A dos
años de gestión municipal en Lima, Rafael López Aliaga, político de
ultraderecha y exregidor del procesado alcalde Castañeda –desaparecido sin
rendir cuentas a la justicia–, celebra los 490 años de su fundación española. De
aquél recibió como herencia política su partido Solidaridad Nacional, para montar
Renovación Popular, la organización política de su propiedad, con la que aspiró
a la presidencia nacional y luego obtuvo la alcaldía de Lima como premio
consuelo. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es claramente un
trampolín para que él tiente nuevamente la presidencia de la República en las
elecciones 2026.
En marzo
2024, Ipsos indicó que 64% de las y los ciudadanos desaprobaba la
administración de López Aliaga, cifra que se confirma con una caída a 31% de
aprobación en noviembre. Ofreció convertir a Lima en potencia mundial (¿…?)
pero su gestión a la vista está a años luz de llegar a cumplir esa promesa,
según lo expresado en sus rendiciones de cuentas. Este descontento se atribuye,
en parte, al incumplimiento de promesas que las encuestas reflejan como un
creciente descontento entre los limeños respecto a la
gestión municipal.
La
Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la gestión del alcalde Rafael López
Aliaga, ha emprendido un plan de financiamiento
mediante la emisión de bonos para ejecutar diversas obras en la ciudad. En diciembre de
2023, se colocaron bonos por S/ 1250 millones a un plazo de 20 años y una
tasa de interés del 10,1% anual, significativamente superior a la que
podría haberse obtenido con el aval del Gobierno central, estimada en alrededor
del 7%, lo que habría significado un ahorro de aproximadamente S/ 500 millones
en intereses a lo largo de 20 años.
Los
recursos recién obtenidos se destinarán a financiar
proyectos de inversión pública, incluyendo
megaobras viales en toda Lima Metropolitana. Sin embargo, se
ha observado, que el 70% de los proyectos priorizados carece de expediente
técnico, lo que podría retrasar su ejecución, además de que algunas obras
incluidas en el plan de financiamiento presentan duplicidades y falta de
sustento técnico.
El
préstamo adquirido por la MML implica un fuerte endeudamiento a largo plazo
para financiar proyectos de infraestructura. Ello ha generado un debate debido
a las condiciones financieras y la planificación de las obras a ejecutar. El Consejo Fiscal y la Contraloría General de la
República han expresado su preocupación por el posible sobreendeudamiento y la sostenibilidad
financiera de la municipalidad, alertando sobre los riesgos de comprometer
recursos de gestiones futuras.
No existe un plan vial
integrado ni concertado para la ciudad, ni uno específico de transporte, como
se aprecia en muchas de las obras en las que se invierte sin que respondan a un
plan para Lima. Aparecen como salidas del
sombrero de un mago, como ocurrió con la donación de casi un centenar de
vagones y máquinas Diesel para prestar un servicio de transporte diario de trenes de pasajeros entre Callao y
Chosica,
sin contar con ningún proyecto de estaciones, accesos, vías y otras
consideraciones indispensables para un proyecto general, con expedientes aprobados
para prestar ese servicio, con interconexiones planificadas con otras rutas y
servicios de tren o de ómnibus en la ciudad.
Para el alcalde se trata de
romper con la inercia de no hacer nada por la población con el financiamiento
internacional obtenido, destinado a la ejecución de importantes obras viales en
Lima Metropolitana. Este endeudamiento, mostrado como logro, busca mejorar la
infraestructura urbana y optimizar el tránsito en medio de marchas y
contramarchas que ya han enfrentado al municipio limeño con varios gobiernos
distritales y el propio Poder Ejecutivo. Por cierto, las obras implican costos
sociales, como la afectación de viviendas y espacios públicos, lo que genera cuestionamientos
sobre el estilo de la planificación y ejecución de estos proyectos para la Municipalidad
de Lima. Según voceros de la MML como Deborah Inga, regidora de la
Municipalidad Metropolitana, la obra de continuación de la vía expresa Bedoya
Reyes ya empezó al recuperar espacios ilegalmente tomados, y las pistas se iniciarían
durante este primer semestre 2025, luego de 60 años en los que no se hizo nada.
Simultáneamente, otros temas
generan polémica: la compra de miles de motos para la Policía con el presupuesto municipal, los trenes donados de
Estados Unidos, que aparecen fuera de todos los planes en marcha, sus anuncios sin
pruebas contra la corrupción, la campaña repetidamente fallida por erradicar el
comercio informal del Cercado de Lima y Barrios Altos, y recientemente la repetida
mudanza de la estatua ecuestre del Conquistador del Perú a las inmediaciones de
la plaza de Armas, etc.
Hay una visión de la ciudad como mercancía. Con una lógica de explotar
los recursos urbanos para obtener ganancias en medio de procesos de segregación
urbana al servicio del capital. Estamos ante un modelo de gestión municipal que
apunta a ver la ciudad como mercancía obviando muchos temas en la
responsabilidad territorial de servicios a los ciudadanos.
No hay mucho que celebrar
cuando Lima aparece ahora internacionalmente como el espejo de lo que no se
quiere para una metrópoli. Al parecer por las tendencias, podríamos llegar a
ser la Calcuta sudamericana. Un mal ejemplo de ciudad, con lo peor en el
tránsito, en el hacinamiento en el transporte, en el desabastecimiento de agua
potable y otros servicios para millones de personas: sin olvidar la enorme
segmentación y segregación de su población y de un déficit múltiple de calidad
urbana, donde destaca la falta de áreas verdes para sus doce millones de
habitantes. Mientras tanto, Rafael López Aliaga seguirá con su ánimo electoral
y su acérrima defensa a causas conservadoras, prefiriendo rasgar sus vestiduras por
inofensivos montajes teatrales tomados a pecho por ciertos sectores
religiosos para quienes representan una afrenta u organizando eventos para revalorar los lazos hispanistas, junto a sectores de la
ultraderecha internacional como VOX.
desco Opina - Regional / 17 de
enero de 2025
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