Cuando el dolor propio refleja la abundancia ajena

 

Las movilizaciones juveniles remiten a algunos resultados centrales que se han obtenido con el ciclo de crecimiento más intenso y prolongado de la historia nacional. Para empezar, destaquemos la evolución del desempleo y el subempleo juvenil en Perú entre 2010 y 2025.

Hasta el 2015, la tasa de desempleo juvenil se mantuvo entre el 13% y el 15%, con altos niveles de subempleo (más del 50%); desde el 2016, hubo una ligera mejora en el desempleo juvenil (descenso hacia el 12%), pero el subempleo persistió y aumentó la informalidad laboral juvenil, con más jóvenes en ocupaciones precarias o sin beneficios sociales.

Durante la pandemia, el desempleo juvenil se disparó hasta cerca del 20% en algunos trimestres y el subempleo se intensificó, con jóvenes migrando a trabajos informales, temporales o de baja remuneración. Si bien desde el 2022, vamos a tener una lenta y paulatina recuperación parcial, persisten profundas brechas de calidad y sostenibilidad.

Igualmente, la cobertura de seguros de salud en jóvenes peruanos entre 2010 y 2025, puede tomar un sentido positivo, si nos remitimos a las estadísticas, en tanto la implementación del Aseguramiento Universal en Salud (AUS) y, luego, del Seguro Integral de Salud (SIS) como principales mecanismos de cobertura para jóvenes sin empleo formal, tomaron fuerza; sin embargo, la bajísima calidad, la falta de atención oportuna y, fundamentalmente, la saturación del sistema (falta de medicamentos y atención fragmentada), hacen que el acceso formal no se traduzca en impactos positivos para ellos.

Otro indicador fundamental es el grado de victimización juvenil por inseguridad ciudadana en Perú. Hacia el 2010, ésta rondaba el 30% de acuerdo a encuestas del INEI y, según parece, porque no hay cifras claras al respecto[1], son actualmente las principales víctimas de la delincuencia.

También debemos tomar en cuenta el impacto de la corrupción entre los jóvenes peruanos. Según el INEI, más del 54% de peruanos considera que la corrupción es el principal problema del país. Para los jóvenes, esto se traduce en una desconfianza profunda hacia las instituciones públicas, especialmente en los campos de educación, justicia y empleo.

La situación hace que los jóvenes perciban la corrupción como una normalización del abuso de poder, que afecta su sentido de ciudadanía y agencia ética, viéndola como un obstáculo para el mérito, la equidad y el desarrollo personal.

Sin embargo, también deben discutirse otros resultados, para mostrar de manera contundente la inequidad que afecta a nuestros jóvenes. Por ejemplo, que el sistema bancario de Perú concluyó el año 2024 con un desempeño destacado, alcanzando ganancias históricas de S/10 325 millones, lo que representa un incremento del 11,9% en comparación con el año anterior.

Entre 2020 y 2024, las utilidades de las empresas mineras en Perú también aumentaron. Según cifras del INEI, en el 2024 el sector tuvo un crecimiento del 2.04%,  que se vio reflejado en la distribución de utilidades, llevada a cabo durante el primer trimestre de este año. Asimismo, el 85% de las compañías mineras informaron que sus funcionarios y trabajadores obtuvieron utilidades por concepto del año fiscal 2024.

En términos absolutos, lo anterior significa que las empresas mineras tuvieron una rentabilidad histórica el año pasado, acumulando US$ 3352 millones hasta setiembre, concentrando el 58% de ese total Southern (US$ 1214 millones) y Sociedad Minera Cerro Verde (US$ 752 millones).

Un escenario parecido encontramos en las empresas agroexportadoras. Entre 2020 y 2024, experimentaron un crecimiento sostenido en sus utilidades, impulsado por el aumento en el valor de las exportaciones, incentivos tributarios y expansión de mercados. En el 2024, el valor exportado fue de US$ 12 798 millones, un récord histórico, acompañado de una mayor diversificación de destinos y productos.

De esta manera, entre 2020 y 2024, el crecimiento del rendimiento del capital frente al del trabajo en Perú, mostró una profunda asimetría, con una aceleración de las ganancias empresariales —especialmente en sectores como banca, minería y agroexportación—, mientras los ingresos laborales se estancaron o crecieron marginalmente. Esto mismo podría aseverarse cuando comparamos los ingresos de las empresas en Perú y los de las familias; mientras que los primeros crecieron de forma sostenida, los segundos mostraron una recuperación más lenta y desigual.

La ira, la frustración y hasta la desesperación no las produce solamente la constatación de estar en una situación de postración, sin salidas a la vista. Resulta revelador percibir que las propias carencias, además, se inscriben en la abundancia de otros.

 

desco Opina / 31 de octubre de 2025

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[1] El INEI propone nuevos índices subnacionales para medir inseguridad ciudadana, incluyendo victimización juvenil.

 

PERUMIN: con ruido, sin nueces… pero con el show de Manero

La semana pasada concluyó una nueva edición del PERUMIN, el evento más importante del empresariado peruano, superado apenas por la CADE, que tiene en la minería uno de sus barcos insignia. La reunión, realizada en Arequipa, estuvo atravesada por dos preocupaciones centrales que interesan especialmente a los grandes del sector: la demanda constante de la desregulación para lograr competitividad y la minería informal e ilegal, como parte de los principales desafíos que tienen en el futuro inmediato. La crítica al exceso de regulaciones que hace el empresariado, especialmente el minero, tiene ya más de una década argumentando que los excesos de trámites y regulaciones alejan las inversiones y afectan la competitividad. Ello a pesar de que los números muestran tercamente que, con las mismas regulaciones y trámites, Perú batió récords de inversión y duplicó la producción de cobre en la segunda mitad de la década pasada. Por cierto, a lo largo de este tiempo, con esa demanda han tenido resultados importantes a través de decretos supremos, leyes y diversas decisiones que golpearon especialmente la legislación ambiental. Más recientemente, el mecanismo usado fue el de los shocks desregulatorios construidos en las mesas minero-energéticas entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los empresarios del sector. En este PERUMIN, se anunciaron 385 medidas desregulatorias, para que no queden dudas de la “buena disposición” del Ejecutivo con el sector.

La otra gran preocupación que ocupó la reunión fue el crecimiento de la minería informal y de la claramente ilegal, vista hoy día como la mayor amenaza para sus actividades, entre otras cosas porque además de la violencia que entraña en muchos casos, le supone a la gran y mediana empresa una competencia directa, que además de pelearles cuotas en la producción, especialmente en el caso del oro, ha desarrollado su propio discurso, crece en su influencia política, permea a los partidos que anteriormente les eran funcionales y gana espacio en importantes territorios de la gran minería a la que empieza, incluso, a disputarle concesiones. En este campo, se insistió en la importancia de la ley de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), sin entender que ésta no es una isla y lo que debe revisarse es la Ley General de Minería, pensada hace más de treinta años en función de la gran y mediana minería.

Sorprendió, que en un evento de tanta importancia, que incluso trajo a un expresidente argentino para una conferencia magistral sobre el liderazgo y su importancia tanto en el empresariado como en la política, no se dijera absolutamente nada sobre una reciente publicación del Banco Mundial, “De la abundancia a la gestión inteligente de los recursos naturales: Oportunidades para América Latina y el Caribe en la transición energética”, quizá porque, entre otras cosas, en ese texto se dice que “las emisiones que genera la minería siguen siendo elevadas, la huella ambiental es considerable y los riesgos sociales son profundos” o que “la falta de marcos regulatorios y mecanismos de aplicación sólidos podría agravar las externalidades negativas que afectan a la tierra, la flora y la fauna, la gestión de los recursos hídricos y las comunidades locales. Los altos niveles de conflictos socioambientales en la minería provocan retrasos en la producción. Pero la minería sostenible ofrece la oportunidad de generar ingresos que permitan una mayor inversión en infraestructura y beneficios para la comunidad”

Lo que no fue una sorpresa fue escuchar al ministro de Agricultura, Ángel Manero, revelar que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) apuesta, como todo el gobierno, por destrabar proyectos mineros, antes que por fortalecer la agricultura, explicando que en situaciones de urgencia o escasez se debería optar por destinar el recurso hídrico a la actividad minera. Justificando su posición, indicó que la minería le da más flujo de caja al país y, con esos ingresos, se pueden financiar proyectos que beneficien al sector agrario en un mediano plazo. No fue sorpresa, decimos, porque es el mismo personaje que en abril, en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú sostuvo que la agricultura debe ser vista como un negocio y que en caso de pérdidas, los agricultores deberían abandonar el sector en lugar de esperar apoyo del Estado; el mismo ministro que defendió la Ley Chlimper 2.0 y presentó una propuesta para modificar la ley de moratoria de transgénicos, planteando la posibilidad de permitir la siembra de maíz y algodón transgénicos en la costa peruana.

Como le recordaron distintos gremios y especialistas, el personaje, que como en todas sus patinadas anteriores se deshizo en explicaciones, porque siempre sacan de contexto sus decires, olvidó, entre otras cosas, que el agua es un derecho humano y un bien público estratégico; que el sector agrícola genera más de cuatro millones de empleos (30% de la Población Económicamente Activa), mientras que la minería apenas alcanzó 235 000 empleos en 2024, y que el 70% de los alimentos del país provienen de la agricultura familiar.

Si PERUMIN anunció su interés en una agenda nacional que se redujo en mucho a sus intereses, el ministro Manero, más allá del ridículo indignante, seguramente los hizo felices con su postura, que más allá de cualquier interpretación auténtica, es la del gobierno.

 

 

desco Opina / 3 de octubre de 2025

La recesión y el lado oscuro de la luna

La recesión tomó forma de manera oficial y se convierte en el principal dato económico del año. Aun cuando se acepte lo que parece haber sido obvio, al menos desde mediados de año, no deja de ser un asunto desconcertante.

Para empezar, apenas un año atrás no era algo que estuviera en los cálculos de nadie que formara parte de los oráculos económicos. Hacia 2022, se señalaba que Perú constituía un caso especial, ya que pese a los constantes cambios políticos y tensiones sin resolver entre el Ejecutivo y el Legislativo, era visto como un ejemplo de éxito y estabilidad, en medio de la incertidumbre que empezaba a cernirse sobre las economías latinoamericanas.

Por entonces, según el Banco Central de Reserva de Perú, el PBI del país había crecido en 2021 un 13,2%, lo que significó su recuperación al nivel de prepandemia mucho antes de lo que habían pronosticado los expertos, habiendo crecido muy por encima de la media latinoamericana.

Pese a ello, ya estaban acumulándose cuestiones preocupantes. El PBI sumaba ocho meses consecutivos de desaceleración y las previsiones del BCR para el 2022 eran bastante modestas. Por otro lado, si bien la inversión extranjera no cayó, todo parecía indicar que iba a suceder, no tanto por las inestabilidades internas, como justificaban la situación algunos analistas nacionales, sino por el creciente impacto que ejercía un panorama internacional cada vez más incierto, sobre todo por la manera como fue evolucionando la inflación, que ya alcanzaba en todo el mundo desarrollado, niveles no vistos en décadas.

Asimismo, el sector minero –12,2% del PBI– experimentó un crecimiento estimado interanual de 9,6% en 2021 pero, nuevamente, esa cifra respondía en gran medida al enorme bache del año anterior y entre enero y noviembre de 2021, en realidad, la producción minera fue 5% inferior a la del mismo periodo de 2019. En un contexto de alza del precio de los metales, con la cotización del cobre en los mercados internacionales en niveles récord, muchos observadores temieron que el país estuviera perdiendo la oportunidad que suponía la tendencia mundial a buscar energías alternativas a los combustibles fósiles, para las que se requieren minerales que abundan en Perú.

Un informe del Instituto Peruano de Economía atribuyó el bajo desempeño del sector, a la "intensificación de los conflictos sociales y al agotamiento de recursos minerales en algunas zonas, ante el retraso de nuevas inversiones".

Iniciado el presente año, las cosas fueron para peor. En febrero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que la performance de las economías del mundo había dejado mucho que desear en el 2022, pero anunciaba que "lo peor está por venir y para muchas personas 2023 se sentirá como una recesión".

El crecimiento de Estados Unidos y la zona euro serían minúsculos, pero lo más preocupante fueron las proyecciones sobre China: su política de "Covid cero", que implicó continuos confinamientos y cierre de actividades comerciales, le pasó factura y, además, enfrentaba ya una crisis del mercado inmobiliario, una menor demanda mundial por sus productos y un yuan muy debilitado frente al dólar.

Dicho de otra manera, la desaceleración de China vino convirtiéndose en uno de los factores que afecta más el rumbo económico mundial, especialmente por los graves problemas que está produciendo en las cadenas de suministro.

Esto es crucial para una economía como la peruana, muy dependiente de sus exportaciones a China. En 2021, aquellas sumaron US$ 21 166 millones, lo que significó un crecimiento de 68,7%, con respecto al año anterior. De enero a noviembre de 2022, las exportaciones peruanas a China ascendieron a US$ 19 070 millones registrando una contracción de -0,7%, con respecto al mismo periodo del 2021. Sobre esto, hay que tomar en cuenta que las principales exportaciones a ese país son los minerales y la pesca, en ese orden.

Durante el 2023 la situación china continuó agravándose. Su crecimiento está estancado, los precios al consumo caen, la crisis inmobiliaria se agrava y las exportaciones se desploman.

En medio de este desalentador panorama mundial, en julio empezamos a tomar en cuenta que las cosas iban mal. Aunque la discusión que se dio entonces fue sobre si estábamos en “recesión técnica” –dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo– o no, lo cierto es que los resultados que mostramos no eran buenos y se estimaba que iba a ser muy difícil recuperarnos en los meses siguientes. Para entonces, Alex Contreras, ministro de Economía, aseguraba que estábamos recuperándonos, aunque su estimación era difícil de aceptar; en cualquier caso, ya se creía que algún factor permitía “maquillar” las estadísticas y hacer que la recesión no apareciera en los números con la magnitud que ya poseía.

Sin embargo, lo sorprendente no eran los síntomas sino el diagnóstico. Una parte importante de analistas económicos y evaluadores de riesgo, consideraban que en el centro del problema estaban dos factores: los problemas políticos y la conflictividad social, y el fenómeno de El Niño que, según Bloomberg, “ha paralizado la importante industria de harina de pescado”.

En suma, los impactos mayores e inmediatos se empiezan a ver en el decrecimiento del empleo y la disminución de la recaudación tributaria. Sin embargo, las 25 medidas que dio a conocer el MEF el 10 de noviembre, no consideran ninguno de ambos efectos. Contreras resaltó que “la minería y la agroexportación serán la base de la recuperación”. Así, las medidas se concentran en dos líneas: protección de la cadena de pagos e impulso sectorial, y más inversión privada.

En otras palabras, más de lo mismo: el manejo de cualquier cosa que podamos denominar “política económica” se reduce a asegurar a todo costo la inversión (si es privada, mejor) que garantice el crecimiento económico, aunque sea como efecto estadístico. Las personas, si somos consideradas, vendremos mucho después.

 

 

desco Opina / 17 de noviembre del 2023

Agua y minería, un persistente conflicto

 

La reciente aprobación, a fines de agosto, de una Resolución Directoral de la Autoridad Nacional del Agua otorgando un volumen anual de 22.08 millones de metros cúbicos, captados en los ríos Titire y Vizcachas para la operación del proyecto minero Quellaveco de Angloamerican, ha ocasionado la inmediata reacción de los agricultores, sus juntas de usuarios y autoridades del Valle de Tambo y la provincia de Islay. También de agricultores en Moquegua. Los primeros realizaron un paro de 72 horas hace unos días; los segundos, siguen molestos y piden explicaciones y rectificaciones.

La escasez de recursos hídricos en el valle de Tambo tiene una larga historia, ocasionando que importantes extensiones de sus productivas tierras se queden sin sembrar, sobre todo en la época de estiaje y que, al mismo tiempo, se produzcan disputas por el agua entre los propios agricultores del valle y sus vecinos moqueguanos ante la demanda de los cultivos. Esta situación se agravó con motivo de la construcción de la represa de Pastogrande que también captaba aguas de los ríos Vizcachas y Titire en las nacientes de la cuenca de Tambo. En esa ocasión se produjeron movilizaciones y paros con la interrupción del tránsito en la carretera Panamericana, conflicto que se resolvió con el acuerdo para una devolución anual de 6.81 millones de metros cúbicos desde la represa de Pastogrande a la cuenca, “preferentemente en la época de estiaje”. A pesar de esta disposición legal, el acuerdo se ha incumplido en varias oportunidades, alegándose escasez también en la represa. Un problema adicional que perjudica al valle de Tambo es la contaminación de las aguas por la presencia de boro, arsénico y sales ferrosas, que afectan la calidad de agua y por ende a los cultivos.

Como argumento para la resolución de esta autorización de uso, se ha señalado que estas aguas provienen principalmente del río Titire y, en consecuencia, al derivar parte de ellas para la actividad minera, se estaría disminuyendo la contaminación.

Otro conflicto reciente y pendiente ha sido el intento de poner en marcha el proyecto Tía María de la empresa Southern que inicialmente contemplaba el uso de los recursos hídricos del subsuelo para la operación minera. Ante la inmediata reacción de los agricultores y los cuestionamientos al impacto ambiental de este propósito, se vieron obligados a modificar el diseño del proyecto, cambiándolo para la utilización de agua de mar desalinizada en su operación. En medio de este conflicto por el agua, hubo pérdidas de vidas humanas, pero también el ofrecimiento de construir de una vez por todas la represa de Paltiture o Paltuture, que hasta el día de hoy sigue sin cumplirse.

En realidad, estos conflictos tienen a la base la presión de las políticas extractivistas que se suman a las indudables manifestaciones de los efectos del cambio climático y las alteraciones que origina en el régimen de precipitación pluvial, con una clara tendencia hacia la disminución, sobre todo en la vertiente occidental de la cordillera que incide directamente en los valles costeros, como Tambo.

Estos hechos muestran la ausencia de políticas públicas claramente orientadas a enfrentar los efectos del cambio climático, mediante medidas de adaptación y mitigación que apunten a asegurar la sostenibilidad de nuestro desarrollo, priorizando adecuadamente la inversión gubernamental entre las diferentes demandas, como la seguridad alimentaria de la población y la soberanía alimentaria potenciando nuestros recursos frente a las presiones del lucro extractivista del capital nacional y transnacional. La relación agro y minería requiere de un nuevo balance que tenga como orientación la sostenibilidad del país en el largo plazo y no solamente el lucro inmediato, teniendo en cuenta la velocidad del deterioro ambiental por los efectos del cambio climático. En los años recientes, las políticas de siembra y cosecha de agua y el programa Sierra Azul implementados en el país con muy pocos recursos y casi paralizados con el actual gobierno, son muestra de políticas agrarias erróneas.

Las protestas no son moco de pavo, su contundencia ha hecho que el Gobierno Regional de Arequipa instale una mesa de diálogo, que culminó con el compromiso de la gobernadora para conformar una comisión técnica y presentar una medida cautelar, de presentarse el caso. En tanto, Zenón Cuevas, gobernador de Moquegua, también está evaluando tomar acciones legales respecto al tema, luego de las airadas protestas de los agricultores en esta región.    

En este contexto, la principal demanda de los agricultores de Tambo es la construcción de la presa de compensación sea Paltiture o Paltuture, demanda totalmente justificada frente a la cual los gobiernos, incluyendo el presente, muestran una total insensibilidad. Por otro lado, los agricultores de Moquegua también piden al gobierno la actualización de sus prioridades. El presidente agricultor ya no los representa.

 

desco Opina – Regional / 16 de setiembre del 2022

descosur

Concesiones mineras en entredicho

Catorce muertos en la provincia de Caravelí por el supuesto enfrentamiento entre dos asociaciones de mineros informales y trabajadores de una empresa formal disputándose terrenos donde extraían oro de manera artesanal, pusieron a Arequipa en los ojos de la prensa nacional. Se ignora que este hecho no es aislado, sino que es recurrente entre los mineros informales que llegan a ésta y a otras provincias arequipeñas atraídos por la fiebre del oro. Según un estudio reciente, en el país se dedicarían a esta actividad 500 000 personas que anualmente producen 24 000 kilos de oro, equivalentes al 29% del total formal, superando los 2500 millones de dólares anuales.

Un hecho conocido en la zona es que muchas personas que consiguieron concesionar terrenos, los alquilan a asociaciones de mineros informales para su explotación, y así hacerse de dinero fácil sin cumplir con las normas (ambientales, laborales, de utilización de tierras, etc.) para iniciar una explotación formal en su concesión. Cuando hay un control ambiental o se registra un hecho de violencia, el concesionario se lava las manos indicando que ha sido invadido sin saberlo, saliendo libre de polvo y paja del asunto. Esta forma de «trabajar» ha sido una gran dificultad para la formalización minera, pues muchas asociaciones no pueden continuar con sus trámites porque no cuentan con los derechos de concesión de la tierra que explotan o quieren explotar. La naturaleza del problema que enfrentamos es clara; el otorgamiento de concesiones no es sólo una fuente de conflicto social al no haber consulta de por medio, sino que lo es por el pobre esfuerzo que realiza el Estado para fiscalizar el uso que se hace o no de los terrenos concesionados. 

El 10 de junio el Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días la zona de la masacre, para facilitar el trabajo de la Policía. La Fiscalía contra el Crimen Organizado de Arequipa también abrió investigación, y se han detenido a 31 personas hasta el momento. Una de las hipótesis de la Fiscalía señala como responsable de estos hechos a los directivos de la empresa concesionaría Intigold Mining S.A.; entre ellos a su gerente general, Rossana Calmet Guazotti de Camarero, por supuestamente haber contratado matones para desalojar a los informales.

Las dificultades para esa empresa empezaron el 2014 cuando enfrentó problemas financieros y una investigación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por infracciones ambientales. Un año después, la Dirección General de Minería emitió una resolución administrativa impidiéndole realizar actividad minera en la zona. Desde entonces, valiéndose de vacíos y argucias legales, desconocen la ley de empresas constituidas formalmente y desde el 2016 cobran una regalía a un grupo de mineros informales que en la práctica trabajan para ellos.

Más allá del impacto de este hecho criminal que tiene que ser cabalmente investigado y sancionado, donde se tiene que poner el foco es en la legislación sobre las concesiones mineras. Hay muchos temas por discutir, como la ampliación de las zonas de exclusión para las concesiones, considerando especialmente los efectos del cambio climático, los ecosistemas vulnerables y la expansión urbana. A partir de este caso puntual, se tiene que revisar la legislación respecto a la caducidad de las concesiones mineras en caso de que el concesionario no inicie actividad en su terreno en un tiempo determinado, sea para la exploración o para la explotación; no cumpla con la totalidad de trámites para entrar en explotación como autorizaciones y estudios previos aprobados y la certificación ambiental; o por la inobservancia de las normas laborales y ambientales correspondientes. Intigold Mining, afincada en Lima, registra 17 infracciones ambientales y 15 infracciones laborales y algunos de los mineros informales inmersos en el conflicto han declarado a la prensa que le pagaban 20% en regalías para que los dejen trabajar en su concesión, entregando mensualmente unos 10 volquetes cargados con mineral aurífero. 

En el sur se concentra la mayor parte de mineros informales a nivel nacional. Están distribuidos en su mayoría en Madre de Dios, Puno y Arequipa. En este último departamento, 60 000 personas se dedicarían a la minería informal en las provincias de Caravelí, Camaná y Condesuyos. En estas provincias, según el Ministerio de Energía y Minas se han formalizado 37 pequeñas empresas mineras y 638 mineros con derechos mineros reconocidos sobre un área de explotación, del total de inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera - Reinfo. Sin embargo, mientras sigan operando empresas como Intigold y no cambie la legislación de las concesiones mineras en el país, la formalización avanzará a paso lento, y hechos violentos como éste, seguirán sucediendo.

desco Opina – Regional / 24 de junio del 2022

descosur 

Fiestas borrascosas

 

La moción de vacancia del mandatario por presuntamente haber ejercido presiones para ascender irregularmente a allegados suyos en las Fuerzas Armadas, entre otras cosas impulsada por los partidos que siguen denunciando el fraude electoral –Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular– fracasó la semana pasada al obtener apenas 46 votos, archivándose ante la sonora celebración del oficialismo y la desesperación de sus polémicas y más visibles promotoras, la congresista Chirinos y la siempre candidata Fujimori. A ese resultado contribuyó, en alguna medida, el patético espectáculo protagonizado por el programa político Cuarto Poder del grupo El Comercio que, tras anunciar audios demoledores de la primera autoridad, terminó presentando la conversación de dos personajes insignificantes en un parto de los montes.

Para enfrentar la iniciativa, parte de la carga de la derecha, el Presidente invitó y se reunió con representantes de la mayoría de bancadas parlamentarias. De acuerdo a la versión de las mismas, además de exigirle transparencia y enmienda a Castillo, adelantaron entonces su disposición a rechazar la iniciativa de vacancia en nombre de la estabilidad política que requiere el país. Con el respaldo de APP y la centro-derecha, a Perú Libre y Vladimir Cerrón no les quedó más alternativa que sumarse al rechazo a la pretensión de la derecha extrema. El profesor parecía ganar aire en un escenario difícil en el que la derecha toda no alcanzaba a disimular su propia debilidad y parte de ella insinuaba la posibilidad de una alianza de gobierno más amplia.

El escenario, sin embargo, era más complejo que su apariencia. Desde la derecha, distintas delegaciones –una de congresistas, encabezada por la propia Presidenta de ese poder, la otra de representantes de la derecha más dura y de algunos sectores empresariales–, aparecían vinculadas a actividades internacionales destinadas a deslegitimar al gobierno y a alertar a la opinión internacional sobre los riesgos para la democracia que corre el país en manos del comunismo. Los primeros días de diciembre, con el respaldo de Vox en España y del Instituto Interamericano para la Democracia en Estados Unidos, ambas delegaciones aparecieron como parte del juego de la derecha nacional más extrema por acabar con el gobierno de Castillo. Juego distinto por cierto de la derecha más “moderna” que quiere capturarlo y subordinarlo.

A los afanes extremos, más grave aún, se sumó una carta esotérica firmada por un grupo de excancilleres y exvicecancilleres denunciando a una futura reunión convocada por Evo Morales de RUNASUR, una articulación de organizaciones indígenas y organizaciones sociales, de pretender convocar a la conformación de una república aymara, desmembrando el país y otorgándole a Bolivia una salida soberana al mar .

Simultáneamente arreció la ofensiva compartida por toda la derecha contra la reforma tributaria que propone el MEF. Desde las grandes empresas mineras se organizó una batería de expertos, analistas, políticos y medios de comunicación que acapararon los cuestionamientos a la propuesta, que en el caso de la minería propone un mecanismo para captar más rentas mientras duren los precios excepcionalmente altos, con argumentos bastante deleznables: la dificultad del Estado para gastar los recursos de los que dispone actualmente, la fuerte corrupción existente en el Estado, la pérdida de competitividad que se generaría, el retiro de la inversión privada y un largo etcétera en la misma dirección.

La ofensiva minera, campaña de televisión sobre los beneficios mineros en nuestra sociedad incluida, coincidió con el fracaso del diálogo y la negociación entre la empresa de Las Bambas y las comunidades de Apurímac y Chumbivilcas, y la consiguiente radicalización del bloqueo de las carreteras. En ese contexto, la empresa anunció la paralización de sus actividades que se sumó también por el cierre de vías. En ese escenario turbulento y tumultuoso que se añade al fuerte descontento que se mantiene entre sectores de la población ayacuchana, las presiones de las empresas y sus gremios muestran decibeles particularmente altos.

En este panorama, el intento de censura de la Presidenta del Congreso unió a la derecha y terminó por precipitar la renuncia de tres parlamentarios de la bancada de gobierno, cuyo sector cerronista votó con aquella, profundizando la fractura que viene desde el inicio de gobierno. El mismo día, la reunión del silencioso Pedro Castillo con los ex ministros de economía Castilla, Segura, Mendoza y Cooper –todos ellos duros críticos de la gestión de Francke– fue una muestra más del pragmático estilo presidencial que expresa confianzas con silencios elocuentes y distancias con gestos como el de anoche.

Si el mandatario semanas atrás buscó diferenciarse de su Primera Ministra y la dejó sola frente al cargamontón mediático, ahora observa la ofensiva contra su responsable de Economía y su equipo y se reúne con algunos de sus más duros críticos. ¿Creerá que esa es la manera de derrotar a la derecha extrema, garantizar una nueva alianza de gobierno con otros sectores de derecha y recuperar lazos con Vladimir Cerrón, responsabilizando a los “caviares” de sus desventurados meses iniciales? Difícil saberlo. Parece claro, sin embargo, que una vez más tendremos un fin de año borrascoso.

 

 

desco Opina / 17 de diciembre de 2021