El tira y afloja entre los mineros
informales y el Estado y sus alianzas previas, han quedado en plena evidencia
luego de la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani.
El plazo de registro de formalización
minera, conocido como REINFO (Registro Integral de Formalización Minera)
culmina en este año y el Poder Ejecutivo pretendía cambiarlo por una nueva ley
de la pequeña minería y minería artesanal, llamada Ley MAPE. Los mineros informales y los ilegales exigen ampliar el
plazo y, mientras tanto, seguir laborando libremente –como lo hacen ahora–
afectando seriamente el medio ambiente. El dictamen congresal flexible a los requerimientos de la
minería informal aprobado aceptando por ley un plazo de seis meses y la
posibilidad de ser renovado por Resoluciones Supremas a la culminación del
plazo, les asegura su libre funcionamiento, además del apoyo político proveniente
de este sector y probablemente un respaldo económico a esas fuerzas políticas
que los defienden.
Que las familias serranas dejen sus
chacras y ganado para dedicarse a otra actividad, que en este tiempo es crecientemente
la minería ilegal dentro de un boom
del oro y el cobre, está transformando las formas de subsistencia y hasta las
costumbres campesinas en una ruta que para algunos produce que los pueblos enfermen de oro, abandonen sus animales y cultivos
amenazados por una anunciada y larga sequía, para convertirse –como está
ocurriendo– en nueva mano de obra explotada, ilegal e informal. Así, miles
entran sin saberlo al servicio de mafias bien organizadas, y como se evidencia,
con articulaciones cercanas al poder congresal, al de tráfico de minerales y de
maderas, provocando, además, el deterioro ambiental de su propio entorno rural.
Con esas reglas juegan organizadamente
los congresistas del bloque conservador y reaccionario, mientras sus “socios”
en la calle presionan con múltiples movilizaciones y bloqueos de carreteras hasta
en seis regiones del país. El agravamiento de la situación cae por su propio
peso y pone en evidencia el juego de poder del fujimorismo, que viene por más.
La ley Chlimper 2.0 ya aprobada por la Comisión Agraria del
Congreso, otorgando amplias exoneraciones a las grandes empresas de
agroexportación, la mayoría en manos de capitales extranjeros, para provocar un
mayor enriquecimiento del sector rico más dinámico, en contra de la posibilidad
de mayores recursos fiscales. Recursos ahora indispensables para atender las
necesidades de la población vulnerable, invirtiendo en crear más trabajo para todas
y todos y en darle atención a los temas del hambre, la inseguridad, la
educación y la salud para todas las personas del campo y más de un centenar de
ciudades que constituyen los centros de concentración poblacional muy
desatendidos en sus necesidades básicas.
En medio de ese escenario que promete
convulsiones sociales a futuro, la asesina delincuencia callejera de las bandas
de extorsionadores escapa de las manos de ambos poderes del Estado. La coartada
de acusar al Poder Judicial de dejar libres a los delincuentes ya no sirve como
excusa ahora que, ampliado por 45 días el Estado de emergencia, rige sobre la
tercera parte del territorio urbano de Lima Metropolitana. Mientras tanto, las
extorsiones contra los pequeños negocios van en aumento, y el miedo se
convierte en un nuevo negocio, atendiendo a las repercusiones de las recientes estadísticas
del Sistema Informático de Denuncias Policiales.
Al mismo tiempo, asistimos a un
deslucido CADE 2024 realizado en Arequipa, que con el lema
“De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro”, tocó con distinta
profundidad temas como la urgencia de retomar ritmo de crecimiento del pasado,
la necesidad de mejorar las relaciones y reglas para el empleo y la inversión,
así como la demanda indispensable de una reforma política e institucional que
defienda los intereses nacionales de quienes se sienten identificados con las
voces de CADE.
Ningún ministro de Estado se hizo
presente para participar en el evento, y la Presidenta de la República o su Primer
Ministro tampoco acudieron a esta invitación para la clausura del CADE Ejecutivos
2024 “De la Degradación a la Reconstrucción de
Nuestro Futuro”, que se
asume tradicionalmente como el encuentro empresarial más significativo del año.
Una situación en la cual las
expectativas de los grupos de poder nacional son defraudadas por la
ineficiencia pública, el desborde creciente de demandas que les afecta, sin que
puedan hacer uso del Estado para controlar esas presiones, como siempre lo han
hecho. Por eso no sorprende que la encuesta IPSOS CADE 2024 evidencie el amplio rechazo del
empresariado con cifras de aceptación mínima, que sin duda repercutirán con
fuerza en la confianza y el descrédito sobre el futuro de la inversión
extranjera y nacional en nuestro país, pues muestran un clima empresarial harto
pesimista en el que se agranda la inseguridad ciudadana que padecemos, y el
temor al crecimiento de las protestas aparece en sus agendas. Al parecer,
sienten que se roba sin hacer obra y que no se dispone de un rumbo u
orientación. Expresan con razón, que el Estado no les aporta ninguna visión de
futuro, lo que pone en duda nuestra capacidad nacional de responder, de tomar decisiones
en medio de un Estado sin planes y solo listados de proyectos aislados unos de
otros.
El reordenamiento planificado que ha
emprendido desde fuera la más importante inversión extranjera china en el país,
ya dice mucho de cómo se gobierna. El paso de la minería a la manufactura
industrial en el Perú, será un derivado del efecto Chancay impulsado para atender
los intereses comerciales asiáticos que, en este caso, son diferentes en varios
aspectos a los de quienes piensan en el futuro de los peruanos y en asentarnos
en una patria compartida por todas y todos, en el hogar que nos corresponde en
el mundo como nación soberana.
Debemos saber qué queremos como nación y
sociedad. Cuál es el proyecto que enarbolamos y, finalmente, qué nos une como
peruanos. En un país que se descapitaliza peligrosamente de lo más valioso en
una sociedad, sus jóvenes más comprometidos y capacitados, que al migrar
evidencian que han dejado de creer en el futuro promisor del Perú.
desco Opina / 29 de noviembre
de 2024
Entradas
