio, distintas lecturas interesadas en el fracaso de Pedro Castillo y de lo que representa, buscan presentar a Mirtha Vásquez como la posibilidad de contener y encauzar las decisiones presidenciales, tomando prácticamente las riendas del gobierno. Es decir, desplazando al mandatario

La investidura, sin embargo, no es necesariamente garantía de nada. De un lado, entre los rasgos más visibles de la actual gestión en sus primeros cien días, destacan su impredictibilidad y su inestabilidad, como lo evidenciaran las negociaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con los transportistas informales, la decisión de sacar a las FF.AA a cuidar el orden en el Callao o el confuso relevo de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea.

Del otro, conviviendo con el desorden del Ejecutivo, sufrimos de una oposición con un nivel muy pobre, anclada aún en su fantasía del fraude, y tenemos un Congreso, como lo muestra la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que está desaprobado como de costumbre (75%, alcanzando incluso un 67% entre quienes se identifican como de derecha) y que en este primer tiempo sólo puede exhibir varias contrarreformas electorales y políticas, además de poco respeto por la Constitución que dicen defender, modificándola mediante procedimientos inconstitucionales.

Al darle la confianza a la señora Vásquez, el Congreso ha mantenido uno de los débiles hilos que se conservan para intentar la gobernabilidad democrática del país. En su decisión, además de los cálculos particulares de bancadas como las de APP, AP y un sector de Podemos, seguramente ha pesado la opinión pública que mayoritariamente aparecía a favor del voto de confianza y que más allá de juicios de valor y opciones ideológicas, evidencia hace ya buen rato su hartazgo por la polarización que alientan los extremos políticos del país, que actúan desde sus respectivas trincheras en un juego de ataque permanente, apuntando a destruir al enemigo antes que a construir nada.

En este escenario, la sociedad ha tenido un momento de alivio, que tampoco es garantía de nada. Aunque la tercera ola de la pandemia aún no ha llegado gracias a la vacunación y al esfuerzo que hay que reconocerle al gobierno, los conflictos sociales se han multiplicado las últimas semanas y más allá de la disposición que han mostrado la derecha y sus medios para alentarlos, incluso para promoverlos como ocurre con la futura paralización del transporte camionero, evidencian que las autoridades no han recibido un cheque en blanco y que antes que bomberos y mecedoras, la gente quiere respuesta efectiva a sus demandas.

En esa dirección, el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo en materia tributaria merece por lo menos un debate serio. Descalificar el tema, como viene ocurriendo con gran facilidad, sirve de poco si se quieren mantener los hilos de la gobernabilidad democrática en el país.

 

 

desco Opina / 5 de noviembre de 2021

jueves

Más allá del pedido de facultades legislativas



Tras el envío del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo al Congreso de la República, los reflectores apuntan a este poder del Estado para conocer su decisión, mientras el Presidente de la República –fiel al estilo que explica su popularidad– negocia recursos para inversión de «civilización» a «civilización» en China, se da tiempo para criticar la eventual anulación de la segunda vuelta electoral propuesta por Velásquez Quesquén, o la consulta ciudadana que el cardenal propone a propósito de la píldora del día siguiente y la unión civil.
En el Congreso, por su parte, la Comisión de Constitución decidió enviar las propuestas a 10 comisiones, dándoles un plazo de siete días para que revisen y opinen sobre los pedidos del Ejecutivo, abriéndose el espacio para un nuevo peregrinaje de los distintos ministros por la Avenida Abancay y en nuevas reuniones entre el Premier Zavala y las distintas bancadas. Aunque todo indica que finalmente se aprobarán por mayoría buena parte de las facultades legislativas solicitadas, ya es claro que algunas, como la reducción de un punto del IGV, pueden no ser concedidas.
Mientras el aparente pulseo en esta materia entre la mayoría congresal y el gobierno de PPK seguirá su curso varios días más, pareciera que bajo la mesa se intentan distintos arreglos. La elección del Defensor del Pueblo, sorprendentemente propuesto por Víctor Andrés García Belaunde, finalmente sancionada desde Palacio de Gobierno que ordenó votar a su bancada por el candidato apoyado por el fujimorismo, fue un indicio que dividió en la votación a la bancada oficialista.
Las posteriores e imprudentes designaciones del Director de Certificación Ambiental del SENACE y del nuevo jefe de la DINI, ambos ligados hasta no hace mucho a importantes empresas mineras, sin que la mayoría opositora diga ni pío, definitivamente da que pensar, más aún cuando esa misma mayoría parece interesada en que el Congreso designe distintos cargos públicos, CONCYTEC incluido.
En este juego de una eventual cohabitación en el gobierno de quienes comparten el modelo económico y la continuidad como base dura de esa posible relación, la precariedad de nuestra institucionalidad se expresa cotidianamente. Si la bancada de Peruanos por el Kambio crujió con la elección de Walter Gutiérrez y el APRA se desmarca de Velásquez Quesquén en su afán de facilitarle el 2021 a Keiko Fujimori, las disputas en el Frente Amplio entre un «ausente» Arana y el sector que cierra filas con Verónika Mendoza, ocuparon el espacio, las más de las veces alborozado e interesado de los medios de comunicación mayoritarios. Las diferencias también llegan a Fuerza Popular, y las disputas entre las congresistas Letona y Vilcatoma no pueden esconder la procesión que va por dentro. Hasta Acción Popular desnuda sus pleitos internos ante el Jurado Nacional de Elecciones y los evidencia en el Congreso.
En ese estado de cosas, el apuro por sacar la ley sobre el transfuguismo, no parece casual. Como tampoco lo parece el conflicto abierto por el desprestigiado Consejo Nacional de la Magistratura, interesado en tener mayor control sobre el Poder Judicial, y afectado diariamente por muchos de los fallos de sus integrantes. Así, también por debajo o al lado de las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, asistimos a disputas y pechadas en otros poderes del Estado, que como a los partidos políticos, parece no importarles su rol y su responsabilidad en el fortalecimiento de nuestra precaria institucionalidad.
Las facultades legislativas, mal que bien se votarán los próximos días. Más allá de las disputas que las mismas traen aparejadas, el norte último del gobierno y la mayoría, es el mismo: la continuidad del modelo. Las diferencias siguen siendo de modales y de tonalidad. Fue una congresista fujimorista la que intentó desvirtuar con una propuesta legislativa la consulta previa, viéndose obligada a retroceder. Es el gobierno el que nombra en SENACE un funcionario de reciente pasado minero, viéndose obligado también a retroceder. Son los temas de fondo del continuismo los que marcan la cancha en la que las diferencias se hacen cosméticas. Hará bien la ciudadanía en mantenerse vigilante sobre la entrega de facultades legislativas y sobre el contenido de las normas que el Ejecutivo pretende.

desco Opina / 16 de setiembre de 2016
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