Ley de Consulta Previa

En la selva central se percibe desde hacia varias semanas la incertidumbre generada por las tensiones entre la empresa Pluspetrol y las comunidades nativas, en el marco del inicio de actividades de exploración en el lote 108. Como ya se ha hecho habitual en un escenario potencialmente conflictivo como este, la razón de las tensiones recae en el incumplimiento del convenio 169 de la OIT. Según refieren los líderes nativos, no ha habido coordinación ni diálogo con su organización y mucho menos con las comunidades. En esencia la preocupación son los potenciales efectos negativos de la explotación petrolera. Mientras, en las localidades de la selva central se mostraban rostros de preocupación, por el recrudecimiento del tenor de los discursos nativos, que señalaban incluso la posibilidad de un intempestivo bloqueo de carreteras.

Por otro lado, en el Congreso de la República los congresistas se mostraban renuentes a la discusión de la Ley de Consulta Previa. Mientras unos solicitaban el debate en el Pleno, los otros solicitaban el ingreso del proyecto a las comisiones de Constitución y de Pueblos Indígenas, y ambos sectores tenían razones de peso muy valederas para sus posturas. Los que apuraban el debate señalaban con justicia que este proyecto había contado con una amplia discusión y concertación durante cinco años con los representantes de los pueblos originarios, que los consensos con ellos estaban dados para que esta herramienta legal reduzca las posibilidades de conflictos tipo Bagua o Puno. Pero, por otro lado, quienes reclamaban por el apresuramiento, nos recordaban que este proyecto de ley fue elaborado por el Congreso anterior, los nuevos congresistas no necesariamente conocían sus alcances y mal harían en aprobar o rechazar la propuesta ante esta circunstancia, siendo lo más sensato y prudente dejar tiempo suficiente para conocerlo y enriquecerlo de ser posible, antes de que llegue al Pleno.

No hay que dejar de señalar que el Poder Ejecutivo anterior había observado la propuesta con el argumento de que sus alcances podrían afectar la atracción del país para con los inversionistas, observación ante la cual el Congreso no tuvo mejor idea que sumergir la propuesta en una densidad de horas de comisiones, dilatando su llegada al Pleno, culminando con un trasvase de responsabilidades –o lavada de manos– hacia el nuevo Congreso. Para nadie es un secreto que, a diferencia de los otros poderes del Estado, en el Congreso no hay una preocupación por la transferencia de los proyectos de ley que están en cartera, independientemente de su importancia, y si estos no tienen quienes los mantengan vigentes siempre corren el riesgo de pasar al archivamiento y el olvido. En este caso no ocurrió así, pero armó tremenda batahola política en que ninguna de las partes ganó dividendos, siendo los únicos perjudicados los pueblos originarios que centran sus esperanzas en la promulgación de esta ley para encontrar viabilidad a las demandas de respeto a sus derechos.

El Defensor del Pueblo salió al frente para recordarnos que el 19 de mayo de 2010, el Congreso de la República aprobó la Autógrafa de la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo”, decisión que fue informada por el Estado Peruano en la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra en junio del mismo año. Pero una cosa es el reconocimiento del derecho y otra muy distinta la promulgación e implementación de la herramienta legal, y mientras esto no ocurra, la sensación de insatisfacción seguirá campeando entre los líderes nativos.

Aparentemente la intervención del Defensor del Pueblo y los discursos que se difundieron en los medios llevaron cordura al Congreso, y el martes 23 se realizó la sesión extraordinaria que concluyó con la aprobación unánime de la tan esperada Ley. La situación con las demandas indígenas es muy probable que ya haya quedado zanjada porque no creemos que en esta ocasión se planteen observaciones desde Palacio de Gobierno al proyecto aprobado. Sin embargo, en algunas mentes de la selva central quedan dudas respecto a cuál será el rol que cumplirán –en esta consulta previa– los descendientes de los migrantes europeos cuyas familias tienen más de cien años en estos lares, así como el de los colonos de origen andino que también acumulan muchos años de permanencia. No se puede negar que ellos también son sujetos de derechos en estas decisiones y de ninguna manera se sentirán conformes si se sienten ajenos a la consulta previa. En definitiva, esperemos la promulgación por el Ejecutivo y la posterior reglamentación de su aplicación.

desco Opina - Regional / 26 de agosto de 2011
Programa Selva Central
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La reconstrucción de Pisco y los nuevos amigos

Tras el mensaje y las primeras encuestas sobre aprobación presidencial, el clima político parece, por el momento, relativamente estable para el gobierno en ejercicio. En parte, esto se debe a que el presidente, al haber optado por el silencio, se abre pocos frentes para la crítica. No obstante, en su primera gira en Pisco, el presidente habló, lo cual es importante tanto porque fue la primera vez que soltó prenda como por el motivo de la visita: relanzar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007, gesto importante para diferenciarse de la clamorosa inoperancia que el gobierno pasado exhibió en el tema.

Sobre su mutismo, Humala dijo «más acción, menos palabras» lo cual, a decir verdad ya quedaba claro. Así, busca marcar un estilo “ejecutivo” de conducirse en el poder. Los problemas que se ha ahorrado con su pragmatismo han aparecido más bien por el lado de su entorno familiar cercano. Políticamente, el tema de Alexis debería ser más preocupante que el de su otro hermano, actualmente en aislamiento en el penal de Piedras Gordas. Decimos esto aún a sabiendas de que los dislates de Antauro agitan los temores de la derecha más pacata; aún así, cada vez es más claro que las propias declaraciones del autoproclamado “precursor” contribuyen a su propio aislamiento y a distanciarlo del presidente.

En cuanto a la reconstrucción de Pisco y otras localidades, Ollanta Humala ha recibido un proyecto para «mejorar las ciudades», empezando por Pisco, de las manos de Walter Piazza, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) En efecto, en una reciente reunión del gremio de empresas privadas de construcción se reveló las grandes expectativas que este sector tiene sobre la reconstrucción de Pisco, orientadas, además de a la vivienda, al fortalecimiento del ángulo turístico que podría tener la zona. Así dicho, no suena del todo mal.

Sin embargo, en varios espacios se ha señalado la necesidad de intervenir en Pisco y en las otras localidades afectadas, que incluyen partes de Huancavelica, no para reconstruir la pobreza de muchos de los habitantes de esas zonas sino para mejorar sus condiciones de vida y habitabilidad con intervenciones que se enfoquen en vivienda y espacios públicos basados en una adecuada concepción del territorio. No conocemos los detalles del plan de CAPECO pero hay señales de que no serán precisamente abiertos a consulta y debate ciudadano real, y no como ocurrió con la «democratización» que terminó por fragmentar la reconstrucción en pequeñas obras sin horizonte claro. Por otro lado, parece que CAPECO está muy bien representado y es relativamente influyente en el actual Ministerio de Vivienda.

Esto nos lleva a pensar en los espacios grises que el gobierno de Ollanta Humala a veces parece mostrar ya que, si en muchos casos hay funcionarios de carrera, competentes y abiertos al diálogo con la sociedad civil, en otros, hay decisiones que responden a lógicas distintas y a menudo más opacas; desde los criticados nombramientos de militares en retiro para cargos «civiles» hasta sectores, como Vivienda, donde los empresarios parecen estar calmando rápidamente los temores que les generó la elección de Humala al asegurar negocios que les permitan unos buenos años de rentabilidad, monetaria y también política, por su cercanía al poder.

Todo esto ocurre en el contexto de una aguda crisis mundial cuyos efectos acumulados parecen más severos que hace un par de años. El consenso dice que el Perú está relativamente bien preparado para capear el temporal, y medidas saludables como el aumento del Sueldo Mínimo Vital (SMV) parecen expresar la misma confianza. Estas medidas, que nos hablan de buenos augurios en la conducción de un Estado para todos, contrastan con espacios en los que se ha optado más bien por conformar a los empresarios (su crítica al incremento del SMV ha sido más bien tibia, acaso como aceptación tácita del bajo nivel de partida del mismo).

Veamos cómo se lleva a cabo la negociación por las sobreganancias mineras y si el Estado tiene propuestas acordes a su promesa de inclusión en la próxima presentación del Gabinete en el Congreso. Para entonces ya estará clara la configuración del Ejecutivo y también la de la oposición, de la cual solo hemos visto el lado más burdo en los gestos de Martha Chávez. Una cosa es segura: las acciones del Ejecutivo deben reflejar su vocación por una conducción más decidida de los asuntos públicos, y alejarse cuanto pueda de la sensación de mezclar el “piloto automático”, en lo económico, con los gestos de exclusión, en lo social (marcas del gobierno pasado), y eso puede significar dejar de hacer algunos amigos.

desco Opina / 19 de agosto de 2011

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Gestión ambiental: nuevas aspiraciones desde las cuencas

La movilización por la conservación y el cuidado del ambiente se ha convertido en el tema principal que impulsan las poblaciones ligadas a las actividades agrícolas ubicadas en diversas cuencas costeras e interandinas. Es la bandera de lucha contra la contaminación, especialmente la proveniente de la actividad minera.

La minería es la actividad que más contribuye a la contaminación, pero no es la única; la agricultura convencional también lo hace, al incluir grandes cantidades de agroquímicos, sobre todo en los valles costeros con una fuerte relación con el mercado. Sin embargo, estando tan presente y siendo tan apremiante este problema, no se cuenta con información rigurosa (con un análisis científico) de las causas, el nivel las características y los efectos de la contaminación del agua en nuestras cuencas, como en el caso de la cuenca del Ocoña. En 2010 el Ministerio del Ambiente y la Gerencia Regional del Ambiente efectuaron un análisis de la calidad del agua en cinco puntos de la cuenca, pero no se dieron a conocer los resultados de dichos análisis, por lo que solo podemos presumir la gravedad de la contaminación, aún sin contar con datos precisos.

Los últimos días ha circulado un artículo sobre la contaminación minera aurífera a través de relaves de cianuro que se arrojan al río Ocoña. El artículo está basado en las declaraciones de un dirigente de la Asociación de Pescadores de Camarones de El Puente de la localidad de Ocoña, que expresa las preocupaciones de los pescadores de la cuenca baja del Ocoña, organizados en 16 asociaciones que agrupan a más de mil pescadores. Las expresiones del dirigente, resumen la preocupación los pobladores asentados en la cuenca sobre la contaminación de los productos hidrobiológicos, especialmente del camarón, así como la que afecta a la producción agropecuaria y sus potenciales efectos en la salud humana, especialmente de la niñez. Su preocupación tiene sustento, aunque no cuente con mediciones especializadas, pues en la cuenca existen muchos asentamientos mineros informales, entre los que destacan seis en la cuenca baja (tres en Mariano Nicolás Valcárcel – Camaná, uno en Yanaquihua - Condesuyos, uno en La Unión y uno en Pausa – sur de Ayacucho) y un número indefinido de pequeñas agrupaciones informales. Además, existen tres empresas mineras formales, una en Río Grande (Century Mining), otra en Yanaquihua y otro en Pausa (Buenaventura, que ha iniciado hace cuatro años una etapa exploratoria). Todos los centros mineros, formales e informales, descargan en diferente nivel y forma relaves hacia el río Ocoña. En el caso de los asentamientos de minería informal, la situación es grave debido a que se han instalado plantas artesanales de procesamiento de oro, quimbaletes con el uso masivo de mercurio y en menor cantidad plantas de procesamiento de los relaves con uso de cianuro.

En 2009 se conformó un Comité de Vigilancia Ambiental en el ámbito de la cuenca baja (en los distritos de Ocoña y Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná y en Río Grande y Yanaquihua en la provincia de Condesuyos, de la Región Arequipa), con la participación de representantes de todas las organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, gobiernos locales y el Gobierno Regional de Arequipa. El tema central que convoca al Comité es la contaminación y la gestión ambiental de la cuenca, a partir de un plan de acciones para todas las organizaciones e instituciones. Este proceso ha concitado eventos sectoriales a nivel de cuenca: encuentros de juntas de usuarios y comisiones de regantes de las provincias de La Unión, Ocoña, Pausa y Coropuna, encuentros de organizaciones de mujeres de la cuenca, encuentros de alcaldes provinciales y distritales, encuentros de mineros informales y encuentros de asociaciones de pescadores y de comunidades campesinas.

Como parte de este proceso se ha acordado con los gobiernos regionales de Arequipa y Ayacucho la necesidad de la conformación del Consejo de Cuenca, habiéndose emitido hasta el momento ordenanzas regionales para la conformación de grupos impulsores que se encarguen de generar un proceso participativo en la formulación de estudios de caracterización; de formular un plan de gestión integrada de recursos y de una propuesta para el funcionamiento del consejo de cuenca encargada de la implementación del instrumentos de gestión. Esta propuesta fue promovida en ambos gobiernos regionales por desco y AEDES, impulsando eventos a nivel local y regional en la definición de propuestas de plataformas de gestión de la cuenca, logrando la emisión de las ordenanzas regionales que definen orientaciones acotadas a la nueva Ley.

Los Consejos de Recursos Hídricos de la Cuenca podrían llevar las tareas de conservación y el cuidado del ambiente de una forma programática, ya que se espera que se puedan construir como modelos viables desde las experiencias participativas de conservación que impulsen un proceso de descentralización y como ente resolutivo para encarar futuros conflictos. Por el momento la Ley de Recursos Hídricos, al asignar un carácter consultivo de los consejos de cuenca adscrito a la Autoridad Nacional del Agua con dos reuniones anuales, limita el rol más protagónico de estos consejos, por lo que se espera que la norma pueda ser mejorada, para hacer frente de mejor manera a los desafíos de la realidad.

desco Opina - Regional / 12 de agosto de 2011
Programa Regional Sur

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Un calmado inicio

En líneas generales, el primer mensaje a la Nación del presidente Humala parece haber sido bien recibido. Apaciguó a tirios y troyanos, con un discurso centrado más en la expresión de una voluntad de querer hacer algo, desplazando para más adelante algunas decisiones cruciales sobre cómo hacerlo y con quién hacerlo. De esta manera, habría que esperar la presentación del Gabinete ministerial para tener mayores precisiones al respecto.

Sin embargo, algo podría adelantarse respecto a lo dicho y, sobre todo, a los implícitos y silencios que contuvo el referido discurso. Una primera cuestión, adjetiva, fue la referencia presidencial a la fenecida Constitución de 1979 que, al parecer, devino en el aspecto sustancial de lo sucedido en el Congreso el 28 de julio si, para el caso, nos remitimos a la abundante cobertura que le dedicaron los medios de comunicación.

El gesto, en el mejor de los casos, simbolizó una aspiración pero no un derrotero, al menos en el corto plazo. La confirmación de esto último fue lo emitido a continuación por el presidente de la República. En efecto, lo manifestado no exigía, ni por asomo, la necesidad de reformas constitucionales. Más aun, si así fuere, como aconteció durante la transición de 2000-2001, estos cambios no tendrían que suponer cuestionamientos a asuntos sustantivos.

Pero, y allí está el detalle, las abundantes metáforas que adornaron las palabras del presidente Humala, podrían estar planteando tenuemente el probable campo de lucha política que, dado el momento, derivaría en el decantamiento de un Gabinete ministerial que ha intentado reunir a dios y el diablo en la misma mesa.

Entre las frases reiteradas por el presidente Humala estuvieron “más Estado”, “inclusión social” y, de vez en cuando, la propuesta de un “nuevo contrato social”. Todas ellas son equívocas y su instrumentalización dependerá fundamentalmente de las traducciones que les dará el gobierno. A su vez, esta operación está sujeta a cómo vayan evolucionando las contradicciones que surgirán entre los ministros de Estado, pero también a las maneras en las que empezarán a configurarse las relaciones entre el Presidente de la República y los empresarios, las vinculaciones con los gobiernos regionales y locales, así como las formas de concertación y participación que alcancen a la sociedad. Así, en el camino, iremos conociendo las maneras concretas en las que el nuevo gobierno entiende estas referencias.

Sobre lo demás, el discurso del presidente Humala no salió de los marcos habituales que han caracterizado estas ocasiones. En suma, bosquejos de lo que serían algunos lineamientos de políticas sectoriales, sin correr el riesgo de imponerse acotamientos como plazos, metas y resultados a conseguir, salvo en el caso del sueldo mínimo. Y, como también es habitual, los comentarios subsiguientes se centraron en lo que abundó y en lo que dejó de referir, todo ello de acuerdo a las preferencias temáticas del comentarista de ocasión.

Presentadas las cosas de esa manera, el presidente Humala pudo haber desperdiciado una buena oportunidad para marcar diferencias formales con el pasado. Por ejemplo, si a sus invocaciones de “más Estado” le hubiera agregado “Estado eficiente” y de éste derivaba la necesidad de reformar el aparato público, para articular de mejor manera sus diversos sectores y niveles, garantizando con ello resultados en la lucha contra la corrupción y los servicios públicos, hubiéramos tenido mayores certezas y, posiblemente, evitado olvidos flagrantes como la salud, vivienda o descentralización.

En suma, el escenario sigue abierto y las pugnas continuarán, proyectando un escenario políticamente muy intenso. En ese sentido, el espacio público-estatal ha devenido en la arena principal y su fisonomía dependerá de las maneras como vayan definiéndose las diversas posiciones que anida el instalado gobierno.

desco Opina / 5 de agosto de 2011

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