Mostrando entradas con la etiqueta gestión de riesgos de desastre. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta gestión de riesgos de desastre. Mostrar todas las entradas

viernes

Agua y cambio climático: más carga de cuidados

 

En Lima Metropolitana, el verano 2026 parece no haber tenido pausa por la persistencia de las condiciones cálidas asociadas al Niño Costero y, posteriormente, al desarrollo del Fenómeno de El Niño en el Pacífico central. Durante el 2026, se ha registrado un calentamiento de las aguas del mar frente a la costa peruana, lo que ha influido en el incremento de las temperaturas del aire en distintas ciudades costeras, entre ellas Lima Metropolitana. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se han previsto temperaturas superiores a sus valores normales en gran parte de la costa peruana y las condiciones asociadas a estos fenómenos podrían mantenerse hasta el verano de 2027.

A esta situación, se suma la desigualdad en el acceso al agua potable en Lima Metropolitana. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que, a inicios de 2026, solo 19 de los 46 distritos de Lima Metropolitana y el Callao contaban con acceso al agua potable durante las 24 horas del día.

Otros datos de estas injustas desigualdades se encuentran en el informe de Lima Cómo Vamos 2025. Por un lado, en la población del nivel socioeconómico E de Lima Metropolitana y Callao, la falta de agua potable aparece como el tercer problema más importante de la ciudad. Por otro lado, se observa una marcada disparidad territorial: Lima Norte y Lima Centro registran los mayores niveles de insatisfacción respecto al acceso y la calidad del agua, con 54,3 % y 52,5 %, respectivamente. En comparación, Lima Sur presenta un 29,9 % y Lima Este un 26,1 % de insatisfacción.

Los datos ofrecen un panorama poco alentador sobre las consecuencias de estas desigualdades, pues las condiciones climáticas cada vez más exigentes coinciden con problemas estructurales de acceso a servicios básicos como el agua potable. Esta inaceptable situación no solo representa un desafío ambiental y urbano, sino que también plantea interrogantes sobre sus consecuencias en la organización de la vida cotidiana, especialmente para las mujeres, quienes asumen en su mayoría las responsabilidades domésticas y de cuidado en los hogares peruanos.

Esta problemática adquiere una mayor complejidad en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, donde las responsabilidades económicas, domésticas y de cuidado suelen concentrarse en una persona. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024 (Enut), las mujeres peruanas destinan al día alrededor de 3 horas para el cuidado no remunerado a miembros del hogar y 4 horas de trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar.

Con la presencia del Fenómeno de El Niño, las mujeres presentarán una mayor carga de trabajo para garantizar las condiciones básicas de bienestar de sus familias. Esta situación no solo implica destinar más tiempo a las tareas domésticas, sino también reorganizar sus actividades laborales, reducir sus espacios de descanso y postergar su propio cuidado.

Las consecuencias pueden ser mayores para las mujeres que trabajan en condiciones de informalidad o que no cuentan con redes familiares y comunitarias de apoyo. Las condiciones climáticas adversas no solo generan estas desigualdades, sino también pueden profundizar las dificultades que enfrentan las mujeres para conciliar sus responsabilidades de cuidado con su autonomía económica y bienestar personal.

Ante este escenario, nos preguntamos si las políticas públicas de adaptación al cambio climático consideran las desigualdades que soportan las mujeres en la distribución del trabajo de cuidados y las condiciones aún más graves en los hogares monoparentales. Si bien garantizar el acceso continuo al agua potable y mejorar la infraestructura de los servicios básicos son prioritarias, resultan insuficientes si no se acompañan de políticas que reconozcan las necesidades de cuidado de la población frente a condiciones climáticas adversas, como las provocadas por el Fenómeno de El Niño Costero.

En ese sentido, es urgente fortalecer los servicios públicos de cuidado, ampliar las redes de apoyo comunitario e incorporar una perspectiva de género en las estrategias de adaptación climática, especialmente en los territorios más vulnerables y de mayor pobreza. De lo contrario, las consecuencias de la crisis climática continuarán recayendo principalmente y sin equidad sobre las mujeres, trasladando al ámbito doméstico responsabilidades que también corresponden al Estado y a la sociedad.

Abordar el cambio climático desde una perspectiva de género demanda reconocer el trabajo de quiénes sostienen los cuidados y las condiciones en que se realiza. La adaptación climática no debe limitarse a responder a los efectos ambientales, sino también considerar las desigualdades que condicionan la vida cotidiana. Una gestión del riesgo bien entendida no solo consiste en construir pircas preventivas o entregar víveres, sino también garantizar que los derechos de las mujeres y niñas sean reconocidos y atendidos antes, durante y después de un desastre.

Incorporar el enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres no es una cuestión ideológica, es una necesidad para identificar las distintas condiciones de vulnerabilidad de la población. Ignorar estas diferencias desde las políticas públicas significa dejar de lado una dimensión fundamental para garantizar una respuesta equitativa, justa y efectiva frente a la crisis climática.

 

 

desco Opina - Regional / 23 de octubre del 2026

descoCiudadano

¿Ordenar el Estado o concentrar el poder?

El asesinato de cuatro personas y el secuestro ocurrido en Trujillo ha vuelto a colocar la seguridad en el centro de la agenda y, sobre todo, ha convertido una promesa electoral de "mano dura" en una prueba concreta de capacidad de gobierno. Es decir, la de un Estado que funcione con autoridad y seguridad. El gobierno de Fuerza Popular –ante una ciudadanía cada vez más desconfiada de la política–, con el temor de un sector y la esperanza de otro, pareciera encontrarse en un terreno favorable para actuar como quien prometió poner orden.

Sin embargo, ese capital político alimentado por las promesas de orden y seguridad de la nueva administración, tiene también otro lado en la misma moneda que es el fracaso, como su principal riesgo. Recuperar la autoridad del Estado es indispensable, pero recuperar la capacidad de gobernar no es lo mismo. Menos si se pretendiera recobrar el poder para gobernar sin contrapesos.

Los homicidios, la extorsión y el avance del crimen organizado, han convertido -hace rato ya-, la demanda de seguridad en la principal preocupación ciudadana. Es comprensible que una población atemorizada reclame respuestas contundentes. Lo que habrá que comprobar es si detrás de la contundencia ofrecida existe una política pública capaz de producir resultados. La seguridad puede convertirse así en el primer gran indicador de la capacidad real del gobierno, pero también de su disposición al diálogo y concertación que pueda lograrse con el Congreso y la ciudadanía a la que representa.

Las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo (convertidas en una costumbre desde hace varios gobiernos), constituyen algo más que un trámite político. Son la primera oportunidad para observar cómo entiende el gobierno de la hija del dictador la relación entre poderes con el Congreso.

Aparentemente está respondiendo con firmeza al demandar mayores facultades para legislar en el endurecimiento de penas, la participación de las Fuerzas Armadas y un discurso de confrontación directa con el crimen. Acabar con la inseguridad constituye así una primera prueba que demanda resultados, porque anunciar mano dura es relativamente sencillo. Otra cosa más difícil es lograr desarticular las organizaciones criminales, investigar sus finanzas, recuperar los territorios controlados por ellas y hacer funcionar simultáneamente a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.

En este mes de la primavera cabe preguntarse si el nuevo gobierno buscará acuerdos y negociará reformas, aceptando modificaciones, o si utilizará su respaldo parlamentario para ampliar su margen de acción. No olvidemos que el fujimorismo no llega al poder sin historia. La experiencia de los años noventa forma parte de la memoria política del país y no debemos ignorarla pues esos antecedentes importan precisamente para saber qué señales institucionales deben ser observadas con mayor atención. Señales que no están solamente en el Congreso, sino también en la relación con la prensa y con los organismos de justicia, varios de ellos copados por gente de su confianza, como ocurre con las instituciones de control y con quienes investigan al poder.

Una democracia puede tener un gobierno fuerte de izquierda o de derecha, lo que no puede es tener uno que considere que toda crítica es una conspiración y todo control, una obstrucción. Por ahora, el respaldo ciudadano inicial a Keiko Fujimori es considerable y expresa, en buena medida, una expectativa, un consentimiento para que haga aquello que los anteriores no pudieron hacer. Algo que puede durar o diluirse muy pronto.

La estabilidad macroeconómica y la de nuestra moneda proporcionan al gobierno un margen que no debería desperdiciar pues el desafío no consiste en conservar indicadores que muestran cierta fortaleza, sino en transformar esa estabilidad cautelada por el BCR, en mayor empleo, una mejor distribución de los ingresos y mejores servicios públicos para la mayoría de los peruanos en su vida diaria. Eso significa en lo inmediato contar con una policía eficaz, instituciones coordinadas, servicios públicos que funcionen, inversión pública ejecutada y políticas capaces de llegar a los territorios donde el Estado prácticamente ha desaparecido.

El gobierno puede utilizar el mismo capital político para construir una estructura de poder cada vez más concentrada, en la que Congreso, gobierno e instituciones públicas terminen respondiendo a una misma lógica política y donde los controles democráticos sean vistos como obstáculos. Estamos a las puertas de ver cómo se resolverá esta disyuntiva.

La demanda ciudadana de orden no es una demanda de autoritarismo. El Perú necesita recuperar autoridad, pero una autoridad democrática. Es, fundamentalmente, la demanda de un Estado que proteja a sus ciudadanos, que funcione y que cumpla las reglas que él mismo establece.

El primer mes de Keiko Fujimori permite afirmar poco sobre el desenlace, aunque supone formular una pregunta que será cada vez más difícil obviar: ¿Estamos asistiendo a la recuperación de la capacidad de gobierno del Estado o al comienzo de una nueva concentración del poder político? No nos engañemos, la respuesta no estará en los discursos de Palacio, ni en las encuestas de aprobación. Estará en los hechos y allí cabe también la posibilidad de una crisis que se profundice en el pantano de la ineficiencia y el desgobierno. El Niño malo con lluvias extraordinarias y sequías simultaneas en el país también pondrá a prueba su desempeño.



desco Opina / 4 de setiembre del 2026

El Niño y los riesgos que Lima no puede ignorar

 

Lima es una ciudad acostumbrada a vivir casi sin lluvias. Sin embargo, las recientes precipitaciones intensas han demostrado que esta condición también puede convertirse en una vulnerabilidad cuando incluye la combinación de viviendas precarias, falta de drenaje y asentamientos humanos ubicados en laderas. En el contexto del Fenómeno El Niño, la gestión del riesgo vuelve a ocupar un lugar urgente: no solo por las lluvias, sino también por la amenaza permanente de un gran sismo en una ciudad donde miles de viviendas presentan condiciones de vulnerabilidad.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), mantiene información y seguimiento sobre el Fenómeno El Niño 2026-2027, así como avisos meteorológicos y monitoreo de las condiciones climáticas del país. Para una ciudad como Lima, donde las lluvias intensas no forman parte de la experiencia cotidiana, estos episodios muestran la necesidad de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta.

A esta situación se suma el riesgo sísmico. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) cuenta con un escenario de riesgo para Lima y Callao que permite identificar los posibles impactos de un sismo de gran magnitud y orientar medidas de prevención y reducción del riesgo. Asimismo, el mapa de riesgo sísmico elaborado por el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), permite conocer los niveles estimados de daño que podrían presentarse en las viviendas de los diferentes distritos de Lima ante un sismo severo.

Esta información adquiere especial importancia cuando se contrasta con lo que ocurre en los barrios de Lima Sur. Los testimonios que presentamos corresponden a lideresas con quienes trabajamos directamente en zonas de alta vulnerabilidad y riesgo de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Sus experiencias permiten observar cómo los fenómenos naturales impactan en la vida cotidiana de familias que cuentan con pocos recursos para prevenir o reparar los daños.

Deassy Huari, presidenta del comedor Mensajeros de la Paz, ubicado en Oasis de Villa, en Villa El Salvador, comenta que las lluvias recientes afectaron directamente a las familias de su comunidad. Las calaminas de muchas viviendas tienen años de uso y se encuentran desgastadas. Los pequeños agujeros que antes podían pasar desapercibidos se convirtieron, durante las horas de lluvia intensa, en puntos de ingreso de agua hacia los dormitorios y otros ambientes de sus casas.

La afectación no terminó al interior de las viviendas. En las calles hubo inundaciones y dificultades para movilizarse: un automóvil quedó varado y una combi tuvo problemas con el motor. Los niños y adolescentes que caminaban hacia sus colegios o regresaban a casa terminaron completamente empapados y luego algunos presentaron tos. Después de la lluvia emergió otra preocupación: los mosquitos. La humedad y el agua acumulada favorecieron su aparición y las familias se alertaron al encontrarlos en mayor cantidad y frecuencia. Las personas adultas también presentaron molestias en la garganta.

En Vista Alegre de Rinconada Alta, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, Julissa Panta, presidenta del asentamiento humano, describe una realidad que suma otro riesgo: los sismos. En las laderas, las pircas requieren reforzamiento y, ante los movimientos, las piedras suelen deslizarse. La preocupación de las familias es que una vivienda que ya enfrenta dificultades frente a un terremoto, tenga también que soportar lluvias, humedad y fuertes vientos.

En el comedor popular Santa Rosa de Vista Alegre, el agua ingresó a las viviendas. Muchas familias no cuentan con recursos para realizar reforzamientos y viven con el temor de que ocurra un terremoto y las estructuras no puedan resistir. La expresión de las dirigentes es clara: sus casas no están preparadas para enfrentar un movimiento sísmico de gran magnitud.

La educación también se vio afectada. En Rinconada Alta del Distrito de San Juan de Miraflores, los estudiantes tuvieron dificultades para acudir al colegio debido a la neblina y, después de la lluvia del domingo 16 de agosto, uno de los centros educativos paralizó el dictado de clases durante dos días porque el agua se había empozado en el local. Para estas familias, una lluvia intensa no representa solamente un problema de infraestructura: también puede significar que los niños no puedan estudiar, que las familias tengan dificultades para movilizarse y que aumenten las condiciones de humedad y presencia de mosquitos que afecten su salud.

Los testimonios muestran tres impactos concretos de un mismo fenómeno: vivienda, educación y condiciones ambientales y de salud. Pero revelan también algo más profundo: en estos barrios la lluvia y los sismos no son riesgos inconexos. Se superponen sobre viviendas y comunidades que muchas veces no cuentan con recursos suficientes para prepararse ni enfrentarlos.

Por eso, la gestión del riesgo no puede aparecer únicamente después de una emergencia. Mejorar los sistemas de drenaje, reforzar viviendas y pircas, mantener escuelas y espacios comunitarios, identificar zonas seguras y fortalecer la organización vecinal son medidas que pueden reducir el impacto de futuros eventos.

Las voces de Deassy y Julissa permiten mirar las cifras y los escenarios oficiales desde la vida cotidiana. Ellas no se refieren a escenarios hipotéticos: hablan de agua inundando sus casas, niños que dejan de asistir al colegio, mosquitos que aparecen después de la lluvia y familias que temen que sus viviendas no resistan un terremoto. Escuchar a quienes viven en estos territorios es también una forma de reconocer dónde están las mayores vulnerabilidades y qué medidas deben priorizarse antes de que ocurra una emergencia mayor.

 

desco Opina - Regional / 28 de agosto de 2026

descoCiudadano

Los asentamientos humanos de Lima sur y El Niño Costero

 

El fenómeno El Niño Costero vuelve a instalarse en la agenda nacional. Mientras gran parte de la atención pública suele concentrarse en las posibles afectaciones en la zona norte del país, los efectos que este fenómeno puede tener sobre Lima Metropolitana y sus sectores en situación de mayor vulnerabilidad, reciben menor consideración.

La Comisión encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene actualmente el estado de "Alerta moderada de El Niño Costero" y advierte que el evento, iniciado en marzo de este año, podría prolongarse hasta el verano de 2027 con muchas probabilidades de alcanzar una intensidad fuerte.

En Lima Metropolitana, las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indican temperaturas superiores a las habituales durante los próximos meses, las cuales podrían superar los 29 °C y la posibilidad de lluvias fuera de lo normal para la capital. Aunque estas cifras pueden parecer moderadas frente a las emergencias que enfrenta el norte del país, su impacto no será igual para todos los habitantes de la ciudad.

El Instituto Geofísico del Perú recuerda que los grandes eventos de El Niño de 1983, 1998 y 2017 afectaron significativamente a Lima Metropolitana. Su análisis señala que el crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad llevó a miles de familias a ocupar quebradas, laderas y otras zonas de riesgo. Ello demuestra que los desastres no son únicamente producto de la naturaleza; también son consecuencia de la manera en que construimos y gestionamos nuestras ciudades.

Esta realidad resulta especialmente relevante para distritos que cuentan con numerosa población asentada en terrenos de mala calidad y carentes de servicios como ocurre en las partes más altas de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Asentamientos humanos ubicados en la zona de La Nueva Rinconada y Nueva Esperanza, enfrentan diariamente desafíos relacionados con la movilidad, el acceso al agua y la calidad de la vivienda. Frente a un escenario de ocurrencia de un fenómeno El Niño excepcional, estos problemas pueden agravarse. El calor extremo incrementa los riesgos de deshidratación y afecta principalmente a niños y adultos mayores. Asimismo, las condiciones de almacenamiento de agua y el aumento de la temperatura pueden favorecer la proliferación de mosquitos y otros vectores, generando nuevas preocupaciones sanitarias. Situaciones similares ocurren en otros distritos, tanto en Lima Metropolitana como otras ciudades de la costa peruana.

Por otra parte, estos asentamientos también son espacios de organización y trabajo colectivo. La experiencia acumulada por dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias y redes de apoyo, constituyen un recurso fundamental para enfrentar emergencias. La prevención no depende únicamente de obras de infraestructura; también requiere información, participación ciudadana y capacidad de respuesta colectiva. Las experiencias de mejoramiento barrial en Perú –varias impulsadas por organizaciones como descoCiudadano y otras instituciones– muestran que cuando los vecinos participan en el diseño, la ejecución y el cuidado de las intervenciones, la sostenibilidad suele ser mayor que cuando las obras son completamente externas.

La eventual llegada de un Niño Costero más intenso nos obliga a mirar más allá de las predicciones meteorológicas. El verdadero desafío no consiste solamente en anticipar cuánto aumentará la temperatura o cuándo llegarán las lluvias, sino en reconocer que los impactos del clima se distribuyen de manera desigual.

Allí donde persisten las brechas urbanas y sociales, los riesgos encuentran menos barreras para convertirse en crisis. Por ello, prepararse para El Niño implica también avanzar hacia ciudades más equitativas, planificadas y capaces de proteger a quienes hoy enfrentan las mayores condiciones de vulnerabilidad.

 

desco Opina - Regional / 3 de julio de 2026

descoCiudadano

Tragedias de la incompetencia neoliberal

 

Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables. Más allá de las importantes exportaciones mineras y de la agroindustria –sin ahondar en sus beneficios limitados y excluyentes y en el grosero apoyo que reciben del Estado–, el país se cae a pedazos.

El riesgo permanente y el peligro manifiesto crecen cada día para millones de peruanas y peruanos: a la acostumbrada destrucción por lluvias y huaicos, se suman puentes que ceden y se parten, techos que se desploman en centros comerciales o barrios sometidos al fuego destructor, amén de miles de escuelas en pésimas condiciones de infraestructura y sin servicios a pocos días del inicio del año escolar. Todo ello evidenciando la negligencia, la falta de planificación y de gestión pública que hacen parte del desplome del Estado al que asistimos cotidianamente. Desplome que es acompañado frecuentemente por la indolencia de grandes grupos empresariales que tratan de negar su responsabilidad en algunas de estas tragedias que los comprometen, como se continúa viendo en el caso del Real Plaza, en la capital de La Libertad.

Y es que la seguridad nacional, un poliedro de múltiples facetas, que no se agota en la criminalidad, no puede garantizarse sin la planificación y la intervención desde el Estado, dos palabras prohibidas en el credo neoliberal. Cuando el Estado no cumple este papel, sólo queda comprobar la palmaria distancia existente entre las normas, leyes y reglamentos y lo que cada ciudadano soporta por el mal gobierno generalizado. A esa distancia se suma la impunidad compartida por el Congreso y el Ejecutivo que han aprobado distintas normas que alientan y facilitan la criminalidad y limitan la capacidad del Estado para supervisar la acción de los privados.

La mayoría de las desgracias que se producen en el campo y los centros urbanos, serían absolutamente evitables si las autoridades cumplieran sus funciones más ordinarias y elementales de defensa civil y garantes de la convivencia, la tranquilidad, la salud y la vida. No se trata solo de insensatez o de una barrera ideológica, pues sabemos bien que la corrupción facilita, acelera y profundiza los males que sufrimos en lo concerniente al manejo de los recursos públicos, la ocupación y gestión del territorio y hasta en la administración de permisos y contratos de obras de infraestructura. Son los casos de Trujillo y Lima, ciudades que en las últimas semanas han estado en el foco de las noticias por sendas tragedias.

En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿dónde está la autoridad responsable de la protección de un Centro Histórico reconocido por Unesco como patrimonio de la humanidad? Es inaceptable justificar como clandestina la construcción de decenas de edificios de gran altura destinados a ser almacenes ilegales en lugares donde no se deben construir. Resulta indignante responsabilizar al Poder Judicial por permitir su funcionamiento en medio del silencio municipal. La indignación crece a medida que la corrupción edil y policial permite el paso de camiones que cargan y descargan enormes contenedores, que paralizan el tráfico, e ingresan toneladas de mercadería sin adecuados protocolos de almacenamiento, lo que, como se ha visto, termina como pasto del fuego que los bomberos han combatido heroicamente, claramente solos, durante más de una semana.

El prolongado incendio en Barrios Altos es resultado de su depredación por parte de comerciantes inescrupulosos, que actúan a vista y paciencia de las autoridades para evitar multas o clausuras, mientras PROLIMA maquilla ese entorno, con el arreglo de las fachadas de unos pocos edificios antiguos en medio del caos creciente, conformando un conservacionismo con amplia tolerancia al delito y la corrupción.

Los colegios profesionalesde ingeniería y arquitectura, concentrados en sus gestiones gremiales, son directamente competentes en relación a esta problemática, pues a diario tratan con el desarrollo urbano, la gestión de las ciudades y su planificación. Los sectores no corrompidos y democráticos de estas profesiones, son los llamados a ejercer una crítica profunda a las autoridades y a defender los mejores intereses de la ciudad, incluidos sus vecinos y vecinas, especialmente aquellos que resultan directamente afectados.

 

desco Opina - Regional / 14 de marzo de 2025

descoCiudadano

sábado

Junín en una crisis continua

 

Las fuertes precipitaciones en la región Junín están generando cuantiosas pérdidas económicas y sociales, es por ello que el 23 de febrero de 2024, INDECI/DIRES, emitió el Informe Situacional N°000007-2024, en el cual señala que, en base a la información emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se evidencia desbordes de ríos, derrumbes, huaicos, deslizamientos, entre otros, generando daños a la vida y la salud de la población, afectando directamente viviendas, vías de comunicación, infraestructura de riego, agua potable, infraestructura pública (establecimientos de salud y de educación), e involucrando distritos de la región Junín y a nivel nacional, específicamente las provincias de Chanchamayo, Jauja, Satipo y Tarma; sin embargo, este problema alcanza a otras provincias como Huancayo, Chupaca y Concepción. Ante esta situación se ha declarado en emergencia a los distritos de 17 regiones, mediante el Decreto Supremo N° 020-2024-PCM, y se busca afrontar las principales necesidades, como paliar la demanda de alimentos, mediante la Ley Nº 30498 que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales.

Este escenario evidencia la necesidad de mejorar las estrategias de gestión de desastres del Gobierno Regional de Junín (GORE), de las 9 provincias y los 124 distritos, a fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a eventos climáticos extremos. Según el portal de transparencia del MEF – Consulta amigable, el Gobierno Regional de Junín en el marco de la planificación presupuestal para este año, ha dispuesto en la categoría presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 16 133 076.00, de los cuales en el primer trimestre se ha ejecutado S/ 111 514.00 que representa el 0.7% del presupuesto total. El mayor porcentaje de gasto se ha ejecutado en acciones comunes, capacidad instalada para dar respuesta frente a emergencias y desastres, formación de recurso humano, y conocimiento en gestión de riesgo y desastre y adaptación al cambio climático.

A nivel de las provincias ubicadas en el Valle del Mantaro, Huancayo tiene designado un PIM de S/ 1 242 621.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 46 267.00, de este monto el 3.9% (S/ 37 234.00) ha sido ejecutado en productos y proyectos de desarrollo con medidas de intervención para la protección física frente a peligro. Asimismo, Jauja designó S/ 424 392.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 1805.00, el 0.5% fue destinado a acciones comunes. Concepción tiene un PIM de S/ 180 548.00, de los cuales ha ejecutado el 0.4% en capacidad instalada para la prevención de respuesta frente a emergencias y desastres. Y la provincia de Chupaca tiene considerado un PIM de S/ 160 040.00 no ejecutados.

En la zona de Selva Central, Chanchamayo tiene un PIM de S/ 2 424 992.00, de los cuales el 1.2% (S/ 27 271.00) se destinó en medidas de intervención para la protección física frente a peligros y acciones comunes. Satipo tiene un PIM de S/ 4 231 429.00, de los cuales también se viene ejecutando el 0.1% (S/ 4962.00) en acciones comunes y capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.

Por otro lado, en la zona altoandina, Junín tiene un PIM de S/ 132 230.00, de los cuales en el primer trimestre del año se ha ejecutado el 24.2% (S/ 32 000.00) en acciones comunes. Tarma tiene un PIM de S/ 442 598.00, de los cuales se ha ejecutado el 0.7% (S/ 2530.00) en acciones comunes, capacidad de preparación, respuesta frente a emergencias y desastre, y desarrollo de medidas de intervención para protección física frente a peligros. Finalmente, Yauli no reporta gastos ejecutados.

Es claro que en Junín, la gestión de riesgos de desastres no es un tema prioritario. Por las características ya mencionadas y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales, es urgente priorizar acciones como el fortalecimiento de capacidades del Gobierno Regional y gobiernos locales para elaborar informes de evaluación de riesgo y análisis de vulnerabilidad; asistencia técnica a gobierno locales en la elaboración e implementación de planes de desarrollo territorial e institucional para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres; incremento de las actividades, proyectos, programas y/o estudios a nivel regional y a nivel local para proteger los medios de vida esenciales de la población ante el riesgo de desastres; la promoción e instalación de Sistemas de Alerta Temprana, que respondan a los factores de mayor recurrencia en las zonas priorizadas por el Gobierno Regional y los gobiernos locales.

 

desco Opina – Regional / 1 de marzo del 2024

descocentro