Urgencias de un fujimorismo sin Fujimori

 

La victoria electoral de Keiko Fujimori abre una nueva etapa política. Como ocurre con todo gobierno que inicia su mandato, las primeras semanas están marcadas por los gestos simbólicos sobre prioridades, las expectativas y las definiciones. Una lectura comparada entre los ofrecimientos de campaña, el contenido de su plan de gobierno y las urgencias objetivas que enfrenta el país deja al descubierto vacíos e incoherencias difíciles de ignorar.

Resulta sorprendente que el discurso de Fuerza Popular siga concentrándose en defender el modelo económico y la Constitución como si fueran las grandes disputas nacionales en curso. En realidad, las urgencias del Perú son hoy distintas. El desafío principal consiste en construir un Estado que funcione para todos y todas y sea capaz de enfrentar al crimen organizado, controlar la minería ilegal, reducir la corrupción y ejecutar infraestructura de calidad. También mantener en funcionamiento exitoso, pero no abusivo a las grandes inversiones nacionales y extranjeras. Pero, por encima de todo ello, está no llegar demasiado tarde a las consecuencias del fenómeno de El Niño de gran magnitud, proyectado hasta mediados del año 2027. El escenario climático debiera ser prioritario.

Estamos tarde, una vez más, para atender territorios históricamente abandonados como el sur andino y la Amazonía. Ninguno de estos problemas se resuelve invocando las reformas de los años noventa. El país requiere otras respuestas de parte del gobierno entrante.

La prevención de desastres, el reforzamiento de infraestructura crítica, la protección de nuestras ciudades, carreteras y sistemas de riego en el norte del país, así como la coordinación entre niveles de gobierno, requieren un Estado con capacidad de planificación, inversión y presencia territorial que no existe para enfrentar un fenómeno de esta magnitud: un aparato público capaz de anticiparse a la emergencia, coordinar recursos y liderar la respuesta nacional. Primero en el norte, donde ya empezó a llover y luego, muy pronto, en un sur sediento.

La sequía, la fragilidad de la economía rural, las brechas de infraestructura y la persistente sensación de abandono es una realidad que se omite mencionar en relación con lo que espera el sur andino de un gobierno democrático. No es un tema que pueda resolverse únicamente mediante incentivos al mercado o anuncios de inversión pública. La presencia del Estado continúa siendo insustituible. Sin una estrategia nacional de desarrollo territorial, difícilmente podrá cerrarse la distancia entre Lima y las regiones más vulnerables que demandan fortalecer los gobiernos regionales y reducir las profundas desigualdades que el crecimiento económico no ha logrado corregir por sí solo.

Las respuestas conocidas y desgastadas respecto a la seguridad ciudadana constituyen otro terreno donde la magnitud del problema demanda cambios que no debieran ser la militarización del país. Las extorsiones, el sicariato, las economías ilegales y la penetración del crimen organizado han transformado la naturaleza de la violencia. Si bien la demanda social por firmeza es comprensible –el incremento de penas, la militarización del país o el endurecimiento del discurso–, no reemplazan la necesidad de reformar los sistemas de inteligencia, investigación criminal, control financiero y administración de justicia. Del mismo modo, la corrupción generalizada –que atraviesa distintos niveles del Estado y del sistema político– exige reformas institucionales profundas, mecanismos efectivos de transparencia y una voluntad política que vaya más allá de las declaraciones.

El fujimorismo de los noventa se embarcó con el mundo marcado por el triunfo de la globalización, el consenso de Washington y la hegemonía de Estados Unidos. Treinta y cinco años después el escenario internacional es otro. Hoy predominan la competencia entre China y Estados Unidos, la fragmentación del comercio internacional, la transición energética, la inteligencia artificial y una crisis climática que obliga a los Estados a desarrollar capacidades de prevención y planificación como preocupación política cada vez más importante.

Quizá por eso el mayor desafío del fujimorismo sea precisamente sobrevivir a Alberto Fujimori: comprender que las circunstancias históricas han cambiado y construir respuestas nuevas. Mientras ello no ocurra, el riesgo será que Fuerza Popular continúe ofreciendo soluciones para un país que ya no existe. Y esa es, probablemente, la mayor debilidad de su propuesta política actual. Paradójicamente, la mejor manera de Keiko de ser fiel a Fujimori sería dejar de repetir las respuestas que él mismo dio hace más de tres décadas.

Frente a este escenario, la oposición enfrenta igualmente un desafío. Reducir su papel a una estrategia de confrontación permanente en el Congreso o apostar exclusivamente por la movilización ciudadana, podría terminar fortaleciendo la polarización que ha caracterizado al país los últimos años. Renunciar al control político y a la fiscalización tampoco contribuiría al fortalecimiento democrático que demanda temas importantes como la justicia ante los asesinatos del gobierno de Dina Boluarte, protegida por las fuerzas políticas que hoy sostienen a Keiko Fujimori.

 

desco Opina / 24 de julio de 2026

Por fuera flores, por dentro, ¿temblores?

José Jerí Oré ha cumplido un mes como Presidente por decisión del Congreso de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, ello como parte del estado de precariedad institucional crónico que vive el país, en un escenario en el que política, economía y sociedad coexisten, pero sin armonía, funcionando porque no tienen otra alternativa. Las encuestas iniciales, a menos de diez días de su instalación, mostraban que, si bien el 32 % estaba de acuerdo con que haya asumido la presidencia, 53 % declaraba su desacuerdo y aunque 37 % creía que se debía mantener en ella, un sector importante hubiera querido otra persona en el cargo o que se dieran cambios más radicales.

Desde el primer momento y superada la sorpresa, a fin de cuentas Jerí, antes de ser presidente del Congreso, al que llegó como accesitario de Martín Vizcarra, sólo había adquirido cierta notoriedad por una investigación por un presunto caso de violación y por la denuncia periodística de un soborno de S/ 150 000 sucedido en noviembre 2023, cuando lideraba la Comisión de Presupuesto, el nuevo inquilino de la Plaza de Armas buscó construir una imagen que lo diferencie de su antecesora, lo que ciertamente no era muy difícil dadas las patéticas limitaciones de aquella. Reemplazó el silencio y la evasión permanente de Boluarte y su comportamiento agresivo con la prensa y la ciudadanía, por una apuesta por la conexión con la gente por el tema de la inseguridad y la delincuencia, en la lógica del espectáculo.

Disfrazado de Bukele andino, recorrió calles, comisarías y penales, rodeado de policías y periodistas, haciendo creer desde el momento cero que su respuesta haría énfasis en la fuerza. Su discurso repitió eficientemente que las guerras se ganan con acciones antes que, con discursos, buscando empatar con las demandas de mano dura, que indudablemente impactan en sectores importantes de la población, afectada directamente por la violencia de la extorsión, el secuestro y el sicariato. Desde sus redes sociales y con el seguimiento constante de los grandes medios de comunicación, que se sienten muy cómodos con su estilo de “Indiana Jones” autoritario, buscó ubicarse en acción constante contra la delincuencia.

A partir de esa base comunicacional lanzó sus anuncios más significativos. La acción en los establecimientos penitenciarios, la pomposa creación de una instancia de coordinación interinstitucional y supuestas medidas para el control de la venta ambulatoria de chips de los celulares, fueron tres de los que generaron alguna expectativa, enmarcados todos en la declaración del estado de emergencia en Lima, que más que dirigido contra la criminalidad y el hampa parecía orientado a controlar las protestas públicas. El espectáculo como ya estamos acostumbrados, acompañado por los militares en la calle y la multiplicación de “importantes” y valientes capturas que hace la policía, para que no se noten las restricciones y las malas caras frente a las protestas por los distintos malestares de la gente.

A treinta días de su gobierno encontramos una situación sorprendente. La última encuesta de opinión pública (circuló el 10 de noviembre) le asigna 55.9 % de aprobación y una desaprobación nacional de 27.2 %; la misma mostró que 52.2 % de sus encuestados estuvo de acuerdo con el voto de confianza al gabinete de Álvarez Miranda, aunque también ¿contradictoriamente? mostró que 65.6 % apoyaba las movilizaciones de protesta, evidenciando que sectores significativos de la gente mantienen una distancia crítica del poder político y muestran que no se puede confundir la calma “chicha” con una aceptación del gobierno Jerí.

A fin de cuentas, si uno mira los números por debajo del show y la sonrisa, encuentra los temblores. De acuerdo al analista de datos, Juan Carbajal, frecuentemente citado por diversos medios de comunicación, entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre se produjeron 157 homicidios (68 en Lima, 22 en La Libertad), vale decir más de 5 al día, con registros constantes que mantienen la alerta en diversas regiones; en el país se sigue presentando una denuncia de extorsión cada 20 minutos y según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se han registrado 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao, sin que hayan disminuido en la gestión Jerí. Con el tema de los chips no pasó nada y apenas días atrás, el suspendido presidente de OSIPTEL denuncia que la institución está capturada por intereses empresariales que están detrás y que permiten la venta ambulatoria de chips. Y las capturas de la Policía Nacional del Perú (PNP) siguen acompañadas por escándalos recurrentes como la denuncia de la falta de transparencia y el beneficio para una empresa americana, en la compra de pistolas para esta institución, por más de 31 millones de dólares.

Todo, en medio del entusiasmo del Congreso presidido por otro accesitario –también “encargado” quien inicialmente aseguró que dejaría de inmediato el puesto heredado–, interesado en terminar con su agenda, continuar asegurando su impunidad, intentar asegurar su reelección, bloquear cualquier posibilidad de revertir las leyes procrimen, que contaron con el voto del congresista Jerí, así como proseguir acelerando incrementos salariales y pensiones que podrían costar más de 21 000 millones de soles al erario nacional, según un informe de La República.

En este escenario tortuoso, en donde desde el Congreso, pero también desde el Ejecutivo que inicia sus giras por el país buscando construirse capital político para el 2031, se quiere la continuidad de una alianza depredadora como la que nos gobierna, cabe preguntarse si los sectores democráticos, la calle y los partidos que así se dicen, serán capaces de armarla en torno a un programa mínimo que –con la orientación que sea– se proponga gobernar y no privatizar y terminar de liquidar el Estado.

 

 

desco Opina / 14 de noviembre de 2025

La crisis viviente del Perú

 

Desde hace varios años Perú vive en una tensión constante entre la inercia y la crisis. No es un país en guerra ni sumido en una catástrofe económica, pero parece moverse hace ya una década por un sendero sumamente peligroso, el de la desconfianza estructural.

Desde la elección del presidente Kuczynski, hemos vivido una sucesión incesante de presidentes, renuncias y destituciones que han desgastado la fe pública. La crisis institucional entonces no es coyuntural, sino estructural: un Congreso fragmentado, partidos sin bases reales y una ciudadanía desconfiada que ve en la política una arena de intereses privados más que un espacio de representación. Una democracia que todos los días fue perdiendo sustancia desde hace buen tiempo.

En medio de esa grave crisis política de legitimidad del régimen político, la sociedad peruana pasa por un nuevo momento de agitación. Las protestas ciudadanas han estallado y la gente ha salido a las calles impulsada por grupos de la llamada generación Z. Esto, como se conoce bien se ha desencadenado por el aumento incesante de la inseguridad: las extorsiones, el sicariato y los asaltos que se multiplican en Lima y en las ciudades del norte, mientras que el Estado aparece débil o ausente para el ciudadano común.

La violencia cotidiana se ha vuelto parte del paisaje urbano. Todo parece formar parte de los rasgos destacados de un nuevo orden promovido por la alianza corrupta que gobierna el país desde el Congreso. La sensación de inseguridad general no solo erosiona a diario la confianza ciudadana, sino que golpea la economía, encareciendo seguros, transportes y servicios básicos. La prensa, principalmente la extranjera, destaca con alarma la expansión del crimen organizado, muchas veces vinculado a redes de minería ilegal, tráfico de migrantes y narcotráfico.

La política, la economía, los medios y la vida social coexisten bajo un aire de sospecha y agotamiento en lo que, para algunos observadores, es una paradoja: la estabilidad económica en medio del caos político que año a año se profundiza. Para muchos peruanos y peruanas eso es simplemente la nueva normalidad. Perú sostiene una macroeconomía sólida en los indicadores (mantiene cifras macroeconómicas envidiables para la región, con baja inflación y reservas sólidas), pero frágil en la práctica.

The Economist suele describir al Perú como un “régimen en piloto automático”, donde las instituciones funcionan sin rumbo ni liderazgo legítimo, en medio de la sucesión de presidentes destituidos y congresos fragmentados hasta el extremo. No hay una narrativa nacional coherente. Tampoco hay un proyecto de país, solamente una administración rutinaria del desencanto. En este escenario, la corrupción ya no es estrictamente escandalosa, sino cotidiana porque actúa como el lenguaje común de la clase gobernante, y la población reacciona, no con indignación, sino con un cansancio resignado.

El país continúa dependiendo del sector extractivo, mientras los conflictos en torno a las minas paralizan carreteras y dividen comunidades. El modelo que se aplica en la práctica crece sin distribuir, y la desigualdad territorial y social se profundiza como una cicatriz visible: un Perú urbano bastante conectado al mercado global y otro, rural y excluido, que por ahora observa desde los Andes. Finalmente, otra vulnerabilidad profunda corroe a la sociedad: el empleo informal supera el 75%, la productividad se estanca y los conflictos sociales ligados a la minería se multiplican. La riqueza generada por los recursos naturales no se traduce en cohesión social. La paradoja peruana es que su economía resiste, pero no prospera. La inversión privada duda ante la incertidumbre política, mientras el Estado exhibe una ineficiencia creciente que frena la ejecución de proyectos públicos, no por falta de recursos, sino por falta de dirección.

A la persistencia de las enraizadas brechas étnicas y regionales, se suma en estos tiempos el descrédito de la clase media urbana, que durante dos décadas creyó en el mito del progreso individual. Hoy, los jóvenes sienten que el ascenso social prometido no llegará nunca, y se refugian en formas de resistencia cultural y digital. Mientras tanto, las mujeres organizadas y las comunidades indígenas, históricamente marginadas, emergen como los pocos actores que intentan redefinir lo político desde lo cotidiano. En contraste, el machismo, la desigualdad y la violencia policial siguen marcando el pulso del país.

El debate público actual es un campo de batalla de intereses mediáticos más que un espacio de deliberación. Las redes sociales amplifican rumores y los medios tradicionales se han polarizado. Esta desinformación, creemos, no es un accidente, sino una forma de control: mantiene a la ciudadanía confundida como una estrategia de poder de quienes gobiernan. Así, la verdad se ha vuelto un bien escaso, y la ironía, un mecanismo de defensa colectiva.

El Perú, sin embargo, como nación no está al borde del colapso, aunque vive en un estado de precariedad institucional crónico. Su estabilidad es otra paradoja: descansa no en la confianza, sino en la costumbre del conflicto. Política, economía y sociedad coexisten, pero sin armonía; funcionan porque no tienen otra alternativa.

Somos parte de un país que sigue adelante, aunque nadie sepa muy bien hacia dónde. En esa extraña calma reside tanto su tragedia como su fuerza: el Perú ha aprendido a vivir con el caos, pero no a transformarlo.

 

desco Opina / 17 de octubre de 2025

Estamos advertidos

 Como ya es dramáticamente evidente, la inseguridad está desbordada en el país. Entre el primer día del año y el 8 de abril, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 597 homicidios, esto es 6 crímenes diarios y hasta el 31 de marzo el Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional sumaba 6412 denuncias, 14.2% más que en el mismo período el año anterior. No es casual entonces que las mediciones de opinión pública más recientes muestren que 79% de los encuestados cree que la inseguridad continuará igual o empeorará en los próximos meses, que la aprobación de la mandataria, del presidente del Congreso y de Gustavo Adrianzén esté por debajo del 5% y que el nuevo ministro del Interior, ex viceministro de Santiváñez y arrastrando una indagación penal, no despierte ningún entusiasmo.

En septiembre 2024, los gremios y asociaciones de transportistas realizaron el primero de varios paros, que se han sucedido desde entonces, exigiendo a las autoridades acciones concretas contra las extorsiones y el sicariato, que crecen aceleradamente en el país y los tienen entre sus víctimas más visibles. A ese mes, 15 empresas de transportes en Lima se encontraban amenazadas, 3 habían parado operaciones, los choferes asesinados el 2024 ya eran 9 y sólo en ese mes se habían producido 15 atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao. Se decía entonces que cerca del 20% de los transportistas urbanos estaban siendo extorsionados. El reciente jueves 10 de abril se produjo una nueva paralización de este sector, a la que se plegaron más de 30 000 unidades de servicio público generando grandes dificultades para la movilización de los habitantes de la ciudad. A fin de cuentas, en lo que va del año han sido asesinados más de 15 transportistas y se dice que la extorsión está afectando a más del 60% de las empresas del ramo.

La medida de lucha de los transportistas incluyó distintas movilizaciones hacia el centro de Lima, donde las voces de choferes y cobradores señalaban la responsabilidad del gobierno y el Parlamento en el agravamiento de la situación, en una jornada en la que se produjeron algunos enfrentamientos con la Policía Nacional. En este marco, las respuestas desde el Ejecutivo y el Congreso de la República evidenciaron, una vez más, la desconexión que ambos poderes tienen de la gente, su incapacidad y su desinterés para garantizar la seguridad, tanto como su desdén por malestares y protestas que parecen no preocuparles. Así, mientras el Presidente del Consejo de Ministros se quejaba porque paralizar Lima y el Callao significan mucho dinero para el Estado, y el jefe de la Defensoría de la Policía decía que los trabajadores del sector no ganan lo suficiente como para ser víctimas de extorsiones acusándolos de confabular para bloquear carreteras, dos congresistas evidenciaban su insensibilidad y su falta de inteligencia; uno, promoviendo que los asesinos peruanos acaben con los extranjeros, el otro, sosteniendo que los transportistas deberían llevar pistola para defenderse y usar una lámina antibalas.

Más allá de la fanfarria autoritaria que comparten –estado de emergencia, pena de muerte, servicio militar obligatorio, renuncia al sistema interamericano de protección de derechos humanos, criminalización de adolescentes–, Ejecutivo y Congreso son cómplices del agravamiento de la crisis que vivimos. Con un gobierno ineficiente y asediado por la incompetencia de sus ministros, la única novedad en materia de inseguridad, ha sido la instalación de una patética parodia del denominado cuarto de guerra. Un espacio en el que la señora Boluarte se reúne regularmente con los mandos policiales y militares, así como con algunos de sus ministros, para recibir poco más que el parte diario de las distintas comisarías y facilitar sus declaraciones desde ese espacio, responsabilizando a los gobiernos anteriores de la situación que vivimos y dando frecuentes números de sus supuestos éxitos; la mandataria olvida que el gobierno de Castillo registraba alrededor de 3 homicidios diarios, menos de la mitad de los que se producen en el suyo. En lo que hace a números inflados, su Presidente del Consejo de Ministros la superó; en su presentación de más de cinco horas en la pantomima de interpelación que le hiciera el Congreso hace unos días, dio cifras tan surrealistas como la adquisición de 370 000 vehículos nuevos para la policía o la realización de 291 516 operativos..

En el caso del Congreso, recordemos que 24 horas después del paro, éste aprobó las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio que exige una sentencia previa en caso de lavado de activos, corrupción y crimen organizado. Una responsabilidad más para un poder que ha logrado que la delincuencia cuente con un plazo menor para la prescripción de sus delitos, que anuló la utilidad del allanamiento al establecer que éste debe notificarse e incluir la presencia del abogado del intervenido, que no puedan ser juzgados por organización criminal en gran cantidad de delitos, que convirtió en prescriptibles los crímenes de lesa humanidad y un largo etcétera más.

Estamos advertidos. A la coalición autoritaria que nos gobierna no le preocupa especialmente la inseguridad. Le interesa concluir el diseño de la institucionalidad autoritaria en la que están embarcados y proteger su impunidad, como queda demostrado con dos de sus decisiones de los últimos días. La modificación del reglamento del Congreso, aprobada por la Comisión de Constitución para posibilitar la suspensión indefinida de fiscales y jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta Nacional de Justicia, con apenas 50 votos, así como la reinterpretación del artículo 117 de la Constitución que hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para blindar a Boluarte por el caso de los Rolex y abrir la posibilidad de sancionar al fiscal por actuar “con fines políticos”, evidencian el juego en curso. Estamos frente al ejercicio arbitrario y autoritario del poder para asegurar el control del Estado en beneficio propio. Se trata de enfrentar con firmeza a la coalición autoritaria y su juego, si queremos que las elecciones del 2026 sirvan para cambiar algo.

 

 

desco Opina / 16 de abril de 2025

Un jalón de pelos y un Ejecutivo a la deriva

 

La imagen de la señora Boluarte, confrontada y zarandeada por dos mujeres en su provocadora visita a Ayacucho, ha dado la vuelta al mundo. Ruth Bárcena, viuda de uno de los diez asesinados en Ayacucho, la encaró; Ilaria Ayme, madre de un menor de quince años, igualmente asesinado, le jaló los pelos. Provocadora, decimos, porque creer que luego de los muertos y heridos en distintas regiones del país durante las protestas y movilizaciones de hace un año, puede pasearse tranquilamente en ellas, evidencia que la mandataria carece del mínimo sentido común. Máxime cuando se trata del personaje que avaló y elogió la acción de quienes realizaron los operativos, “terruqueó” directamente a víctimas y familiares, y presionada por distintos organismos internacionales y la prensa, sostuvo que carecía de mando sobre los militares y sus acciones.

La misma señora que dijo que eran las instituciones de la justicia las que debían investigar, pero se amparó en el silencio ante la Fiscalía, mientras sus ministerios del Interior y de Defensa siguieron el mismo camino. Peor aún, la persona que ha firmado los recientes ascensos de varios de los mandos que participaron directamente en la brutal represión a las protestas y movilizaciones. Incapaz de pedir disculpas y mostrar alguna empatía con las víctimas, su pretensión viajera para mostrar un país en paz y posar con una sonrisa falsa repitiendo una imagen como las que trató de crear con el presidente americano y con el Papa, evidencian su desconexión de la realidad y su único afán de sobrevivir en el gobierno a cualquier costo.

Ninguna de las dos mujeres, ni la que la confrontó, ni la que le jaló los pelos –acto no por comprensible, menos censurable–, amenazó la vida de la señora, aunque evidenciaron sí, la indignación y la impotencia que sienten miles de peruanas y peruanos, especialmente en los territorios con muertos y heridos, donde con la frívola sonrisa mostrada y los caramelos que la acompañaban, se escondía el desdén por las víctimas y por todo un pueblo agredido.

Más allá de la constatación del mundo paralelo de la mandataria y de la reiteración del agravio, el suceso evidenció una vez más, la precariedad de un Ejecutivo mediocre y carente de capacidades. Las flagrantes fallas que se observaron en la seguridad de Boluarte, que eran una reiteración –recordemos que días atrás asaltaron a los custodios de su hijo y les robaron sus armas–, sirvieron de coartada perfecta para que el gobierno aproveche la ocasión para deshacerse del comandante general de la Policía Nacional.

Enfrentado desde el primer momento con el actual ministro del Interior, responsabilizándolo, entre otras cosas, del fracaso de las declaraciones de emergencia, estrategia y política del gobierno y del gabinete Otárola, tercamente defendida por éste que aseguraba en octubre pasado, que había disminuido la delincuencia en 18%, mientras extorsiones, secuestros y crímenes continuaban a todo trapo. No se trata de defender al general Ángulo, sino de resaltar la facilidad con la que la mandataria y su Premier soplan la pluma y encuentran chivos expiatorios. Así como afirman que no mandan sobre los militares, tampoco asumen ninguna responsabilidad en sus políticas y estrategias que fracasan cotidianamente, menos aún en sus declaraciones sin evidencia alguna.

Que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, –aquél que permaneció mudo mientras muchas mujeres andinas, algunas con sus hijos en brazos, eran gaseadas–, fuera la primera voz del Estado en pronunciarse, criticando “la agresión física en contra de nuestra Presidenta”, es coherente con un gobierno a la deriva, cuya única meta es llegar al 2026. Como lo es, también hay que decirlo, la velocidad con la que el Ministerio Público ha empezado acciones contra las involucradas, que se presentaron voluntariamente, contrastando con la velocidad de tortuga renga que muestran en las investigaciones sobre sus diez muertos y la violencia desplegada o con la total inacción por el intento de ataque de “La Resistencia” a una muestra en la que participaban familiares de las víctimas, días atrás.

Precariedad de un Ejecutivo y su Gabinete que en los mismos días mostraba su desnudez plena. Una recesión galopante con un Ministro de Economía que carece de toda propuesta, un ministerio de Energía y Minas contra las cuerdas y enfrentado con el primero por la compleja situación de Petroperú, un ministerio del Ambiente incapaz de enfrentar y responder a las modificaciones que el Congreso le ha hecho a la Ley Forestal, la ministra de Vivienda sindicada de estar operando la privatización disfrazada de Sedapal, la ministra de Cultura enfrentada con Cusco por la gestión poco clara del ingreso a Machu Picchu y la ministra de Producción alentando a sectores de pequeños empresarios a movilizarse contra el ministerio del Interior.

Por el momento, todo indica que Boluarte cree que sobrevivirá mientras sea genuflexa, como hasta hoy, frente a un Congreso que la necesita aún y al que todavía, como viene haciéndolo en diversos sectores, puede seguirle concediendo posiciones en el Ejecutivo y entregarles el Gabinete todo sabiendo que nada cambiará.

  

 desco Opina / 26 de enero de 2024

Sin reconciliación a la vista

El extenso mensaje presidencial por Fiestas Patrias de Dina Boluarte no ha menguado la indignación ciudadana, sobre todo porque las disculpas por las muertes durante las protestas de hace algunos meses no se han hecho a título personal, ni del Ejecutivo, sino a nombre del Estado. Tampoco se ha reconocido ninguna responsabilidad, pues en el discurso señala que las 49 víctimas de las fuerzas del orden murieron en enfrentamientos, cuando existen registros en video y distintos informes internacionales dan cuenta de por lo menos 20 ejecuciones extrajudiciales. Y no hizo mención sobre los cientos de heridos, algunos con secuelas de por vida por los excesos de la policía y las Fuerzas Armadas en el uso de sus armas letales y no letales.  

En paralelo, mientras Boluarte daba su mensaje, la represión en las calles contra los protestantes mostraba que el actuar de la policía no tenía ni un ápice de conciencia: bombas lacrimógenas que se dispararon al cuerpo, gases lanzados de forma desproporcionada, se registraron detenciones arbitrarias y denuncias por maltratos a los detenidos. Esta contradicción no pasó desapercibida por la prensa extranjera. ¿Dónde está la atención a los informes internacionales de derechos humanos mencionados en el discurso? 

El 19 de julio se realizaron marchas en casi todas las regiones del sur demandando la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales. Varias delegaciones que partieron desde el sur, también hicieron sentir su voz en Lima. Esta vez, a diferencia de otras marchas, se unió más gente de la capital. Con menor asistencia, pero con la misma intensidad, se registraron marchas el 28 de julio. La presidenta y su círculo en el Ejecutivo siguen sin escuchar, como lo atestigua Raúl Semillán, presidente de la Asociación de familiares de las víctimas asesinadas en Juliaca, quienes también clamaron por justicia en Fiestas Patrias.     

Para congraciarse con el sur, Boluarte anunció algunos compromisos durante su discurso, como la obra de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Juliaca; prometió también hacerse cargo del proyecto Majes Siguas II en Arequipa, tan pronto se resuelva su problema jurídico contractual.  Anunció la construcción de tres hospitales (que en realidad son ampliaciones o reactivación de proyectos paralizados) en Arequipa, Puno y Apurímac, así como proyectos de electrificación en dos únicos departamentos. Finalmente comprometió la atención de su gobierno para superar la dura sequía que está por castigar nuevamente a esta parte del país. Sin embargo, no sabemos si todas estas promesas serán viables de ejecutar, teniendo en cuenta que estamos con nuestra economía, ya en situación de recesión, mientras que el capital mira con creciente desconfianza a un país tan inestable como el nuestro. Por lo demás, no creemos que la suma de promesas e incluso de obras, reconcilien a esta parte del país con el gobierno.

El extenso listado de obras en los diferentes sectores y el anuncio de millones de soles en bonos y compensaciones en el territorio nacional, incurre en el error de ignorar la naturaleza de la profunda crisis política que atravesamos, en un país polarizado y confrontado donde quienes ejercen el poder al margen de las mayorías y sin la mínima legitimidad, con altísimos porcentajes de desaprobación como lo expresan las encuestas de opinión, insisten en mantenerse de espaldas al país y seguir adelante con sus intereses, sin entender que lo que estamos viviendo no puede ser tapado más con ningún discurso, ni con el punche del actual régimen. 

En este escenario, el único gobernador del sur que no ha cedido a la estrategia de extorsión del gobierno, “obras por silencio”, ha sido Richard Ancco en Puno, que sigue pidiendo la renuncia de Boluarte. Justamente esta región ha sido la más golpeada por el régimen, con muchos muertos a cuestas y en estado de emergencia permanente. Varias de las comunidades aymaras se han declarado en paralización permanente y la población está vigilante de la posición de sus autoridades; en Carabaya, por ejemplo, solicitaron una explicación pública a su alcalde por reunirse con Boluarte y exigieron que en adelante la población sea consultada sobre cualquier pedido que el alcalde presente al Ejecutivo; mientras en Acora la población obligó a su alcalde a pedir disculpas de rodillas por la misma razón. 

Si bien es cierto que debemos pensar cómo gestionar la crisis, sobre todo porque no se avizora ninguna voluntad en el Congreso para discutir y aprobar las reformas políticas que necesitamos, creemos que la salida de Dina Boluarte de la presidencia y el adelanto de elecciones son gestos políticos necesarios para restaurar la confianza y la tranquilidad en el país. 

desco Opina – Regional / 4 de agosto del 2023

descosur 

El mensaje y la mensajera

A diferencia de los gobiernos de las últimas dos décadas, el de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tienen en el Congreso de la República a su principal soporte y no a un poder del Estado confrontacional y hostil. Se trata a todas luces de un gobierno subordinado al poder legislativo. Como lo muestra la última encuesta del IEP, la opinión pública lo entiende así; pese a tener una aprobación de 6%, se percibe que los congresistas son quienes tienen más poder en nuestro país (35%), seguidos por los empresarios (24%) y, en tercer lugar, la Presidenta (19%). Dicho sea de paso, para el 78%, el Congreso abusa del poder que tiene; apenas 2% cree que usa su poder de manera correcta. 

Eso le permite a la dupla Boluarte/Otárola emitir un mensaje a la nación por Fiestas Patrias, aplaudido rabiosamente por el compromiso que los vincula, por la mayoría congresal; un mensaje que es de reafirmación conjunta de la continuidad de un régimen autoritario que tan solo apunta a continuar su mandato hasta el año 2026, respaldado por una derecha que la aplaude y la sustenta en medio de una crisis política irresuelta. Claramente el interlocutor del gobierno es el Congreso, con 6% de aprobación y no los ciudadanos del Perú. Esto, pese a que las encuestas ciudadanas persisten en descalificar a ambos poderes con dígitos superiores al 80% y al 90% respectivamente, así como la evidente ausencia de un horizonte que recoja las expectativas ciudadanas de forjar una visión democrática del país.

Mediante un discurso declamatorio, de más de tres horas, cargado de promesas y en el que justificó sus escasísimos logros de gestión, responsabilizando de ello al desempeño del gobierno anterior del que formó parte como ministra y vicepresidenta de la República, así como a las manifestaciones de protesta y rechazo que insistió en calificar como grave conmoción social destinada a derrocar a su gobierno y reemplazarlo por una dictadura. Sin traer ninguna propuesta para una salida política a la crisis de legitimidad que soportan los principales poderes del país, cumplió cínicamente con la formalidad de pedir perdón por los muertos y heridos provocados por las graves protestas acalladas por excesos de la represión de las fuerzas policiales y militares, que devinieron en crímenes de Estado entre diciembre y febrero, denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

El autoritarismo negacionista del gobierno, ignorando las demandas del país de renovación de la clase política y adelanto de elecciones, se asienta en una oferta de diálogo en el desaparecido Acuerdo Nacional con los partidos que están en el Congreso, como la manera de confrontar las demandas y reclamos de amplios sectores nacionales y varios internacionales, que exigen su renuncia.

La mediocridad de la gestión del gobierno Boluarte/Otárola se expresó por la notoria ausencia en el discurso presidencial de temas como la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza que soporta el país o la alusión a políticas sobre la protección del ecosistema y la depredación de recursos naturales en sectores clave como pesca, minería y petróleo, además del mal manejo del desastre climático en curso. La falta de una proyección, cualquiera que fuera, sobre el crecimiento del PBI que espera el gobierno –en tendencia negativa en lo que va del año– y la recesión en curso, en medio de una grave crisis fiscal y caída de la recaudación pública, brillaron por su ausencia.

Resulta inaceptable en una democracia que sus gobernantes, deslegitimados por su innegable mal desempeño, persistan en negase a realizar cambios y se propongan más bien desinstitucionalizar el Estado como la manera de asegurar su estabilidad, fortaleciendo alianzas espurias con las fuerzas del orden y el Congreso para enfrentar una crisis que es, ante todo, política.

El balance de gestión que trae el discurso más largo leído en lo que va del presente siglo, carece de cualquier autocrítica sobre el desempeño del gobierno e insiste en su desconexión con la realidad. Hubo una omisión grosera de problemas, como el ejercicio autoritario del Estado, encubierto en medio de promesas y números vacíos como si se tratara de un gobierno que recién hubiera ganado unas elecciones y se iniciara limpiamente.

Mientras tanto, el Congreso, el verdadero gobierno de los días de los que da cuenta Dina Boluarte, continúa afianzándose sin ningún horizonte de mejoría democrática, en medio de nuevos pactos como el de Fuerza Popular y Perú Libre en la mesa directiva que ahora se inicia sin ningún liderazgo, mucha deshonestidad y cinismo.

La sociedad civil y la ciudadanía del país, entregadas a manos de una clase política incapaz e irresponsable, parecen mayoritariamente preocupadas en sobrevivir en medio de la inseguridad y la pobreza crecientes, sin lograr articular ofertas de alternativas o nuevos liderazgos que las ilusionen y reubiquen como actores políticos. Esto facilita por ahora la desarticulación nacional que muestran, su distanciamiento de los asuntos públicos y su rol pasivo alimentado por el papel que cumplen los medios de comunicación ante una crisis política que al parecer la economía no podrá salvar. Nos esperan días difíciles si se suma a ese próximo futuro lo que pueda traernos un mega Niño para el que no estamos preparados.

desco Opina / 31 de julio de 2023