Contra toda expectativa Dina Boluarte
llegó a su segundo aniversario patrio como presidenta. Sin embargo, su posición
como mandataria es de las más débiles en la historia política peruana. Según la
encuesta más reciente, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ya comentada en este espacio, la presidenta registraba apenas 5% de
aprobación en julio del 2024. Apenas 13% de los encuestados está satisfecho con
el funcionamiento de la democracia en el país y 53% de encuestados evidencian un
apoyo bajo a aquella. Ocho de cada diez creen que sus derechos
básicos no están protegidos por el sistema político.
El mensaje de la mandataria en ese
escenario, no despertó ni siquiera curiosidad. Más allá de la subordinación del
Ejecutivo al Congreso como parte de la coalición autoritario-conservadora que
nos gobierna, la desaparición de toda forma efectiva de representación política
y la fragmentación y desarticulación social por las que atravesamos, no
obstante, los esfuerzos en contrario son parte de la pérdida de significado de
la democracia en uno de los países más desconfiados del planeta.
El discurso de Boluarte en el Congreso,
además de plagado de mentiras, de infinidad de cifras y compromisos –algunos de
ellos grandilocuentes y sin mayor contenido real–optó por jugar al cansancio
para asegurarse que nadie lo siguiera con atención. Los escaños vacíos y el
sueño de varios de los integrantes de su gabinete fueron la mejor evidencia de
su irrelevancia. La extensión del mensaje evidenció la ausencia de iniciativas
con sentido, así como el desprecio del gobierno por los cuestionamientos, las
preocupaciones y las demandas de la gente. Un ensimismamiento de cinco horas en
donde el único horizonte que le interesó a la mandataria fue aplaudir al
Congreso ante el que se presentaba para llegar juntos hasta el 2026. Como su
cirugía mayor, optó por responsabilizar al gobierno de Castillo de todos los
males que dice encontró, obviando que fue su Vicepresidenta e integró su
gabinete.
Dentro de las mentiras, algunas de las
más notorias fueron su reconocimiento al Congreso por la defensa de la
democracia y del Estado de derecho cuando éste fue atacado por los golpistas,
es decir por quienes protestaron en distintas regiones, vale decir su
reconocimiento a la complicidad de la Avenida Abancay con la represión y la
violencia desatadas; su insistencia en que seguimos rumbo a integrar la OCDE
son parte de este muestrario, que en este caso obvia la escondida carta de ese
organismo que observa la promulgación de la ley que limita la colaboración
eficaz, es otro ejemplo. La pobreza de sus anuncios contrastó con
el peso de sus silencios y omisiones.
Ni una palabra sobre los 49 muertos y los cientos de heridos sobre los que
tiene responsabilidad directa su gestión. Ni una línea sobre los casos de
corrupción que alcanzan a su gobierno e involucran a su hermano. Mutis total
sobre relojes y joyas que la comprometen, sobre el uso de recursos y cargos
para la constitución de un movimiento político o sobre su posición frente a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, por señalar simplemente algunos de
los más visibles. Ni palabra sobre la condenable postura de sus ministros de
Educación y de la Mujer, que poco menos justificaron la violencia sexual contra
más de 500 escolares de la comunidad Awajún o sobre la embestida de su ministro
del Interior contra la DIVIAC.
Los anuncios más notorios fueron la
creación del Ministerio de Infraestructura y el cambio de nombre del Ministerio
del Interior. El primero será el ministerio más caro del país, con un
presupuesto de más de 17 000 millones de soles que fusionará distintos
proyectos, programas y fondos adscritos a ministerios. En nombre de cerrar las
brechas existentes, el gobierno creó inicialmente la Autoridad Nacional de
Infraestructura y ahora, sin evaluación ni argumento pretende una nueva
cartera, dizque sin generar gasto público… y sin afectar al personal de los
sectores involucrados, con el riesgo de quitar continuidad a la ejecución de
proyectos en marcha y aumentar los peligros de corrupción como se observó en la
creación de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que además no llegó a
cumplir las funciones para las que fue creada. El caso del Ministerio del
Interior es un engaña muchachos dada la gran deuda de seguridad ciudadana y la
ostensible crisis que se observa en la propia PNP que, aunque tiene historia
larga, encuentra en el ministro actual un actor privilegiado de su politización
e instrumentación en su afán de proteger a la mandataria de las distintas
investigaciones que la involucran.
Así las cosas, el escenario de los próximos meses es
previsible. Más de lo mismo.
Un Congreso manejado por Fuerza Popular y APP interesado en cerrar los ajustes
institucionales que tiene pendientes: control de la JNJ y de los organismos
electorales, candados para asegurar su impunidad e impedir candidaturas que los
incomodan estilo Sagasti, control de las ONG y del mundo de la cooperación y
facilitación de las condiciones para las economías ilegales. Boluarte pensando
en cómo asegurar su continuidad después de abril 2025 cuando se haga totalmente
prescindible para un Congreso que ya no la necesitará y la puede responsabilizar
de todo por conveniencia electoral. Sectores empresariales que buscarán
asegurar, jugando con todos los actores de la coalición autoritaria
conservadora en el gobierno, las leyes de pesca, agricultura, minería y minería
artesanal, así como las condiciones tributarias que buscan, para tener las
condiciones para un nuevo ciclo del modelo. Muchas de las autoridades
regionales y locales negociando el acceso a los recursos anunciados por la
mandataria y encontrando formas y caminos para “acordar” su incorporación/vinculación
con los “partidos” nacionales. Los más de 30 membretes hasta hoy hábiles para
presentar candidatos, encerrados en cubileteos y cálculos menores, atravesados
por negociaciones de distinta naturaleza y preocupados por encontrar candidatos
atractivos, como si efectivamente creyeran que las elecciones, adelantadas o no,
van a ser competitivas.
Cierto, el futuro no es tan plano. Las
disputas por el liderazgo en las derechas, incluso en el mismo fujimorismo, ya
están abiertas. La preocupación, aunque todavía minoritaria, de sectores
empresariales por el peso creciente de las economías delictivas en el poder del
Estado, simbolizado por la figura de Salhuana como Presidente del Congreso, no
es un dato menor. La preocupación de las FF.AA. por la misma razón y por el
ruido político que aún no las alcanza pero que puede hacerlo, sacándolas de su
actual zona de confort, es importante. Les inquieta el avance del juicio a
Keiko Fujimori, por su impacto en un escenario que quisieran fuera puramente
electoral. Además, la conflictividad social que se mantiene inalterablemente
alta y que podrá incrementarse con muchas de las medidas anunciadas, les
preocupa por su capitalización por un liderazgo extremo.
Las movilizaciones recientes, no
obstante su desarticulación y las dificultades para resolver sus desconfianzas
y distancias, muestran su persistencia en un escenario en el que predomina una
sociedad desformal, a decir de Martuccelli; es decir, uno en el que la vida
social es incapaz de ser contenida por las formas y regulaciones existentes, en
un contexto en el que coexisten fluidamente vinculados tres capitalismos –formal,
informal e ilegal–, en una transición difícil y en un nuevo momento de nuestra
historia, que ha abierto una coyuntura larga impredecible que seguramente
tendrá tantas alzas como bajas, pero todo indica requiere de la presencia
activa de la sociedad si se pretende construir una democracia real.
desco Opina – Regional / 2 de agosto
de 2024
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