Sin un día siguiente

 

En Perú el escenario de contienda de poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, parece llevar a un encontronazo final, en un combate en el que solo cabría vencer o morir en el intento. En torno a él, los analistas de todo tipo, gusto y condición se explayan explicando si tal o cual medida es democrática o no, si es viable, legal o inconstitucional, si cuenta con el respaldo de la ciudadanía o de los medios. Así, se abre un abanico enorme, que no es para refrescar un verano caliente que ya se aproxima.

En simultáneo, el cansancio y un hartazgo enorme envuelven a la ciudadanía. Si el Congreso inhabilitara al presidente Castillo, casi el 90% de los entrevistados en todo el país considera que entonces se convoque a elecciones generales. La aprobación del Congreso apenas si bordea los dos dígitos y si bien el Presidente casi la duplica, una contundente mayoría reitera la desaprobación del desempeño de quienes combaten infructuosos a diario y no gobiernan ni legislan para el país. La crecida de la indignación ciudadana, provocando que ésta se desborde y acabe como un desmadre, siempre es una posibilidad, aunque probablemente no en las actuales circunstancias en las que el fin de año convoca a personas e instituciones a balances y evaluaciones más íntimas que colectivas, por lo que no parece ser el mejor momento subjetivo.

La estrategia de enfrentamiento permanente, como se ha visto, no ha llevado a una confrontación final. Es una manera de sobrevivir en la que un giro hacia la distención dejaría ver los problemas que se han ido acumulado para uno y para otro. Es la turbulencia lo que permite la sobrevivencia de Castillo y es el desorden del Congreso el que permite que se regodeen en una oposición que a nada conduce, sea éste leal o no a la interpretación de su rol fiscalizador.

No hay forma de solucionar las cosas desde dentro. No pasa nada, pero no porque no pueda pasar –mientras los actores buscan danzar al borde del precipicio– sino porque la desesperación por hacerse del poder sin pasar por elecciones y sin legitimidad, no trae un día después de estabilidad y dirección hacia destinos mejores.

El escenario de la vacancia es posible pero no es el más probable. Siempre hay un espacio para que las aguas salgan de su curso. Si se dan los votos no es sostenible un gobierno de la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es la estrategia del Congreso para hacer esto, cuando saben que –antes y ahora– casi nadie los quiere en todo el país y ellos mismos no podrían sostenerse hasta el término de su mandato en julio del año 2026?  Son gemelos siameses inseparables: si uno muere ambos fallecen.

En un ejercicio de «balas de plata» si el gobierno provocara la censura del Gabinete de Bettsy Chávez y cierre del Congreso, la gran mayoría de la ciudadanía, sin duda, lo aprobaría. Nadie los quiere y las lágrimas por su partida se secarían muy pronto en el desierto de su olvido. Una medida así llevaría sin dificultad a que la popularidad del gobierno pueda pegar un salto, como ya ocurrió con Fujimori de una manera y con Vizcarra de otra. Podría subir en su aprobación inmediata, pero no hay argumentos para que se sostenga. Hay un gobierno que no manda ni sirve a las necesidades y prioridades del país. ¿Gobernaría mejor, superaría su pésima gestión?

Cuidando sus espaldas, el Congreso de la República ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial por el ejercicio de la cuestión de confianza. Se ampara en la decisión previa del TC de no observar la ley que restringe el referéndum, cuya revisión es el «argumento» del Ejecutivo para buscar la confianza.

Toca al TC precisar si le corresponde al Gobierno interpretar la decisión del Parlamento respecto al pedido del gabinete Torres, que fue considerada por el presidente como un “rehusamiento expreso de la confianza”. Al mismo tiempo en el Parlamento van por una tercera moción de vacancia del Presidente que podría tener viabilidad y alcanzar los votos rebuscando en el fondo de algunas curules.

Al «día siguiente» ya no habría a quién «echarle la culpa» en un campo de confrontación en el que se alimentaran los silencios profundos (en los que en realidad incurren) detrás de sus bravatas los políticos que elegimos el año 2021 y que quieren quedarse hasta el 2026.

 

desco Opina / 2 de diciembre de 2022

Elecciones generales, ¿una salida a la incertidumbre que vivimos?

La convocatoria para elecciones generales viene apareciendo crecientemente como solución frente a la crisis política que atravesamos, con poderes institucionales debilitados como el Ejecutivo y Legislativo que evidencian similar falta de idoneidad y capacidad para gobernar y gestionar nuestro país. Este camino empezó a resonar con la presentación de la iniciativa legislativa 1893/2021-CR del congresista Pasión Dávila, que propone recortar el mandato presidencial, congresal y del Parlamento Andino a julio del 2023. La bancada de Perú Libre retrocedió en dicha iniciativa retirando sus firmas de la propuesta. Ante ello, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, retomó el proyecto de su colega sosteniendo que el mismo permite una salida constitucional a la crisis que estamos viviendo. 

En este escenario la mayoría de bancadas se empeña en aferrarse a sus curules y decirle ¡No! a un adelanto de elecciones generales, manteniéndose a favor de una renuncia al cargo del presidente Castillo, dejando claro que no están dispuestos a sacrificar  sus salarios y la comodidad de los beneficios que mantienen por ser representantes, permitiendo que la crisis política entre en un bucle sin fin y en un pacto de no agresión que les posibilite al Ejecutivo y al Legislativo seguir sobreviviendo. Al medio, peruanos y peruanas nos sometemos a una incertidumbre que afecta nuestros bolsillos, conspira contra nuestra salud mental y empleo, y peor aún, resulta más grave dada la crisis alimentaria a puertas que nos angustia y puede impactarnos por la incapacidad gubernamental a pesar de ser un país rico en recursos. 

No sorprende que la derecha, en nombre de su rol fiscalizador continúe promoviendo acciones como la vacancia o la renuncia del presidente Castillo; sin embargo, desde hace ya varias semanas, distintas figuras de centro izquierda exigen algún tipo de salida a esta crisis. Como es conocido, el expresidente Francisco Sagasti fue de los primeros en pronunciarse a favor de un adelanto de elecciones ante la precariedad y la opacidad de la gestión gubernamental, ayudada por el comportamiento de un poder Legislativo igualmente rechazado mayoritariamente por la población. El exmandatario propuso en ese contexto el recorte del mandato presidencial y congresal dentro de los marcos constitucionales, teniendo como condición un acuerdo sobre nuevas reglas y las reformas necesarias para no repetir la crisis actual. 

Más recientemente, el congresista del Partido Morado, Edward Málaga, se ha manifestado a favor de una nueva moción de vacancia ante la aparición de nuevos audios de Zamir Villaverde que involucran en serios indicios de corrupción al Presidente, el exsecretario Bruno Pacheco y al ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, encontrando razones suficientes para que en esta ocasión la moción prospere.

A pesar de la descomposición que se sucede ante nuestros ojos, hasta la fecha el Congreso no está dispuesto mayoritariamente a avalar un adelanto general de elecciones, pero sí a aceptar la renuncia de Castillo. Mientras tanto, siguen apareciendo audios que involucran al entorno directo de Pedro Castillo, dando la impresión de que muchos esperan que pronto aparezca alguno que lo implique directamente y termine por hundir su gobierno facilitando la vacancia presidencial. 

En este marco, la moción de interpelación a Dina Boluarte, quien en cuestión de días podría enfrentar su destitución por una infracción al artículo 126 de la Constitución, facilitaría el camino de la vacancia al quedar sólo el presidente Castillo, que de ser vacado, dejaría el gobierno en manos de la Presidencia del Congreso. El ostensible y justificado desprestigio de su presidenta actual y la próxima elección de una nueva mesa directiva abre, por cierto, un nuevo espacio de incertidumbre y seguramente de nuevos intentos de componenda.

Es obvio que el hartazgo de la población por la actual clase política seguirá creciendo. El Ejecutivo y Legislativo con su lucha de poderes han terminado por sumergirnos en una desazón que viene agravándose desde años atrás y que hace que cada corto tiempo tengamos que elegir nuevos gobernantes y representantes que no dan la talla, que actúan en función a sus intereses particulares y continúan liquidando la democracia.

Cualesquiera sean las medidas que se tomen en los siguientes días respecto a la salida del Presidente, la situación nos obliga a pensar que si no existen reformas políticas que fortalezcan a los partidos y más allá de ellos al régimen político, continuaremos repitiendo la misma historia con gobernantes incapaces de asumir los retos que implica dirigir un país, con ministros y congresistas cuestionados por denuncias de corrupción, vinculados con poderes opacos y permanentes altos índices de desaprobación. Seguiremos clamando como país el adelanto de elecciones como salida a una crisis de larga duración, pero continuaremos retrocediendo en nuestra aspiración de mejores políticas que atiendan las problemáticas urgentes que la gente vive diariamente.

desco Opina – Regional / 10 de junio del 2022

descoCiudadano

Tomando el pulso a la Nación

Mientras la economía mundial se agita principalmente por el conflicto bélico iniciado por Rusia, nuestro paisaje nacional se remueve principalmente, por ahora, por los temblores recurrentes de la crisis política permanente que afecta al país.

Hay un contubernio en marcha que se sustenta en la voluntad nada oculta de nuestros políticos por aferrarse a la cuota de poder que han alcanzado dentro del Estado. La pretensión de ganar a cualquier precio en el corto plazo, lleva al colapso del país en el mediano plazo. Se aprecia así, como el cuestionado Ministro de Salud alaba las virtudes profesionales de uno de los principales dirigentes del fujimorismo en el Congreso al tiempo que esta bancada se niega a sumarse al pedido de interpelación del Dr. Condori, cuestionado por el propio Colegio Médico al que pertenece. 

Esta alianza populista fujicerronista se manifiesta también en su oposición al adelanto de elecciones generales, en acuerdo con otros sectores de la derecha que en el Congreso avanzan en su afán de acabar con el tibio intento de reforma política. Así, votaron juntos por la ley que suspende las primarias para las elecciones municipales y regionales de octubre y aprobaron extender el plazo para la inscripción del padrón de afiliados, además de suspender las causales de cancelación de la inscripción de partidos y movimientos regionales.

La pugna por vacar al presidente Castillo se repite una vez más, aunque se sabe bien que en los predios congresales no se cuenta con los votos necesarios para tal propósito y convocar a nuevas elecciones. Al mismo tiempo, la medida se reitera en términos de limitar el proceso a solamente elecciones de un nuevo poder Ejecutivo cuando en realidad el desgaste y pérdida de legitimidad es mayor en el poder Legislativo y suena inviable que de ocurrir lo uno no se lleve a cabo una renovación total del Congreso.

Nada de lo expresado debe entenderse como el apoyo al desacertado ejercicio de gobierno del Presidente de la República quien, a todas luces ha abandonado sus banderas de cambio y solo parece interesado en sobrevivir en un mar de mediocridad pese a algunas expectativas que ya pocos mantienen.

El flagelo persistente de la corrupción alimenta las raíces del descontento diario, aunque en realidad, muy pocos peruanos se escandalizan en serio con el sistema institucionalizado de los de arriba y los de abajo y su penetración en el Estado. En esos términos es como se hacen negocios –formales e informales– en el Perú del neoliberalismo de los últimos treinta años. Como si fuera poco, la Fiscalía de la Nación enfrenta una situación en la que por falta de quorum de sus miembros titulares deberá encargar interinamente la dirección de esta importante institución ya que el mandato de su actual titular vence esta semana. Las mismas instituciones responsables de evitar y luchar contra la corrupción son demasiado débiles para cumplir con su cometido, o se ven comprometidas por la influencia de los transgresores mismos.

Situación más grave es la del Tribunal Constitucional, conformado casi en su totalidad por miembros cuyos cargos han vencido hace mucho tiempo y no son reemplazados por la incapacidad del Congreso Nacional para asumir la selección y elección de los nuevos miembros. Sin embargo, toman decisiones que avivan el enfrentamiento entre peruanos al emitir fallos sumamente cuestionables como el permitir la excarcelación de Alberto Fujimori, tras la restitución de su irregular indulto por parte del expresidente Kuczynski.

En medio de ese escenario, en verdad caótico, las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser propositivas y no sólo cuestionadoras. Lograr esto, en un contexto de pobreza y de desencanto con la democracia, no es fácil. La propuesta del expresidente Sagasti de apelar a la recolección de firmas para presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que recorte el mandato presidencial y congresal, adelantando las elecciones generales, no es algo que pueda hacerse rápidamente y requiere de una voluntad política y respaldo organizativo que por ahora no existen.

Las clases sociales, los grupos y las instituciones también pueden ser actores más allá de la escena oficial del Estado: como los sindicatos, las comunidades campesinas y nativas, las iglesias; tal como lo hacen los periódicos, la radio y la televisión que defienden sus propios intereses y filtran la información. Ese escenario, más amplio que el oficial y oficioso no lo compartimos, y eso dificulta mucho resolver la confrontación actual de manera inteligente como producto de un diálogo informado.

 

desco Opina / 25 de marzo de 2022

Fiestas borrascosas

 

La moción de vacancia del mandatario por presuntamente haber ejercido presiones para ascender irregularmente a allegados suyos en las Fuerzas Armadas, entre otras cosas impulsada por los partidos que siguen denunciando el fraude electoral –Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular– fracasó la semana pasada al obtener apenas 46 votos, archivándose ante la sonora celebración del oficialismo y la desesperación de sus polémicas y más visibles promotoras, la congresista Chirinos y la siempre candidata Fujimori. A ese resultado contribuyó, en alguna medida, el patético espectáculo protagonizado por el programa político Cuarto Poder del grupo El Comercio que, tras anunciar audios demoledores de la primera autoridad, terminó presentando la conversación de dos personajes insignificantes en un parto de los montes.

Para enfrentar la iniciativa, parte de la carga de la derecha, el Presidente invitó y se reunió con representantes de la mayoría de bancadas parlamentarias. De acuerdo a la versión de las mismas, además de exigirle transparencia y enmienda a Castillo, adelantaron entonces su disposición a rechazar la iniciativa de vacancia en nombre de la estabilidad política que requiere el país. Con el respaldo de APP y la centro-derecha, a Perú Libre y Vladimir Cerrón no les quedó más alternativa que sumarse al rechazo a la pretensión de la derecha extrema. El profesor parecía ganar aire en un escenario difícil en el que la derecha toda no alcanzaba a disimular su propia debilidad y parte de ella insinuaba la posibilidad de una alianza de gobierno más amplia.

El escenario, sin embargo, era más complejo que su apariencia. Desde la derecha, distintas delegaciones –una de congresistas, encabezada por la propia Presidenta de ese poder, la otra de representantes de la derecha más dura y de algunos sectores empresariales–, aparecían vinculadas a actividades internacionales destinadas a deslegitimar al gobierno y a alertar a la opinión internacional sobre los riesgos para la democracia que corre el país en manos del comunismo. Los primeros días de diciembre, con el respaldo de Vox en España y del Instituto Interamericano para la Democracia en Estados Unidos, ambas delegaciones aparecieron como parte del juego de la derecha nacional más extrema por acabar con el gobierno de Castillo. Juego distinto por cierto de la derecha más “moderna” que quiere capturarlo y subordinarlo.

A los afanes extremos, más grave aún, se sumó una carta esotérica firmada por un grupo de excancilleres y exvicecancilleres denunciando a una futura reunión convocada por Evo Morales de RUNASUR, una articulación de organizaciones indígenas y organizaciones sociales, de pretender convocar a la conformación de una república aymara, desmembrando el país y otorgándole a Bolivia una salida soberana al mar .

Simultáneamente arreció la ofensiva compartida por toda la derecha contra la reforma tributaria que propone el MEF. Desde las grandes empresas mineras se organizó una batería de expertos, analistas, políticos y medios de comunicación que acapararon los cuestionamientos a la propuesta, que en el caso de la minería propone un mecanismo para captar más rentas mientras duren los precios excepcionalmente altos, con argumentos bastante deleznables: la dificultad del Estado para gastar los recursos de los que dispone actualmente, la fuerte corrupción existente en el Estado, la pérdida de competitividad que se generaría, el retiro de la inversión privada y un largo etcétera en la misma dirección.

La ofensiva minera, campaña de televisión sobre los beneficios mineros en nuestra sociedad incluida, coincidió con el fracaso del diálogo y la negociación entre la empresa de Las Bambas y las comunidades de Apurímac y Chumbivilcas, y la consiguiente radicalización del bloqueo de las carreteras. En ese contexto, la empresa anunció la paralización de sus actividades que se sumó también por el cierre de vías. En ese escenario turbulento y tumultuoso que se añade al fuerte descontento que se mantiene entre sectores de la población ayacuchana, las presiones de las empresas y sus gremios muestran decibeles particularmente altos.

En este panorama, el intento de censura de la Presidenta del Congreso unió a la derecha y terminó por precipitar la renuncia de tres parlamentarios de la bancada de gobierno, cuyo sector cerronista votó con aquella, profundizando la fractura que viene desde el inicio de gobierno. El mismo día, la reunión del silencioso Pedro Castillo con los ex ministros de economía Castilla, Segura, Mendoza y Cooper –todos ellos duros críticos de la gestión de Francke– fue una muestra más del pragmático estilo presidencial que expresa confianzas con silencios elocuentes y distancias con gestos como el de anoche.

Si el mandatario semanas atrás buscó diferenciarse de su Primera Ministra y la dejó sola frente al cargamontón mediático, ahora observa la ofensiva contra su responsable de Economía y su equipo y se reúne con algunos de sus más duros críticos. ¿Creerá que esa es la manera de derrotar a la derecha extrema, garantizar una nueva alianza de gobierno con otros sectores de derecha y recuperar lazos con Vladimir Cerrón, responsabilizando a los “caviares” de sus desventurados meses iniciales? Difícil saberlo. Parece claro, sin embargo, que una vez más tendremos un fin de año borrascoso.

 

 

desco Opina / 17 de diciembre de 2021