Entre conteo y ruido: un país en hilachas

La lentitud del cómputo electoral ha vuelto a  poner a Perú  frente a un  espejo incómodo que  nos muestra como lo que  somos. El conteo y revisión de cada acta  pendiente se convierte en carburante para la ansiedad política, las sospechas y las narrativas extremas. Es la expresión de la desconfianza acumulada durante años hacia las instituciones (todas en crisis), los partidos, los medios y, finalmente, hacia los propios compatriotas. Pero lo es también de los miedos que atraviesan nuestra sociedad.

Conviene decirlo con claridad, el problema no es únicamente que Perú esté “dividido en dos”, imagen que sugiere bloques compactos enfrentados, cuando en realidad lo que tenemos es más peligroso: una sociedad fragmentada en múltiples desconfianzas que se traslapan, y atravesada por experiencias muy distintas del país. No son dos bloques equivalentes que discuten un proyecto común. Las regiones sienten que Lima no las representa, los sectores urbanos miran con desconfianza al voto rural, las débiles clases medias se angustian ante la posibilidad de perder la poca estabilidad económica lograda y los ciudadanos populares, del campo y las ciudades, reiteran su malestar y su cansancio por la exclusión y el maltrato. En ese terreno turbio, cualquier demora se interpreta como amenaza y el espacio para el diálogo se reduce.

Por eso reaparece el “fraudismo”: la idea de que una derrota solo puede explicarse por manipulación, sin pruebas sólidas, porque la sospecha se ha convertido en un recurso político rentable, al mismo tiempo que irresponsable y de confrontación peligrosa. Ante la desconfianza pública, la narrativa del fraude convierte la derrota posible en conspiración, y transforma al adversario en enemigo ilegítimo. El efecto no es sólo político, es cultural: se instala la idea de que ninguna institución merece confianza. Y sin confianza cada resultado se vuelve provisional y cada adversario, ilegítimo. Nuestro problema es que esa lógica erosiona más aún la legitimidad de quien gobierne y normaliza la idea de que la democracia solo vale si gana el bando propio.

Simultáneamente la economía envía señales contradictorias. El tipo de cambio se ha apreciado con fuerza y el sol se ha fortalecido. Algunos leen eso como un voto de confianza de los mercados; para otros, el mercado cambiario muestra otra dinámica, influida por factores externos –debilidad global del dólar, precios de minerales, entradas de divisas–. Es decir, un fenómeno transitorio que se explicaría por factores externos y la capacidad del Banco Central para contener expectativas. Vemos que podemos tener un sol fuerte y, al mismo tiempo, inversión paralizada, empleo precario, conflictividad social y un Estado incapaz de planificar. Confundir estabilidad cambiaria con estabilidad nacional nos parece un error ya que una moneda relativamente fuerte no oculta que, al mismo tiempo, padecemos una profunda debilidad política y social. Eso no significa que la economía esté bien. Significa, más bien, que el tipo de cambio no resume el estado del país.

Finalmente, otra gran señal está presente en la coyuntura: El Niño fuerte que se aproxima. La evidencia científica y los reportes especializados vienen advirtiendo desde hace meses sobre la alta probabilidad de lluvias intensas, inundaciones, daños severos en infraestructura y producción. También sequías y hambrunas. Sin embargo, la respuesta pública sigue siendo mínima. No hay ninguna sensación de urgencia. No vemos obras preventivas aceleradas, ni coordinación territorial, ni campañas masivas de preparación. No solo de un gobierno central sin rumbo, también de muchos gobiernos regionales, municipalidades, gremios empresariales, grandes propietarios y actores sociales que conocen el riesgo y, aun así, actúan como si el problema pudiera esperar.

Ese contraste revela algo profundo sobre nuestra crisis nacional. Discutimos hasta con odio sobre quién ganó, pero apenas si conversamos sobre cómo enfrentar un desastre climático anunciado. La política consume toda la atención y deja sin energía la gestión de gravísimos problemas reales y riesgos concretos: abastecimiento de agua, defensas ribereñas, prevención sanitaria, drenajes urbanos, protección de pequeños productores agrícolas. La política como espectáculo inmediato nos ha dejado sin atención a las tareas elementales de supervivencia colectiva de nuestro país.

¿Qué decir entonces? Tal vez que el verdadero desafío no es “cerrar” ya el proceso electoral, sino impedir que el ruido destruya la capacidad de actuar juntos frente a problemas concretos y reconstruir algunas bases mínimas de realidad compartida. La democracia no consiste solo en contar votos correctamente; también exige aceptar resultados, contener la desinformación y reconstruir mínimos de confianza entre ciudadanos que piensan distinto para actuar juntos, democráticamente, ante amenazas comunes.

El Perú necesita más sentido de realidad. Ni el fortalecimiento del sol resuelve por sí mismo la crisis de representación, ni las sospechas infundadas de fraude explican las frustraciones acumuladas del país por la desigualdad extrema, la exclusión, la discriminación grosera, las terribles carencias sanitarias y educativas o la seguridad alimentaria. Ese desbalance puede salirnos mucho más caro que cualquier resultado electoral. Y, sobre todo, ninguna disputa en esa materia suspenderá la llegada de El Niño más fuerte y sus consecuencias, desde cuando se tiene registro.

 

desco Opina / 12 de junio de 2026

CADE, el Estado ausente y la minería ilegal

 

El tira y afloja entre los mineros informales y el Estado y sus alianzas previas, han quedado en plena evidencia luego de la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani.

El plazo de registro de formalización minera, conocido como REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) culmina en este año y el Poder Ejecutivo pretendía cambiarlo por una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, llamada Ley MAPE. Los mineros informales y los ilegales exigen ampliar el plazo y, mientras tanto, seguir laborando libremente –como lo hacen ahora– afectando seriamente el medio ambiente. El dictamen congresal flexible a los requerimientos de la minería informal aprobado aceptando por ley un plazo de seis meses y la posibilidad de ser renovado por Resoluciones Supremas a la culminación del plazo, les asegura su libre funcionamiento, además del apoyo político proveniente de este sector y probablemente un respaldo económico a esas fuerzas políticas que los defienden.

Que las familias serranas dejen sus chacras y ganado para dedicarse a otra actividad, que en este tiempo es crecientemente la minería ilegal dentro de un boom del oro y el cobre, está transformando las formas de subsistencia y hasta las costumbres campesinas en una ruta que para algunos produce que los pueblos enfermen de oro, abandonen sus animales y cultivos amenazados por una anunciada y larga sequía, para convertirse –como está ocurriendo– en nueva mano de obra explotada, ilegal e informal. Así, miles entran sin saberlo al servicio de mafias bien organizadas, y como se evidencia, con articulaciones cercanas al poder congresal, al de tráfico de minerales y de maderas, provocando, además, el deterioro ambiental de su propio entorno rural.

Con esas reglas juegan organizadamente los congresistas del bloque conservador y reaccionario, mientras sus “socios” en la calle presionan con múltiples movilizaciones y bloqueos de carreteras hasta en seis regiones del país. El agravamiento de la situación cae por su propio peso y pone en evidencia el juego de poder del fujimorismo, que viene por más. La ley Chlimper 2.0 ya aprobada por la Comisión Agraria del Congreso, otorgando amplias exoneraciones a las grandes empresas de agroexportación, la mayoría en manos de capitales extranjeros, para provocar un mayor enriquecimiento del sector rico más dinámico, en contra de la posibilidad de mayores recursos fiscales. Recursos ahora indispensables para atender las necesidades de la población vulnerable, invirtiendo en crear más trabajo para todas y todos y en darle atención a los temas del hambre, la inseguridad, la educación y la salud para todas las personas del campo y más de un centenar de ciudades que constituyen los centros de concentración poblacional muy desatendidos en sus necesidades básicas.

En medio de ese escenario que promete convulsiones sociales a futuro, la asesina delincuencia callejera de las bandas de extorsionadores escapa de las manos de ambos poderes del Estado. La coartada de acusar al Poder Judicial de dejar libres a los delincuentes ya no sirve como excusa ahora que, ampliado por 45 días el Estado de emergencia, rige sobre la tercera parte del territorio urbano de Lima Metropolitana. Mientras tanto, las extorsiones contra los pequeños negocios van en aumento, y el miedo se convierte en un nuevo negocio, atendiendo a las repercusiones de las recientes estadísticas del Sistema Informático de Denuncias Policiales.

Al mismo tiempo, asistimos a un deslucido CADE 2024 realizado en Arequipa, que con el lema “De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro”, tocó con distinta profundidad temas como la urgencia de retomar ritmo de crecimiento del pasado, la necesidad de mejorar las relaciones y reglas para el empleo y la inversión, así como la demanda indispensable de una reforma política e institucional que defienda los intereses nacionales de quienes se sienten identificados con las voces de CADE.

Ningún ministro de Estado se hizo presente para participar en el evento, y la Presidenta de la República o su Primer Ministro tampoco acudieron a esta invitación para la clausura del CADE Ejecutivos 2024 “De la Degradación a la Reconstrucción de Nuestro Futuro”, que se asume tradicionalmente como el encuentro empresarial más significativo del año.

Una situación en la cual las expectativas de los grupos de poder nacional son defraudadas por la ineficiencia pública, el desborde creciente de demandas que les afecta, sin que puedan hacer uso del Estado para controlar esas presiones, como siempre lo han hecho. Por eso no sorprende que la encuesta IPSOS CADE 2024 evidencie el amplio rechazo del empresariado con cifras de aceptación mínima, que sin duda repercutirán con fuerza en la confianza y el descrédito sobre el futuro de la inversión extranjera y nacional en nuestro país, pues muestran un clima empresarial harto pesimista en el que se agranda la inseguridad ciudadana que padecemos, y el temor al crecimiento de las protestas aparece en sus agendas. Al parecer, sienten que se roba sin hacer obra y que no se dispone de un rumbo u orientación. Expresan con razón, que el Estado no les aporta ninguna visión de futuro, lo que pone en duda nuestra capacidad nacional de responder, de tomar decisiones en medio de un Estado sin planes y solo listados de proyectos aislados unos de otros.

El reordenamiento planificado que ha emprendido desde fuera la más importante inversión extranjera china en el país, ya dice mucho de cómo se gobierna. El paso de la minería a la manufactura industrial en el Perú, será un derivado del efecto Chancay impulsado para atender los intereses comerciales asiáticos que, en este caso, son diferentes en varios aspectos a los de quienes piensan en el futuro de los peruanos y en asentarnos en una patria compartida por todas y todos, en el hogar que nos corresponde en el mundo como nación soberana.

Debemos saber qué queremos como nación y sociedad. Cuál es el proyecto que enarbolamos y, finalmente, qué nos une como peruanos. En un país que se descapitaliza peligrosamente de lo más valioso en una sociedad, sus jóvenes más comprometidos y capacitados, que al migrar evidencian que han dejado de creer en el futuro promisor del Perú.

 

desco Opina / 29 de noviembre de 2024

APEC y la reina de las fantasías… se sienten pasos

 

Después de ocho años, Perú volvió a recibir la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un evento que reúne a 21 países que aproximadamente representan 60% del PBI global, 50% del comercio mundial y casi 50% de la población del planeta. En 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski recién se instalaba y contaba con el respaldo de poco más de la mitad del país. El optimismo relativo de aquellos años contrasta dramáticamente con el pesimismo y la suma de malestares que predominan hoy día, cuando la mandataria y el Congreso de la República tienen una aprobación, que batiendo marcas históricas, se encuentra por debajo del 5%. Si entonces todavía se celebraba el crecimiento económico nacional por encima del promedio de APEC, la reunión de esta semana se instaló en un marco en el que nuestro crecimiento el último año se contrajo 0.6% y la pobreza aumentó alcanzando el 30%.

Desde varias semanas atrás, quedaba claro que el gobierno de la señora Boluarte y el Congreso que maneja la coalición autoritaria y mafiosa que nos gobierna, entendían, que como parte de la realidad en que viven, estaban frente a una oportunidad de lograr un espaldarazo y romper la mirada desconfiada y las críticas de la opinión pública internacional y de muchos gobiernos integrantes del mecanismo, como México y Brasil, por citar dos. Ello, en un momento donde el crecimiento exponencial de la inseguridad, paro de transportistas de octubre incluido, evidenciaban una vez más el desplome del Estado, la incapacidad y la frivolidad de un Ejecutivo interesado en su supervivencia y de un Congreso comprometido con su reproducción en el largo plazo y los negocios, así como el naufragio de la política.

Con 1601 homicidios registrados hasta setiembre según el Sistema Informático Nacional de Defunciones del Ministerio de Salud, Perú enfrenta un año sin precedentes en violencia, con un alarmante promedio de cinco asesinatos diarios y el uso de armas de fuego en el 70% de los casos. Extorsiones, secuestros, préstamos del “gota a gota” y sicariato se convirtieron en noticia cotidiana, como parte de la consolidación de las economías ilegales con el beneplácito de una mayoría parlamentaria apurada por asegurar sus vínculos y sus acuerdos con ella y en beneficiarlos con diversas medidas que les interesan en función de su propia inmunidad con la aquiesencia de la mandataria, interesada en asegurar su estadía en la Plaza de Armas hasta el 2026, así como su impunidad permanente.

En este escenario, en la medida en que se acercaba la fecha de la cumbre y se multiplicaban las convocatorias a movilizaciones y a un paro nacional para exigirle al Gobierno y al Congreso, una vez más, protección a la vida frente a la multiplicación de la extorsión y el sicariato, que promovían inicialmente los distintos gremios de transportistas y comerciantes de mercados y galerías, que ya habían mostrado su fuerza relativa en octubre, la torpeza y la soberbia de la mandataria y de sus principales escuderos ante el temor que les provocaba la protesta, se evidenció nuevamente. La decisión de declarar tres días feriados en Lima y Callao en nombre de facilitar la logística del evento, no escondía el temor que sentían. Los discursos altisonantes y patrioteros del ministro Adrianzén, presentando como traidores a los intereses nacionales, a quienes querían denunciar internacionalmente lo que viven cotidianamente, subieron de nivel cuando el gobierno y el Consejo de Estado respondieron a los convocantes, ofreciendo a policías y militares tribunales propios, de dichas instituciones como máxima protección legal contra sus eventuales excesos. La suspensión de clases en colegios y universidades los tres días de la cumbre, así como el vociferante Ministro del Interior insistiendo en que la seguridad estaba mejorando con sus medidas, fueron las cerezas de la torta y las provocaciones.

Al lado de esas patinadas, el gobierno logró movilizar a distintas autoridades regionales y locales y a muchos empresarios que un mes antes firmaran un comunicado denunciando que el crimen organizado contaba con un gobierno paralelo que está destruyendo al Estado, para que se pronuncien por un clima de paz para el desarrollo y la competitividad, seguramente convencidos por los informes gubernamentales sobre la supuesta violencia de quienes llamaban a protestar, tanto como por las probables ofertas de obras, presupuesto y apoyos que el Ejecutivo no escatima en su búsqueda de respaldo.

Las protestas siguieron adelante. El desborde de la criminalidad y la defensa de la vida fueron sus disparadores. Promovida inicialmente desde sectores con fuerte presencia de la informalidad, –transportistas, mototaxistas, bodegueros, pequeños comerciantes de mercados y galerías–, con un carácter inicialmente limeño, pronto sumaron a gremios como la CGTP y el SUTEP y a distintos sectores de la denominada sociedad civil, agrupados en espacios como la Plataforma Democrática y la Coalición Ciudadana. El tono ciudadano era importante y, no obstante los afanes del gobierno, resultaba difícil acusar de izquierdista a una dinámica que tenía entre sus promotores más visibles a sectores sociales y organizaciones que apoyaron visiblemente en las últimas elecciones a Fuerza Popular, Renovación Nacional, Avanza País y Podemos, a los que acusan de incumplir sus compromisos, como se evidenciara en su encuentro con el congresista Montoya.

Desde el interior, con la desconfianza que le sigue generando Lima, se sumaron distintas organizaciones. A la seguridad y la defensa de la vida que eran las banderas iniciales, se agregaron las demandas particulares de los distintos territorios. Por ejemplo, Tía María en Arequipa y el agua para consumo humano y agrícola en Piura estuvieron en la agenda de las fuertes movilizaciones en esos territorios. Distintas ciudades y regiones se movilizaron con intensidad significativa –Arequipa, Puno, Huancayo, Chimbote, Trujillo, Piura, entre otras– y los bloqueos de carreteras se dieron en 16 puntos. En Lima, las distintas movilizaciones, aunque dispersas y fuertemente reprimidas por momentos, aun siendo muy significativas, no llegaron a la fuerza ni a la masividad que se esperaba.

En cualquier caso, hay señales que indican que el fin de la reunión de APEC marcará un nuevo tiempo para la presidenta. Parece claro que los malestares se multiplican y seguirán creciendo; que el fracaso de la estrategia de seguridad es un fuego artificial inútil; que la incapacidad de gestión del gobierno, a la que se suma su desconexión con la realidad, asegura nuevas movilizaciones y protestas, en un escenario donde el futuro de la mandataria es cada día más precario. Cierto que la movilización de la calle sigue divorciada de la política y no alcanza la articulación y la fuerza que requiere para lograr que se vayan todos, pero también es verdad que en la coalición derechista ya hay sectores que le han puesto plazo fijo a Boluarte. Recordemos que la congresista Chirinos, una entusiasta animadora de vacancias y acusaciones constitucionales, que no actúa por la libre en estos casos, ha anunciado que la vacancia es inevitable. Aunque es imposible asegurar que así será, hoy día se sienten más pasos que antes, lo que hace más urgente aún, avanzar en la construcción de un bloque democrático, que más allá de la izquierda, sea capaz de encontrarse con la gente y sus demandas.

 

desco Opina / 15 de noviembre de 2024