Una maquinaria de largo plazo en acción

 

La difusión de una encuesta reciente ha causado alguna sorpresa. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y dueño de Renovación Popular, aparece por primera vez encabezando las preferencias electorales con 10%, seguido por Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y César Acuña con 8%, 6% y 3% respectivamente. Entre enero y agosto la candidata naranja perdió cuatro puntos, mientras el alcalde de Lima, al ritmo de sus influencers y sus trenes, ganó 6.  La medición mostraba también que 58% definitiva o probablemente no votaría por Fuerza Popular, 55% no lo haría por Perú Libre y 54% por APP. Lo que los titulares y los comentarios de la encuesta dejaron en segundo plano, es que entre enero y agosto, el voto blanco, viciado, ninguno o no precisa, creció 7 puntos, llegando a 51% –67% en el nivel socio económico E y 57% fuera de Lima–, vale decir derrotando a todos los candidatos.

Como foto instantánea, la medición adelanta la importante probabilidad del antivoto dando paso en abril del próximo año a una elección en la que, al ausentismo, que puede crecer, se sumarán el pragmatismo de corto plazo y, seguramente, la resignación de sectores del electorado. La gente tiene claro quiénes manejan el Congreso de la República y gobiernan el país con la subordinación complaciente de Dina Boluarte, preocupada centralmente por asegurar su impunidad.

Mientras sectores de la opinión pública se distraen con las encuestas, la coalición autoritaria que gobierna avanza sin tregua, consolidando una maquinaria que camina, cree que imparable, en la consolidación de sus intereses. La elección de la presidencia de las comisiones del Congreso fue una pieza más de la repartija a la que nos han acostumbrado; muchos de los congresistas hoy en esa función, enfrentan investigaciones fiscales, denuncias penales o directamente carecen de preparación, mientras que otros enfrentan cuestionamientos por su trayectoria política y sus antecedentes personales. Así, uno de los denominados “Niños”, indagado por corrupción en el gobierno de Castillo, preside la comisión de Ética; una parlamentaria, invasora de varios espacios públicos para ampliar sus propiedades, lidera la comisión de Vivienda, mientras un congresista, promotor de la prolongación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2026, lo hace en la de Energía y Minas.

La mandataria firmó con entusiasmo y alentada por su ministro de Agricultura la nueva Ley Agraria, la ley Chlimper 2.0 en julio, aprobada por el Congreso que, por diez años, reducirá el Impuesto a la Renta de las grandes agroexportadoras y cambia las reglas del agua, permitiendo que las asociaciones de usuarios realicen “transacciones con terceros” del excedente que ahorren, sin intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), debilitando el control público sobre un recurso que es patrimonio de la Nación. El regalo que nos cuesta 20 000 millones de soles beneficia especialmente a Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícola y Agrovisión Perú, a las que se suman industrias del sector vitivinícola como Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero).

Más grosero aún, Boluarte promulgó con satisfacción una ley que otorga amnistía a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa por crímenes graves contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000) y permite la liberación de condenados mayores de 70 años. Su entusiasta abrazo con el grupo Colina desnudó su pobre humanidad y aparecía comprando su impunidad y pagando los servicios de quienes dispararon contra civiles desarmados, defendiendo su régimen.

Todo esto como parte de un espectáculo donde el Congreso, ahora liderado por Fernando Rospigliosi pretende duplicarse el sueldo, y quien se piensa mandataria, continúan con su hostigamiento al Ministerio Público, su afán por recortar la autonomía judicial, su decisión de acabar con la posibilidad de elecciones competitivas, y el desprecio abierto que muestran por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un espectáculo donde todas las piezas funcionan en la misma dirección: un Tribunal Constitucional que blinda a la señora, una Junta Nacional de Justicia que evapora 1200 expedientes, un gobierno y congresistas que resultan patrioteros tras los despropósitos de Petro y se desentienden de las responsabilidades que les tocan por el abandono de Santa Rosa y de nuestras fronteras en general.

Las cosas son más duras aún. La maquinaria que avanza, busca instalarse en el largo plazo. Más allá de las ambiciones puntuales que separan a sus integrantes, antes que grandes diferencias, que explican el posicionamiento «opositor» que buscan López Aliaga y sus secuaces para afirmarse como la futura cabeza de la misma coalición autoritaria de hoy, comparten ese como interés fundamental. Si cabe alguna duda sobre aquel, basta mirar el programa tentativo del CADE Ejecutivos 2025, con el claro nombre de “Firmes en la acción ¡por la patria! Porque liderar hoy es una responsabilidad ineludible”. Más allá de los temas, lo impresionante es el reparto. No podía ser muy distinto, siendo la presidenta del evento María Isabel León, exresponsable del plan de gobierno en educación y vocera del fujimorismo en la materia el 2016.

Desde Javier Milei, el presidente argentino, y Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular español, pasando por el parlamentario platense del Partido Libertario Bartolomé Abdalá, hasta Axel Kaiser, activista de derecha y presidente de la Fundación para el Progreso (Chile), la extrema derecha global dice presente y evidencia la actividad de sus redes y fundaciones en la región. Con ellos, lo más rancio, pero también lo más duro de nuestra derecha. Abogados como Humberto Abanto, Natale Amprimo y Aníbal Quiroga ocupándose de la seguridad jurídica y la justicia para los peruanos. Militantes de la Coordinadora Republicana y columnistas de Lampadia repartidos en los distintos paneles, Francisco Tudela y Juan Claudio Lechín ocupándose del impacto de la geopolítica en las próximas elecciones. Obviamente, también en protagónicos papeles Aldo Mariátegui y Fernando Rospigliosi.

Más allá de la apariencia del CADE, todo indica que la maquinaria de la derecha se mantiene anclada en la cultura patrimonial, racial y mercantil que la caracteriza. Que seguirá respondiendo a pactos informales y a la exclusión sistemática de las grandes mayorías para mantener cerradamente su espacio, preservar sus privilegios y administrar el Estado a su servicio, con la violencia que crea necesaria.

 

desco Opina / 22 de agosto de 2025

La coyuntura en curso

 

El propósito del Congreso de prolongar la permanencia de sus actuales componentes en el poder, se expresa en estos días, una vez más, en las medidas que se toman. Apenas un par de semanas atrás la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió archivar las investigaciones sobre los Rolex de la mandataria, mientras a diario se aprueban leyes absurdas, solamente populistas y electoreras, como la creación simultánea –en el papel– de veinte nuevas universidades en el país.

De un lado, los congresistas se esfuerzan ¿ingenuamente? por blindar a futuro la posibilidad de ser sancionados más allá del año 2026, del otro, intentan ajustar el proceso electoral en curso buscando evitar que posibles rivales, salidos desde la oposición existente en el escenario público, puedan postular en las próximas elecciones. Ello, a pesar de que su aprobación es apenas un error estadístico.

En ese propósito buscan suspender a jueces y fiscales supremos que, –particularmente el fujimorismo– consideran indispensable cambiar, por ejemplo, modificando el Reglamento del Congreso para disminuir el número de votos necesarios para sancionarlos y reemplazarlos. Se trata una vez más de dificultar la persecución del delito y mantener o ampliar las cuotas de poder que han conseguido, limitando el poder Ejecutivo y controlando progresivamente otras instituciones importantes como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia.

La lista de ataques a la democracia y la gobernanza es amplia y variada. Incluye las recientes modificaciones a la ley APCI y su estrategia de debilitamiento de las investigaciones y sanciones por la violación de los derechos humanos cometida recurrentemente por el Gobierno, así como diversas exoneraciones tributarias a los grupos de poder, en desmedro de los recursos que requiere el presupuesto público. Eso mismo ocurre cuando plantean modificaciones puntuales a la legislación electoral para, entre otras decisiones de última hora, facilitar la reelección de autoridades municipales y regionales.

En esa línea, sin embargo, no han podido inhabilitar por ahora a figuras que un sector de la ciudadanía ve con buenos ojos como el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el expresidente Francisco Sagasti y en una tercera inhabilitación, Martín Vizcarra. Muchos de ellos, hay que recalcarlo, no salen limpios de la revisión y consecuente observación hecha por RENIEC del registro de firmas falsificadas de afiliados que incluyen a los fujimoristas de Fuerza Popular, con amplia experiencia en ese delito.

Lo que parece buscar la costra gobernante, además de favorecer los intereses de los grupos ricos de creciente poder económico, es seguir adelante con la corrupción en marcha, tan galopante como la violencia delincuencial que ya suma más de 4300 homicidios, víctimas de las condiciones en las que nos han sumido quienes ejercen las facultades legislativas y ejecutivas del Estado.

Nunca antes que se recuerde, lo dicen varios de nuestros más destacados historiadores e historiadoras, nuestro país estuvo inmerso simultáneamente en tanta violencia, corrupción y desmanejo público. El listado de los peores ministros, ponderado por especialistas nacionales y extranjeros, así como la ciudadanía expresándose en encuestas de opinión, muestran porcentajes de desaprobación superiores al 95%. El repudio ciudadano es abrumador en medio del contubernio y respaldo mutuo que una mayoría congresal autoritaria comparte con el Ejecutivo desde las protestas y muertes iniciadas en diciembre del 2022.

Son ya más de dos años de destrucción de la institucionalidad pública y privada en el país, que con el aliento a la informalidad delincuencial, en un escenario de pésima gobernanza, en el que brillan por su opacidad sujetos como el actual asesor de la presidencia y exministro del Interior Santivañez, el inaceptable ministro de Educación y la mención aparte que merecen las inauditas declaraciones del ministro de Agricultura, en esta ocasión desconociendo el papel de la agricultura familiar y su invalorable aporte a la construcción de la seguridad alimentaria, para favorecer a la minería contaminante.

Soportamos una mala gobernanza nacional, que implica un retroceso en nuestro proceso de desarrollo, y más grave aún, nos enfrenta al riesgo de un quebrantamiento serio del país, a la imposibilidad de contar con un proyecto nacional mínimo que se sustente en la democracia, la justicia y la conjunción de una concertación solidaria indispensable que permita al Perú ubicarse en medio de un escenario internacional turbio, plagado de amenazas, enfrentamientos y guerras que nos tocan cada vez más de cerca.

La disputa por heredar el poder y el interés de organizaciones como el cerronismo, el fujimorismo y Alianza para el Progreso por ampliarlo, entre grupos que soportan al gobierno actual, se produce en un escenario en el que la mayoría ciudadana expresa en las encuestas su desinterés por tentar el control de Estado y solamente demanda el cese de la violencia delincuencial en una lógica de supervivencia, incapaces de ver por ahora un futuro de desarrollo mínimamente armonioso y de prosperidad compartida.

 

desco Opina / 2 de mayo de 2025

La coalición autoritaria en su laberinto

 

La reciente medición de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reitera la gravedad de la situación actual. La encuesta muestra que la aprobación de la señora Boluarte llega apenas al 5%, la más baja desde su llegada a la Plaza de Armas, mientras la desaprobación del Congreso de la República se mantiene en 6%, llegando a un ridículo 3% en el centro y el sur. Buscando factores que expliquen la caída de la mandataria, el IEP subraya la percepción que existe sobre la corrupción en el gobierno –92% cree que es más o igual de corrupto que los gobiernos anteriores–, así como aquella otra sobre la situación económica, dado que 72% dice que el total del ingreso del hogar les alcanza con dificultades o con grandes dificultades. Por lo demás, siete de cada diez personas encuestadas considera que la crisis política sin fin que vivimos, afecta su situación económica. No debe sorprender, entonces, que 77% se muestre a favor del adelanto de elecciones, ni que ese porcentaje sea más alto fuera de Lima y en los niveles socioeconómicos más bajos, aunque preguntados por eventuales candidatos, los tres primeros sumados –Keiko Fujimori, Antauro Humala y Pedro Castillo–, no llegan al 7%.

En este escenario la destitución, aparentemente definitiva, de la ex Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decretada por unanimidad por una Junta Nacional de Justicia cada vez más impredecible, mostró rápido sus distintas e importantes consecuencias, evidenciando que ella era pieza estratégica de la coalición autoritaria en el gobierno, entre otras cosas para concluir los pendientes en el proceso de captura de las principales instituciones del Estado en el que está embarcado el Congreso de la República. Su caída fue un disparo bajo la línea de flotación, como lo ha sido también la denuncia constitucional del Fiscal Villena contra Dina Boluarte, a quien acusa de cohecho pasivo impropio, soborno en el idioma de la gente, por recibir, a préstamo de su “waiky”, diría ella, tres relojes finos, un par de aretes de oro y una pulsera de oro y diamantes, todo a cambio de un presupuesto para Ayacucho de más de 190 millones de soles.

Como mordidos por una víbora, desde el Ejecutivo los ministros devinieron en aplicados guardaespaldas de la Presidenta, mientras sus socios mayores, la blindaban en el Congreso y aceleraban el paso en sus distintas tropelías. Los primeros, cuya inutilidad en la gestión es manifiesta, se hicieron provocadores y locuaces. Mientras el ministro de Energía y Minas anunciaba a los cuatro vientos la pronta ejecución de Tía María y Conga, el premier Adrianzén, en sorda competencia con el llamado vocero presidencial, acudía a Puno a intentar atemorizar a sus pobladores y se paseaba por los medios atacando al Ministerio Público y mostrando su admiración por Cantinflas al sostener que la Fiscalía no puede investigar a Boluarte, tras haber afirmado meses atrás, con idéntica pasión, que sí podía investigar a Pedro Castillo, compitiendo, por cierto, con varios otros abogados y ministros que adaptan sus interpretaciones de acuerdo a sus clientes e intereses. Como telón de fondo, Dina en distintas apariciones públicas, victimizándose.

Los segundos, es decir los congresistas, aceleraron la marcha y continuaron con sus trapacerías. Asistimos a la más reciente de ellas cuando la avezada fujimorista Moyano incorporó una enmienda que, en la práctica, suprime las agrupaciones políticas surgidas en regiones, con el argumento de fortalecer a los partidos nacionales, cuando es claro que de lo que se trata es de acabar con su competencia. En las elecciones regionales y municipales últimas, los partidos nacionales ganaron 9 regiones de 25, 74 provincias de 196 y 700 de 1694 distritos; el fujicerronismo que el 2022 sumó 61 bancas –37 Perú Libre y 24 Fuerza Popular–, en los comicios regionales y municipales conquistaron tres alcaldías distritales, los fujimoristas, y 3 provinciales y 74 distritales los seguidores de Cerrón. En otras palabras, una modificación más de las 26 hechas por ellos, para ellos mismos, para tener ventaja sobre los demás y, creen, que para garantizar su reelección.

El impacto de las disputas abiertas es innegable, acelera el tiempo político y desnuda las distintas ambiciones de las derechas. El alcalde de Lima, que sorprende esta semana porque se anuncia que gastará trece millones de soles en carruajes a caballo para el centro histórico de Lima, participó del lanzamiento de su candidatura presidencial desde Loreto y aceptó su disposición a “sacrificarse” si no aparece otro líder de su calibre. Los almirantes Cueto y Montoya se fueron de Renovación Popular, quizá porque le creyeron al alcalde cuando anunció su decisión de permanecer en ella hasta el último día de su mandato. Fernando Cillóniz, tras pasearse por varios medios poniendo su candidatura a disposición, finalmente se inscribió en el PPC para tener una plataforma desde la que plantea una coalición, asegurando que es “materia dispuesta”. Hasta la propia Benavides parece soñar con la posibilidad de candidatear tras el insólito homenaje que le rindieron los apristas. Así las cosas, Keiko Fujimori que se sentía segura y natural candidata de las derechas autoritarias, a la competencia que supone su padre circulando, si no para ser candidato, sí para imponer congresistas, descubre que enfrenta aguas movidas, incluso en su propio partido.

La medición de opinión con la que empezamos, evidencia la esperanza de los encuestados sobre el surgimiento de alguna persona o movimiento que lidere un cambio positivo para el país. La esperanza no es en los partidos políticos realmente existentes y a la luz de lo que vemos, es pálida. Desde distintos sectores de la denominada sociedad civil hay variadas iniciativas que tratan de caminar a una ciudadanía activa para llevar adelante sus intereses y pugnar por la democracia, pero aún son muy débiles. El proceso de construcción de organización social que viene dándose es lento; sigue marcado por la desconfianza y las distancias que existen. Buena parte del problema es que estas iniciativas no dialogan entre sí y no coinciden necesariamente en las soluciones y propuestas. Un primer paso, creemos que exige que se reconozcan. Caso contrario seguiremos con más de lo mismo, es decir peor.

 

desco Opina / 31 de mayo de 2024

Una gran tragedia… aunque parezca comedia increíble

 

La caída del expremier Alberto Otárola y la arremetida final contra la Junta Nacional de Justicia son los nuevos capítulos de la renovada versión de una telenovela con la que Ejecutivo, Legislativo y los principales actores políticos devenidos en bufones que actúan paradójicamente en un drama, nos atormentan desde hace más de un año. El triste espectáculo que marca los estertores finales de nuestra siempre precaria democracia, se inició semanas atrás con la irrupción del presunto enfermo terminal Alberto Fujimori, explicitando su importante papel protagónico y el vínculo de conveniencia que liga a Fuerza Popular y la señora Boluarte. Los desmentidos de la hija, afectada una vez más en su ambición presidencial, fueron acompañados del oportuno “descubrimiento” de las condiciones de privilegio en las que se encontraría afrontando sus juicios la exalcaldesa de Lima.

El domingo tres de marzo, por la misma vía y a la misma hora de la denuncia contra Villarán, asistimos a la exhibición de algunas de las conocidas miserias del entonces primer ministro, abogado defensor y guionista de la mandataria. Una de las distintas beneficiarias de sus requiebres y afectos lo puso contra las cuerdas con las revelaciones de su historia, que nos ha costado a todas y todos varias decenas de miles de soles, encendiendo a la teleaudiencia y presumiblemente alegrando al “hermanísimo”.

La Presidenta, sorprendentemente reaccionó a los minutos, limitándose a mostrar su disposición a deshacerse de su guardaespaldas, quizá tranquilizada, entusiasmada por la proclama del Alberto original. Así las cosas, Otárola renunció, asegurándose que el único cambio fuera un sucesor de idéntica calaña, aunque de menor calado. La sacaba barata: se iba por un confuso escándalo de faldas y no por su responsabilidad por los muertos y la represión bárbara que comparte con su antigua asistida. Gustavo Adrianzén, el mismo que acusó ante la CIDH a los manifestantes de ser los responsables de las muertes, emulando a Martha Chávez, será la nueva bisagra con el fujicerronismo. Otárola, sonriente, se despidió haciendo un aporte adicional al morbo mediático, al señalar al expresidente Vizcarra, a estas alturas “culpable” de buena parte de los males del país, como el fabricante de una confabulación en su contra.

El Congreso “fiscalizador –cuyos principales voceros son los mismos que han blindado a Boluarte y a Otárola de cualquier investigación por los muertos y heridos de las protestas–, a la par que se apuró en exigir la salida del expremier, aprobó rápidamente la bicameralidad, abrió la puerta a la reelección inmediata de sus actuales integrantes y exoneró de ese requisito para postular al futuro Senado a todos aquellos que hoy lo componen y son menores de 45 años. De inmediato se abocaron a la fase final de su objetivo mayor en esta etapa, la liquidación de la Junta Nacional de Justicia.

Con dificultades para obtener los 67 votos que requerían para lograr su meta, se pusieron como objetivo mínimo la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez. Violando el artículo 100 de la Constitución y de su propio Reglamento, que establecen enfáticamente que los integrantes de la Comisión Permanente no votan, les permitieron hacerlo a partir de una “interpretación auténtica” y aparentemente de un acuerdo anterior, que resulta teniendo mayor peso que la sacrosanta carta magna que dicen es su Biblia. Fracasados, no obstante, en su primer intento con el segundo, y no habiendo alcanzado los votos en el caso de los otros cuatro integrantes –Thornberry, Zavala, Tumialán y De la Haza–, dando un espectáculo deplorable, la Mesa Directiva aceptó un juego de reconsideraciones, abriendo espacio a las presiones y las cartas bajo la mesa en las que tienen larga experiencia, para finalmente conseguir la inhabilitación de Vásquez y postergar hasta el lunes la nueva votación para el caso de De la Haza, buscando los votos que no tenían en ese momento.

Aunque desde afuera podemos ser vistos como partícipes de una comedia difícil de creer, es obvio que asistimos a una tragedia de larga duración. Estamos en una situación deplorable en la que la característica del régimen es la combinación de impunidad y comportamiento mafioso, asociado con un autoritarismo creciente que apunta a aislar y liquidar a quienes se opongan a lo que están haciendo, alentado por la mayoría de actores políticos e institucionales. Una reciente encuesta de IPSOS muestra como peruanas y peruanos calificamos la democracia con un puntaje de 7.1 sobre 20 y señalamos como responsables de la crisis política que estamos viviendo al Congreso (70%), el Poder Ejecutivo (63%), el Poder Judicial (27%) y la Fiscalía (16%).

Es evidente que la coalición autoritaria y conservadora está decidida a llegar hasta el final. Resulta entonces, más urgente que nunca, articular un amplio bloque democrático que vaya bastante más allá de las izquierdas y sea capaz de superar los matices y desconfianzas que se observan hoy en los distintos esfuerzos en curso, así como de actuar en los distintos espacios posibles, locales, regionales, nacional e internacionales, desde la apelación a la Carta Democrática de la CIDH, hasta la presencia constante en las calles. 

 

 

desco Opina / 8 de marzo de 2024