Después de mí, el diluvio

 

A inicios de junio, el entonces exministro del Interior, Juan José Santiváñez, estaba siendo procesado por un supuesto soborno de 20 000 dólares a miembros del Tribunal Constitucional, para beneficiar a un investigado. Por eso, el Poder Judicial ordenó su impedimento de salida del país por 18 meses.

Dicha medida cautelar se adopta para evitar el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación, existiendo varios otros casos emblemáticos, como el de Betssy Chávez, que tiene diez meses de impedimento de salida, por supuestamente acreditarse “sospecha suficiente” y riesgo procesal en el juicio oral. También está el de Martín Vizcarra, cuya cautelar fue levantada luego de algunos cambios legislativos y que la Corte Suprema considerara otros criterios para evaluar su caso.

El 23 de agosto, Santiváñez regresó al Gabinete ministerial como titular de Justicia, luego de haber sido censurado por el Congreso cuando conducía la cartera del Interior. Un par de semanas después, estaba viajando a Ginebra, Suiza, para participar en el 60° Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para ello, fue necesario que un juez “suspendiera” por cinco días el impedimento de salida vigente que pesaba en su contra.

La sucesión de despropósitos, tan característico de los actuales gobernantes del país, no iba a implicar, como siempre, ningún mínimo esfuerzo para conocer hacia qué objetivo se encaminaban.

Veamos. Difícil ubicar a alguien con confusiones tan mayúsculas como Santiváñez, como para ir a “plantar cara” de la manera como lo hizo, a los funcionarios de Derechos Humanos de la ONU. Aseguró tajante, que el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en respuesta a las resoluciones de la CIDH contra la ley de amnistía.

Defendió la promulgación de esta ley a favor de militares y policías procesados y sentenciados por delitos contra los derechos humanos, al asegurar que ella se dio respetando la separación de poderes y “como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de derecho, generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo”.

En la víspera, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, había dicho que la ley de amnistía representaba “un retroceso para la justicia y la verdad”.

Al día siguiente, a manera de “refuerzo definitivo” de lo manifestado por su ministro, la señora Boluarte aseguró que no iban a permitir “injerencia de ningún organismo internacional” para preguntar luego, en tono desafiante, “¿dónde está la reparación civil para la patria, para nuestro Perú que amamos, por los 20 años que lo han condenado al hambre, al terror? A ellos, los de la Corte les pregunto, ¿dónde está nuestra reparación, ¿dónde está la reparación civil para los 70 000 peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas de Sendero Luminoso y el MRTA?, ¿dónde está la reparación civil para ellos?”

Como lo leen. La señora Boluarte, mostrando mejor que nunca la behetría mental que la caracteriza, se hizo una pregunta que ella, y sólo ella, debió responder, porque el sujeto exclusivo de obligaciones ante las víctimas del Estado es el Estado mismo.

El retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sería un giro histórico con consecuencias profundas en múltiples niveles como, por ejemplo, la pérdida de acceso a la Corte IDH para las víctimas de violaciones de derechos humanos, cuando las vías internas se agoten.

También está el debilitamiento del control convencional, que exige que las leyes y sentencias nacionales se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos; asimismo, la desvinculación de otros tratados interamericanos –además del Pacto de San José– como los que protegen contra la tortura, la desaparición forzada, la violencia de género, los derechos de adultos mayores, las comunidades indígenas, las personas LGTBIQ+, las víctimas de violencia estatal y otros grupos vulnerables, que perderían así una instancia clave de protección.

Esto quiebra definitivamente el Estado de derecho, ya que el SIDH, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido un pilar externo de garantía cuando las instituciones internas fallan o se politizan.

Toda esta destrucción institucional solo es entendible como parte de las medidas preventivas para la autoprotección de la gobernante y sus socios, como revelaría la decisión del Congreso, tomada el 12 de setiembre, al archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre 2022 y febrero 2023.

 

desco Opina / 19 de setiembre de 2025

Un recodo en el camino

 

El deceso de Alberto Fujimori ha intensificado los adjetivos habituales. Los comentaristas políticos llaman a esto “polarización”, porque los contendientes bosquejan “el legado fujimorista” según sus respectivos puntos de vista.

Para el caso, es muy importante que se ponga sobre la mesa lo que significó su régimen en materia de derechos humanos y el arrasamiento de las instituciones. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los secuestros de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti, los pagos a Vladimiro Montesinos y a los congresistas tránsfugas, la compra de líneas editoriales y el allanamiento ilegal del domicilio de Trinidad Becerra. Además, fue sentenciado por el caso de los diarios “chicha”, por el desvío de fondos públicos (alrededor de 122 millones de soles) para financiar sus campañas electorales y difamar a sus opositores políticos. Sin embargo, en 2016, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anuló esta condena, argumentando que las pruebas no demostraban con claridad la responsabilidad de Fujimori.

Pero, no es todo. En diciembre pasado el Poder Judicial había dado inicio al juicio oral por el caso Pativilca contra Fujimori, Montesinos y otras veinte personas, acusadas de homicidio calificado y asesinato con alevosía. En la audiencia, Vladimiro Montesinos se acogió a la sentencia anticipada y fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión, mientras que Fujimori debía cumplir una orden de impedimento de salida del país.

Por otro lado, en junio de 2023, la Corte Suprema de Chile aprobó la solicitud del Estado peruano para ampliar la extradición de Fujimori para ser juzgado por cinco casos más: el secuestro y asesinato de la familia Ventocilla, las ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador japonés en Lima, el secuestro y tortura de los generales Arturo Moreno Alcántara y otros, así como las esterilizaciones forzosas, en las que también están comprendidos los exministros Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer.

Sobre el último caso, en diciembre pasado la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró fundada una demanda de amparo y, por lo mismo, declaró nulo el expediente de apertura de dicho caso. Luego, en agosto de este año, el Poder Judicial anuló la acusación presentada por la Fiscalía, dejando sin efecto lo actuado por esta instancia.

Inversamente proporcional a los señalamientos y acusaciones en materia de derechos humanos y corrupción, está lo referido al modelo económico. Ha sido muy poco lo que se ha puesto en cuestión estos días, de lo que sin lugar a duda es el corazón mismo de la Constitución de 1993, auspiciada por un fujimorismo que tenía en esos años todos los medios para proceder. Con ella, se diseñó un régimen denominado de “economía social de mercado”, con el que se consagró los roles disminuidos –subsidiarios– que tendría el Estado en materia económica.

Otro cambio fue el grado de autonomía que se le otorgó al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quedando explícitamente prohibido de financiar al Gobierno y, con ello, poner punto final a la emisión inorgánica –la “maquinita”– a la que fueron muy adeptos los gobiernos pasados.

Un tercer aspecto resaltante fue el programa de privatizaciones, bajo el amparo de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas del Estado. Entre 1992 y 1996 se privatizaron cerca de 110 empresas estatales, generando ingresos por unos 7200 millones de dólares.

Como vemos, los aspectos ya señalados, y seguramente muchos otros más también, continuarán argumentándose de la manera como se hace en estos momentos: que la derrota de la subversión no legitima los excesos en materia de derechos humanos versus quienes creen lo contrario; que el rol del Estado es asegurar el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos frente a quienes sostienen que su rol básico es el de promover entornos favorables a la inversión. La balanza se inclinará para un lado u otro por la fuerza argumentativa, sin duda también emotiva, que deberán tener las posiciones hacia adelante.

 

desco Opina / 20 de setiembre de 2024

Acostumbrados a la mediocridad

En algo más de un mes el gobierno del presidente Castillo cumplirá un año ocupando el poder Ejecutivo. Totalmente desgastado, no aparece más como un gobierno novedoso que ofrece esperanzas de una gestión, ni siquiera mediocre, del país. A esa derrota de la expectativa por avanzar y tener un destino mejor se suma, circunstancialmente, una derrota deportiva que nos deja fuera del campeonato mundial de futbol y que no se ha expresado en ningún descontento adicional con los políticos en el gobierno.

La marcada polarización no se ha atenuado y no se perciben aportes de la clase política que apunten a mejorar la gobernabilidad en función de lograr mejores condiciones de vida para los peruanos. La inestabilidad continua con fuerza. Es una época de intransigencias, donde la política entendida como negociación está desprestigiada. La mala calidad de nuestros políticos añade sombras a este escenario.

El vivir el «día a día» se reafirma así como parte de nuestra identidad, y contagia por cierto, todas las dimensiones de la vida pública y privada de las grandes mayorías, desprovistas de un empleo digno, de servicios básicos o de educación con mínimos de calidad. Eso, por no mencionar la larga lista de carencias en otros ámbitos como la agricultura, la vivienda y la salud. La lógica de la informalidad y la opacidad de un grupo mayoritario de congresistas que pretenden permanecer en sus cargos, pareciera señalar que esta situación se prolongará por un tiempo indefinido y las posibilidades de alcanzar un consenso mínimo están todavía muy lejos.

La lista de enfrentamientos entre poderes e instituciones públicas es cada vez más amplia e infructuosa. Casi todos los peruanos y peruanas coinciden en que, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se han entrampado en un enfrentamiento vano, y viven en medio de una situación incierta que se prolonga. El afán por entorpecer la acción del otro o por preservar intereses conservadores y negocios oscuros o incrementarlos, es lo único que queda claro en este escenario de confrontación entre ambos poderes

Los enfrentamientos entre las derechas del Congreso y el presidente de la República en su afán por vacarlo se expresan de múltiples maneras como, por ejemplo, el propósito de vacar prestamente a la vicepresidenta Dina Boluarte por una infracción constitucional discutible. También destaca el enfrentamiento entre el Jurado Nacional de Elecciones y varios de los partidos del Congreso cuyos dirigentes mostraron su incapacidad para inscribir a buena parte de las listas de sus candidatos para los próximos comicios regionales y municipales Más recientemente, se añadió, a propósito de la próxima elección del Defensor del Pueblo, el intento de desacato del Congreso a una orden judicial que confronta también a dos poderes del Estado en medio de su escasa capacidad para negociar y asumir sus propias responsabilidades. Un nivel muy alto de desorden e improvisación que hace más difícil la situación general del país.

La consigna «que se vayan todos» compite con la crecida resignación y la disposición que mostramos a aceptar la ecuación que suma incapacidad, mediocridad y corrupción, que caracteriza la vida política institucional del país; sin verdaderos partidos políticos ni liderazgos sólidos con proyectos colectivos de mediano o largo alcance, como parte del paisaje nacional. 

El alejamiento de la pandemia y la innegable disminución de los peligros del COVID-19 en el escenario sanitario, nos trasladan ahora a una nueva situación que se define por el proceso inflacionario interno, una contagiosa crisis económica internacional y un país que rechaza el trabajo parlamentario tanto como el del gobierno, sin que se genere mayor reacción de la ciudadanía acostumbrada por la informalidad a tolerar todo tipo de mediocridad, como en el caso del empleo informal, la educación universitaria «bamba» y de pésima calidad y las estafas recurrentes desde los sectores público y privado. Para la opinión pública esta nueva forma de país en el que la inestabilidad pareciera ser lo único constante y sólido de la política peruana es la «nueva normalidad».

En medio de este panorama carente de liderazgos, hay que señalarlo también, la izquierda real ha desaparecido como un actor propositivo del escenario nacional, y lo que se espera de las elecciones regionales y municipales del mes de octubre es que sus resultados, como ha sido durante los últimos procesos, encumbren a las fuerzas locales que en abrumadora mayoría son la expresión de más informalidad en política que nos lleva a seguir en la indefinición, la incertidumbre y la instalada mediocridad.

desco Opina / 17 de junio de 2022

El Plan de acción por la infancia en Junín

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia - PNAIA 2012-2021 se aprobó el 2012 a través del Decreto Supremo N.º 001–2012-MIMP, precisando que los gobiernos regionales debían elaborar sus respectivos instrumentos de gestión como los planes regionales. De esa manera, se buscaba darles una herramienta que les permitiera optar por alternativas y métodos según los problemas y desafíos que presentaba  la infancia y adolescencia de cada territorio.

Sin embargo, pasados los años, las acciones no parecen conducirse con objetivos previamente establecidos. En muchas regiones no existe un PRAIA y Junín era una de ellas. En el 2016 venció la vigencia del plan regional y el proceso de actualización recién se inició a finales del 2019. De esta manera, el plan será presentado en breve, después de un proceso asesorado por descocentro y conducido por el Gobierno Regional de Junín, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y eje de infancia, direcciones regionales de Salud, Trabajo y promoción del empleo y Educación, además de otras entidades públicas como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú. El proceso contó con la participación activa de niños, niñas y adolescentes de la región Junín.

El PRAIA Junín otorga importancia puntual a tres ejes:

(i)            Salud: la desnutrición crónica infantil afecta al 19.2% de la población de dicho grupo etario, y al 2019 Junín continúa ocupando el cuarto lugar a nivel nacional en anemia infantil con 52.7%, a pesar de que en un año se ha disminuido en 4.4% (ENDES 2018);

(ii)          Educación: la educación inicial de 3 a 5 años tiene una tasa neta de asistencia en un 84.6%, y a nivel de educación primaria la tasa neta de asistencia de las niñas y niños de 6 a 11 años fue de 93.5% (ENAHO 2017).

En lectura el 38.3% de las mujeres obtuvieron un nivel aceptable frente a 37.9% de los hombres. En matemática, los hombres alcanzaron un 40.4% frente a 35.8% de las mujeres.

(iii)         Violencia escolar: los casos de violencia escolar reportados en el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SISEVE) durante el periodo 2013 – 2019 en la región Junín ha aumentado: en el 2013 se reportaron 4 casos de violencia física, en el 2019 se alcanzó los 270 casos; la violencia psicológica pasó de 2 casos a 186 y la violencia sexual de 1 caso a 107. En total se reportaron 563 casos en el 2019. Entre otros temas, el resumen de los indicadores señalados son los que aborda este instrumento, que no solo se queda en el nivel de identificación de propuesta, sino que contiene alternativas de solución con metas cuantificables en un periodo determinado.

Por todo lo mencionado, el PRAIA Junín se convierte en un instrumento que sintetiza las diversas problemáticas de los niños, niñas y adolescentes. Además, es integral porque abarca todas las áreas del desarrollo de este grupo etario, estando asociada al crecimiento perceptivo, lingüístico, físico, mental, emocional y social.

En ese sentido, es deber del Gobierno Regional, aprobarlo a través de ordenanza regional e implementar las acciones. El PRAIA resume el compromiso individual y colectivo para disminuir las brechas que afectan el desarrollo adecuado de niños, niñas y adolescentes.

desco Opina - Regional / 20 de marzo de 2020

descocentro

El páramo sin llamas

El tres de octubre juramentó el nuevo Gabinete ministerial, luego de que el presidente Vizcarra decidiera disolver el Congreso. Dos meses después, en medio de una constante picada hacia abajo en su popularidad –algo que, a estas alturas, el Presidente seguramente ya comprendió que no es un dato sustancial para darse estabilidad– muestra un Premier anodino y tres renuncias a carteras tan importantes como Salud, MIDIS y Cultura.

En otras palabras, sin fuerzas contrarias activadas, el gobierno muestra sus debilidades porque no tiene base en que asentarse o porque es en extremo endeble, ya que las causas por las que debió poner de lado a los ahora exministros Meléndez, Tomás y Petrozzi, nos retrotrae a los momentos estelares de administraciones como la del hoy reo Alejandro Toledo, signado entonces por las tropelías de poca monta que protagonizaban sus parientes y amigos.

Otra dimensión que muestra la levedad de la política peruana son los comicios parlamentarios programados para enero del 2020, es decir, dentro de mes y medio. Al respecto, si bien durante diciembre no es posible poner en acción una campaña electoral y, por lo mismo, los candidatos tendrán solo tres semanas para llevarla a cabo, se esperaba un poco más de entusiasmo que el consignado por las encuestas.

A noviembre, según IPSOS-Apoyo, casi el 40% de los encuestados no tienen preferencia por ningún partido ni candidato. Por otro lado, entre las preferencias mostradas no vamos a encontrar indicio alguno de aquella renovación imaginada cuando el Ejecutivo decidió el cierre del Congreso. En efecto, las organizaciones políticas que encabezan las encuestas, entre las que se encuentra la fujimorista Fuerza Popular, connotan todas ellas, continuidades de lo que se quiso poner de lado.

El mismo desinterés, al parecer, se extiende hacia las acciones judiciales contra la corrupción. Que haya salido un grupo de empresarios a declarar públicamente que contribuyeron con las campañas políticas de Keiko Fujimori, desató más encontronazos clasistas revestidos de moralina que evaluaciones sobre los supuestos logros de una supuesta estrategia que supuestamente estaría dándose alrededor de los casos de corrupción. En esa línea, las intervenciones del fiscal Pérez a las instalaciones de CONFIEP para buscar pruebas de hechos que acontecieron hace ocho años, no han dejado de ser observables.

Pero, ¿están realmente preocupados los empresarios peruanos por el grado de corrupción en los ámbitos donde hacen negocios? Según la presidenta de CONFIEP, María Isabel León, nunca más debe haber corrupción: “Apoyamos el trabajo de la Fiscalía, del Poder Judicial, pero llamamos la atención, justicia para todos por igual. Y sabiendo el riesgo que me corro repito, estoy para trabajar juntos con todos los empresarios, somos más de 3 millones en todo el país, hay buenos, malos, de todo color. Estamos aquí para trabajar por los buenos empresarios”.

Sin embargo, la encuesta aplicada por IPSOS entre los asistentes a CADE 2019 pregunta sobre los riesgos que preocupan a las empresas y la respuesta mayoritaria, con el 45%, es el deterioro del ambiente de negocios en el país. El incremento de la corrupción se ubica en el cuarto lugar.

Igualmente, la excarcelación de Keiko Fujimori debió haber situado las preocupaciones en las implicancias que tiene privar de la libertad a una persona a la que aún no se le ha formulado una acusación para procesarla. Más allá de las consideraciones de los integrantes del Tribunal Constitucional y de aquellos que se oponen a su decisión, lo cierto es que no hemos tenido una evaluación política de este hecho y todo se ha reducido a buscar fórmulas que hagan aparecer como politizado un fallo judicial.

Mientras tanto, el peruano está preocupado por los elevados índices de inseguridad existentes en las ciudades. También, a los sectores medios urbanos –a quienes empieza a impactar con fuerza la desaceleración económica– les inquietan cuestiones como su creciente nivel de sobre endeudamiento bancario, al compás de la disminución relativa de sus ingresos. A los jóvenes, el desempleo y la precarización de la oferta laboral.

Agreguemos a todo lo anterior nuestro consuelo de haber subido dos peldaños en las pruebas PISA y completamos, mal que bien, el cuadro en el que nos retratamos: distanciados cada vez más de un sistema político que no tiene incidencia alguna en nuestra cotidianeidad y buscando cómo resolver solos nuestros problemas con recursos apremiantemente escasos y precarios.

 

desco Opina / 6 de diciembre de 2019