Lima atorada: una historia de bypass, trenes y peajes

 

En los últimos días viene “circulando” información acerca de la construcción de un viaducto de 1.8 km en la av. Javier Prado –una de las arterias más congestionadas de la ciudad capital–, el cual conectará desde la av. Las Begonias hasta la av. Arenales. Esta obra proyecta iniciar su construcción entre enero o febrero del 2026 y se prevé su culminación para finales del mismo año.

Esta obra forma parte de los preparativos para la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027, la cual proyectaba meses atrás, que la av. Javier Prado tendría tres bypass valorizados en S/500 millones para descongestionar el tránsito en distritos como San Isidro, Lince y Ate. Esta noticia que en principio puede sonar alentadora, apuntando a liberar el tráfico que sufren muchos limeños que transitan por esta vía de la ciudad, puede terminar generando un efecto contrario al esperado, pues quizá el resultado sea “transportar” el tráfico de un punto a otro de la ciudad, que actualmente está catalogada entre las siete primeras ciudades con mayor tráfico a nivel mundial, con un promedio de velocidad de tan solo 14 km/h.

Esta situación solo demuestra que el problema del transporte urbano en la ciudad de Lima es un tema álgido y complejo, que no ha contado con soluciones adecuadas ni integrales, y que no hace más que sumarse a otras obras previas de envergadura a nivel metropolitano como el popular tren Lima–Chosica, cuyo plan hoy difiere de la propuesta inicial anunciada por Rafael López Aliaga cuando aún no dejaba el sillón municipal metropolitano y prometía que el ferrocarril llegaría con sus 10 estaciones hasta el Callao. Actualmente, Proinversión, encargada de la asistencia técnica del proyecto ha reducido su propuesta de estaciones y evaluará sobre la marcha blanca dónde deberían ser ubicadas, en principio para esta primera fase se prevé un recorrido desde Chosica hasta Monserrate, con una sola parada confirmada en Huaycán; mientras que se viene evaluando la pertinencia de llegar hasta el Callao, tomando en consideración que la Línea 2 del Metro cubrirá esa ruta. 

Otro aspecto que suma al cuestionamiento sobre los criterios técnicos y de planificación integral del transporte es lo que viene sucediendo con el cobro de los peajes, cambiando de un discurso en el que se eliminaba el cobro de los mismos a uno en el que la Municipalidad de Lima anuncia que el cobro de peajes en la Panamericana Sur será a precios 'más asequibles'. Esto probablemente porque no se tomó en consideración que se requiere hacer un gasto mensual en mantenimiento de autopistas que asciende a S/6 millones según el municipio metropolitano.  

Todo este escenario no hace más que confirmar la poca planificación y el escaso criterio con el que cuentan nuestras autoridades para proponer soluciones estratégicas e integrales a los problemas que aquejan a los ciudadanos. Muchas veces gana el deseo de figurar o anunciar la noticia de impacto que pueda dar visibilidad, sin que eso signifique claridad hacia dónde se tienen que dar los siguientes pasos; la necesidad y la urgencia pueden hacer que, a menudo, el remedio sea peor que la enfermedad.

 

desco Opina - Regional / 18 de diciembre de 2025

descoCiudadano

Ciudades en construcción permanente

 

Motivados por el nuevo proceso eleccionario nacional próximo y en medio de un panorama incierto sobre lo que nos deparará la gestión de nuevas autoridades en el país, vemos que se han producido algunos cambios que podrían ser importantes. Varias autoridades electas, han dejado sus cargos como el caso del gobernador regional de La Libertad.

Aquí en Lima ha sido el alcalde metropolitano quien ha renunciado para tentar el sillón presidencial del país. Todo estaría bien, si las gestiones de ambos funcionarios destacaran con referencias positivas a resaltar lo que nos haría esperar que el nuevo espacio para el cual tientan sirviera para replicar o mejorar lo hecho. Lamentablemente, los resultados de ambas gestiones son pobres, dejan mucho que desear, y los “logros de sus gestiones” palidecen ante la creciente inseguridad ciudadana y obras inconclusas en las que se ha dispendiado mucho dinero público.

Percibimos, en el caso de los municipios de Lima, que enfrentamos gestiones que en forma generalizada se han caracterizado por autoridades de muy limitada capacidad en los distritos. Así, en Lima Metropolitana, a dos meses de culminar el año, solo nueve alcaldes distritales han logrado apenas ejecutar el 60% del presupuesto asignado a obras para este 2025. Mientras tanto el forado que tiene el presupuesto de Lima por presupuesto comprometido a futuro para pago de deuda contraída, está en la misma cuenta en rojo de los trenes gastando vanamente 22 millones de dólares para importar chatarra ferroviaria con toda impunidad.

Cabe preguntarse dónde radica el principal problema para cumplir con las metas programadas; parte de la respuesta la vamos a encontrar si indagamos por los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento vigentes. La participación ciudadana está marginada y no se le tiene en consideración para garantizar que las obras se ejecuten atendiendo criterios de calidad y contando con los aportes y participación de la comunidad en general, para determinar el nivel de satisfacción que se tiene sobre su realización y resultados.

Sin embargo, lo que vemos es la implementación de distintos proyectos apurados bajo la modalidad de fast trak, hechos sin mayor estudio evidenciando –sin vergüenza y con descaro– un afán de marketing electorero y nada más. Incluso en obras con oposición del vecindario y carentes de fundamentos técnicos, que terminan siendo grandes elefante blancos sin mayor utilidad o peor aún, obras que ponen en peligro a la comunidad a la que deberían servir.

Por ello, no es menos importante la tarea de educar y capacitar a los ciudadanos en sus derechos y obligaciones a vivir en ciudades, en grandes metrópolis como Lima, que deben ofrecer niveles crecientes de calidad para sus habitantes como ocurre en muchos lugares de Sudamérica, por ejemplo.

Vemos con estas renuncias, malas prácticas de nuestras autoridades, que nos conducen a vivir en ciudades que en lugar de mejorar son cada vez peores. La forma como producimos las ciudades y cómo somos laxos o estrictos para exigir mecanismos de control más adecuados, nos están conduciendo a situaciones de creciente violencia y colapso que pueden medirse. Un terrible ejemplo en Lima Metropolitana, es el hecho de que un 60 % de las licencias de construcción otorgadas no pasan por una verificación técnica, según informa la Contraloría General de la República.

La escasa participación ciudadana y la poca fiscalización que se ejerce para construir una ciudad con crecientes estándares de calidad para la mayoría de sus habitantes es un grave problema que nos afecta a todos en medio de la pasividad. Este momento de reemplazo de unas autoridades por sus herederos debe servir como una nueva oportunidad para que exijamos un mayor control urbano de nuestras ciudades y promovamos iniciativas que mejoren su calidad en los espacios públicos colectivos, áreas verdes, los servicios públicos, la transitabilidad urbana y la generación de empleos adecuados. Y, por cierto, la calidad de las viviendas en las que habitan precariamente millones de limeños.

 

desco Opina - Regional / 24 de octubre de 2025

descoCiudadano

López Aliaga: la municipalidad como trampolín

 

El uso abusivo de un cargo público como plataforma personal tiene su personificación más reciente en el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Con la complicidad de su cuerpo de funcionarios y bajo un discurso populista que no resiste contraste con la realidad, su administración se ha convertido en una vitrina de propaganda electoral en la que se inauguran obras incompletas, se anuncian ocurrencias inviables y se compromete el futuro financiero de la ciudad con gran irresponsabilidad, como ha resaltado recientemente un reportaje de The Economist.

El alcalde, ya en el tercer año de gestión, ha reemplazado con improvisación y espectáculo mediático lo que deberían ser avances reales respecto a la infraestructura urbana de Lima, tan necesitada de planificación y proyectos urbanos coherentes. Ejemplos sobran: la insólita iniciativa de convertir piscinas municipales en “playas” echando arena, la delirante idea de resolver la movilidad en el Centro Histórico con “carrozas tiradas por caballos” o la promesa incumplida de llevar agua potable a las laderas de los cerros donde cientos de miles de limeños viven sin servicios básicos, usurpando funciones del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal en lugar de coordinar, como también tendría que hacerlo con la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU.

En el terreno social, ha fracasado rotundamente en la reubicación de ambulantes —otro de sus compromisos centrales— generando más conflictos que soluciones, sin ofrecer alternativas para los cientos de miles de peruanos que dependen de ese trabajo precarizado. Su supuesta capacidad de gestión, que vende como carta de presentación presidencial, se desploma frente a la evidencia de una ciudad que sigue desordenada, desigual y sin un horizonte claro.

López Aliaga no construye consensos, divide y polariza, buscando consolidar una base radicalizada a costa de deteriorar el debate democrático. Ello se manifiesta en el cargamontón de insultos y descalificaciones contra todo aquel que no se alinee con su discurso de ultraderecha, empezando por quienes expresan posiciones de izquierda, aunque sin dejar de lado a la propia derecha fujimorista y a Acuña de APP, a quienes ahora ve como peligrosos rivales.

Más grave aún es el manejo de recursos públicos: la operación de los trenes “donados”, convertida en un show personalista, ha destapado cuestionamientos sobre las modalidades de adjudicación de contratos en la Municipalidad de Lima, en las que lo único transparente parece ser el direccionamiento de oportunidades de negocio a antiguos socios del alcalde, para quienes plantea adendas para añadirlos haciendo un abierto tráfico de influencias y la carga de un enorme endeudamiento para la ciudad, hipotecada ahora por más de 15 años.

Es el presente y el futuro de Lima usado como caja chica de su campaña presidencial; una candidatura disfrazada de gestión protagonizada por alguien incapaz de gobernar con seriedad, con el riesgo añadido de trasladar sus fracasos y deudas a nivel nacional.

La contradicción es brutal: mientras promete rescatar al país de la corrupción y la ineficiencia, su gestión municipal exhibe prácticas de opacidad, improvisación y endeudamiento irresponsable. Se vende como gestor exitoso, pero no logra resolver los problemas más urgentes de Lima ni cumplir las promesas con las que llegó al sillón municipal.

Su candidatura, una campaña mal disfrazada de obras de gestión exitosa, sostenida en insultos, populismo barato, apostando por un discurso de choque que explota el desencanto ciudadano con la política tradicional, demuestra que estamos ante un liderazgo peligroso, incapaz de gobernar con seriedad y con el riesgo añadido de trasladar sus fracasos y deudas a nivel nacional.

 

desco Opina / 5 de setiembre de 2025

Tragedias de la incompetencia neoliberal

 

Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables. Más allá de las importantes exportaciones mineras y de la agroindustria –sin ahondar en sus beneficios limitados y excluyentes y en el grosero apoyo que reciben del Estado–, el país se cae a pedazos.

El riesgo permanente y el peligro manifiesto crecen cada día para millones de peruanas y peruanos: a la acostumbrada destrucción por lluvias y huaicos, se suman puentes que ceden y se parten, techos que se desploman en centros comerciales o barrios sometidos al fuego destructor, amén de miles de escuelas en pésimas condiciones de infraestructura y sin servicios a pocos días del inicio del año escolar. Todo ello evidenciando la negligencia, la falta de planificación y de gestión pública que hacen parte del desplome del Estado al que asistimos cotidianamente. Desplome que es acompañado frecuentemente por la indolencia de grandes grupos empresariales que tratan de negar su responsabilidad en algunas de estas tragedias que los comprometen, como se continúa viendo en el caso del Real Plaza, en la capital de La Libertad.

Y es que la seguridad nacional, un poliedro de múltiples facetas, que no se agota en la criminalidad, no puede garantizarse sin la planificación y la intervención desde el Estado, dos palabras prohibidas en el credo neoliberal. Cuando el Estado no cumple este papel, sólo queda comprobar la palmaria distancia existente entre las normas, leyes y reglamentos y lo que cada ciudadano soporta por el mal gobierno generalizado. A esa distancia se suma la impunidad compartida por el Congreso y el Ejecutivo que han aprobado distintas normas que alientan y facilitan la criminalidad y limitan la capacidad del Estado para supervisar la acción de los privados.

La mayoría de las desgracias que se producen en el campo y los centros urbanos, serían absolutamente evitables si las autoridades cumplieran sus funciones más ordinarias y elementales de defensa civil y garantes de la convivencia, la tranquilidad, la salud y la vida. No se trata solo de insensatez o de una barrera ideológica, pues sabemos bien que la corrupción facilita, acelera y profundiza los males que sufrimos en lo concerniente al manejo de los recursos públicos, la ocupación y gestión del territorio y hasta en la administración de permisos y contratos de obras de infraestructura. Son los casos de Trujillo y Lima, ciudades que en las últimas semanas han estado en el foco de las noticias por sendas tragedias.

En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿dónde está la autoridad responsable de la protección de un Centro Histórico reconocido por Unesco como patrimonio de la humanidad? Es inaceptable justificar como clandestina la construcción de decenas de edificios de gran altura destinados a ser almacenes ilegales en lugares donde no se deben construir. Resulta indignante responsabilizar al Poder Judicial por permitir su funcionamiento en medio del silencio municipal. La indignación crece a medida que la corrupción edil y policial permite el paso de camiones que cargan y descargan enormes contenedores, que paralizan el tráfico, e ingresan toneladas de mercadería sin adecuados protocolos de almacenamiento, lo que, como se ha visto, termina como pasto del fuego que los bomberos han combatido heroicamente, claramente solos, durante más de una semana.

El prolongado incendio en Barrios Altos es resultado de su depredación por parte de comerciantes inescrupulosos, que actúan a vista y paciencia de las autoridades para evitar multas o clausuras, mientras PROLIMA maquilla ese entorno, con el arreglo de las fachadas de unos pocos edificios antiguos en medio del caos creciente, conformando un conservacionismo con amplia tolerancia al delito y la corrupción.

Los colegios profesionalesde ingeniería y arquitectura, concentrados en sus gestiones gremiales, son directamente competentes en relación a esta problemática, pues a diario tratan con el desarrollo urbano, la gestión de las ciudades y su planificación. Los sectores no corrompidos y democráticos de estas profesiones, son los llamados a ejercer una crítica profunda a las autoridades y a defender los mejores intereses de la ciudad, incluidos sus vecinos y vecinas, especialmente aquellos que resultan directamente afectados.

 

desco Opina - Regional / 14 de marzo de 2025

descoCiudadano

Lima, ¿quién la celebra?

 

A dos años de gestión municipal en Lima, Rafael López Aliaga, político de ultraderecha y exregidor del procesado alcalde Castañeda –desaparecido sin rendir cuentas a la justicia–, celebra los 490 años de su fundación española. De aquél recibió como herencia política su partido Solidaridad Nacional, para montar Renovación Popular, la organización política de su propiedad, con la que aspiró a la presidencia nacional y luego obtuvo la alcaldía de Lima como premio consuelo. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es claramente un trampolín para que él tiente nuevamente la presidencia de la República en las elecciones 2026.

En marzo 2024, Ipsos indicó que 64% de las y los ciudadanos desaprobaba la administración de López Aliaga, cifra que se confirma con una caída a 31% de aprobación en noviembre. Ofreció convertir a Lima en potencia mundial (¿…?) pero su gestión a la vista está a años luz de llegar a cumplir esa promesa, según lo expresado en sus rendiciones de cuentas. Este descontento se atribuye, en parte, al incumplimiento de promesas que las encuestas reflejan como un creciente descontento entre los limeños respecto a la gestión municipal.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, ha emprendido un plan de financiamiento mediante la emisión de bonos para ejecutar diversas obras en la ciudad. En diciembre de 2023, se colocaron bonos por S/ 1250 millones a un plazo de 20 años y una tasa de interés del 10,1% anual, significativamente superior a la que podría haberse obtenido con el aval del Gobierno central, estimada en alrededor del 7%, lo que habría significado un ahorro de aproximadamente S/ 500 millones en intereses a lo largo de 20 años.

Los recursos recién obtenidos se destinarán a financiar proyectos de inversión pública, incluyendo megaobras viales en toda Lima Metropolitana. Sin embargo, se ha observado, que el 70% de los proyectos priorizados carece de expediente técnico, lo que podría retrasar su ejecución, además de que algunas obras incluidas en el plan de financiamiento presentan duplicidades y falta de sustento técnico.

El préstamo adquirido por la MML implica un fuerte endeudamiento a largo plazo para financiar proyectos de infraestructura. Ello ha generado un debate debido a las condiciones financieras y la planificación de las obras a ejecutar. El Consejo Fiscal y la Contraloría General de la República han expresado su preocupación por el posible sobreendeudamiento y la sostenibilidad financiera de la municipalidad, alertando sobre los riesgos de comprometer recursos de gestiones futuras.

No existe un plan vial integrado ni concertado para la ciudad, ni uno específico de transporte, como se aprecia en muchas de las obras en las que se invierte sin que respondan a un plan para Lima. Aparecen como salidas del sombrero de un mago, como ocurrió con la donación de casi un centenar de vagones y máquinas Diesel para prestar un servicio de transporte diario de trenes de pasajeros entre Callao y Chosica, sin contar con ningún proyecto de estaciones, accesos, vías y otras consideraciones indispensables para un proyecto general, con expedientes aprobados para prestar ese servicio, con interconexiones planificadas con otras rutas y servicios de tren o de ómnibus en la ciudad.

Para el alcalde se trata de romper con la inercia de no hacer nada por la población con el financiamiento internacional obtenido, destinado a la ejecución de importantes obras viales en Lima Metropolitana. Este endeudamiento, mostrado como logro, busca mejorar la infraestructura urbana y optimizar el tránsito en medio de marchas y contramarchas que ya han enfrentado al municipio limeño con varios gobiernos distritales y el propio Poder Ejecutivo. Por cierto, las obras implican costos sociales, como la afectación de viviendas y espacios públicos, lo que genera cuestionamientos sobre el estilo de la planificación y ejecución de estos proyectos para la Municipalidad de Lima. Según voceros de la MML como Deborah Inga, regidora de la Municipalidad Metropolitana, la obra de continuación de la vía expresa Bedoya Reyes ya empezó al recuperar espacios ilegalmente tomados, y las pistas se iniciarían durante este primer semestre 2025, luego de 60 años en los que no se hizo nada.

Simultáneamente, otros temas generan polémica: la compra de miles de motos para la Policía con el presupuesto municipal, los trenes donados de Estados Unidos, que aparecen fuera de todos los planes en marcha, sus anuncios sin pruebas contra la corrupción, la campaña repetidamente fallida por erradicar el comercio informal del Cercado de Lima y Barrios Altos, y recientemente la repetida mudanza de la estatua ecuestre del Conquistador del Perú a las inmediaciones de la plaza de Armas, etc.

Hay una visión de la ciudad como mercancía. Con una lógica de explotar los recursos urbanos para obtener ganancias en medio de procesos de segregación urbana al servicio del capital. Estamos ante un modelo de gestión municipal que apunta a ver la ciudad como mercancía obviando muchos temas en la responsabilidad territorial de servicios a los ciudadanos.

No hay mucho que celebrar cuando Lima aparece ahora internacionalmente como el espejo de lo que no se quiere para una metrópoli. Al parecer por las tendencias, podríamos llegar a ser la Calcuta sudamericana. Un mal ejemplo de ciudad, con lo peor en el tránsito, en el hacinamiento en el transporte, en el desabastecimiento de agua potable y otros servicios para millones de personas: sin olvidar la enorme segmentación y segregación de su población y de un déficit múltiple de calidad urbana, donde destaca la falta de áreas verdes para sus doce millones de habitantes. Mientras tanto, Rafael López Aliaga seguirá con su ánimo electoral y su acérrima defensa a causas conservadoras, prefiriendo rasgar sus vestiduras por inofensivos montajes teatrales tomados a pecho por ciertos sectores religiosos para quienes representan una afrenta u organizando eventos para revalorar los lazos hispanistas, junto a sectores de la ultraderecha internacional como VOX.

 

desco Opina - Regional / 17 de enero de 2025

descoCiudadano

Transporte, extorsiones y gobernabilidad

 

La movilidad urbana y el transporte público de pasajeros se encuentran en seria crisis desde hace mucho tiempo en la ciudad de Lima. Las actuales autoridades de la Municipalidad de Lima y los responsables del poder Ejecutivo, han renunciado a que Lima cuente con un sistema de transporte público masivo e interconectado eficiente en el área metropolitana de Lima y el Callao. Ello, pese a ser un asunto significativo, que atañe a la posibilidad de incrementar la calidad de vida de más de diez millones de personas, en lugar de impedirla como ocurre con los taxis colectivos y la fantasmagórica presencia de combis asesinas por las noches.

Este es un asunto indispensable de considerar como prioritario para respaldar el desarrollo económico, crear empleo y conectar a las personas con servicios esenciales, como son la atención de salud y la educación. Y, sin duda, para disminuir la enorme cantidad de horas de trabajo muertas, que se tragan el tiempo del descanso, el estudio y la recreación perdidas por embotellamientos que llevan a superar las dos horas diarias de viajes promedio en los 24 millones de viajes de personas que se movilizan en la metrópoli en condiciones de decreciente calidad.

Según la propia Municipalidad de Lima Metropolitana, al salir de casa para ir trabajar entre las 06.00 a 09.00 horas de lunes a viernes, es el lapso donde se produce la mayor pérdida de tiempo útil, con grave impacto negativo en la economía y la productividad. La congestión y caos vehicular en la ciudad de Lima representan una pérdida cercana a los S/ 2000 millones al año.

A la ineficiencia, caos y tolerancia permisiva, protegidas por leyes de un Congreso protector del transporte ilegal que incrementa la inseguridad ciudadana se suma el sicariato de la extorsión a los transportistas de la ciudad. Los ataques a las empresas formales de transporte de pasajeros han descollado hasta lo insoportable agregándose como riesgos cotidianos a los que ya se someten las vidas de las y los ciudadanos: abusos, atropellos y muertes en calles mal iluminadas y atestadas de una perniciosa contaminación producida por la antigüedad y mal mantenimiento de la flota pública y privada de vehículos.

Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, hasta el mes de setiembre 2024 se registraron 13 372 denuncias por extorsión. Estas cifras evidencian un escalamiento del crimen que comparando cifras entre 2021 y 2023, se constata una multiplicación que quintuplica de 4510 a 22 162 casos la incursión delincuencial.

Sin duda, estamos ante la peor crisis de gobernabilidad nacional de este siglo, producto de la errática conducción de un gobierno absolutamente deslegitimado nacido de una alianza autoritaria y criminal que vela por sus propios intereses y que por ello enfrenta día a día un descontento creciente y la presión social de grupos de ciudadanas y ciudadanos que nunca antes se habían movilizado en defensa de la vida: transportistas, comerciantes de bodegas y mercados y trabajadores de servicios, todos chantajeados y algunos asesinados, en medio de la inacción sorda a las demandas sentidas de la población. El gobierno, con cinismo, al minimizar las protestas parece no entender que las movilizaciones continuarán y que el gobierno que preside Boluarte ha entrado en una acelerada cuenta regresiva que se lee en las calles.

Las protestas recientes y el paro nacional parcial de transportistas urbanos de pasajeros del 23 de octubre, ponen por delante una agenda ciudadana urgente. Han abierto las compuertas del avivamiento de conflictos sociales latentes, que ya se contagian al ámbito regional de nuestro país sobre un sinnúmero de asuntos no atendidos, que sumados desbordan la mediocre respuesta del gobierno nacido de la alianza de Dina Boluarte y las mayorías derechistas en el Congreso.

La ciudadanía demanda soluciones prontas en los temas de seguridad, transporte y la penalización de la corrupción generalizada. También exige la creación de empleo juvenil digno y la mejora de la pésima cobertura de los servicios de salud pública, entre otros. Esta agenda refrescada incluye implícitamente la necesidad de construir prontamente nuevos liderazgos capaces de conducir organizaciones legítimas, democráticas y representativas de los intereses ciudadanos.

Parece estar cerca el momento para reconstruir la política en nuestro país, que dé conducción a los intereses públicos en marcos de diálogo y concertación de nuevas alianzas capaces de concretar una ruta de futuro democrático al servicio de sus ciudadanos.

 

desco Opina - Regional / 25 de octubre de 2024

descoCiudadano

 

Lima: promesas, alimentación y revocatoria

 

Son muchos los vecinos de Lima Sur que crecientemente van tomando conocimiento del proceso de revocatoria del alcalde López Aliaga y de las expectativas que se levantan para su salida. Queda muy claro para los que tienen sus viviendas en las cumbres hacia donde se ha expandido la urbanización de Lima, que el alcalde no cumplió con sus ofrecimientos de llevar agua a las partes altas de los cerros. Ni se apareció, y ahora ofrece motos a la Policía e instalar calesas en el centro histórico.

Tampoco son exitosas las ollas comunes que ofreció apoyar con importantes recursos de la municipalidad, aunque, contando con recursos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) las municipalidades hacen algunos repartos con un marcado énfasis asistencialista. Lo que hay es preocupación por el manejo municipal de los alimentos, ya que se ha denunciado que podría generar clientelismo político, desviando los recursos a favor de aliados de las autoridades en lugar de distribuirlos equitativamente entre quienes más lo necesitan.

Pese a las promesas, muchas ollas comunes han reportado fallas en la distribución de recursos suficientes. Un conjunto de organizaciones ha señalado desde hace algunos años los problemas que enfrentan los más pobres para alimentarse y proponen un conjunto de medidas para atender esta urgente necesidad, que en el caso de Lima no recibe la respuesta necesaria de la Municipalidad metropolitana ni del MIDIS.

Si bien se cuenta con un presupuesto asignado de más de 144 millones de soles para este año, la distribución de alimentos no ha sido efectiva en muchas zonas. En distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, muchas ollas comunes continúan sin los insumos necesarios, y las organizaciones que las lideran denuncian una respuesta tardía y una gestión ineficaz de los recursos por parte MIDIS, generándose protestas y demanda de cambios en la reglamentación de éste para garantizar una atención adecuada a miles de familias que dependen de estos programas. Las ollas comunes ahora deben cocinar con solo 2.22 soles por persona, lo que agrava la situación de desnutrición y anemia entre los beneficiarios, especialmente los niños. La situación es crítica y requiere atención inmediata para garantizar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables en Lima.

Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), aproximadamente el 89.8% de la población de Lima Metropolitana tiene acceso a agua potable. Sin embargo, las zonas altas de los cerros, especialmente en Lima Sur, tienen una cobertura significativamente menor del servicio. Las zonas más pobres, incluyendo partes de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín y Villa El Salvador, tienen menores tasas de acceso a agua potable, con algunas áreas importantes por el número de habitantes que albergan, donde la cobertura por redes no supera el 10% o simplemente no existe. Estas zonas corresponden a los nuevos asentamientos a los que el candidato López Aliaga ofreció brindar un inmediato apoyo que nunca llegó.

No puede pasarse por alto un reporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que indica que Lima Sur tiene un déficit significativo en infraestructura urbana, incluyendo pistas y veredas. Muy poco o nada ha trabajado la actual administración metropolitana en los asentamientos humanos más recientes en diversos distritos entre los que se cuenta a San Juan de Miraflores, Lurín y Villa María del Triunfo, que carecen de infraestructura adecuada de pistas, parques y áreas de recreación, veredas y mercados de abasto.

En medio del aumento acelerado de la pobreza, y su mayor incidencia sobre las familias con mayores necesidades, el malestar creciente está llevando a encontrar responsables del mal gobierno que deteriora sus condiciones de vida, con un aumento del desempleo y la informalidad laboral. El primero que aparece para los vecinos, es el alcalde metropolitano, que no está atendiendo las demandas de mejoras urbanas con pistas y veredas en gran parte de los nuevos asentamientos en los distritos de Lima Sur. Algunas dirigentes, muchas mujeres de nuevos barrios, están más ajustadas económicamente y reportan un aumento en el costo de vida, especialmente en la alimentación, viéndose obligadas a trabajar más horas para completar el presupuesto familiar de sobrevivencia.

Las firmas para la revocatoria fluyen con rapidez en este contexto, en el que el alcalde de Lima está haciendo poco o nada por el desarrollo de la ciudad. Es una forma de castigo ante su incumplimiento e incapacidad para necesidades vitales diarias como ordenar el transporte o mantener la calidad del servicio del Metropolitano, sus abastecedores y los buses de los corredores urbanos, para millones de personas. que evidencian problemas crecientes de colas, horas perdidas y nula renovación de las flotas que reviven custer y combis fantasmales que se adueñan de las calles con la peor informalidad y deterioro imaginables. El alcalde, preocupado con seguir explorando sus ambiciones presidenciales no parece interesado en cumplir con sus compromisos municipales.

 

 desco Opina - Regional / 5 de julio de 2024

descoCiudadano