¿Ordenar el Estado o concentrar el poder?

El asesinato de cuatro personas y el secuestro ocurrido en Trujillo ha vuelto a colocar la seguridad en el centro de la agenda y, sobre todo, ha convertido una promesa electoral de "mano dura" en una prueba concreta de capacidad de gobierno. Es decir, la de un Estado que funcione con autoridad y seguridad. El gobierno de Fuerza Popular –ante una ciudadanía cada vez más desconfiada de la política–, con el temor de un sector y la esperanza de otro, pareciera encontrarse en un terreno favorable para actuar como quien prometió poner orden.

Sin embargo, ese capital político alimentado por las promesas de orden y seguridad de la nueva administración, tiene también otro lado en la misma moneda que es el fracaso, como su principal riesgo. Recuperar la autoridad del Estado es indispensable, pero recuperar la capacidad de gobernar no es lo mismo. Menos si se pretendiera recobrar el poder para gobernar sin contrapesos.

Los homicidios, la extorsión y el avance del crimen organizado, han convertido -hace rato ya-, la demanda de seguridad en la principal preocupación ciudadana. Es comprensible que una población atemorizada reclame respuestas contundentes. Lo que habrá que comprobar es si detrás de la contundencia ofrecida existe una política pública capaz de producir resultados. La seguridad puede convertirse así en el primer gran indicador de la capacidad real del gobierno, pero también de su disposición al diálogo y concertación que pueda lograrse con el Congreso y la ciudadanía a la que representa.

Las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo (convertidas en una costumbre desde hace varios gobiernos), constituyen algo más que un trámite político. Son la primera oportunidad para observar cómo entiende el gobierno de la hija del dictador la relación entre poderes con el Congreso.

Aparentemente está respondiendo con firmeza al demandar mayores facultades para legislar en el endurecimiento de penas, la participación de las Fuerzas Armadas y un discurso de confrontación directa con el crimen. Acabar con la inseguridad constituye así una primera prueba que demanda resultados, porque anunciar mano dura es relativamente sencillo. Otra cosa más difícil es lograr desarticular las organizaciones criminales, investigar sus finanzas, recuperar los territorios controlados por ellas y hacer funcionar simultáneamente a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.

En este mes de la primavera cabe preguntarse si el nuevo gobierno buscará acuerdos y negociará reformas, aceptando modificaciones, o si utilizará su respaldo parlamentario para ampliar su margen de acción. No olvidemos que el fujimorismo no llega al poder sin historia. La experiencia de los años noventa forma parte de la memoria política del país y no debemos ignorarla pues esos antecedentes importan precisamente para saber qué señales institucionales deben ser observadas con mayor atención. Señales que no están solamente en el Congreso, sino también en la relación con la prensa y con los organismos de justicia, varios de ellos copados por gente de su confianza, como ocurre con las instituciones de control y con quienes investigan al poder.

Una democracia puede tener un gobierno fuerte de izquierda o de derecha, lo que no puede es tener uno que considere que toda crítica es una conspiración y todo control, una obstrucción. Por ahora, el respaldo ciudadano inicial a Keiko Fujimori es considerable y expresa, en buena medida, una expectativa, un consentimiento para que haga aquello que los anteriores no pudieron hacer. Algo que puede durar o diluirse muy pronto.

La estabilidad macroeconómica y la de nuestra moneda proporcionan al gobierno un margen que no debería desperdiciar pues el desafío no consiste en conservar indicadores que muestran cierta fortaleza, sino en transformar esa estabilidad cautelada por el BCR, en mayor empleo, una mejor distribución de los ingresos y mejores servicios públicos para la mayoría de los peruanos en su vida diaria. Eso significa en lo inmediato contar con una policía eficaz, instituciones coordinadas, servicios públicos que funcionen, inversión pública ejecutada y políticas capaces de llegar a los territorios donde el Estado prácticamente ha desaparecido.

El gobierno puede utilizar el mismo capital político para construir una estructura de poder cada vez más concentrada, en la que Congreso, gobierno e instituciones públicas terminen respondiendo a una misma lógica política y donde los controles democráticos sean vistos como obstáculos. Estamos a las puertas de ver cómo se resolverá esta disyuntiva.

La demanda ciudadana de orden no es una demanda de autoritarismo. El Perú necesita recuperar autoridad, pero una autoridad democrática. Es, fundamentalmente, la demanda de un Estado que proteja a sus ciudadanos, que funcione y que cumpla las reglas que él mismo establece.

El primer mes de Keiko Fujimori permite afirmar poco sobre el desenlace, aunque supone formular una pregunta que será cada vez más difícil obviar: ¿Estamos asistiendo a la recuperación de la capacidad de gobierno del Estado o al comienzo de una nueva concentración del poder político? No nos engañemos, la respuesta no estará en los discursos de Palacio, ni en las encuestas de aprobación. Estará en los hechos y allí cabe también la posibilidad de una crisis que se profundice en el pantano de la ineficiencia y el desgobierno. El Niño malo con lluvias extraordinarias y sequías simultaneas en el país también pondrá a prueba su desempeño.

desco Opina / 4 de setiembre del 2026

La inseguridad y las fantasías

 

El 28 de marzo, César Vásquez, ministro de Salud, aseguró que si los delincuentes ven en la televisión que la Policía Nacional del Perú (PNP) está realizando capturas, dejarían de delinquir y, dado el caso, los fiscales no los liberarían: “Ayúdennos a difundir las capturas diarias. Si el delincuente ve todos los días que estamos capturando y desarticulando bandas, y que los fiscales están liberándolos, los fiscales van a pensarlo dos veces antes de liberarlos, los delincuentes no van a querer delinquir, se van a ir a otro lado", declaró.

Como vemos, lo que el problema de la inseguridad pone sobre la mesa es la insondable incapacidad de nuestras autoridades. También la turbación de los que, en teoría, deberían alcanzar alternativas y, por si fuera poco, la convicción de una “oposición” política –si existe–, de saber poco o nada sobre el principal problema que declara tener la mayoría de peruanos, por lo menos en la última década y media.

Para los que deciden, es un tema de moda, nada más, y, obviamente, no debiera ser así, dados los inmensos daños que ocasiona la actividad criminal. En ese sentido, si algo es meridianamente cierto en el mar de dudas e incertidumbres que rodea el tema de la inseguridad ciudadana, es que el enfoque de “guerra contra el crimen”, que era el hegemónico, no va más.

Este enfoque consiste en priorizar una estrategia de confrontación directa y punitiva contra el crimen organizado, principalmente a través de medidas militares y policiales intensivas. Se centra en el uso de la fuerza para desmantelar organizaciones criminales y reducir actividades ilícitas. Entre sus mecanismos están la militarización de la seguridad pública, la cacería de líderes ("kingpins"), el incremento de penas y acciones represivas, así como campañas simbólicas que remarquen el mensaje de “tolerancia cero”, entre otros.

El ejemplo más conocido del fracaso de esta estrategia fue lo acontecido en México, durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), donde se desplegó al ejército para combatir a los cárteles de la droga, con resultados catastróficos como el aumento de la violencia; la imposibilidad de construir un enfoque integral, porque tiende a centrarse en medidas punitivas y militares, dejando de lado aspectos sociales como la prevención, la educación y la creación de oportunidades económicas; la generalización de la corrupción y la debilidad institucional, debido a que, en muchos casos, las instituciones encargadas de implementar estas estrategias están infiltradas por el crimen organizado, lo que limita su eficacia. Sin embargo, seguimos capturados por la fantasía de la “mano dura”.

Mientras tanto, las economías ilegales han ganado más espacio en el país y se estima que el 2024 movilizaron en conjunto unos US$ 12 645 millones. La principal es, como sabemos bien, la minería ilegal de oro, que pudo haber transado unos US$ 6840 millones, según una estimación del Instituto Peruano de Economía (IPE). Por ello, en una encuesta realizada por Ipsos-Apoyo en agosto del 2024, el 45 % de los encuestados reconocía a las economías ilegales como el sector que tiene más poder en el país, ubicándose sólo después del Congreso.

De hecho, un factor que fortalece a la actividad minera ilegal del oro es el precio internacional, que la ha hecho más rentable pues los costos de producción no han subido en la misma proporción que aquél, que hoy bordea casi los US$ 3000 la onza. En otras palabras, en los últimos 20 años el precio se ha multiplicado por diez y esto nos da una idea del enorme y creciente margen de incentivo para dicha actividad.

Pero, no es todo. Según distintas estimaciones, el 2023 se perdió, por corrupción en la inconducta funcional, alrededor de US$ 6400 millones. Esto evidencia por sí solo la intensidad con la que las economías ilegales han capturado áreas sensibles del Estado, especialmente las que emiten regulaciones, volviéndose por lo mismo, cada vez “menos ilegales”.

La minería ilegal, como hemos presenciado en los últimos años, es otra oportunidad de la indefinición normativa, que le permite camuflarse con las minerías de pequeña escala y artesanales, donde hay población con altos niveles de vulnerabilidad, que buscan oportunidades de subsistencia.

En esta línea, las elecciones del 2026 es probable que cuesten alrededor de US$ 1000 millones al Estado peruano, y la cantidad de recursos que se moverán para financiar todas las campañas electorales será igualmente inmensa. Desde ya, allí tenemos un espacio en el que debe centrarse la vigilancia ciudadana.

 

 

desco Opina / 4 de abril de 2025

La calle se fortalece

 

El asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, ha generado una nueva ola de indignación, no sólo por el avance de la criminalidad extorsiva en el país, sino sobre todo, por la ineptitud del gobierno para enfrentarla y dar respuestas coherentes a la ciudadanía. A estas alturas, la gente tiene más evidencia de los vínculos entre políticos, policías y delincuentes, que de la voluntad de sus autoridades para revertir la inseguridad generada, que se contagia por la creciente violencia de bandas armadas contra familias de todas las clases sociales, negocios de todos los giros y tamaños y sectores tan diversos como el transporte público, las ollas comunes o el espectáculo musical.

La muerte de “Russo” Flores moviliza, no sólo por tratarse de un músico querido y popular, sino porque su asesinato representa un pico en la dolorosa cuenta de víctimas que ninguno de los ministros del Interior de Boluarte ha logrado disminuir, menos aún Juan José Santiváñez, más enfocado en desacreditar a la prensa y a la Fiscalía que lo investiga, además de soñar con un proyecto político propio mayor. El crimen cometido contra Armonía 10 ha suscitado la protesta de miles de músicos del país y le ha dado un sentimiento de unidad a la convocatoria nacional a movilizarse en las calles, lo que resultaba muy difícil de lograr en la capital en el tiempo posterior a la “Toma de Lima”. Algo que trae muy malos recuerdos a los sectores ultraconservadores.

Este crimen ha sido también el catalizador del proceso de censura contra el ministro del Interior, principal síntoma del resquebrajamiento de la alianza gobernante. Por primera vez desde que Boluarte se instaló en el gobierno, la alianza que la sustenta desde el Congreso, cruje con fuerza, insinuando una recomposición de poder que continuará acelerándose a medida que nos acerquemos a las elecciones de abril de 2026. La gente está cansada de ver como se beneficia a los criminales.

Continuar al lado del gobierno en la cerrada defensa de Santiváñez o respaldar con entusiasmo medidas destinadas al fracaso, —como el Estado de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas en la capital—, es de poco provecho para las fuerzas políticas en el Congreso, más preocupadas en definir nuevas correlaciones con miras a competir por presidir la Mesa Directiva, que en atender las demandas ciudadanas. Es decir, preocupadas centralmente por controlar el puesto de un potencial reemplazante de la Presidenta, sea para condicionar una nueva coalición de gobierno, sea para provocar o sumar a una eventual caída de Boluarte, un movimiento de manual, que su prófugo exjefe político, Vladimir Cerrón, ha pronosticado ocurrirá “antes de Fiestas Patrias”.

En lo inmediato, el país —su economía, su sociedad— exige un cambio de estrategia ante el crimen organizado y su violencia armada. Los estados de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas, no sólo son medidas destinadas al fracaso, sino que su uso y abuso las ha reducido casi a una pantomima, un programa de ceremonias y noticias para rellenar la agenda diaria de la Presidenta, sus funcionarios y sus “estrategas” de comunicación. Ese despliegue teatral, por su poco impacto en la tarea de controlar el crimen y por el acento autoritario que le añade la Presidenta, tiene por único efecto acrecentar el desprestigio de la Policía y las Fuerzas Armadas y atormentar a los escolares que se han convertido en el auditorio favorito de la señora Boluarte.

La situación de inseguridad y desprotección de la vida y de los medios de vida de millones de peruanos y peruanas no es algo que se explique única ni principalmente por la expansión de grupos criminales trasnacionales. Estos actores, si bien determinantes en la situación actual, no aparecieron de la nada a interrumpir la vida feliz en un país de maravillas. La incapacidad del Estado para organizar la economía y proveer mínimos de bienestar, la acentuada corrupción en todos los niveles de gobierno y la degradación de la Policía, entre otros muchos factores, conformaron el ambiente perfecto para que el crimen prospere, en un país cuyo territorio está prácticamente repartido entre distintos extractivismos y actividades económicas paralegales o directamente ilegales.

En ese sentido, una nueva política de seguridad nacional exige condiciones y reglas de juego distintas a las del neoliberalismo autoritario, demagógico y populista que vivimos. Al respecto, las fuerzas de izquierda y de centro, que no participan de la coalición autoritaria de Boluarte, si bien han mostrado algo de iniciativa al cuestionar la incapacidad instalada en el sector Interior, no logran aún cuajar discursos y propuestas que orienten el malestar de la ciudadanía hacia una crítica y rechazo que se torne en mayoritario ante un modelo político y económico que no sólo no provee bienestar a las mayorías nacionales, sino que no puede siquiera garantizar la vida de nuestras familias y compatriotas.

 

desco Opina / 21 de marzo de 2025

Aunque no basta, urge otro Ministro del Interior

El 14 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz como respuesta al significativo crecimiento de las economías ilegales y al incremento de la criminalidad en La Libertad. Casi un año después, es evidente que el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, ostensiblemente liderado por la alianza de Fuerza Popular, APP –partido de César Acuña, gobernador de la región–, que tiene como furgón de cola al cerronismo, han naufragado definitivamente, en su política de seguridad y lucha contra la delincuencia. El pasado 12 de enero, presuntos mineros ilegales atentaron una vez más contra las instalaciones de la minera Poderosa, en Pataz, tal como viene ocurriendo desde hace años, dinamitando una torre de alta tensión, en un escenario en el cual, en los meses recientes, los conflictos por el control territorial entre mineros ilegales se intensificaron y se hicieron más violentos como parte de una historia que ya tiene largos años sin que las fuerzas del orden intervengan.

En la madrugada del lunes 20, la violencia y la provocación criminal escalaron a un nivel que no se vivía desde la década del terror en el país. El Ministerio Público, ubicado muy cerca al centro histórico de Trujillo, fue objeto de un ataque con explosivos, cuya potente onda expansiva destrozó las ventanas de los edificios cercanos, destruyó algunos vehículos, afectó distintas propiedades y dejó varios heridos. De inmediato, mientras las fuerzas del orden se hicieron visibles con su patrullaje en las calles, sus mandos, como si repitieran una letanía, anunciaban el incremento de sus operativos contra el crimen.

Las principales autoridades, por su parte, recurrieron desde el primer momento a un libreto manido y ya agotado. El Consejo de Estado se reunió en La Libertad a las pocas horas; Gustavo Adrianzén y el Ministro del Interior se apuraron en recorrer las calles de Trujillo rodeados por policías y la prensa, haciendo anuncios, como siempre grandilocuentes: desde la inminencia de un toque de queda, inicialmente advertido por el Presidente del Consejo de Ministros, hasta la incorporación de 1500 policías, la participación de grupos especializados y declarar una emergencia logística para el equipamiento de la policía, anunciados por el estratega de seguridad del gobierno. De su lado, César Acuña, quien volvía a su región desde Iquitos, donde participaba de la campaña política de su partido, tras indicar que los ministros estaban en la ciudad por su presión, se lamentó porque sus socios en el gobierno nacional no hacen caso de sus demandas y sugerencias.

Lo cierto es que con 106 homicidios en los primeros 20 días de enero, con la delincuencia operando desde los penales donde están recluidos, paradójicamente con total libertad para actuar, con la Fiscalía de la Nación que ya denunció que al menos dos fiscales están bajo amenazas en el local del atentado, con una violencia que se expande nacionalmente, como lo graficó el asesinato del periodista Gastón Medina, en Ica, resulta evidente que ya estamos más allá del simple naufragio de la política de seguridad de Boluarte. Para el Ejecutivo, la inseguridad se subordina a los casos legales de la presidenta, su familia y su entorno; para el Congreso se trata de proteger sus intereses y asegurar la impunidad de sus integrantes, afectando la lucha contra la criminalidad, rompiendo la coordinación entre policías y fiscales, bloqueando investigaciones y quitándole atribuciones al Ministerio Público.

El operador más grotescamente visible de esta alianza es el Ministro del Interior, un personaje lleno de promesas altisonantes, blindado por el poder político sobre el que se sostiene la permanencia de Dina Boluarte, que es su único encargo cierto, en un escenario donde los socios de la mandataria en el Congreso, se desentienden mayoritariamente de la desastrosa gestión de Santiváñez, al que le perdonan todo, mientras éste desmiente las cifras del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), habla de los muertos y la violencia en México y Colombia para tratar de hacernos creer que estamos en el mejor de los mundos, ataca a los fiscales a quienes responsabiliza de sus fracasos, niega que su voz es la suya y elimina el chip del celular que formatea antes de entregarlo a quienes lo investigan, mostrando cómo entiende la transparencia que pregona.

Santivañez tiene que irse, sin ninguna duda. Así lo entienden amplios sectores de la ciudadanía, distintas instituciones y algunos grupos parlamentarios, en medio de la complacencia de algunos y el silencio de muchos. Es claro, sin embargo, que no basta. Es indispensable mejorar la capacidad de investigación e inteligencia para desarticular a las organizaciones criminales, recuperar la presencia policial en las calles para la protección de personas y comunidades, mejorar la capacidad policial con la compra de equipos y en entrenamiento, recuperar la confianza de la gente para lograr su participación, indispensable para la prevención…. En otras palabras, se requiere con urgencia de una reforma policial profunda para recuperar una institución destruida por el manoseo político que se ha agravado en los últimos años. Como es obvio, en sentido estricto necesitamos de otro gobierno, porque los olmos nunca han dado peras.

 

 

desco Opina / 24 de enero de 2025

APEC y la reina de las fantasías… se sienten pasos

 

Después de ocho años, Perú volvió a recibir la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un evento que reúne a 21 países que aproximadamente representan 60% del PBI global, 50% del comercio mundial y casi 50% de la población del planeta. En 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski recién se instalaba y contaba con el respaldo de poco más de la mitad del país. El optimismo relativo de aquellos años contrasta dramáticamente con el pesimismo y la suma de malestares que predominan hoy día, cuando la mandataria y el Congreso de la República tienen una aprobación, que batiendo marcas históricas, se encuentra por debajo del 5%. Si entonces todavía se celebraba el crecimiento económico nacional por encima del promedio de APEC, la reunión de esta semana se instaló en un marco en el que nuestro crecimiento el último año se contrajo 0.6% y la pobreza aumentó alcanzando el 30%.

Desde varias semanas atrás, quedaba claro que el gobierno de la señora Boluarte y el Congreso que maneja la coalición autoritaria y mafiosa que nos gobierna, entendían, que como parte de la realidad en que viven, estaban frente a una oportunidad de lograr un espaldarazo y romper la mirada desconfiada y las críticas de la opinión pública internacional y de muchos gobiernos integrantes del mecanismo, como México y Brasil, por citar dos. Ello, en un momento donde el crecimiento exponencial de la inseguridad, paro de transportistas de octubre incluido, evidenciaban una vez más el desplome del Estado, la incapacidad y la frivolidad de un Ejecutivo interesado en su supervivencia y de un Congreso comprometido con su reproducción en el largo plazo y los negocios, así como el naufragio de la política.

Con 1601 homicidios registrados hasta setiembre según el Sistema Informático Nacional de Defunciones del Ministerio de Salud, Perú enfrenta un año sin precedentes en violencia, con un alarmante promedio de cinco asesinatos diarios y el uso de armas de fuego en el 70% de los casos. Extorsiones, secuestros, préstamos del “gota a gota” y sicariato se convirtieron en noticia cotidiana, como parte de la consolidación de las economías ilegales con el beneplácito de una mayoría parlamentaria apurada por asegurar sus vínculos y sus acuerdos con ella y en beneficiarlos con diversas medidas que les interesan en función de su propia inmunidad con la aquiesencia de la mandataria, interesada en asegurar su estadía en la Plaza de Armas hasta el 2026, así como su impunidad permanente.

En este escenario, en la medida en que se acercaba la fecha de la cumbre y se multiplicaban las convocatorias a movilizaciones y a un paro nacional para exigirle al Gobierno y al Congreso, una vez más, protección a la vida frente a la multiplicación de la extorsión y el sicariato, que promovían inicialmente los distintos gremios de transportistas y comerciantes de mercados y galerías, que ya habían mostrado su fuerza relativa en octubre, la torpeza y la soberbia de la mandataria y de sus principales escuderos ante el temor que les provocaba la protesta, se evidenció nuevamente. La decisión de declarar tres días feriados en Lima y Callao en nombre de facilitar la logística del evento, no escondía el temor que sentían. Los discursos altisonantes y patrioteros del ministro Adrianzén, presentando como traidores a los intereses nacionales, a quienes querían denunciar internacionalmente lo que viven cotidianamente, subieron de nivel cuando el gobierno y el Consejo de Estado respondieron a los convocantes, ofreciendo a policías y militares tribunales propios, de dichas instituciones como máxima protección legal contra sus eventuales excesos. La suspensión de clases en colegios y universidades los tres días de la cumbre, así como el vociferante Ministro del Interior insistiendo en que la seguridad estaba mejorando con sus medidas, fueron las cerezas de la torta y las provocaciones.

Al lado de esas patinadas, el gobierno logró movilizar a distintas autoridades regionales y locales y a muchos empresarios que un mes antes firmaran un comunicado denunciando que el crimen organizado contaba con un gobierno paralelo que está destruyendo al Estado, para que se pronuncien por un clima de paz para el desarrollo y la competitividad, seguramente convencidos por los informes gubernamentales sobre la supuesta violencia de quienes llamaban a protestar, tanto como por las probables ofertas de obras, presupuesto y apoyos que el Ejecutivo no escatima en su búsqueda de respaldo.

Las protestas siguieron adelante. El desborde de la criminalidad y la defensa de la vida fueron sus disparadores. Promovida inicialmente desde sectores con fuerte presencia de la informalidad, –transportistas, mototaxistas, bodegueros, pequeños comerciantes de mercados y galerías–, con un carácter inicialmente limeño, pronto sumaron a gremios como la CGTP y el SUTEP y a distintos sectores de la denominada sociedad civil, agrupados en espacios como la Plataforma Democrática y la Coalición Ciudadana. El tono ciudadano era importante y, no obstante los afanes del gobierno, resultaba difícil acusar de izquierdista a una dinámica que tenía entre sus promotores más visibles a sectores sociales y organizaciones que apoyaron visiblemente en las últimas elecciones a Fuerza Popular, Renovación Nacional, Avanza País y Podemos, a los que acusan de incumplir sus compromisos, como se evidenciara en su encuentro con el congresista Montoya.

Desde el interior, con la desconfianza que le sigue generando Lima, se sumaron distintas organizaciones. A la seguridad y la defensa de la vida que eran las banderas iniciales, se agregaron las demandas particulares de los distintos territorios. Por ejemplo, Tía María en Arequipa y el agua para consumo humano y agrícola en Piura estuvieron en la agenda de las fuertes movilizaciones en esos territorios. Distintas ciudades y regiones se movilizaron con intensidad significativa –Arequipa, Puno, Huancayo, Chimbote, Trujillo, Piura, entre otras– y los bloqueos de carreteras se dieron en 16 puntos. En Lima, las distintas movilizaciones, aunque dispersas y fuertemente reprimidas por momentos, aun siendo muy significativas, no llegaron a la fuerza ni a la masividad que se esperaba.

En cualquier caso, hay señales que indican que el fin de la reunión de APEC marcará un nuevo tiempo para la presidenta. Parece claro que los malestares se multiplican y seguirán creciendo; que el fracaso de la estrategia de seguridad es un fuego artificial inútil; que la incapacidad de gestión del gobierno, a la que se suma su desconexión con la realidad, asegura nuevas movilizaciones y protestas, en un escenario donde el futuro de la mandataria es cada día más precario. Cierto que la movilización de la calle sigue divorciada de la política y no alcanza la articulación y la fuerza que requiere para lograr que se vayan todos, pero también es verdad que en la coalición derechista ya hay sectores que le han puesto plazo fijo a Boluarte. Recordemos que la congresista Chirinos, una entusiasta animadora de vacancias y acusaciones constitucionales, que no actúa por la libre en estos casos, ha anunciado que la vacancia es inevitable. Aunque es imposible asegurar que así será, hoy día se sienten más pasos que antes, lo que hace más urgente aún, avanzar en la construcción de un bloque democrático, que más allá de la izquierda, sea capaz de encontrarse con la gente y sus demandas.

 

desco Opina / 15 de noviembre de 2024

Nada por casualidad

 

Atender con cuidado y seguir la intervención de diversos actores, públicos y privados en los diferentes planos y aspectos de la vida social del Perú, es complicado. Actualmente, no hay espacios mínimamente institucionalizados que permitan dialogar sinceramente entre las fuerzas políticas y sociales. El Congreso de la República, que en una democracia que funcione mínimamente, es la arena en la que se debaten todos los temas de interés nacional, está absolutamente deslegitimado para el diálogo que el país necesita y que solo unos pocos demandan francamente.

Por eso, cuando nos enteramos de que con recursos del Estado se hace seguimiento a los ciudadanos con el fin de intimidarlos, y se amedrenta a funcionarios públicos que renuncian, nuestra preocupación debería ser mayor, pues compromete a instituciones como el Ministerio del Interior.

Se trata de quienes dirigen la Seguridad del Estado y la Policía Nacional del Perú, entre otras instituciones del Estado. El problema de la seguridad ciudadana, casi se sitúa en un segundo plano cuando se olfatea un desorden total por parte de quienes debieran encargarse de resolver los problemas de seguridad pública.

Es innegable, por otro lado, que algunas expresiones de la violencia y la delincuencia han ganado mayor protagonismo en la prensa de Lima y otras ciudades. Se nos informa simultáneamente a diario de la actividad de bandas conformadas por asaltantes de alta peligrosidad, de los secuestros de corta duración, la extorsión a cientos de negocios diversos, los asaltos en vías públicas y a los vehículos, así como la proliferación de armas con capacidad de fuego frecuentemente superior a la de los policías. Todo eso puede verse a cualquier hora del día en algún canal de televisión.

Mientras tanto, la política oficial del Estado aparece como absolutamente inmersa en temas de visitas e inauguraciones diversas de la señora presidenta, y sus más altos funcionarios se niegan a declarar sobre temas delincuenciales de cohecho, ocultamiento de sentenciados por la justicia y otros que preocupan a la ciudadanía, llenando de acusaciones de traición a la patria a quienes osen protestar o plegarse al próximo paro nacional.

Así, no hay respuestas efectivas que orienten al país en una dirección que permita encaminarnos hacia una solución del actual estado de cosas, y no a su empeoramiento. Es importante fomentar la participación activa y real de la comunidad en la prevención del crimen a través de programas de vigilancia vecinal, comités de seguridad ciudadana y otros mecanismos de participación ciudadana en modalidades democráticas y no autoritarias ni militarizadas, como las que escasamente practica la policía.

Necesitamos que se adopten medidas urgentes para el mejoramiento del entorno barrial, concertadas con las organizaciones de vecinos y vecinas, desarrollando algunas políticas que podrían incluir inversión en educación, que a la larga proporciona a los y las jóvenes oportunidades para el desarrollo personal y profesional; fomentar el empleo local y crear oportunidades económicas. Asimismo, abordar con inteligencia las causas subyacentes de la delincuencia y no solo sus manifestaciones criminales; identificar los problemas latentes que contribuyen al crimen como son la falta de empleo, la pobreza y el insuficiente acceso a servicios básicos.

Esas son salidas a la mano que pueden amenguar la desigualdad y reducir los incentivos para cometer delitos. Hay aspectos que deberían implementarse como la iluminación pública, incluyendo la de parques y paraderos en todas las áreas de las ciudades, en lugar de infectar las calles con cientos de cámaras que no sirven para nada verdaderamente útil.

Para que las salidas sean efectivas y justas para todos, incluyendo al millón y medio de extranjeros que conviven con los peruanos y peruanas, deberíamos advertir con fuerza que culpar a los extranjeros por los problemas de seguridad, desvía la atención de las verdaderas causas del crimen como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la ineficiencia del sistema de justicia penal. La mayoría de los extranjeros, por otro lado, son personas que buscan mejores oportunidades y una vida digna, y criminalizarlos basándose en su nacionalidad, es falso e injusto.

Muy poco se dice de la precariedad de la Policía Nacional ni de cómo, punto por punto, el Congreso de la República ha dado leyes, consentidas por el Poder Ejecutivo, que impiden que nuestra legislación facilite actuar contra los delincuentes y se aplique con celeridad, atando de manos a las fiscalías y jueces como lo hacen las peores dictaduras en provecho propio.

 

desco Opina / 1 de noviembre de 2024