La selva y la ausencia de USAID

 

En la última semana del mes de enero el presidente norteamericano Donald Trump decidió paralizar por 90 días la asistencia financiera a los programas gestionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el objetivo de reevaluar y reorientar dichos fondos. Su arremetida contra esta agencia ha sido más agresiva al señalar que "la corrupción está a niveles raramente vistos antes. ¡ciérrenla!" Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. había emitido un comunicado en el que detallaba haber iniciado “una revisión de todos los programas de asistencia exterior para garantizar que sean eficientes y coherentes con la política exterior”.

USAID ha transferido en los últimos 24 años más de dos mil millones de dólares para proyectos diversos en Perú. Implementa diversos programas enfocados en áreas clave como la gobernanza, la salud, la educación, el desarrollo económico y el medio ambiente, pero es la selva peruana la que recibe una importante atención a través de los fondos para la lucha contra las drogas. USAID se convirtió en una de las fuentes financieras más importantes para el desarrollo de la selva peruana, pues desde sus presupuestos se promueven proyectos de asistencia técnico productiva y de infraestructura vial, se apoya principalmente a los gobiernos locales de las zonas sensibles al narcotráfico y en especial, la promoción de cultivos alternativos como café y cacao para la lucha contra los cultivos ilícitos. Además, a través de instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), se canalizan proyectos de desarrollo alternativo, pero parece que el gobierno de Trump no ha calibrado el impacto que tendrá esta medida en la lucha contra el tráfico de drogas que se ha realizado por años en nuestra Amazonía, y los efectos que traerá para las ciudades norteamericanas.

En este escenario el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú dijo estar “absolutamente convencido” de que “la ayuda en cuestiones críticas de seguridad de los EE.UU. no va a ser tocada porque es algo estratégico para los propósitos norteamericanos”, sin embargo, a pesar de que la lucha contra las drogas es estratégica para los intereses norteamericanos, reconoció que podría haber impactos en áreas como “salud, educación, producción, medio ambiente, entre otras”, en las cuales USAID implementa su cooperación a través de su relación con aproximadamente 60 ONG locales que “efectivamente van a sentir el impacto”. Por su parte, DEVIDA, un organismo oficial del Gobierno del Perú adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (no es una ONG), ha funcionado como la contraparte nacional para recibir fondos de la cooperación, especialmente del Gobierno de Estados Unidos, por lo que su dependencia económica a USAID es más que evidente. Si bien es cierto DEVIDA se crea en 1999, es desde 1981 que se inician las acciones de reducción del cultivo de coca, por presión del gobierno norteamericano, mediante el proyecto CORAH, el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga.

Las municipalidades de las áreas sensibles al narcotráfico reciben asistencia técnica brindada por DEVIDA, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y USAID, lo que permite que se gestionen fondos adicionales a sus presupuestos municipales para invertir en proyectos y actividades. La suspensión del apoyo, en principio por 90 días, deja en tensión los compromisos con estos gobiernos locales, compromisos que han logrado resultados alentadores en la lucha contra la pobreza y en especial contra las drogas. El personal de DEVIDA señala que sus presupuestos para este 2025 están asegurados, sin embargo, se corre el riesgo que se frustren las expectativas futuras debido a la dependencia con el apoyo económico norteamericano. El personal de DEVIDA busca ganar la fidelidad de los agricultores para que estos no vuelvan a depender de los cultivos ilegales que sirven de insumo básico para el narcotráfico, con lo cual todo lo avanzado en la lucha contra las drogas corre el riesgo de perderse irremediablemente. El gobierno peruano debe de aclarar cuál es el futuro de esta institución en el caso de que el apoyo norteamericano no retorne nunca. Cabe mencionar que el esfuerzo de Trump por desmantelar USAID también desmantela los esfuerzos que su país ha hecho durante este tiempo para ejercer un “poder blando” global, como herramienta de influencia para persuadir a otros países, como el Perú, a fin de garantizar sus propios intereses por sobre los intereses de aquellos que se han mantenido como el patio trasero de Estados Unidos. La suspensión es por 90 días, pero los efectos serán por un mayor plazo.

 

 

desco Opina – Regional / 28 de febrero de 2025

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La selva huele a humo

Más de 80 000 incendios han sido registrados en la selva amazónica este año, lo que ha generado una alerta mundial sobre los daños a este estratégico espacio forestal y de biodiversidad. Lo más clamoroso ha sido sin duda, el desdén del gobierno brasileño por afrontar los incendios forestales en su Amazonía, producto de los planes de gobierno del Presidente Bolsonaro para desarrollar la "Amazonía improductiva”, un ecosistema particularmente vulnerable, en un contexto de preocupación mundial por el cambio climático.

La Amazonía peruana no es desde luego ajena a este problema; todos los años se reportan incendios forestales, habiendo sido particularmente devastador uno producido en el año 2016, que afectó 20 000 hectáreas en Satipo (Junín). Es alarmante que este siniestro haya sido prácticamente silenciado, sin tenerse conocimiento alguno sobre las responsabilidades en torno a su desencadenamiento, menos aún de acciones técnicas de recuperación. La impunidad persiste y a nadie le sorprende que la quema de bosques siga siendo una práctica habitual y parcialmente tolerada en la selva central. Coincidentemente, en estos días, se está produciendo un incendio forestal de grandes proporciones en Chanchamayo.

Detrás de esto hay, sin duda, ideologías como las que respaldaron el famoso "síndrome del perro del hortelano" del fallecido expresidente Alan García, evidenciado en afirmaciones como la siguiente: "…hay muchos recursos que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad o por indolencia”.

En la Amazonía no existen incendios forestales naturales, pues eso requeriría rayos secos, sin lluvia; los siniestros son producto de la irresponsabilidad y la falta de escrúpulos, basadas en intereses económicos. Es conocida la existencia de vínculos directos entre la quema de bosques y la expansión de áreas para la producción agropecuaria, lo que ocurre muchas veces con la soterrada complicidad de las autoridades nacionales o locales.

Una condición estructural para afrontar estos siniestros son las limitaciones del Estado. Así, en el plano normativo, existe un marco legal que sanciona el hecho –provocar incendios forestales es considerado un delito contra el ambiente y puede castigarse por ley con pena privativa de la libertad–; pero se carece de capacidades para identificar responsables, iniciar las acciones legales y ejecutar la sanción correspondiente. Las intervenciones requieren apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía Ambiental, que no siempre están disponibles. Más grave aún, hay una clamorosa insuficiencia de bomberos forestales especializados, con equipos necesarios para combatir incendios. La capacidad operativa para desarrollar acciones de prevención es todavía menor. Llama por eso la atención, que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) pretenda minimizar la frágil situación.

Por todo esto, el combate inmediato a los incendios corre siempre a cargo de iniciativas locales, en donde participan unos pocos bomberos mal equipados y muchos pobladores preocupados y comprometidos, intervenciones a todas luces insuficientes.

La presión internacional a raíz de los gigantescos incendios en la Amazonía brasileña, ha motivado la firma del Pacto de Leticia, que esperamos contribuya a mejorar la protección del principal pulmón del planeta, aun cuando hasta hoy no se han evaluado los resultados del Tratado de Cooperación Amazónica que fue firmado por los mismos países en 1978.

En conclusión, el olor a humo que emana del Amazonas, evidencia la falta de escrúpulos de ciertos empresarios y la corrupción de autoridades y funcionarios públicos. Muchos pequeños agricultores son, asimismo, en parte responsables, lo que demuestra que la pobreza secular es también una de las grandes causantes. Por eso preocupa que el flamante pacto, no enfatice en la necesidad de sancionar a los culpables, dejando abiertos muchos vacíos y resquicios legales en los compromisos internacionales, que permitirían reducir acciones contrarias a la preservación de la riqueza forestal y ambiental de esta importante cuenca. En el caso peruano, la ausencia del Estado, su escasa preocupación y la poca prioridad que de hecho le asigna al problema, agravan la situación.

desco Opina - Regional / 20 de setiembre de 2019

Programa Regional Centro - descocentro

Sospechas sobre las cooperativas del VRAEM

Irresponsablemente, y bajo el argumento de que la mayoría de las cooperativas del VRAEM son «lavadoras» de dinero del narcotráfico, se viene satanizando a todas las que operan en estas localidades. En realidad, debería especificarse que estas sospechas se enfocan en las de ahorro y crédito, más no en las de productores –que representan el mayor número de ellas– que cuentan, además, con el apoyo de DEVIDA para asegurar su sostenibilidad. El hecho de que operen en zonas sensibles a la producción y tráfico de drogas, no justifica las sospechas sobre ellas; sin embargo, el polvo levantado, las afecta sin excepción.

“De las 671 cooperativas identificadas y contabilizadas en el Perú, casi la tercera parte está en el Vraem, que es un foco de generación de dinero ilícito”, aseveró el Congresista Lombardi, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso. Al no existir obligación de estas instituciones de inscribirse en la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep), las cifras sobre su número y existencia son meras especulaciones, lo que no necesariamente aleja las sospechas de lavado de activos del narcotráfico y la minería ilegal; pero en estas sospechas no sólo estarían las que se ubican en el VRAEM, sino en todo el territorio nacional. Ya en el 2015 la Fenacrep se opuso a que se le otorgaran mayores facultades de supervisión a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), acusando la existencia de una campaña de difamación y calumnia, con el argumento de que sólo se requieren algunas modificaciones de la Ley General de Cooperativas que recoja el espíritu de su creación.

No es de sorprender que muchas de estas cooperativas hayan financiado intereses y preferencias políticas particulares, lo cual se habría puesto de manifiesto en la sesión del Pleno del Congreso de la República del 24 de mayo último; en donde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera –presidida por Guido Lombardi– y la Comisión de Constitución y Reglamento –presidida por Úrsula Letona–, expresaban dictámenes contrapuestos. Mientras la primera impulsaba mayores facultades a la SBS, la segunda proponía la creación de un organismo de supervisión específico denominado Superintendencia de Entidades Solidarias, con el argumento de que la SBS no era una institución impoluta evidenciado en el Caso Lava Jato, al señalar que “la SBS no ha estado a la altura de las exigencias de la coyuntura”, refiriéndose específicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera que en su momento no habría reportado las denominadas operaciones sospechosas de muchos de los políticos implicados.

Queda claro que todo nuestro sistema financiero se halla permanentemente bajo la lupa. Un informe del 2016, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hizo una advertencia poco usual sobre la penetración de dinero sucio en la banca nacional. Cabe señalar que en las sucursales de la banca formal de la selva, quien realiza operaciones importantes debe responder varios complicados cuestionarios, lo cual puede ser entendido como una de las razones para que la bancarización de las operaciones comerciales lícitas no se masifique.

En esta misma sesión del Pleno, salieron a la luz vínculos de personalidades del mundo cooperativo con algunos legisladores, hecho que generó tensiones y enfrentamientos. Sin embargo, y pese a las negaciones, una cooperativa de Huaral que tiene en su cartera de clientes a legisladores de Fuerza Popular, está bajo las investigaciones fiscales, lo que trae por los suelos la teoría de que sólo el VRAEM sería susceptible de operaciones dudosas, pero demuestra con certeza que no existen mecanismos de fiscalización eficaces. El retorno del proyecto de Ley a la Comisión de Economía, alarga el debate y la aprobación de algún canal de control efectivo que despeje dudas e identifique a aquellas que bajo esa fachada están operando para cometer ilícitos.

Bajo los mismos argumentos, deberían ser sujeto de sospechas públicas muchas entidades de microfinanzas semidesconocidas que instalan minúsculas oficinas en muchas ciudades del interior del país –y en especial en la selva–, de las cuales se tiene poco o nulo historial conocido sobre la procedencia de su capital. Incluso otorgan préstamos con altos intereses, pero dados los escasos requisitos que exigen, tienen cautiva una cartera de prestatarios frecuentes. Si se tuviera esto en consideración, seguramente que a las 21 cooperativas investigadas por la SBS y/o la Fiscalía, se sumaría un número importante de empresas de microfinanzas, así como muchos prestamistas y financistas silenciosos.

Esta incertidumbre sobre la legalidad de las operaciones de las cooperativas y la escasa capacidad de control del Estado, puede derivar en un pánico financiero de sus ahorristas y prestatarios, lo que acarrearía un incremento de la informalidad y la desbancarización de muchas operaciones comerciales. Además de analizar quién gana con esta lentitud, se debe sopesar cuánto se arriesga y cuánto nos costará como país.

desco Opina - Regional / 15 de junio de 2018

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