El Niño y los riesgos que Lima no puede ignorar

 

Lima es una ciudad acostumbrada a vivir casi sin lluvias. Sin embargo, las recientes precipitaciones intensas han demostrado que esta condición también puede convertirse en una vulnerabilidad cuando incluye la combinación de viviendas precarias, falta de drenaje y asentamientos humanos ubicados en laderas. En el contexto del Fenómeno El Niño, la gestión del riesgo vuelve a ocupar un lugar urgente: no solo por las lluvias, sino también por la amenaza permanente de un gran sismo en una ciudad donde miles de viviendas presentan condiciones de vulnerabilidad.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), mantiene información y seguimiento sobre el Fenómeno El Niño 2026-2027, así como avisos meteorológicos y monitoreo de las condiciones climáticas del país. Para una ciudad como Lima, donde las lluvias intensas no forman parte de la experiencia cotidiana, estos episodios muestran la necesidad de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta.

A esta situación se suma el riesgo sísmico. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) cuenta con un escenario de riesgo para Lima y Callao que permite identificar los posibles impactos de un sismo de gran magnitud y orientar medidas de prevención y reducción del riesgo. Asimismo, el mapa de riesgo sísmico elaborado por el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), permite conocer los niveles estimados de daño que podrían presentarse en las viviendas de los diferentes distritos de Lima ante un sismo severo.

Esta información adquiere especial importancia cuando se contrasta con lo que ocurre en los barrios de Lima Sur. Los testimonios que presentamos corresponden a lideresas con quienes trabajamos directamente en zonas de alta vulnerabilidad y riesgo de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Sus experiencias permiten observar cómo los fenómenos naturales impactan en la vida cotidiana de familias que cuentan con pocos recursos para prevenir o reparar los daños.

Deassy Huari, presidenta del comedor Mensajeros de la Paz, ubicado en Oasis de Villa, en Villa El Salvador, comenta que las lluvias recientes afectaron directamente a las familias de su comunidad. Las calaminas de muchas viviendas tienen años de uso y se encuentran desgastadas. Los pequeños agujeros que antes podían pasar desapercibidos se convirtieron, durante las horas de lluvia intensa, en puntos de ingreso de agua hacia los dormitorios y otros ambientes de sus casas.

La afectación no terminó al interior de las viviendas. En las calles hubo inundaciones y dificultades para movilizarse: un automóvil quedó varado y una combi tuvo problemas con el motor. Los niños y adolescentes que caminaban hacia sus colegios o regresaban a casa terminaron completamente empapados y luego algunos presentaron tos. Después de la lluvia emergió otra preocupación: los mosquitos. La humedad y el agua acumulada favorecieron su aparición y las familias se alertaron al encontrarlos en mayor cantidad y frecuencia. Las personas adultas también presentaron molestias en la garganta.

En Vista Alegre de Rinconada Alta, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, Julissa Panta, presidenta del asentamiento humano, describe una realidad que suma otro riesgo: los sismos. En las laderas, las pircas requieren reforzamiento y, ante los movimientos, las piedras suelen deslizarse. La preocupación de las familias es que una vivienda que ya enfrenta dificultades frente a un terremoto, tenga también que soportar lluvias, humedad y fuertes vientos.

En el comedor popular Santa Rosa de Vista Alegre, el agua ingresó a las viviendas. Muchas familias no cuentan con recursos para realizar reforzamientos y viven con el temor de que ocurra un terremoto y las estructuras no puedan resistir. La expresión de las dirigentes es clara: sus casas no están preparadas para enfrentar un movimiento sísmico de gran magnitud.

La educación también se vio afectada. En Rinconada Alta del Distrito de San Juan de Miraflores, los estudiantes tuvieron dificultades para acudir al colegio debido a la neblina y, después de la lluvia del domingo 16 de agosto, uno de los centros educativos paralizó el dictado de clases durante dos días porque el agua se había empozado en el local. Para estas familias, una lluvia intensa no representa solamente un problema de infraestructura: también puede significar que los niños no puedan estudiar, que las familias tengan dificultades para movilizarse y que aumenten las condiciones de humedad y presencia de mosquitos que afecten su salud.

Los testimonios muestran tres impactos concretos de un mismo fenómeno: vivienda, educación y condiciones ambientales y de salud. Pero revelan también algo más profundo: en estos barrios la lluvia y los sismos no son riesgos inconexos. Se superponen sobre viviendas y comunidades que muchas veces no cuentan con recursos suficientes para prepararse ni enfrentarlos.

Por eso, la gestión del riesgo no puede aparecer únicamente después de una emergencia. Mejorar los sistemas de drenaje, reforzar viviendas y pircas, mantener escuelas y espacios comunitarios, identificar zonas seguras y fortalecer la organización vecinal son medidas que pueden reducir el impacto de futuros eventos.

Las voces de Deassy y Julissa permiten mirar las cifras y los escenarios oficiales desde la vida cotidiana. Ellas no se refieren a escenarios hipotéticos: hablan de agua inundando sus casas, niños que dejan de asistir al colegio, mosquitos que aparecen después de la lluvia y familias que temen que sus viviendas no resistan un terremoto. Escuchar a quienes viven en estos territorios es también una forma de reconocer dónde están las mayores vulnerabilidades y qué medidas deben priorizarse antes de que ocurra una emergencia mayor.

 

desco Opina - Regional / 28 de agosto de 2026

descoCiudadano

La reconstrucción es cosa seria

Las dimensiones del desastre tras el Fenómeno El Niño Costero (FENC) 2017 exceden lo que los analistas económicos estiman y van mucho más allá de la caída del PBI nacional. Son 185 873 damnificados, 242 433 viviendas inhabitables o colapsadas, 549 puentes destruidos o desplomados, 2150 colegios afectados; y dañados 6477 kilómetros de vías, 60 400 hectáreas de cultivos y 45 335 canales de regadíos. También son “damnificadas” cientos de municipalidades cuyos locales han quedado destruidos, perdieron su patrimonio y parte de su acervo documental, además de sus ingresos regulares (impuesto al patrimonio predial, por ejemplo).

El FENC, como otros eventos de la naturaleza provoca desastres, principalmente por la falta de prevención. Al focalizar el interés nacional en las zonas y poblaciones afectadas, se evidencian problemas preexistentes e históricos como la pobreza, la exclusión y la profunda desigualdad en nuestra sociedad. Por ello, creemos que la reconstrucción debe trabajar no solo para resolver la situación inmediata en las zonas afectadas, sino en cómo cambiar de raíz los factores que producen el desastre.

Para ello no solo es indispensable contar con un buen diagnóstico de daños, es necesario también enfrentar los puntos ciegos de las políticas de reconstrucción que hemos implementado en el pasado: los planes de desarrollo y los catastros urbanos pierden vigencia luego de un desastre y resulta indispensable actualizarlos o formular nuevos, así como proyectos a ser trabajados con participación de la sociedad desde el nivel local junto al respectivo gobierno regional o central. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las familias no esperan y «reconstruyen» en las mismas condiciones: con informalidad y sin asistencia técnica. Sin Estado.

El gobierno anunció que a fines de junio contará con un catastro final de daños y que el Plan de Reconstrucción Con Cambios se presentará en agosto. Se ha previsto disponer de Oficinas de gestión de proyectos (PMO) en una perspectiva de trabajo de al menos tres años. La primera etapa prioriza seis regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La libertad, Ancash y Lima provincias. Pero sabemos que otras regiones como Cajamarca y Huancavelica demandan urgente atención. Sin una gran concertación nacional, difícilmente podremos tener éxito en la tarea, y por lo que se ha conocido del modelo de reconstrucción, los mecanismos de diálogo y representación de intereses de los afectados son los grandes ausentes.

En desco consideramos obvio que se requiere una política pública para las familias que reconstruyen, que admita que en nuestro país estas edifican por su cuenta y tienen problemas legales  que no son «individuales». La propiedad y vivienda de población desplazada debe ser atendida con un enfoque de prevención de riesgos, aunque haya desacuerdos y el proceso sea «más complicado». Las decisiones sobre el uso de suelo y la planificación de espacios, en esta medida, no pueden ser pensados como procesos técnicos: por el contrario, deben atender a la situación de vulnerabilidad individual y social mediante políticas de reasentamiento y relocalización que reduzcan futuros riesgos físicos, pero también respete y evalúe los medios de vida que provee el entorno (creación de empleo, generación de ingresos y calidad de vida).

Pablo de la Flor, encargado de la reconstrucción, debe decidir si será un «zar de la reconstrucción» o una autoridad democrática que funcionará con legitimidad en la coordinación, planificación y promoción de la inversión pública y privada. A las coordinaciones previstas con entidades estatales, autoridades locales y el sector privado, debe sumar el diálogo con las organizaciones de la sociedad, aunque la ley no las contemple: organizaciones de base, profesionales, organismos multilaterales y ONG. Ese es el gran desafío más allá de las cifras y las soluciones «técnicas». Eso será igualmente, ir más allá de promover la gran inversión privada o la participación de la industria de la construcción y sus gremios. Aportar a construir un país de todos y para todos.

desco Opina - Regional / 16 de junio de 2017

Programa Urbano

El Perú oficial y la Conferencia Hábitat III de Naciones Unidas

En octubre se realizará en Quito - Ecuador, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible – Hábitat III que dará continuidad a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Hábitat I, celebrada en Vancouver, Canadá, en 1976 que concluyó con la creación del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Posteriormente, en junio del 1996, se realizó en Estambul, la segunda Conferencia Hábitat II, también conocida como la Cumbre de las Ciudades.

La primera tarea encomendada luego a los gobiernos –incluido el Perú– para la realización de Hábitat III, fue alentar la conformación de Comités Nacionales de Hábitat para la realización del Informe Nacional, informe de país que debió ser entregado en junio del 2014 al Secretariado del Hábitat III dando cuenta de las medidas y avances alcanzados en el marco de los compromisos y la declaración del Hábitat II.

A la fecha no se conoce oficialmente si tendremos el informe país. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (responsable de ejecutar este compromiso) no ha informado nada y menos convocado a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos sobre los temas de hábitat y que participamos desde el Hábitat I y II. Preocupa que el gobierno no  entregue el informe ni convoque a la sociedad civil para acopiar sus apreciaciones y planteamientos, trabajados desde organizaciones e instituciones que desarrollamos propuestas técnicas y prácticas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones urbanas y rurales del país.

Es bueno recordar que las dinámicas de urbanización mundial proyectan un crecimiento de la población urbana que para el año 2050 llegará al 65% del total mundial. En el Perú, solo al año 2025 las proyecciones indican que nuestra población urbana llegará al 82.03% del total nacional. Esto en un contexto en el que las ciudades –real o potencialmente– son los territorios de mayor concentración de la riqueza, en medio de una gran diversidad económica, ambiental, política y cultural. Pero que también corresponden a modelos de desarrollo (implementados en la mayoría de los países) caracterizados por patrones de concentración de la renta que benefician a pocos, provocando que las ciudades de acelerados procesos de urbanización, se caractericen por un crecimiento urbano sin planificación que trae consigo el asentamiento de millones de familias en zonas de alta vulnerabilidad, en medio de una creciente privatización del espacio público, depredación del medio ambiente y del territorio planetario en general.

No podemos olvidar que el gobierno peruano y una delegación importante de la sociedad civil estuvimos presentes en Hábitat II cuando se asumieron compromisos y se suscribió un Plan de Acción Mundial que especifica la necesidad de que los gobiernos implementen programas y políticas orientados a promover el acceso a vivienda adecuada para sus ciudadanos, a desarrollar capacidades para que los asentamientos humanos puedan ser sostenibles, impulsar procesos de habilitación de territorios para ser ocupados con participación ciudadana de sus habitantes e impulsar la igualdad de género en el acceso a la tierra. También a instaurar sistemas de financiamiento para facilitar el acceso y construcción de la vivienda en los sectores populares, con participación de la cooperación internacional para desarrollar proyectos de acceso y construcción de viviendas y la instauración de mecanismos de evaluación de los puntos referidos anteriormente.

Hoy denunciamos una vez más que en el Perú, la mayoría de los compromisos fueron incumplidos por los gobiernos que se han sucedido desde 1996. Será tal vez porque  como lo expresara el expresidente Francisco Belaúnde Terry, el Estado construía viviendas para los sectores medios porque los pobres solucionaban solos sus problemas, expresando así una manera peculiar de entender al Perú y sus necesidades, atendiendo una lógica de implementar políticas públicas que discriminan a las grandes mayorías, que a fin de cuentas son las que producen las ciudades en el Perú. Sería interesante conocer cuántas viviendas se han producido en estos años desde el sector privado de la construcción y cuántas desde el esfuerzo de las poblaciones de sectores populares para evidenciar el aporte real a la económica nacional y cuán necesario es contar con inversión pública para mejorar las viviendas autoproducidas por la gente en las principales ciudades del país y en Lima.

Ha sido en este marco que desco en Alianza con la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú y la Coalición Internacional por el Hábitat realizó en octubre del año pasado el Encuentro Internacional de Sociedad Civil y Gobiernos Locales hacia Hábitat III: derecho a la vivienda, barrio y ciudad que concluyó señalando que “ante la configuración de territorios divididos, el ordenamiento territorial debe considerar e implementar regulaciones orientadas a revertir la tendencia histórica del campo hacia la ciudad y la concentración del capital y la financiarización de la economía, evitar la superposición de concesiones extractivas y áreas naturales protegidas, contrarrestar la generación de enclaves, buscando el fortalecimiento y desarrollo de las ciudades intermedias, con una revisión de la institucionalidad para lograr mayor coordinación territorial entre los distintos elementos del Hábitat, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el buen vivir de todas y todos”.

Las tareas urgentes por atender en el territorio nacional son de carácter técnico, político y administrativo. La manera de enfrentar las limitaciones y bondades del proceso de urbanización tienen que ser asumidas desde una lectura territorial que nos permita actuar sobre los vacíos acumulados durante décadas en que la atención a la vivienda de los sectores populares ha sido mínima, mal resuelta mediante el modelo de la  llamada invasión que le ha permitido al Estado desentender la habilitación de terrenos para las nuevas viviendas que han surgido y hacer una buena gestión del suelo. De haber planificado y conducido mínimamente bien el proceso de facilitar el acceso a la vivienda para los pobres, como la entrega de los títulos de propiedad, seguramente los especialistas no hablarían ahora de las posibles 50 000 muertes que puedan ocurrir –solo en la ciudad de Lima– en caso de producirse un sismo de gran magnitud.

Desde la sociedad civil seguimos trabajando y esperamos que el Estado y los sectores del gobierno nos convoquen a dialogar para avanzar juntos en la solución de estos problemas que nos afectan a todos. Así, por ejemplo, desde inicio del año desco, en alianza con la Fundación Friedrich Ebert, la Coalición Internacional por el Hábitat, WIEGO, la Pastoral Social de la Diócesis de Chosica, Alternativa, la Red Interquorum Arequipa, Cedepaz, Cidap, Cepru y la Universidad Nacional del Callao, venimos impulsando los talleres “Hábitat, ciudad y territorio: sustentabilidad y tareas pendientes en Lima Metropolitana, El Callao y el Perú”.  Estos talleres buscan identificar orientaciones prácticas para mejorar la gestión sustentable del hábitat, las ciudades y el territorio peruano. Las propuestas levantadas serán llevadas a Quito y se presentarán en el Foro Social frente a Hábitat III en vista de que el gobierno peruano ha asumido una postura que limita o ignora la participación efectiva de los ciudadanos peruanos y las organizaciones de la sociedad civil global, como ocurre en otra medida con la convocatoria oficial de la organización de Naciones Unidas.

desco Opina - Regional / 13 de mayo de 2016

Programa Urbano
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El pavoroso Niño y la anomia municipal

En Lima autoridades y vecinos vivimos como si no hubiera naturaleza, como si nunca hubiera ocurrido nada, pese a muchísima evidencia de lo que el Fenómeno de El Niño significa: de acuerdo a un estudio publicado el año 2000 por la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre 1997 y 1998 durante la ocurrencia del FEN en el Perú, se presentaron 297 inundaciones, 229 huaycos, 444 lluvias intensas, 188 deslizamientos, 143 tormentas eléctricas, vientos fuertes y sequias. Se tienen registrados 1301 eventos que ocasionaron pérdidas económicas que ascienden a los 3.500 millones de dólares. Este registro nos pone de cara frente a la ocurrencia inminente de nuevos desastres el presente y próximo año en el Perú por el FEN.

Existe un 55% de probabilidad de que el Fenómeno El Niño alcance una magnitud fuerte y extraordinaria, parecida a la del fenómeno ocurrido entre los años 1982-1983 y 1997-1998. La mayor intensidad del FEN será entre fines de noviembre y marzo del 2016, según Luis Icochea, oceanógrafo exjefe del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). En su último reporte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirma que el fenómeno es «significativo y está fortalecido».

Al respecto queremos una vez más llamar especial atención al riesgo inminente en que se encuentran miles de familias de los asentamientos humanos marginales del contrafuerte andino costero y las cuencas hidrográficas del territorio nacional. Pero además, ya hemos sido advertidos del grave peligro del desabastecimiento de Lima por probable bloqueo de la Carretera Central.

La secuencia es simple: subida de temperatura, lluvias, ubicación de las viviendas en zona de pendiente, quebradas y al borde de los ríos, erosión del suelo y características de la urbanización en Lima con materiales que no resisten lluvias intensas.

Una tragedia nacional sin precedentes podría ser el resultado de la falta de acción del Estado que ha permitido durante los últimos veinte años que estas familias se asienten en terrenos que jamás debieron ser urbanizados. Yerran una vez más, para eludir su responsabilidad, personajes como el alcalde de Lima al pretender atribuir la responsabilidad a las familias autoconstructoras. Quienes conocemos el tema sabemos que ha sido la política pública de gobiernos como el de Fujimori en el país, y Castañeda en Lima, los que han propiciado que esto ocurra por su dejadez y falta de interés real por la calidad de vida de los más pobres.

El Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Michel Jarraud, expresó en junio del 2014 que «los gobiernos del mundo entero han contado con tiempo suficiente para elaborar planes de contingencia a fin de hacer frente a los posibles efectos que El Niño previsto para este año tendría en la agricultura, la gestión de los recursos hídricos, la salud y otros sectores sensibles al clima». Actualmente, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), invertirá 21 millones de dólares durante el 2015 en obras que buscan atenuar los eventuales efectos que pueda ocasionar la presencia del fenómeno de El Niño en la costa norte y sur del país. Esta cifra representa respectivamente solo el 1.97% y 2.43% de las pérdidas ocasionadas en 1983 y 1998 lo que nos grafica como el gobierno del señor Humala atiende el FEN y desatiende muchas otras responsabilidades de gestión de gobierno que le han quedado, por decir lo menos, grande.

Es casi una realidad que traerá una secuela de destrucción en el aparato productivo, en la pesquería, agricultura, transporte, comercio, infraestructura costera, industria, salubridad, y otras actividades. A ello se suma la evidencia científica acerca de daños causados por el FEN en episodios que se remontan al siglo XVI; además se han encontrado pruebas geológicas de sus efectos que datan de hace miles de años en las costas del Pacifico. Por cierto, por entonces no teníamos una ciudad como Lima y otras muchas del país con cerros, quebradas empinadas y laderas peligrosas plagadas de viviendas precarias que los municipios y el Estado, los malos políticos y el populismo no solo han tolerado, sino alentado construyéndoles escaleras como gran solución y compromiso con los pobres.

Los distritos más afectados por deslizamientos por lluvias serán: Rímac, Comas, Villa María del Triunfo, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Chosica. Y por la erosión de suelos: San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Ventanilla, Chorrillos, Comas, Puente Piedra, La Molina y La Punta (en el Callao). ¿Acaso está haciendo algo la Municipalidad Metropolitana de Lima para cuidar la vida de al menos tres millones de personas en riesgo eminente de perderlo todo, incluida la vida?

No sólo se requiere más inversión, ni prevención en términos de hacer obras, sino en términos de organizar de verdad a los vecinos. Eso es sumamente importante, pero se teme y no se actúa y la reacción municipal es la anomia. Para enfrentar el FEN no basta tan solo la acción de Defensa Civil y entidades de socorro, es indispensable que el gobierno y sus respectivos sectores aborden los efectos desastrosos como un problema de sostenibilidad de la calidad de vida y de la economía del presente y futuro del país, con la activa participación de la gente.

desco Opina - Regional / 28 de setiembre de 2015

Programa Urbano
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