Después de ocho años, Perú volvió a recibir la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un evento que reúne a 21 países que aproximadamente representan 60% del PBI global, 50% del comercio mundial y casi 50% de la población del planeta. En 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski recién se instalaba y contaba con el respaldo de poco más de la mitad del país. El optimismo relativo de aquellos años contrasta dramáticamente con el pesimismo y la suma de malestares que predominan hoy día, cuando la mandataria y el Congreso de la República tienen una aprobación, que batiendo marcas históricas, se encuentra por debajo del 5%. Si entonces todavía se celebraba el crecimiento económico nacional por encima del promedio de APEC, la reunión de esta semana se instaló en un marco en el que nuestro crecimiento el último año se contrajo 0.6% y la pobreza aumentó alcanzando el 30%.
Desde varias semanas atrás, quedaba claro que el gobierno de la señora Boluarte y el Congreso que maneja la coalición autoritaria y mafiosa que nos gobierna, entendían, que como parte de la realidad en que viven, estaban frente a una oportunidad de lograr un espaldarazo y romper la mirada desconfiada y las críticas de la opinión pública internacional y de muchos gobiernos integrantes del mecanismo, como México y Brasil, por citar dos. Ello, en un momento donde el crecimiento exponencial de la inseguridad, paro de transportistas de octubre incluido, evidenciaban una vez más el desplome del Estado, la incapacidad y la frivolidad de un Ejecutivo interesado en su supervivencia y de un Congreso comprometido con su reproducción en el largo plazo y los negocios, así como el naufragio de la política.
Con 1601 homicidios registrados hasta setiembre según el Sistema Informático Nacional de Defunciones del Ministerio de Salud, Perú enfrenta un año sin precedentes en violencia, con un alarmante promedio de cinco asesinatos diarios y el uso de armas de fuego en el 70% de los casos. Extorsiones, secuestros, préstamos del “gota a gota” y sicariato se convirtieron en noticia cotidiana, como parte de la consolidación de las economías ilegales con el beneplácito de una mayoría parlamentaria apurada por asegurar sus vínculos y sus acuerdos con ella y en beneficiarlos con diversas medidas que les interesan en función de su propia inmunidad con la aquiesencia de la mandataria, interesada en asegurar su estadía en la Plaza de Armas hasta el 2026, así como su impunidad permanente.
En este escenario, en la medida en que se acercaba la fecha de la cumbre y se multiplicaban las convocatorias a movilizaciones y a un paro nacional para exigirle al Gobierno y al Congreso, una vez más, protección a la vida frente a la multiplicación de la extorsión y el sicariato, que promovían inicialmente los distintos gremios de transportistas y comerciantes de mercados y galerías, que ya habían mostrado su fuerza relativa en octubre, la torpeza y la soberbia de la mandataria y de sus principales escuderos ante el temor que les provocaba la protesta, se evidenció nuevamente. La decisión de declarar tres días feriados en Lima y Callao en nombre de facilitar la logística del evento, no escondía el temor que sentían. Los discursos altisonantes y patrioteros del ministro Adrianzén, presentando como traidores a los intereses nacionales, a quienes querían denunciar internacionalmente lo que viven cotidianamente, subieron de nivel cuando el gobierno y el Consejo de Estado respondieron a los convocantes, ofreciendo a policías y militares tribunales propios, de dichas instituciones como máxima protección legal contra sus eventuales excesos. La suspensión de clases en colegios y universidades los tres días de la cumbre, así como el vociferante Ministro del Interior insistiendo en que la seguridad estaba mejorando con sus medidas, fueron las cerezas de la torta y las provocaciones.
Al lado de esas patinadas, el gobierno logró movilizar a distintas autoridades regionales y locales y a muchos empresarios que un mes antes firmaran un comunicado denunciando que el crimen organizado contaba con un gobierno paralelo que está destruyendo al Estado, para que se pronuncien por un clima de paz para el desarrollo y la competitividad, seguramente convencidos por los informes gubernamentales sobre la supuesta violencia de quienes llamaban a protestar, tanto como por las probables ofertas de obras, presupuesto y apoyos que el Ejecutivo no escatima en su búsqueda de respaldo.
Las protestas siguieron adelante. El desborde de la criminalidad y la defensa de la vida fueron sus disparadores. Promovida inicialmente desde sectores con fuerte presencia de la informalidad, –transportistas, mototaxistas, bodegueros, pequeños comerciantes de mercados y galerías–, con un carácter inicialmente limeño, pronto sumaron a gremios como la CGTP y el SUTEP y a distintos sectores de la denominada sociedad civil, agrupados en espacios como la Plataforma Democrática y la Coalición Ciudadana. El tono ciudadano era importante y, no obstante los afanes del gobierno, resultaba difícil acusar de izquierdista a una dinámica que tenía entre sus promotores más visibles a sectores sociales y organizaciones que apoyaron visiblemente en las últimas elecciones a Fuerza Popular, Renovación Nacional, Avanza País y Podemos, a los que acusan de incumplir sus compromisos, como se evidenciara en su encuentro con el congresista Montoya.
Desde el interior, con la desconfianza que le sigue generando Lima, se sumaron distintas organizaciones. A la seguridad y la defensa de la vida que eran las banderas iniciales, se agregaron las demandas particulares de los distintos territorios. Por ejemplo, Tía María en Arequipa y el agua para consumo humano y agrícola en Piura estuvieron en la agenda de las fuertes movilizaciones en esos territorios. Distintas ciudades y regiones se movilizaron con intensidad significativa –Arequipa, Puno, Huancayo, Chimbote, Trujillo, Piura, entre otras– y los bloqueos de carreteras se dieron en 16 puntos. En Lima, las distintas movilizaciones, aunque dispersas y fuertemente reprimidas por momentos, aun siendo muy significativas, no llegaron a la fuerza ni a la masividad que se esperaba.
En cualquier caso, hay señales que indican que el fin de la reunión de APEC marcará un nuevo tiempo para la presidenta. Parece claro que los malestares se multiplican y seguirán creciendo; que el fracaso de la estrategia de seguridad es un fuego artificial inútil; que la incapacidad de gestión del gobierno, a la que se suma su desconexión con la realidad, asegura nuevas movilizaciones y protestas, en un escenario donde el futuro de la mandataria es cada día más precario. Cierto que la movilización de la calle sigue divorciada de la política y no alcanza la articulación y la fuerza que requiere para lograr que se vayan todos, pero también es verdad que en la coalición derechista ya hay sectores que le han puesto plazo fijo a Boluarte. Recordemos que la congresista Chirinos, una entusiasta animadora de vacancias y acusaciones constitucionales, que no actúa por la libre en estos casos, ha anunciado que la vacancia es inevitable. Aunque es imposible asegurar que así será, hoy día se sienten más pasos que antes, lo que hace más urgente aún, avanzar en la construcción de un bloque democrático, que más allá de la izquierda, sea capaz de encontrarse con la gente y sus demandas.
desco Opina / 15 de noviembre de 2024
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