Déjà vu

 

Aunque no se refirió a su padre en ningún momento, lo que expuso el 28 de julio Keiko Fujimori buscaba ser su calco y copia. Repetir lo que, seguramente, sus análisis internos le reafirman que fueron los pilares de la popularidad fujimorista de los 90, como la insistencia en infraestructura o hacer “funcional” al Estado, adelgazando su burocracia y centralizando las decisiones para “combatir la pobreza”, especialmente en las zonas rurales, sin importarle a ella y a sus asesores el que la pobreza haya cambiado de rostro y su crecimiento es ahora considerablemente mayor en las ciudades.

De esta manera, la referencia previa al Estado catastrófico puede no remitirnos a los gobiernos anteriores, menos aún a las responsabilidades directas que le tocan, sino generar artificialmente las sensaciones pesimistas precedentes al inicio del gobierno de su padre, y desde las cuales el fujimorismo levantó el relato fantasioso de sus superpoderes.

Los esfuerzos oficialistas, por ahora, se dirigen a reactivar discursivamente el mito del origen –el relato del “Estado en ruinas” que permite a Keiko inscribirse en la misma épica de reconstrucción–, para sumar una legitimidad por analogía: si su padre “salvó” al Perú en los 90, ella se presenta como quien puede repetir esa hazaña en el presente.

Es la tónica que prevaleció en todo su discurso. Dijo que resolvería los problemas identificados, por ejemplo, en inseguridad ciudadana, “con decisión y energía”; aunque muy a flor de piel, sin explicitarse, está el hecho de que los fujimoristas han sido parte sustancial en la formación de la delicada situación en la que nos encontramos, manteniendo vigente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), auspiciando las leyes procrimen, el desmantelamiento de lo poco que teníamos para garantizar los derechos humanos, la amnistía para acusados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos, la activación del fuero militar-policial; todo lo que contrasta con su rebuscada escenografía para asegurarnos que no va a tolerar inconductas de policías o militares.

También en la declarada intención de centralizar y concentrar las decisiones del Estado, como su padre. Específicamente, la gestión de las acciones ante el Fenómeno de El Niño –y también la inseguridad ciudadana– serán desde y por el Ejecutivo. Para ambos casos, ha pedido facultades legislativas y la pregunta obvia salta a la vista, ¿serán como los paquetes legislativos de 1991 y 1992?

Keiko habló como si recién hubiese llegado a la política, como si estuviéramos en 1990. Pero, no es una figura nueva. Al contrario, es la referencia emblemática de la nauseabunda política peruana. ¿Sería por eso que no sintió la necesidad de pedir perdón, ni por su padre, ni por ella misma? Era lo mínimo que esperábamos los ingenuos que creíamos en el milagro de que había un mínimo de vocación para el cambio.

Tampoco sintió la necesidad de plantearnos su estrategia contra la corrupción, uno de los principales problemas para la población peruana. Aun menos sintió la necesidad de convocar a la participación ciudadana y a las autoridades locales y regionales. En el mejor de los casos, serán engranajes operativos de lo que decida el Ejecutivo, como en 1994, cuando la activación política del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) fue decisiva para realinear conciencias políticas, permitiendo el barrido electoral de 1995.

No tendrá esa tecnocracia que su padre encontró en el camino, algo que se evidencia a borbotones en la composición de su Gabinete, en el que resultan aceptables un par de nombres, pero no más. A ello se suma que su bancada parlamentaria, conformada con algunos de los muchachos y muchachas reciclados del ayer, darán muestra de mucha maña y criollada, pero sin una agenda política que guíe su acción. No entiende que el “terruquismo” y el “caviarismo” ya agotaron su eficacia, si es que alguna vez la tuvieron.

A favor tendrá una cuadrilla de autoridades subnacionales siempre dispuesta a negociar lo que sea; las organizaciones sociales casi desaparecidas, la práctica destrucción de la institucionalidad pública, con su correlato en el fortalecimiento de una gobernabilidad directa, vertical y sin intermediación.

En este escenario, por ahora, podrían ponerse en debate los roles que querrán cumplir los grandes empresarios financieros y extractivistas, así como los mandos de las Fuerzas Armadas. En lo que no hay duda es que no serán los que se asignaron en los años 90.

 

desco Opina Regional / 31 de julio de 2026

¡Cállese, señora!

 

Acorazada con un manto de impunidad y descaro, Dina Boluarte dio inicio a las actividades protocolares en el marco de su último discurso por Fiestas Patrias. Ya muy temprano, el Cardenal Carlos Castillo le había recordado el porqué de su altísima desaprobación, dirigiendo un contundente mensaje contra esa clase política que ostenta hoy el poder y encarando, sutilmente, a la propia Boluarte. Describiendo a su gobierno y a la coalición que la sostiene en el Congreso como lo que realmente son: “ese espíritu mafioso, con actitud mandona y dictatorial”. Castillo logró, en pocos minutos, incomodar a quienes vienen destruyendo al país, al mismo tiempo que extendía su mano solidaria a ese pueblo consciente que viene exigiendo, de muchas formas, el respeto de los derechos de todas y todos los peruanos.

Desde temprano se conoció el extenso discurso que daría Boluarte bajo el nombre “Estabilidad, progreso y futuro para el Perú”. Fiel a su estilo, se presentó en el Congreso para dar cuenta, de los “logros” de su precaria gestión, a los sectores que la sostienen, señalando con tremenda arrogancia que su gobierno fue el salvador del orden democrático y la institucionalidad del país, al evitar, según ella, que se sumiera “en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias”. Ello, pese a que meses antes, la revista The Economist, en su informe sobre el Índice de Democracia Global correspondiente al 2024, calificó al país como un régimen híbrido,. Y pese a que carga la responsabilidad por los más de cincuenta asesinados durante las protestas realizadas en contra de su régimen.

Boluarte no dudó en criticar duramente a Bolivia, Venezuela y Cuba; sí, aquellos gobiernos con los que decía coincidir hasta antes de colocarse la banda presidencial y a los que hoy llama “países fallidos” como un intento por congraciarse con la derecha que no duda en recurrir a este recurso para descalificar a cuanto personaje de izquierda haya en el país. Con mirada altiva y sonrisa desafiante, calificó de “traidores a la patria” a los miles de ciudadanos y ciudadanas, de distintas partes del país, pero sobre todo de las regiones del sur, que ejercieron su derecho a la protesta durante los últimos meses de 2022 e inicios de 2023, denunciando a quien se alineó, desde el primer minuto de su gestión, con los ideales del sector que perdió en las elecciones de 2021. Ese sector político al que, en más de una oportunidad acusó de corrupto y cómplice de los abusos cometidos durante la dictadura Fujimorista de los 90. Sus indecentes palabras provocaron el rechazo inmediato de congresistas que permanecían en el recinto parlamentario, como Ruth Luque, Wilson Quispe y Jaime Quito, que con voz en alto y mensajes escritos en pancartas y polos, rechazaron los calificativos que Boluarte pronunciaba sin remordimiento.

Su desparpajo fue tal, que no dedicó ni un solo minuto de sus más de cuatro horas de mensaje, a un mea culpa por las consecuencias graves que ha ocasionado su paso por el Palacio de Gobierno. No hizo ninguna referencia a las exigencias de la población por frenar el impacto del avance de la criminalidad organizada, ni mucho menos acerca de la imperiosa necesidad de medidas preventivas reales para la lucha contra la violencia que vienen sufriendo niñas, adolescentes y mujeres en distintas partes del país. Pese a autoproclamarse, por enésima vez, como la primera presidenta en 200 años de República y a embanderarse con las luchas de las mujeres, las mismas que vienen denunciando las políticas antiderechos que su gobierno ha impulsado y defendido con vehemencia de la mano con el Congreso.

Mientras Boluarte evidenciaba la desconexión institucional con la que gobierna el país, la Policía Nacional reprimía, sin reparo, a ciudadanos y ciudadanas que se desplazaban por las principales calles de Lima para rechazar a la clase política dirigente que ha agudizado las brechas de desigualdad en el país, denunciando su convivencia para blindar a los responsables de las violaciones a derechos humanos, no sólo de las cometidas durante el actual régimen, sino también las perpetradas durante el conflicto armado interno, lideradas por Fujimori y Montesinos. Un día antes de su discurso, se había realizado un acto simbólico de peregrinación hacia el Apu Usharu (Cerro San Cristóbal), en el que participaron familiares de los asesinados en las protestas de 2020, 2022 y 2023, así como ciudadanos y colectivos de derechos humanos, para exigir justicia, verdad y reparación.

Con un hemiciclo casi vacío, Boluarte terminó luego de más de 4 horas, y saltándose 15 páginas, su agobiante mensaje de autoelogio, dejándonos con ese sinsabor que nos provoca su sistemática retórica vacía. Su discurso pretendió desacreditar a quienes la rechazan ampliamente a donde quiera que vaya, razón por la cual prioriza sus viajes fuera del país.

Señora Boluarte, sus repetidos dichos y discursos de odio no podrán negar la altísima desaprobación que se ha ganado a pulso y que busca justificar a costa del bienestar de los millones de peruanos y peruanas que desean verla fuera de Palacio, asumiendo las consecuencias de sus erráticas decisiones. Es mejor que se calle.

 

 

desco Opina / 1 de agosto de 2025

El último mensaje de Dina

 Entre julio de 2024 y estos días del año 2025, Dina Boluarte ha procurado proyectar una imagen de estabilidad y gobernabilidad que resulte consonante con su anterior mensaje por Fiestas Patrias. Sin embargo, transcurrido un año más de su nefasto gobierno, más allá del guión triunfalista de quienes le escriben los discursos a la presidenta, el Perú real parece ir en otra dirección cuando nos informamos adecuadamente sobre lo que ocurre.

La actual administración ha logrado mantener en funcionamiento algunas líneas de gestión pública, en medio de manejos no muy transparentes, reactivar a medias obras paralizadas, y adherirse al crecimiento de la minería, el turismo y la agroexportación, sólidos por los precios y las dinámicas internacionales, pero frágiles por su fuerte dependencia extranjera. Ha procurado también reforzar vínculos con actores regionales clave, como son Estados Unidos y Brasil, así como intentar avances en el proceso de adhesión a la OCDE, sin mostrar resultados significativos.

Todos estos logros, de dudoso alcance estructural, quedan largamente ensombrecidos por un proceso paralelo de debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas, la creciente concentración del poder y una deriva autoritaria, acompañada de una frivolidad que no hemos conocido antes, que pone en riesgo la viabilidad misma del pacto republicano fundado hace más de doscientos años. Parece ser el fin de un período y que en medio del desorden se aproximan tiempos nuevos del tipo reforma constituyente, aunque otros denominan de distintas maneras a la necesidad de refundación nacional.

Desde su asunción al poder en diciembre de 2022, Boluarte, en medio de su precariedad personal, ha buscado consolidarse no como figura de transición, que sin ninguna duda lo es, sino como lideresa de un proyecto sostenido, que ha encontrado sustento en las alianzas frágiles y pragmáticas pactadas con ella. Estas alianzas le han permitido resistir múltiples cuestionamientos por la violación a los derechos humanos a inicios de su gobierno, así como a varias investigaciones fiscales por corrupción. Todo en medio de una persistente e histórica desaprobación y rechazo que roza con el cero por ciento estadístico.

A cambio, el gobierno ha cedido –sin ninguna vergüenza– en aspectos fundamentales del equilibrio democrático. La cooptación de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, junto con la aprobación de normas regresivas en materia ambiental, educativa y cultural, reflejan una agenda orientada a desmantelar totalmente los mecanismos de control y de participación ciudadana. La reforma política –necesaria para enfrentar la crisis del sistema de representación– ha sido sistemáticamente postergada o distorsionada.

La narrativa de orden impuesta por el Ejecutivo, sustentada en un discurso de lucha contra la delincuencia y de fortalecimiento de la autoridad, ha servido para medidas de excepción y operativos militares-policiales desproporcionados como los realizados en Pataz o en Sicuani. Ha normalizado el estado de emergencia como herramienta de gestión cotidiana, particularmente en regiones que demandan mayor inversión y presencia del Estado. Continúa descuidando temas de servicios básicos, cuidados de salud, medicamentos y vacunas, educación de calidad, y se limita a la inauguración de nuevas infraestructuras en medio de una represión latente y sostenida.

En el plano internacional, el aislamiento diplomático del gobierno se ha ido revirtiendo en beneficio de una política exterior poco soberana, de alineamiento con los intereses geopolíticos más conservadores y la automarginación descolocada de espacios como la CELAC o la UNASUR. Mientras tanto, la retórica hacia afuera sigue siendo la de una restauración democrática –inexistente y mentirosa–, que contrasta con la política interna de mayor exclusión y criminalización del disenso. El uso recurrente del estado de emergencia en regiones como Puno, Cusco, Piura o La Libertad se ha convertido en práctica administrativa habitual. El país necesita estabilidad, sin duda, pero una que no sea sinónimo de silenciamiento de derechos y escasez de justicia.

Menos aún de retroceso a relaciones que corresponden al pasado. La cooptación de instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, así como la designación discrecional de personajes mediocres en sectores clave como educación, justicia o fiscalización, desnudan una captura progresiva del Estado.

Se necesita una reconstrucción de la confianza en el Estado, particularmente en territorios históricamente marginados, donde la ausencia de derechos no puede seguir siendo compensada por la única presencia de cuarteles.

El mensaje de Dina Boluarte, más que una rendición de cuentas del trabajo del Poder Ejecutivo, será seguramente una afirmación de poder, de un poder prestado, rindiendo cuenta a quienes la mantienen. Pero, más grave aún, ese poder que se ejerce sin consentimiento popular claro ni control institucional efectivo, puede terminar socavando los cimientos de lo que aún nos queda de república. La historia muestra que la estabilidad sin legitimidad es siempre efímera. Lo que se presenta como calma puede ser apenas la antesala de una nueva ruptura, si no se recompone el vínculo entre Estado y sociedad.

Recuperar la democracia implica ir más allá de los equilibrios de poder: requiere reconstruir confianza, abrir canales de participación real y garantizar derechos a todos los peruanos y peruanas en todo su territorio.

 

desco Opina / 25 de julio de 2025 

Para recuperar las Fiestas Patrias

 

El gobierno de Dina Boluarte llega a su segundo Mensaje a la Nación por 28 de julio en el curso interminable de su profunda crisis de legitimidad. Producto de una fortuita, forzada y convenida convivencia con la derecha y el fujimorismo, no tiene más horizonte que el de la restauración de los poderes enraizados en un capitalismo excluyente y sostenerse con los reflejos autoritarios que comparte con sus aliados, dos líneas que se expresan claramente en los múltiples cambios constitucionales perpetrados con impunidad y descaro por un Congreso casi tan rechazado como la Presidenta.

Es poco lo que la ciudadanía espera del Mensaje a la Nación. Es un gobierno con casi nada qué decir sobre lo actuado, poco que ofrecer al país en lo que resta de su mandato y con una enorme deuda en los dos frentes que más preocupan a la gente, que son el descontrol de la delincuencia organizada y el deterioro de la economía. Con tal precariedad e ineptitud, a la Presidenta y su equipo sólo les queda el recurso del que han hecho uso y abuso desde que tomaron el poder: la ceremonia vacía y el ritual hipócrita.

Esta obsesión por el discurso conmemorativo o de saludo en los días feriados, adornado por un lenguaje corporal forzado y una sonrisa más parecida a una mueca, es algo que no se ha señalado suficiente acerca del desempeño de Boluarte. No es una observación superflua, sino más bien un aspecto de la superficialidad de la Presidenta que pone en radical evidencia la falta de sustancia de su gobierno.

Así, en vista de la radicalización de la situación anómala que vivimos al menos desde 2016, en medio de grandes desarreglos y roturas de la institucionalidad democrática, las ceremonias de conmemoración de nuestra Independencia —ya bastante disminuidas por una ritualidad marcial y una desfasada impronta religiosa— parecen este año 2024, más que nunca, condenadas a estar más cerca de la farsa y muy lejos de ser la expresión pública de nuestra pertenencia y compromiso con el país.

Y es que la verdadera riqueza de los ritos reside en su capacidad para conectar la mente y el corazón, en este caso, las razones y los sentimientos sobre la importancia de hacer patria y atender al propósito original de la independencia política, de pensar en nuestro origen y en nuestro destino común. Como mucho, nuestros gobernantes están pensando en sobrevivir en el cargo y en evitar la cárcel que se les presenta como casi único futuro al final de su aventura en el poder.

Como sea, la celebración no es del gobierno en su ejercicio, sino de la independencia del Perú, una patria que se soñó liberada de la dependencia y sojuzgamiento colonial y que ahora se retuerce en manos del autoritarismo y el oportunismo, herida aún por la represión sangrienta y en incertidumbre por la incapacidad de las autoridades y la falta de compromiso de la clase empresarial, que nos pide a todos y todas ponernos la camiseta del capital, pero nunca se pone ella misma la camiseta de trabajar por el país de todos.

El reverso de esta moneda, no hay que dejar de decirlo, está en las organizaciones republicanas populares de la sociedad peruana, que pugnan por la recuperación de la democracia. Como ha quedado evidenciado en los carnavales del último par de años —verdaderos espacios de confrontación crítica al gobierno— y como se muestra crecientemente en los desfiles descentralizados, la cultura y las tradiciones aparecen como un refugio para la defensa de los valores que tejen nuestra identidad y orgullo nacional.

También lo son las marchas, plantones y concentraciones que ponen en el centro las demandas de justicia e igualdad: la lucha de los familiares y víctimas de la represión de 2022-2023, la reivindicación de los derechos humanos, la agenda de las mujeres organizadas para defender su libertad sexual y la igualdad de condiciones, la de los trabajadores por protegerse de los abusos empresariales, todas son verdaderas manifestaciones de apego a una comunidad nacional. Nos corresponde a las mujeres y hombres de todas las edades y todas las regiones, aferrarnos a valores y derechos compartidos, como la libertad, la justicia y la igualdad. La lucha por mantener y recuperar derechos es lo que nos ha de conducir a fortalecer nuestro sentido de pertenencia a la patria peruana, tan mancillada en estos tiempos.

 

 

desco Opina / 26 de julio de 2024

 

Sin reconciliación a la vista

El extenso mensaje presidencial por Fiestas Patrias de Dina Boluarte no ha menguado la indignación ciudadana, sobre todo porque las disculpas por las muertes durante las protestas de hace algunos meses no se han hecho a título personal, ni del Ejecutivo, sino a nombre del Estado. Tampoco se ha reconocido ninguna responsabilidad, pues en el discurso señala que las 49 víctimas de las fuerzas del orden murieron en enfrentamientos, cuando existen registros en video y distintos informes internacionales dan cuenta de por lo menos 20 ejecuciones extrajudiciales. Y no hizo mención sobre los cientos de heridos, algunos con secuelas de por vida por los excesos de la policía y las Fuerzas Armadas en el uso de sus armas letales y no letales.  

En paralelo, mientras Boluarte daba su mensaje, la represión en las calles contra los protestantes mostraba que el actuar de la policía no tenía ni un ápice de conciencia: bombas lacrimógenas que se dispararon al cuerpo, gases lanzados de forma desproporcionada, se registraron detenciones arbitrarias y denuncias por maltratos a los detenidos. Esta contradicción no pasó desapercibida por la prensa extranjera. ¿Dónde está la atención a los informes internacionales de derechos humanos mencionados en el discurso? 

El 19 de julio se realizaron marchas en casi todas las regiones del sur demandando la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales. Varias delegaciones que partieron desde el sur, también hicieron sentir su voz en Lima. Esta vez, a diferencia de otras marchas, se unió más gente de la capital. Con menor asistencia, pero con la misma intensidad, se registraron marchas el 28 de julio. La presidenta y su círculo en el Ejecutivo siguen sin escuchar, como lo atestigua Raúl Semillán, presidente de la Asociación de familiares de las víctimas asesinadas en Juliaca, quienes también clamaron por justicia en Fiestas Patrias.     

Para congraciarse con el sur, Boluarte anunció algunos compromisos durante su discurso, como la obra de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Juliaca; prometió también hacerse cargo del proyecto Majes Siguas II en Arequipa, tan pronto se resuelva su problema jurídico contractual.  Anunció la construcción de tres hospitales (que en realidad son ampliaciones o reactivación de proyectos paralizados) en Arequipa, Puno y Apurímac, así como proyectos de electrificación en dos únicos departamentos. Finalmente comprometió la atención de su gobierno para superar la dura sequía que está por castigar nuevamente a esta parte del país. Sin embargo, no sabemos si todas estas promesas serán viables de ejecutar, teniendo en cuenta que estamos con nuestra economía, ya en situación de recesión, mientras que el capital mira con creciente desconfianza a un país tan inestable como el nuestro. Por lo demás, no creemos que la suma de promesas e incluso de obras, reconcilien a esta parte del país con el gobierno.

El extenso listado de obras en los diferentes sectores y el anuncio de millones de soles en bonos y compensaciones en el territorio nacional, incurre en el error de ignorar la naturaleza de la profunda crisis política que atravesamos, en un país polarizado y confrontado donde quienes ejercen el poder al margen de las mayorías y sin la mínima legitimidad, con altísimos porcentajes de desaprobación como lo expresan las encuestas de opinión, insisten en mantenerse de espaldas al país y seguir adelante con sus intereses, sin entender que lo que estamos viviendo no puede ser tapado más con ningún discurso, ni con el punche del actual régimen. 

En este escenario, el único gobernador del sur que no ha cedido a la estrategia de extorsión del gobierno, “obras por silencio”, ha sido Richard Ancco en Puno, que sigue pidiendo la renuncia de Boluarte. Justamente esta región ha sido la más golpeada por el régimen, con muchos muertos a cuestas y en estado de emergencia permanente. Varias de las comunidades aymaras se han declarado en paralización permanente y la población está vigilante de la posición de sus autoridades; en Carabaya, por ejemplo, solicitaron una explicación pública a su alcalde por reunirse con Boluarte y exigieron que en adelante la población sea consultada sobre cualquier pedido que el alcalde presente al Ejecutivo; mientras en Acora la población obligó a su alcalde a pedir disculpas de rodillas por la misma razón. 

Si bien es cierto que debemos pensar cómo gestionar la crisis, sobre todo porque no se avizora ninguna voluntad en el Congreso para discutir y aprobar las reformas políticas que necesitamos, creemos que la salida de Dina Boluarte de la presidencia y el adelanto de elecciones son gestos políticos necesarios para restaurar la confianza y la tranquilidad en el país. 

desco Opina – Regional / 4 de agosto del 2023

descosur 

El mensaje y la mensajera

A diferencia de los gobiernos de las últimas dos décadas, el de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tienen en el Congreso de la República a su principal soporte y no a un poder del Estado confrontacional y hostil. Se trata a todas luces de un gobierno subordinado al poder legislativo. Como lo muestra la última encuesta del IEP, la opinión pública lo entiende así; pese a tener una aprobación de 6%, se percibe que los congresistas son quienes tienen más poder en nuestro país (35%), seguidos por los empresarios (24%) y, en tercer lugar, la Presidenta (19%). Dicho sea de paso, para el 78%, el Congreso abusa del poder que tiene; apenas 2% cree que usa su poder de manera correcta. 

Eso le permite a la dupla Boluarte/Otárola emitir un mensaje a la nación por Fiestas Patrias, aplaudido rabiosamente por el compromiso que los vincula, por la mayoría congresal; un mensaje que es de reafirmación conjunta de la continuidad de un régimen autoritario que tan solo apunta a continuar su mandato hasta el año 2026, respaldado por una derecha que la aplaude y la sustenta en medio de una crisis política irresuelta. Claramente el interlocutor del gobierno es el Congreso, con 6% de aprobación y no los ciudadanos del Perú. Esto, pese a que las encuestas ciudadanas persisten en descalificar a ambos poderes con dígitos superiores al 80% y al 90% respectivamente, así como la evidente ausencia de un horizonte que recoja las expectativas ciudadanas de forjar una visión democrática del país.

Mediante un discurso declamatorio, de más de tres horas, cargado de promesas y en el que justificó sus escasísimos logros de gestión, responsabilizando de ello al desempeño del gobierno anterior del que formó parte como ministra y vicepresidenta de la República, así como a las manifestaciones de protesta y rechazo que insistió en calificar como grave conmoción social destinada a derrocar a su gobierno y reemplazarlo por una dictadura. Sin traer ninguna propuesta para una salida política a la crisis de legitimidad que soportan los principales poderes del país, cumplió cínicamente con la formalidad de pedir perdón por los muertos y heridos provocados por las graves protestas acalladas por excesos de la represión de las fuerzas policiales y militares, que devinieron en crímenes de Estado entre diciembre y febrero, denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

El autoritarismo negacionista del gobierno, ignorando las demandas del país de renovación de la clase política y adelanto de elecciones, se asienta en una oferta de diálogo en el desaparecido Acuerdo Nacional con los partidos que están en el Congreso, como la manera de confrontar las demandas y reclamos de amplios sectores nacionales y varios internacionales, que exigen su renuncia.

La mediocridad de la gestión del gobierno Boluarte/Otárola se expresó por la notoria ausencia en el discurso presidencial de temas como la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza que soporta el país o la alusión a políticas sobre la protección del ecosistema y la depredación de recursos naturales en sectores clave como pesca, minería y petróleo, además del mal manejo del desastre climático en curso. La falta de una proyección, cualquiera que fuera, sobre el crecimiento del PBI que espera el gobierno –en tendencia negativa en lo que va del año– y la recesión en curso, en medio de una grave crisis fiscal y caída de la recaudación pública, brillaron por su ausencia.

Resulta inaceptable en una democracia que sus gobernantes, deslegitimados por su innegable mal desempeño, persistan en negase a realizar cambios y se propongan más bien desinstitucionalizar el Estado como la manera de asegurar su estabilidad, fortaleciendo alianzas espurias con las fuerzas del orden y el Congreso para enfrentar una crisis que es, ante todo, política.

El balance de gestión que trae el discurso más largo leído en lo que va del presente siglo, carece de cualquier autocrítica sobre el desempeño del gobierno e insiste en su desconexión con la realidad. Hubo una omisión grosera de problemas, como el ejercicio autoritario del Estado, encubierto en medio de promesas y números vacíos como si se tratara de un gobierno que recién hubiera ganado unas elecciones y se iniciara limpiamente.

Mientras tanto, el Congreso, el verdadero gobierno de los días de los que da cuenta Dina Boluarte, continúa afianzándose sin ningún horizonte de mejoría democrática, en medio de nuevos pactos como el de Fuerza Popular y Perú Libre en la mesa directiva que ahora se inicia sin ningún liderazgo, mucha deshonestidad y cinismo.

La sociedad civil y la ciudadanía del país, entregadas a manos de una clase política incapaz e irresponsable, parecen mayoritariamente preocupadas en sobrevivir en medio de la inseguridad y la pobreza crecientes, sin lograr articular ofertas de alternativas o nuevos liderazgos que las ilusionen y reubiquen como actores políticos. Esto facilita por ahora la desarticulación nacional que muestran, su distanciamiento de los asuntos públicos y su rol pasivo alimentado por el papel que cumplen los medios de comunicación ante una crisis política que al parecer la economía no podrá salvar. Nos esperan días difíciles si se suma a ese próximo futuro lo que pueda traernos un mega Niño para el que no estamos preparados.

desco Opina / 31 de julio de 2023

El discurso presidencial, aquí no pasa nada y el sur no existe

En el contexto de la profunda crisis política que atraviesa el país, en la que uno de los puntos nodales es la Presidencia de la República, los días previos al mensaje se especulaban diferentes posibilidades sobre su contenido. Desde una opción conservadora en la que a partir de una autocrítica, el mandatario anunciaba la conformación de un nuevo gabinete concertado con la oposición menos dura, hasta el intento de una fuga hacia adelante, planteando una cuestión de confianza sobre el cambio de Constitución, en un intento por profundizar la polarización recuperando iniciativa política.

En los hechos nada de ello ocurrió pues la oposición conservadora mostró sus fisuras y debilidades con motivo de la elección de la Mesa Directiva del congreso evidenciando que en el corto plazo no representa una amenaza mayor para el Ejecutivo. Por lo demás, la precariedad del propio gobierno acosado por distintas investigaciones y por la reciente entrega a la Fiscalía de la Nación del prófugo Bruno Pacheco, quien fuera el secretario de palacio, tampoco brindaba condiciones para una posición firme frente al Congreso y el país.

El resultado fue un mensaje, con un largo recuento de acciones que forman parte de la actuación del Estado en piloto automático y la inercia de la acción gubernamental, muy alejadas de las transformaciones demandadas por las amplias mayorías y ofrecidas por el mandatario ante el agotamiento del modelo neoliberal y la crisis agravada por la pandemia. 

El malestar de Castillo con la oposición y los medios cuando dice “han ocultado nuestros logros, ... se dedican a difamar y mentir en una perversa inversión de los principios del derecho” resultaba contradictorio con su reiterada negativa a presentarse ante los medios donde justamente habría podido difundir el quehacer del gobierno y enfrentar las campañas difamatorias.

El presidente sostuvo que el desempeño económico del país había superado el desempeño de nuestros vecinos regionales en materia de crecimiento del PBI, mientras el crecimiento del empleo formal registraría un  6.9% de incremento anual  a mayo del presente año. Lo real sin embargo, es que las proyecciones de crecimiento para el 2022 están a la baja, menos del 2.8%, y no exhibimos el mejor desempeño latinoamericano. Según el FMI en materia de crecimiento, este año nos superarán, por lo menos Colombia y Argentina. En materia de empleo, el que se ha recuperado más es el precario, mientras que el trabajo adecuado en Lima está casi 10 puntos por debajo del 2019.

En cuanto a la política agraria, que es un elemento central de su política, el principal anuncio fue la constitución del Padrón de Productores Agrarios como la llave para el desarrollo de los servicios y la atención a las necesidades de los productores, cuando en realidad se requieren recursos de financiamiento y asistencia técnica y mejora de los mercados, con mayor razón en la crisis actual de los fertilizantes. Los recursos establecidos a través del Fondo Agroperú no llegan a los pequeños agricultores que constituyen la absoluta mayoría del campo, pues no se adecuan a las condiciones de la agricultura familiar. Esta situación es la que ha dejado sin contenido a la prometida Segunda Reforma Agraria, a lo cual ciertamente han contribuido los sucesivos cambios en la conducción ministerial.

En el tema ambiental, el gran logro expuesto fue el enjuiciamiento a Repsol por el  derrame de petróleo al mar, cuando el tema que debe ser prioridad del sector es la estrategia de adaptación frente al cambio climático y la lucha contra la deforestación y la contaminación de las cuencas por la minería ilegal y también por la formal. En el sector de los hidrocarburos, ahora que su costo golpea la economía familiar de quienes menos tienen, la promesa de la nacionalización del gas quedó en el absoluto olvido.

En el sector educación, que constituye uno de los temas centrales para el desarrollo del país, ni un comentario  sobre la mejora de la calidad de la educación universitaria y la educación pública, tampoco frente a la contrarreforma universitaria apoyada por la alianza de su partido magisterial, Perú Libre y los promotores de las universidades negocio. Los anuncios se han limitado al incremento de las remuneraciones con la expectativa de una UIT, 4,600 soles mensuales, para el primer nivel de los docentes, sin decir nada sobre la mejora de los modelos pedagógicos y la meritocracia en la formación de los docentes, factores clave en cualquier mejora educativa.

Otro gran vacío en un sector clave ha sido el de la Salud. Apenas una relación de mejoras de infraestructura, muchas de las cuales están paralizadas por la corrupción. Nada del sistema único de salud, la integración de los actuales sistemas para mejorar la cobertura y optimizar los recursos y el tránsito de la salud como negocio hacia un derecho humano.

El discurso mantuvo una gran deuda con la Macroregión Sur, que fue su principal bastión electoral. Ninguna mención a la descentralización que se encuentra estancada, más allá de los efectistas gabinetes descentralizados que solamente han servido para confeccionar una larga lista de demandas que tampoco se atienden por el desgobierno. Ni una palabra sobre el proyecto del Gasoducto Sur Peruano que es vital para el cambio de la matriz energética en todo el sur, y adicionalmente el desarrollo de la petroquímica, que podría brindar entre otros productos, la urea para la agricultura.

El acto mismo de la presentación ante el congreso, hay que decirlo, es una ceremonia que se desprestigia más cada vez. Las actitudes de la oposición como escuchar la exposición dando las espaldas o vociferando imprecaciones,  evidencian la profundidad de la crisis y el deterioro, si no la ausencia de debate político. Por todo lo dicho, parece claro que el Presidente no tiene conciencia de la profundidad de la crisis que atraviesa su gobierno que marcha, todo lo indica así, a un colapso en cualquier momento.

desco Opina – Regional / 5 de agosto del 2022

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