Aunque no basta, urge otro Ministro del Interior

El 14 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz como respuesta al significativo crecimiento de las economías ilegales y al incremento de la criminalidad en La Libertad. Casi un año después, es evidente que el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, ostensiblemente liderado por la alianza de Fuerza Popular, APP –partido de César Acuña, gobernador de la región–, que tiene como furgón de cola al cerronismo, han naufragado definitivamente, en su política de seguridad y lucha contra la delincuencia. El pasado 12 de enero, presuntos mineros ilegales atentaron una vez más contra las instalaciones de la minera Poderosa, en Pataz, tal como viene ocurriendo desde hace años, dinamitando una torre de alta tensión, en un escenario en el cual, en los meses recientes, los conflictos por el control territorial entre mineros ilegales se intensificaron y se hicieron más violentos como parte de una historia que ya tiene largos años sin que las fuerzas del orden intervengan.

En la madrugada del lunes 20, la violencia y la provocación criminal escalaron a un nivel que no se vivía desde la década del terror en el país. El Ministerio Público, ubicado muy cerca al centro histórico de Trujillo, fue objeto de un ataque con explosivos, cuya potente onda expansiva destrozó las ventanas de los edificios cercanos, destruyó algunos vehículos, afectó distintas propiedades y dejó varios heridos. De inmediato, mientras las fuerzas del orden se hicieron visibles con su patrullaje en las calles, sus mandos, como si repitieran una letanía, anunciaban el incremento de sus operativos contra el crimen.

Las principales autoridades, por su parte, recurrieron desde el primer momento a un libreto manido y ya agotado. El Consejo de Estado se reunió en La Libertad a las pocas horas; Gustavo Adrianzén y el Ministro del Interior se apuraron en recorrer las calles de Trujillo rodeados por policías y la prensa, haciendo anuncios, como siempre grandilocuentes: desde la inminencia de un toque de queda, inicialmente advertido por el Presidente del Consejo de Ministros, hasta la incorporación de 1500 policías, la participación de grupos especializados y declarar una emergencia logística para el equipamiento de la policía, anunciados por el estratega de seguridad del gobierno. De su lado, César Acuña, quien volvía a su región desde Iquitos, donde participaba de la campaña política de su partido, tras indicar que los ministros estaban en la ciudad por su presión, se lamentó porque sus socios en el gobierno nacional no hacen caso de sus demandas y sugerencias.

Lo cierto es que con 106 homicidios en los primeros 20 días de enero, con la delincuencia operando desde los penales donde están recluidos, paradójicamente con total libertad para actuar, con la Fiscalía de la Nación que ya denunció que al menos dos fiscales están bajo amenazas en el local del atentado, con una violencia que se expande nacionalmente, como lo graficó el asesinato del periodista Gastón Medina, en Ica, resulta evidente que ya estamos más allá del simple naufragio de la política de seguridad de Boluarte. Para el Ejecutivo, la inseguridad se subordina a los casos legales de la presidenta, su familia y su entorno; para el Congreso se trata de proteger sus intereses y asegurar la impunidad de sus integrantes, afectando la lucha contra la criminalidad, rompiendo la coordinación entre policías y fiscales, bloqueando investigaciones y quitándole atribuciones al Ministerio Público.

El operador más grotescamente visible de esta alianza es el Ministro del Interior, un personaje lleno de promesas altisonantes, blindado por el poder político sobre el que se sostiene la permanencia de Dina Boluarte, que es su único encargo cierto, en un escenario donde los socios de la mandataria en el Congreso, se desentienden mayoritariamente de la desastrosa gestión de Santiváñez, al que le perdonan todo, mientras éste desmiente las cifras del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), habla de los muertos y la violencia en México y Colombia para tratar de hacernos creer que estamos en el mejor de los mundos, ataca a los fiscales a quienes responsabiliza de sus fracasos, niega que su voz es la suya y elimina el chip del celular que formatea antes de entregarlo a quienes lo investigan, mostrando cómo entiende la transparencia que pregona.

Santivañez tiene que irse, sin ninguna duda. Así lo entienden amplios sectores de la ciudadanía, distintas instituciones y algunos grupos parlamentarios, en medio de la complacencia de algunos y el silencio de muchos. Es claro, sin embargo, que no basta. Es indispensable mejorar la capacidad de investigación e inteligencia para desarticular a las organizaciones criminales, recuperar la presencia policial en las calles para la protección de personas y comunidades, mejorar la capacidad policial con la compra de equipos y en entrenamiento, recuperar la confianza de la gente para lograr su participación, indispensable para la prevención…. En otras palabras, se requiere con urgencia de una reforma policial profunda para recuperar una institución destruida por el manoseo político que se ha agravado en los últimos años. Como es obvio, en sentido estricto necesitamos de otro gobierno, porque los olmos nunca han dado peras.

 

 

desco Opina / 24 de enero de 2025

Autenticidad certificada

 

El pez por la boca muere y la presidenta Boluarte se ha metido en un laberinto del que difícilmente podrá salir tras admitir, públicamente ante la prensa nacional, que fue Wilfredo Oscorima, su wayki, quien le puso un Rolex en la muñeca. Su problema se agrava tras la presentación en Fiscalía de Humberto Abanto, abogado del gobernador Oscorima, que aclaró este miércoles que no se trató de uno, sino de tres relojes y que, además, la mandataria recibió –según el cuento, también como préstamo– una pulsera de oro con 94 diamantes, bastante más costosa que la pulserita de bisutería final que lució en la mencionada conferencia. La situación de ambos se complica, pues podría corroborarse la presunción de delitos como enriquecimiento ilícito y corrupción.

La prensa ha podido constatar –por filtraciones ya habituales en Fiscalía– que en el allanamiento hecho a la vivienda de la presidenta se hallaron certificados de autenticidad, tanto de uno de los Rolex como de la pulsera Bangle, ambas joyas valorizadas en 18 000 y 13 000 dólares respectivamente. Nos preguntamos entonces, ¿por qué si eran un préstamo, Boluarte tenía los certificados? ¿No debieran, por el contrario, estar en posesión del dueño si es que realmente quería recuperar los bienes? ¿Qué es lo que realmente necesitaban certificar?

La cadena de coincidencias entre las aprobaciones de ampliaciones presupuestales y los supuestos préstamos de joyas complican a los protagonistas de esta novela. Por ahora son dos decretos los que benefician directamente al Gobierno Regional de Ayacucho, y que por las fechas de su emisión podrían estar vinculados a las joyas. Coincidiendo con el destape del llamado Rolexgate, el gobierno aprobó una semana después del escándalo, en marzo de este año, el DU 006-2024, que en teoría establecía medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público, pero que incluye un artículo que no guarda relación con el objetivo de la norma y que transfiere 100 millones de soles al Gobierno Regional de Ayacucho para el mejoramiento del estadio Cuna de La Libertad Americana en la ciudad de Huamanga.

Pero ayer saltó a la luz un nuevo decreto, este podría estar estrechamente vinculado con la ya famosa pulsera Bangle. El portal La Encerrona muestra la coincidencia entre el día en que Oscorima compra la pulsera con diamantes, visita palacio de gobierno y se publica el DU 029-2023. Todo ocurre el 25 de julio del año pasado.

El decreto, que en teoría establecía medidas extraordinarias en materia económica y financiera para impulsar la reactivación de la economía familiar y la reactivación del sector turismo, incluye una disposición final que, como en el caso anterior, tampoco guarda relación con el objeto de la norma. Esta disposición autoriza a los Gobiernos Regionales para ejecutar inversiones correspondientes a los servicios de Educación Superior Universitaria en universidades públicas, en convenio con las autoridades universitarias.

Nuevamente, el pez por la boca muere. Al día siguiente, el gobernador de Ayacucho, como lo muestra el portal La Encerrona, se adjudica, en sus redes sociales, la gestión realizada para esta autorización. Textualmente dice: “Gracias a las insistentes gestiones realizadas por el gobernador regional de Ayacucho, el Poder Ejecutivo aprobó ayer el Decreto de Urgencia Nº 029 2023 que de manera excepcional autoriza al Gobierno Regional como unidad ejecutora para iniciar la construcción de las seis escuelas profesionales de la Universidad San Cristóbal de Huamanga”.

¿La insistente gestión incluía la pulsera de oro con diamantes? No lo podemos afirmar, pero la coincidencia no deja lugar a dudas.

La entrega de certificados de este tipo de bienes es un elemento que da cuenta de una voluntad diferente a la del préstamo de una joya que se usa en una ocasión. La coincidencia de las fechas con la entrega de las mismas o su descubrimiento por parte de la prensa, sugiere en realidad una transacción. Transacción que por cotidiana en la política peruana no es menos dañina a la ética pública y al quehacer gubernamental.

En tiempos como este, en que la justicia se politiza y la política se judicializa, el futuro de la señora Boluarte y su socio parecen estar mucho más ligados al desenlace de las tensiones internas del Ministerio Público y el Poder Judicial, que a la acción política de un Congreso deslegitimado y desvergonzado o de una sociedad cada vez con mayor desafección frente a la política. 

Ojalá el futuro de un gobierno en el Perú vuelva a estar en las manos de “demos”, es decir, las ciudadanas y ciudadanos de la democracia, por el momento, esperemos que la justicia cumpla con su papel.

 

 

desco Opina – Regional / 12 de abril del 2024

El futuro de la Junta Nacional de Justicia

 

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra la continuidad de las tendencias de la opinión pública que se observan desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte. Su desaprobación se ha incrementado en cinco puntos desde agosto, llegando a 84% y alcanzando hasta 88% en el centro y sur del país. El Congreso se mantiene firme en su maciza desaprobación, que alcanza al 90%, exhibiendo una aprobación de 6%, que se arrastra al 3%, también en el centro y sur del país. La Fiscal de la Nación, otra de las actrices más activas en la política oficial desde que asumió el cargo, además del estilo autoritario y su alergia al seguimiento público, comparte con la Presidenta el crecimiento de su desaprobación que ya está en 65%.

La misma encuesta registra la opinión pública sobre la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) impulsada por la mayoría del Congreso de la República, argumentada por varios de los abogados que denunciaron el supuesto fraude el 2021, incentivada por Patricia Benavides, quien le abrió un procedimiento competencial en el Tribunal Constitucional, aplaudida por la mayoría de opinólogos de la derecha, y por otros que insisten en pasar por sesudos y equilibrados demócratas. Sorprendentemente, tres de cada cuatro encuestados, en todos los segmentos de la muestra empleada, indican que la destitución de la Junta afectaría la democracia. Sorprendente, decimos, porque en septiembre, al inicio del proceso en el Congreso, apenas 19% estaba en contra de la investigación sumaria; un mes antes, hay que recordarlo, en la medición de la misma fuente, cerca del 50% de los encuestados no pudo darle un contenido al término democracia y 23% señaló que funcionaba mal y la vinculó con calificativos negativos.

Mientras la opinión pública es contundente, el comportamiento de los involucrados también lo es. La mandataria, dedicada a sus viajes mientras el país amenaza con incendiarse, está convencida que basta con responsabilizar de todo a su exsocio Castillo y hacer anuncios, grandilocuentes y vacíos, para atender la recesión económica, la inseguridad desbordada en su estado de emergencia y El Niño que toca la puerta. Su Premier, involucrado en controversias diarias, insiste en hacernos creer que es apenas un escudero, buscando esconder la incapacidad de su gobierno. Los congresistas, blindándose entre ellos y avanzando decididos a la captura de las instituciones, donde su llave inmediata es la JNJ. La Fiscal, por su lado, acelera las movidas en su interna, castiga a quienes la incomodan en el Ministerio Público y busca liquidar las indagaciones contra sus socios políticos. En esta película, hasta los extras actúan; así, el Defensor del Pueblo se apura en buscar prolongar su encargo y llenar la institución de los clientes de quienes le entregaron el encargo.

Sintiéndose seguros en su impunidad, convencidos que el estallido social que costó 49 vidas por acción de las fuerzas del orden, más de 1000 heridos y una cantidad importante de ciudadanas y ciudadanos judicializados por su participación en las protestas, se creen capaces de imponer su orden y garantizar sus negocios particulares, su permanencia en el poder y la prolongación del ciclo neoliberal. El descrédito de la política, el desapego de ella y la pérdida de contenido de la democracia han terminado por destruir las instituciones y liquidar la representación política, enfrentando a la sociedad con una generación de políticos a prueba de la opinión pública y carentes de cualquier recato, no haciéndose problemas de aparecer en fiestas que comparten con delincuentes y rechazando cualquier posibilidad por lo menos de control de daños, porque pedirles autocrítica es demasiado.

En este escenario oscuro, los próximos días asistiremos al desenlace del intento de destitución de la Junta, como paso previo a la arremetida que seguirá contra los órganos electorales. El pleno del Congreso, a última hora, postergó el debate del informe final, que recomienda su remoción por presunta falta grave, para el 8 de noviembre, fecha sospechosa porque ese día juegan Universitario de Deportes y Alianza Lima la final del campeonato nacional de fútbol. La postergación indica que no tienen los 87 votos que requieren y que las negociaciones entre las derechas continuarán. El dueño de APP, adelantó que su bancada no votará por la propuesta, lo que indica que busca un cuarto intermedio, dado el valor de su palabra, equivalente a un cenicero en una moto. Otros parlamentarios, buscando asegurarse un premio consuelo, estarían replanteando la propuesta, buscando la salida de algunos de los integrantes de la Junta y su reemplazo por quienes ocuparon los puestos siguientes en el concurso de su nombramiento.

Simultáneamente, el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda competencial del Ministerio Público contra la misma Junta por una supuesta vulneración de sus funciones institucionales. El tema de fondo son dos investigaciones preliminares contra Benavides –el cambio en la conformación del equipo que investiga a los “Cuellos Blancos”, donde habría comunicaciones entre la Fiscal de la Nación y Antonio Camayo, así como la remoción del fiscal que investigaba el caso Sánchez Paredes–, vale decir, temas de gestión que no afectan la autonomía de la Fiscalía.

El desenlace de ambas situaciones probablemente terminará en que permanecen en su cargo algunos miembros de la JNJ, pero su conformación sufrirá cambios. En el país es evidente que las encuestas, más aún, la opinión pública, carecen de todo peso para los políticos que actúan hace años guiados por sus intereses inmediatos y blindados por el desapego a la política y la fragmentación de la sociedad.

Para que las cosas empiecen a cambiar, mientras los miles que se movilizaron en los primeros meses del año, especialmente en el sur andino, recuperan fuerzas, encuentran caminos para articularse y compartir su agenda –tema irresuelto hasta hoy–, sumando los nuevos y diversos malestares por la situación económica, la inseguridad, la corrupción y el abuso cotidiano, iniciativas importantes como la Plataforma por la Democracia tienen el desafío de encontrarse con ellos y construir puentes entre su defensa institucional de lo poco que queda de democracia y las demandas más amplias de la sociedad, que lo que exige, en el mediano plazo, más allá de nuevas elecciones, es un contrato social distinto. Lo que está en disputa en el corto plazo, es la derrota de la apuesta autoritaria y antidemocrática que busca asegurar sus intereses individuales y un nuevo ciclo neoliberal.

 

 

desco Opina / 3 de noviembre de 2023