Déjà vu

 

Aunque no se refirió a su padre en ningún momento, lo que expuso el 28 de julio Keiko Fujimori buscaba ser su calco y copia. Repetir lo que, seguramente, sus análisis internos le reafirman que fueron los pilares de la popularidad fujimorista de los 90, como la insistencia en infraestructura o hacer “funcional” al Estado, adelgazando su burocracia y centralizando las decisiones para “combatir la pobreza”, especialmente en las zonas rurales, sin importarle a ella y a sus asesores el que la pobreza haya cambiado de rostro y su crecimiento es ahora considerablemente mayor en las ciudades.

De esta manera, la referencia previa al Estado catastrófico puede no remitirnos a los gobiernos anteriores, menos aún a las responsabilidades directas que le tocan, sino generar artificialmente las sensaciones pesimistas precedentes al inicio del gobierno de su padre, y desde las cuales el fujimorismo levantó el relato fantasioso de sus superpoderes.

Los esfuerzos oficialistas, por ahora, se dirigen a reactivar discursivamente el mito del origen –el relato del “Estado en ruinas” que permite a Keiko inscribirse en la misma épica de reconstrucción–, para sumar una legitimidad por analogía: si su padre “salvó” al Perú en los 90, ella se presenta como quien puede repetir esa hazaña en el presente.

Es la tónica que prevaleció en todo su discurso. Dijo que resolvería los problemas identificados, por ejemplo, en inseguridad ciudadana, “con decisión y energía”; aunque muy a flor de piel, sin explicitarse, está el hecho de que los fujimoristas han sido parte sustancial en la formación de la delicada situación en la que nos encontramos, manteniendo vigente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), auspiciando las leyes procrimen, el desmantelamiento de lo poco que teníamos para garantizar los derechos humanos, la amnistía para acusados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos, la activación del fuero militar-policial; todo lo que contrasta con su rebuscada escenografía para asegurarnos que no va a tolerar inconductas de policías o militares.

También en la declarada intención de centralizar y concentrar las decisiones del Estado, como su padre. Específicamente, la gestión de las acciones ante el Fenómeno de El Niño –y también la inseguridad ciudadana– serán desde y por el Ejecutivo. Para ambos casos, ha pedido facultades legislativas y la pregunta obvia salta a la vista, ¿serán como los paquetes legislativos de 1991 y 1992?

Keiko habló como si recién hubiese llegado a la política, como si estuviéramos en 1990. Pero, no es una figura nueva. Al contrario, es la referencia emblemática de la nauseabunda política peruana. ¿Sería por eso que no sintió la necesidad de pedir perdón, ni por su padre, ni por ella misma? Era lo mínimo que esperábamos los ingenuos que creíamos en el milagro de que había un mínimo de vocación para el cambio.

Tampoco sintió la necesidad de plantearnos su estrategia contra la corrupción, uno de los principales problemas para la población peruana. Aun menos sintió la necesidad de convocar a la participación ciudadana y a las autoridades locales y regionales. En el mejor de los casos, serán engranajes operativos de lo que decida el Ejecutivo, como en 1994, cuando la activación política del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) fue decisiva para realinear conciencias políticas, permitiendo el barrido electoral de 1995.

No tendrá esa tecnocracia que su padre encontró en el camino, algo que se evidencia a borbotones en la composición de su Gabinete, en el que resultan aceptables un par de nombres, pero no más. A ello se suma que su bancada parlamentaria, conformada con algunos de los muchachos y muchachas reciclados del ayer, darán muestra de mucha maña y criollada, pero sin una agenda política que guíe su acción. No entiende que el “terruquismo” y el “caviarismo” ya agotaron su eficacia, si es que alguna vez la tuvieron.

A favor tendrá una cuadrilla de autoridades subnacionales siempre dispuesta a negociar lo que sea; las organizaciones sociales casi desaparecidas, la práctica destrucción de la institucionalidad pública, con su correlato en el fortalecimiento de una gobernabilidad directa, vertical y sin intermediación.

En este escenario, por ahora, podrían ponerse en debate los roles que querrán cumplir los grandes empresarios financieros y extractivistas, así como los mandos de las Fuerzas Armadas. En lo que no hay duda es que no serán los que se asignaron en los años 90.

 

desco Opina Regional / 31 de julio de 2026

Urgencias de un fujimorismo sin Fujimori

 

La victoria electoral de Keiko Fujimori abre una nueva etapa política. Como ocurre con todo gobierno que inicia su mandato, las primeras semanas están marcadas por los gestos simbólicos sobre prioridades, las expectativas y las definiciones. Una lectura comparada entre los ofrecimientos de campaña, el contenido de su plan de gobierno y las urgencias objetivas que enfrenta el país deja al descubierto vacíos e incoherencias difíciles de ignorar.

Resulta sorprendente que el discurso de Fuerza Popular siga concentrándose en defender el modelo económico y la Constitución como si fueran las grandes disputas nacionales en curso. En realidad, las urgencias del Perú son hoy distintas. El desafío principal consiste en construir un Estado que funcione para todos y todas y sea capaz de enfrentar al crimen organizado, controlar la minería ilegal, reducir la corrupción y ejecutar infraestructura de calidad. También mantener en funcionamiento exitoso, pero no abusivo a las grandes inversiones nacionales y extranjeras. Pero, por encima de todo ello, está no llegar demasiado tarde a las consecuencias del fenómeno de El Niño de gran magnitud, proyectado hasta mediados del año 2027. El escenario climático debiera ser prioritario.

Estamos tarde, una vez más, para atender territorios históricamente abandonados como el sur andino y la Amazonía. Ninguno de estos problemas se resuelve invocando las reformas de los años noventa. El país requiere otras respuestas de parte del gobierno entrante.

La prevención de desastres, el reforzamiento de infraestructura crítica, la protección de nuestras ciudades, carreteras y sistemas de riego en el norte del país, así como la coordinación entre niveles de gobierno, requieren un Estado con capacidad de planificación, inversión y presencia territorial que no existe para enfrentar un fenómeno de esta magnitud: un aparato público capaz de anticiparse a la emergencia, coordinar recursos y liderar la respuesta nacional. Primero en el norte, donde ya empezó a llover y luego, muy pronto, en un sur sediento.

La sequía, la fragilidad de la economía rural, las brechas de infraestructura y la persistente sensación de abandono es una realidad que se omite mencionar en relación con lo que espera el sur andino de un gobierno democrático. No es un tema que pueda resolverse únicamente mediante incentivos al mercado o anuncios de inversión pública. La presencia del Estado continúa siendo insustituible. Sin una estrategia nacional de desarrollo territorial, difícilmente podrá cerrarse la distancia entre Lima y las regiones más vulnerables que demandan fortalecer los gobiernos regionales y reducir las profundas desigualdades que el crecimiento económico no ha logrado corregir por sí solo.

Las respuestas conocidas y desgastadas respecto a la seguridad ciudadana constituyen otro terreno donde la magnitud del problema demanda cambios que no debieran ser la militarización del país. Las extorsiones, el sicariato, las economías ilegales y la penetración del crimen organizado han transformado la naturaleza de la violencia. Si bien la demanda social por firmeza es comprensible –el incremento de penas, la militarización del país o el endurecimiento del discurso–, no reemplazan la necesidad de reformar los sistemas de inteligencia, investigación criminal, control financiero y administración de justicia. Del mismo modo, la corrupción generalizada –que atraviesa distintos niveles del Estado y del sistema político– exige reformas institucionales profundas, mecanismos efectivos de transparencia y una voluntad política que vaya más allá de las declaraciones.

El fujimorismo de los noventa se embarcó con el mundo marcado por el triunfo de la globalización, el consenso de Washington y la hegemonía de Estados Unidos. Treinta y cinco años después el escenario internacional es otro. Hoy predominan la competencia entre China y Estados Unidos, la fragmentación del comercio internacional, la transición energética, la inteligencia artificial y una crisis climática que obliga a los Estados a desarrollar capacidades de prevención y planificación como preocupación política cada vez más importante.

Quizá por eso el mayor desafío del fujimorismo sea precisamente sobrevivir a Alberto Fujimori: comprender que las circunstancias históricas han cambiado y construir respuestas nuevas. Mientras ello no ocurra, el riesgo será que Fuerza Popular continúe ofreciendo soluciones para un país que ya no existe. Y esa es, probablemente, la mayor debilidad de su propuesta política actual. Paradójicamente, la mejor manera de Keiko de ser fiel a Fujimori sería dejar de repetir las respuestas que él mismo dio hace más de tres décadas.

Frente a este escenario, la oposición enfrenta igualmente un desafío. Reducir su papel a una estrategia de confrontación permanente en el Congreso o apostar exclusivamente por la movilización ciudadana, podría terminar fortaleciendo la polarización que ha caracterizado al país los últimos años. Renunciar al control político y a la fiscalización tampoco contribuiría al fortalecimiento democrático que demanda temas importantes como la justicia ante los asesinatos del gobierno de Dina Boluarte, protegida por las fuerzas políticas que hoy sostienen a Keiko Fujimori.

 

desco Opina / 24 de julio de 2026

Por un voto consciente y con memoria

 

Entramos a la recta final rumbo a la primera vuelta de las elecciones 2026 en medio de dudas sobre quiénes lograrán pasar a la segunda vuelta. Mientras los principales medios de comunicación tradicionales ya tienen a su dupla ganadora para este domingo 12 de abril, tal como lo demostraron en sus recientes dominicales, alrededor del 30% de la ciudadana aún no logra definir su voto, como lo evidenció la reciente encuesta del IEP.

Creemos que el país no solo se enfrenta a la decisión de elegir autoridades, lo hace, sobre todo, a una realidad incómoda que nos lleva a cuestionarnos a qué estamos dispuestos para que las cosas cambien. Eso implica que decidamos con consciencia crítica, abandonando la vaga y tibia apuesta que ha justificado la opción de un “mal menor” y que descartemos de plano a aquellos partidos políticos que han sido parte del pacto mafioso que ha creado las bases para institucionalizar el crimen, la corrupción y la impunidad que tanto daño nos hacen hoy.

Hablar de ello implica hacer memoria para llegar a las urnas con una decisión más clara, considerando, además, la historia viva de los últimos años, aquellos hechos que la prensa, y cómo no, los fake news, se han encargado de pasar por agua tibia. No en vano aún seguimos asumiendo la responsabilidad de rechazar cada 5 de abril, uno de los sucesos más críticos de nuestra historia reciente que, junto a los crímenes perpetrados por el régimen fujimontesinista, significaron un quiebre para la supervivencia de nuestra democracia y el estado de derecho.

Más allá del protagonismo individual que asumió Alberto Fujimori y que hoy lo hace Keiko frente a ese bolsón electoral fiel que recuerda con vehemencia el pasado albertista y que ve en ella la oportunidad de reivindicar la promesa mesiánica que se introdujo en los 90, como lo analiza el historiador José Ragas, lo que debe inquietarnos es la vigencia de una forma de hacer política que no ha desaparecido: la idea de que el autoritarismo puede ser necesario, incluso deseable, si promete orden o estabilidad. Esa narrativa, lejos de ser superada, tiene nuevos voceros y nuevas formas de legitimación facilitadas por el difícil contexto de inseguridad. La zozobra en la que vive gran parte de la población, temerosa y sin poder asegurar un mínimo de estabilidad económica, laboral y emocional, se ha vuelto el motor para anhelar un orden que priorice la mano dura, antes que políticas seriamente pensadas.

De ahí que personajes como Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y la propia Keiko Fujimori resalten como prioridad el retiro del Pacto de San José, responsabilizando de la actual crisis de seguridad a las políticas pro derechos humanos que fueron  trabajadas y defendidas por diversas instituciones de la sociedad civil, alejando del meollo del asunto al autoritarismo y el abuso de varios sectores políticos hoy en carrera, impulsando las leyes pro crimen, a cambio de asegurarse la impunidad para seguir operando en los márgenes de la ilegalidad.

No es casual que, en los últimos años, sectores políticos que manejan el Congreso de la República, y desde ahí el país, hayan reivindicado ese pasado funesto, relativizando sus consecuencias que hasta hoy lamentamos. El pacto mafioso opera más allá de alianzas formales o de coincidencias ideológicas; de ahí que sean también herederos del fujimorismo. Para ellos, fue más útil apelar a la necesidad de sobrevivencia, imponiendo sus intereses particulares compartidos, para llevar adelante el desmontaje y captura institucional que sufrimos, asegurando su impunidad total, sin importar que con ello dejaban en la mayor desprotección a la mayoría de la población, que tiene suficiente con sobrevivir diariamente en la informalidad y la precariedad.

Las gestiones de Boluarte, Jerí y Balcázar, han evidenciado una forma de gobernar desde las sombras que rinde frutos al menor costo posible. Esa es una lección aprendida que seguirán aplicando los que logren pasar la valla electoral, así no lleguen a segunda vuelta. Saben que desde el Congreso hoy se gobierna porque ellos cambiaron el sistema político, construyendo una forma basada en la precarización de la democracia, que demandará un compromiso político de largo aliento para desbaratarla. Pero este proceso no se sostiene únicamente desde las élites políticas, también se alimenta de un clima social y cultural en el que los discursos de odio han ido ganando terreno gracias a candidatos como López Aliaga o Fujimori, pero también de otros como Carlos Espá y Carlos Álvarez, que hoy sale n a negar sus dichos o a arrepentirse de lo afirmado en su momento. Todos ellos y otros más, no desaprovecharon oportunidad para terruquear a quienes protestaban frente al atropello del poder político y económico. Que hoy salgan a querer atenuar sus afirmaciones, no niega la tibieza con la que afrontaron ese momento crítico que demandó madurez y claridad política para enfrentar los discursos de odio pululantes.

Ese discurso que comparten, construido sobre la base de diferencias culturales, justificando actos racistas, clasistas e incluso, machistas, no es fenómeno reciente, pero se ha convertido en herramienta política válida para descreditar al opositor, delimitando quiénes merecen derechos y quiénes no; erosionando lentamente la idea misma de ciudadanía.

No se puede ignorar el desencanto que atraviesa a buena parte de la ciudadanía. La desconfianza hacia la clase política, la sensación de que “todos son lo mismo” y el agotamiento frente a las crisis sucesivas que han debilitado el vínculo con lo político. En ese contexto, el voto puede sentirse vacío, sin dimensionar el impacto real que tiene en nuestras vidas. La indiferencia no neutraliza el poder, al contrario, lo deja en manos de quienes saben organizarse para capturarlo.

Por ello, el llamado no es a un optimismo ingenuo ni a una defensa superficial de la democracia como discurso desgastado que resuena en varios medios. Es, más bien, una reflexión apelando a la memoria. Que votar no solo sea un acto de elegir entre opciones disponibles, que implique preguntarse quiénes han contribuido a este escenario, quiénes han guardado silencio frente a los abusos y quiénes han promovido activamente retrocesos en nuestros derechos. Se trata de recuperar la memoria como herramienta política, no como un acto de resentimiento, sino para evitar que los sucesos que vivimos se repitan sin control ni sanción. En un escenario en el que las reglas del juego han sido trastocadas, la responsabilidad ciudadana no puede reducirse a la resignación. Toca decidir qué prácticas no estamos dispuestos a legitimar, qué discursos no queremos normalizar y qué tipo de país estamos dispuestos a sostener, incluso en contextos adversos.

 

desco Opina Regional / 10 de abril de 2026

Un recodo en el camino

 

El deceso de Alberto Fujimori ha intensificado los adjetivos habituales. Los comentaristas políticos llaman a esto “polarización”, porque los contendientes bosquejan “el legado fujimorista” según sus respectivos puntos de vista.

Para el caso, es muy importante que se ponga sobre la mesa lo que significó su régimen en materia de derechos humanos y el arrasamiento de las instituciones. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los secuestros de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti, los pagos a Vladimiro Montesinos y a los congresistas tránsfugas, la compra de líneas editoriales y el allanamiento ilegal del domicilio de Trinidad Becerra. Además, fue sentenciado por el caso de los diarios “chicha”, por el desvío de fondos públicos (alrededor de 122 millones de soles) para financiar sus campañas electorales y difamar a sus opositores políticos. Sin embargo, en 2016, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anuló esta condena, argumentando que las pruebas no demostraban con claridad la responsabilidad de Fujimori.

Pero, no es todo. En diciembre pasado el Poder Judicial había dado inicio al juicio oral por el caso Pativilca contra Fujimori, Montesinos y otras veinte personas, acusadas de homicidio calificado y asesinato con alevosía. En la audiencia, Vladimiro Montesinos se acogió a la sentencia anticipada y fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión, mientras que Fujimori debía cumplir una orden de impedimento de salida del país.

Por otro lado, en junio de 2023, la Corte Suprema de Chile aprobó la solicitud del Estado peruano para ampliar la extradición de Fujimori para ser juzgado por cinco casos más: el secuestro y asesinato de la familia Ventocilla, las ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador japonés en Lima, el secuestro y tortura de los generales Arturo Moreno Alcántara y otros, así como las esterilizaciones forzosas, en las que también están comprendidos los exministros Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer.

Sobre el último caso, en diciembre pasado la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró fundada una demanda de amparo y, por lo mismo, declaró nulo el expediente de apertura de dicho caso. Luego, en agosto de este año, el Poder Judicial anuló la acusación presentada por la Fiscalía, dejando sin efecto lo actuado por esta instancia.

Inversamente proporcional a los señalamientos y acusaciones en materia de derechos humanos y corrupción, está lo referido al modelo económico. Ha sido muy poco lo que se ha puesto en cuestión estos días, de lo que sin lugar a duda es el corazón mismo de la Constitución de 1993, auspiciada por un fujimorismo que tenía en esos años todos los medios para proceder. Con ella, se diseñó un régimen denominado de “economía social de mercado”, con el que se consagró los roles disminuidos –subsidiarios– que tendría el Estado en materia económica.

Otro cambio fue el grado de autonomía que se le otorgó al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quedando explícitamente prohibido de financiar al Gobierno y, con ello, poner punto final a la emisión inorgánica –la “maquinita”– a la que fueron muy adeptos los gobiernos pasados.

Un tercer aspecto resaltante fue el programa de privatizaciones, bajo el amparo de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas del Estado. Entre 1992 y 1996 se privatizaron cerca de 110 empresas estatales, generando ingresos por unos 7200 millones de dólares.

Como vemos, los aspectos ya señalados, y seguramente muchos otros más también, continuarán argumentándose de la manera como se hace en estos momentos: que la derrota de la subversión no legitima los excesos en materia de derechos humanos versus quienes creen lo contrario; que el rol del Estado es asegurar el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos frente a quienes sostienen que su rol básico es el de promover entornos favorables a la inversión. La balanza se inclinará para un lado u otro por la fuerza argumentativa, sin duda también emotiva, que deberán tener las posiciones hacia adelante.

 

desco Opina / 20 de setiembre de 2024

¿El fin de una era?

 

El miércoles 11 de setiembre, Keiko Fujimori, a las 18:26, anunciaba oficialmente la muerte de Alberto Fujimori, expresidente y dictador que gozó de la cárcel más dorada del mundo, sentenciado, entre otras cosas por violación de derechos humanos y corrupción. Partía así de este mundo el excandidato al Parlamento japonés y autoanunciado aspirante en las elecciones nacionales peruanas de 2026.

Algunos analistas opinan que fue un prisma de luces y sombras; pero lo cierto es que en su decenio en el poder proyectó más oscuridad. Se encargó de destruir la institucionalidad en nuestro país y de instituir una nueva forma de hacer política: pragmática, claramente clientelar y oportunista. En un sentido importante, envileció la Nación. Esa forma de hacer política es su mayor legado, que tristemente nos acompaña hasta ahora y que es personificado por la actual mandataria y los congresistas.

Condenado a 25 años de prisión, su cuestionado indulto fue un gesto de desprecio contra las víctimas de su gestión presidencial que no fueron resarcidas o murieron esperando justicia. Nos referimos a los familiares de los asesinados por el Grupo Colina y a las mujeres muertas y dañadas por su política de esterilizaciones forzadas. Sus abogados lograron que le otorgaran el beneficio de una pensión presidencial, aun cuando ésta era ilegal e inmoral, y cuando no había pagado la reparación civil por sus delitos.

El vínculo directo con su asesor Vladimiro Montesinos para comprar voluntades y el pago en secreto de 15 millones de soles por sus servicios –mientras escenificaba teatrales operativos en televisión para capturarlo–, le valieron su condena por corrupción de funcionarios y peculado. Otras fechorías de su gobierno que no debemos olvidar, pero que nunca llegaron a tribunales, fueron la venta de armas del Ejército peruano a la guerrilla colombiana y la denuncia sobre el narcoavión presidencial por el que sólo pagaron aviadores, sin que se descubriera a los mandos involucrados en el cargamento de cocaína hallado en el hangar presidencial.

A pesar de toda esa oscuridad y de su autoritarismo, construyó un caudal de acólitos que conformaron el voto duro que alimenta el apetito político de parte de su familia, que continuó, como es público y notorio, con las prácticas mercantiles, autoritarias y corruptas en la política, y que los mantienen en tribunales. En ese caudal electoral también hay sectores discriminados, excluidos y humildes, de zonas alejadas del Perú, que guardan un gran recuerdo del “chino”, porque sintieron la proximidad del expresidente y del Estado –que está obligado por función a llegar a todos los rincones del país–, como una dádiva, como una virtud personal. Fujimori, astutamente desplegó una estrategia de interacción y proximidad con estos sectores, proyectando una imagen de identificación con ellos, tratando de mimetizarse con sus vestidos y sombreros. Les vendió el cuento del emprendedurismo, mientras liberaba la educación a los capitales privados y no actuaba por reformas en la pública.

Logró, además, el respaldo de los sectores más ricos de nuestra sociedad, ganadores en el orden y el crecimiento neoliberal que les ofrecía. Fue el gran vendedor del discurso que le hizo creer al país en la posibilidad del progreso en base al dinamismo de la inversión extranjera, la venta de las empresas estatales y las facilidades tributarias a la gran empresa. Una forma de modernización autoritaria, desde arriba, excluyente y regida por el mercado, en la que ganaron más ellos.

Con su socio y asesor, desde la salita del Servicio de Inteligencia Nacional, supo manejar el poder mediático, comprando broadcasters y líneas editoriales completas, que contribuyeron a esa imagen de pacificador del país y mesías del milagro económico, que tanto les gusta predicar a sus seguidores.

Pasadas sus exequias, veremos cuál será el nuevo plan de campaña de Keiko Fujimori. Tendrá que decidir si encabeza la campaña o si sólo buscará el Senado para asegurar impunidad. El juicio en la que está comprometida no le ha disminuido sus bonos aún, pero, sin duda, la muerte de su padre no estaba dentro de su cálculo político inmediato, le resultará difícil capitalizarla y podría afectar su imagen, en un escenario donde las distintas derechas no le reconocen más el liderazgo “natural” al que aspira desde el 2011, sin éxito.

Hoy más que nunca, el ejercicio de la memoria y su transmisión a los más jóvenes, es una tarea indispensable si queremos empezar a cerrar definitivamente una etapa de nuestra historia y trabajar por un cambio. Con la muerte de Alberto Fujimori no se acaba el fujimorismo. No nos ilusionemos.

 

desco Opina – Regional / 13 de setiembre del 2024

descosur