Segunda vuelta… ya vuelta, oye

 En un desco opina de quince años atrás titulado «La selva central y la segunda vuelta», manifestamos que “para nadie es un secreto que la selva central es un bastión fujimorista”. Hoy en el 2026, el escenario se repite por cuarta vez consecutiva, enfrentando una segunda vuelta electoral con un sólido respaldo de la selva central a Keiko Fujimori.

De los ocho distritos de Oxapampa (Pasco), siete han afirmado un respaldo “escandalosamente abrumador”; en Chanchamayo (Junín), los seis distritos que componen esta provincia acumulan un caudal fujimorista contundente. Este mismo comportamiento se observa en Pichanaqui, a pesar del rechazo a la visita que realizó Keiko meses antes. Aquí, el fujimorismo obtuvo un virtual empate junto a Roberto Sánchez; mientras que en Satipo, alcanzó un segundo puesto con 21.5% de los votos, a escasos 3 puntos del primer lugar. En elecciones como la del 2016, el respaldo al fujimorismo en estas zonas superó el 50%, actualmente en muchos distritos este respaldo se mantiene por encima del 40%. Si recorremos nuestra Amazonía, en muchas de sus provincias, Keiko tiene un fuerte respaldo electoral, demostrando que en quince años el mapa político se ha movido muy poco o casi nada, y que ninguna o muy pocas de las 35 candidaturas presidenciales pudieron disputar su posicionamiento actual.

Aunque el escenario electoral de la segunda vuelta aún es incierto, todo nos indica que, si Sánchez es el candidato rival de Keiko, gran parte del voto local migrará hacia el partido naranja. El discurso de Sánchez y su exhibición pública con personajes de la izquierda denominada como radical por algunos sectores, no le auguran mucho respaldo en la selva central debido a la narrativa impregnada en esos sectores que apela al temor y la memoria de los años de la violencia terrorista. Máxime si uno de los aliados más cercanos señaló en su momento que “lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo”. La izquierda política en la selva central peruana (Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali) ha enfrentado históricamente un panorama electoral adverso, caracterizado por un contundente respaldo al fujimorismo.

Mientras el sur peruano es de tendencia izquierdista, las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa han mostrado un fuerte respaldo a opciones conservadoras. Este “romance” entre el fujimorismo y la selva peruana sigue vigente desde los 90, y otras propuestas políticas no han sido capaces de disputarle ese posicionamiento. Cabe precisar que, al igual que en las grandes ciudades de la costa y sierra, en las ciudades de selva también existen colectivos de “No a Keiko”, quienes han organizado acciones de resistencia ante las visitas de los simpatizantes naranjas, pese al pasado albertista que aún sigue vigente en estas regiones, aunque, por la juventud de muchos de los actuales simpatizantes, podríamos aventurarnos a señalar que ahora la selva central es en su mayoría “keikista”.

No hay duda de que los principales y más antiguos representantes del fujimorismo seguirán apelando a la figura del padre, pero ahora es la hija la que está construyendo un liderazgo propio dirigido a las nuevas generaciones que no vivieron los 90 y que hoy muestran su respaldo en las ánforas. Para no perder ese respaldo, Fuerza Popular ya ha iniciado su campaña aprovechando la ventaja que la posiciona en el primer lugar, mientras aún aguardamos los resultados finales que darán los organismos electorales para conocer a su rival, en medio de una fuerte incertidumbre y la preocupación de sectores importantes de la población por una posible afectación a la voluntad que expresaron en las urnas.

 

desco Opina – Regional / 24 de abril de 2026

descocentro 

Una historia repetida

 

A cinco días de la primera vuelta electoral, aún desconocemos quién será el rival de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta, quiénes los integrantes del Congreso futuro y cuáles las fuerzas que controlarán al Senado todopoderoso. Sin embargo, es meridianamente claro que no estamos asistiendo a un proceso electoral “normal”. Lo sabíamos desde un inicio, porque se trata de uno diseñado por un congreso mafioso y autoritario que, convertido ya en primer poder del Estado, busca perpetuarse en el gobierno y lo diseñó a su imagen y semejanza.

Como se recordaba en un artículo publicado el día mismo de las elecciones, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto al derecho de las minorías. En nuestro país, aquellas se fragmentaron aceleradamente por la perversión de las reglas de juego, consagrándose el imperio de las segundas. La alianza de facto de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú, Podemos, AP y Perú Libre, destruyó la frágil institucionalidad democrática, el estado de derecho e incluso la persecución del crimen, todo en su beneficio. En ese proceso, la frivolidad de un Congreso lleno de privilegios que hoy cuesta 1768 millones de soles, más del doble de lo que costaba el 2022, así como su grosero desprecio por sus electores, explican el profundo rechazo que generan en la población, rechazo que, como es obvio, comparten los partidos políticos.

La cédula de votación, 44 cm x 21 cm, era el símbolo perfecto del desorden y la confusión que podían producirse el 12 de abril. Cinco columnas para igual número de elecciones simultáneas, 37 agrupaciones en competencia y varios miles de aspirantes en pugna, hablaban de la elección con más candidatos en los últimos 60 años en toda la historia nacional. La eliminación de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) multiplicó el número de partidos y abrió las puertas a agrupaciones que no habrían superado los filtros de procesos anteriores, asegurando una arquitectura electoral que asegurara el acceso al gobierno y a la representación con números irrelevantes. En otras palabras, la decisión de prolongar la situación que ya se observaba desde años atrás, manteniendo la baja legitimidad de origen de los parlamentarios. Recordemos que Fuerza Popular, con el 39.8% de los votos, logró el 56.15% de los congresistas el 2016, mientras que la alianza de facto que controla el actual Congreso, sin contar los votos de Perú Libre, no alcanzó ni el 15% del voto emitido.

Lo que no era tan previsible fue el naufragio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de la votación. Retrasos significativos en la distribución del material electoral, problemas con el funcionamiento y las conexiones de las computadoras o ausencia de éstas y locales inadecuados se fueron evidenciando en Lima desde las primeras horas. Finalmente, 52 261 electores en Lima se quedaron sin ejercer su derecho, porque no se pudieron instalar 187 mesas de votación en varios distritos del sur de la capital. La incapacidad de la ONPE para responder a una situación que generaba malestar creciente y la pronta reaparición de López Aliaga denunciando un fraude en su contra, retomando una letanía que había iniciado semanas atrás y que incluía, desde entonces, una amenaza directa a Corvetto, enrarecieron rápidamente el ambiente y en pocas horas asistimos a una acelerada película que permite múltiples sospechas, y que debe ser aclarada pronto.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salvar su indiscutible responsabilidad en los problemas suscitados, el Ministerio Público y la Policía, todos atrás del cuento del fraude, enfilaron contra Corvetto como responsable único y avanzaron en su afán de encontrar delito y flagrancia, incluyendo la detención y la exhibición de un funcionario esposado. Para entendernos, las gruesas fallas logísticas de la ONPE, los silencios y las importantes omisiones de su máxima autoridad, más allá de afectar de distinta manera el voto de más de 850 000 personas, exigen investigación inmediata y profunda, pero no justifican ni las denuncias de fraude ni la cacería de chivos expiatorios desde un Estado en derrumbe y en creciente deriva autoritaria (Nicolás Vargas en “Un golpe silencioso; un golpe perfecto”, La República 17 de abril de 2026). Mientras no se presenten pruebas, insistir con el argumento linda con el delito. El asunto es tan grosero que Keiko Fujimori hizo un llamado a la calma y a no hablar de fraude, cierto que como preámbulo a recordar que “el enemigo es la izquierda”, mientras distintos abogados, insospechables de izquierdismo, como César Nakazaki, insisten en que no se puede usar el derecho penal en este momento.

En medio de ese escenario, la gente participó y votó masivamente el domingo 12 porque asumió que con el voto también se lucha. Los resultados hasta el momento, así lo demuestran. Más allá de quién competirá con Fuerza Popular en la segunda vuelta, lo que es indiscutible es la lista de quiénes desaparecen del Congreso, sentenciados sin apelación. A César Acuña y APP, José Luna y Podemos, Avanza País y sus ruidosos voceros, Somos Perú con su triste paso por la presidencia del país, el huidizo Cerrón y su Perú Libre, así como a los viejos partidos históricos –APRA, PPC y AP, previamente suicidada –, les quedará como consuelo su eventual participación en las elecciones subnacionales de octubre. Los electores no se perdieron en la fragmentación ni en las dificultades del proceso mismo, decidiendo recordar y castigar.

El competidor de la señora K en la segunda vuelta difícilmente se definirá en las próximas horas. Hay más de 5400 actas impugnadas en el país, 18.8% en Lima. Los personeros naranjas y celestes se las reparten, priorizando muchos de los territorios en los que ganó Sánchez, en un proceso electoral cuya calidad ha sido seriamente afectada, involucrando la representatividad de los resultados y aumentando la polarización y la desconfianza de la ciudadanía. A la incontinente violencia verbal del exalcalde limeño se suman periodistas que no dudan, por ejemplo, en calificar de “ignorante, revanchista y odiador” al voto del sur, así como una derecha que no aprende y que mira como rojo y peligroso todo lo que no ve el mundo como lo hacen desde sus intereses y sus miedos. En este escenario, los próximos días las denuncias de fraude se multiplicarán, seguramente desde el lado de los candidatos en pugna, pero también de sectores del electorado y de poblaciones que sentirán que atrás de las acusaciones de fraude está el interés de desconocer su voluntad.

Como lo señaló un analista, citando a Marx, la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Recordemos que a la segunda vuelta concurrirán dos candidatos, no importa si López Aliaga o Sánchez, que sumados a Fujimori no representan al 30% de los electores.

 

 

desco Opina / 17 de abril de 2026

Entre el proceso electoral y el voto de confianza al Gabinete

 

La designación como Presidente de la República de José María Balcázar, hecha por el Congreso de la República, marcó un nuevo momento en la larga crisis orgánica que vive el país. El anterior mandatario, también designado por el Congreso, José Jerí, un cabal representante del autodenominado primer poder del Estado, terminó su breve mandato con 21% de aprobación y en caída acelerada, con una opinión pública –que no obstante los sucesivos escándalos en los que apareció involucrado ya instalado en la Plaza de Armas– donde el 65% creía que su censura estuvo motivada sólo por intereses políticos. Apenas 24% aprobó la designación de Balcázar y 56% indicaba que las cosas seguirán igual con él y 26% creía que empeorarán.

Ciertamente, no faltaba razón. Más allá de los groseros pecados de las últimas semanas del representante de Somos Perú, su historial previo –cargaba con una denuncia por violación archivada, otra por desobediencia a la autoridad y una tercera por integrar una supuesta organización criminal, además de su activa participación en todas las normas que dificultan y limitan la lucha contra la criminalidad, así como en las leyes que demolieron la institucionalidad y su entusiasmo por la amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos y la prescripción de delitos de lesa humanidad–, el interés y el apuro de parte importante del Congreso por su censura y la defensa cerrada que hicieran de él Keiko Fujimori y el fujimorismo en pleno, así lo demostraban.

Los pleitos entre Fujimori, López Aliaga, Acuña y Luna ocuparon el espacio, pero no lograban esconder que se trataba de peleas para desplazarse unos a otros en la campaña y para acusarse de haberle entregado el gobierno a la izquierda. Todos tratando de capitalizar en un sentido u otro la caída del hincha de Pantaleón y buscando adivinar quiénes votaron por Balcázar porque la aritmética demostraba que para lograr los 64 votos que obtuvo, el pacto de la derecha se debilita y que la competencia entre López Aliaga y los naranjas se desata, en una disputa entre compadres que buscan las mejores cartas de cara al 12 de abril y que más allá de los insultos y las descalificaciones en las que ambos tienen experiencia, aunque el candidato de Renovación lleva ventaja, están soldados y firmes en la captura del Estado y sus instituciones, la defensa de las leyes procrimen y antiderechos, la militarización de la seguridad ciudadana y la protección de su impunidad y sus privilegios.

El affaire De Soto, más allá de sus detalles menores, todo lo indica así, fue el temprano enfrentamiento entre dos egos, con historias y perfiles distintos, pero con similares ambiciones de poder y reconocimiento a la escala de cada uno. La continuidad de siete ministros, incluyendo a la nueva Premier y al ministro de Relaciones Exteriores, elogiados y reconocidos tres meses atrás por las distintas derechas, diversos gremios empresariales y por muchos analistas y medios de comunicación, se convirtió en demostración del peso y la presencia de APP en el Estado, como si fuera una novedad desconocida. Como en el caso de Jerí, el historial del nuevo encargado de la presidencia –la acusación por el robo de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, el tráfico de influencias recomendando a su nuera a Patricia Benavides, el plagio de la tesis de su hijo o sus indignantes declaraciones sobre la sexualidad de las niñas–, devino en descubrimiento, evidenciando una práctica instalada que consiste en “descubrir” al infractor cuando es necesario y olvidarlo cuando conviene, como ocurrió en este caso con su papel de facilitador de la composición del Tribunal Constitucional.

Como resulta obvio, el futuro de Balcázar y su gabinete dependen del Congreso y por ende del proceso electoral, el interés mayor de éste hasta el 12 de abril. Aunque ha disminuido el porcentaje que no elige a ningún candidato viable (de 44.5% a 35.8%), la última encuesta del IEP muestra que se mantiene la incertidumbre: No aparece un ganador probable, y si bien 39% cree que puede ser alguien que encabeza las encuestas, con más de treinta aspirantes, tales números pueden no ser estadísticamente significativos en un escenario en el que López Aliaga (14.6%), la señora K (10.3%), López Chau (5.3%) y Carlos Álvarez (4.9%) encabezan la intención de voto, mientras 21 candidatos no alcanzan ni siquiera el 1%, en una competencia en la que Fujimori resulta imbatible en el antivoto (54%). Ello, en un escenario en el que 65% de los encuestados dice estar poco o nada interesado en la política, aumentando 8 puntos en relación a enero.

Por lo demás, ello es comprensible cuando al menos 252 candidatos al nuevo Congreso bicameral (Senado, Diputados y Parlamento Andino) han declarado sentencias penales firmes en sus hojas de vida presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los partidos con mayor número de candidatos con antecedentes penales figuran Podemos, Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, que suman 61 sentenciados. Es difícil estimar el impacto en el electorado de la actuación del Congreso en el nombramiento de Balcázar, uno de sus efectos posibles es un mayor distanciamiento de la política y dar la idea de que la elección de presidente importa poco si el Congreso puede removerlo en cualquier momento.

El voto de confianza que buscará el gabinete Miralles en este contexto será un nuevo momento de la campaña electoral. El gobierno lo sabe y tiene claro que no es muy distinto al Congreso, –por ejemplo, más de diez ministros tienen denuncias policiales por delitos como corrupción, lavado de activos y ambientales–, apurándose en coordinar con la presidencia del Congreso, que como bien sabe Jerí, no es garantía de nada. A fin de cuentas, con este Congreso, por su afán de poder y de dinero, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. El pueblo peruano debe estar alerta y salir al frente cuando sea necesario.

 

 

desco Opina / 6 de marzo de 2026

Encargado presidencial, Congreso y contexto electoral

 

Perú enfrenta una crisis política de proporciones sistémicas. Nada menos que el encargo de la Presidencia de la República al congresista Jerí recae en un mandatario interino hoy señalado por serias sospechas de múltiples delitos, lo que profundiza la percepción de ilegitimidad de las instituciones públicas y amplifica la desconfianza ciudadana en el sistema político.

El funcionario que hoy ocupa la Presidencia se encuentra bajo investigación por una serie de presuntos ilícitos que incluyen al menos tres acusaciones: corrupción en la contratación pública, tráfico de influencias y asociación ilícita mediante la posible existencia de redes que operan desde el Estado para beneficio de ciertos grupos económicos y partidarios. Estas acusaciones no solo afectan su legitimidad, sino que colocan al país en una crisis de gobernabilidad: una vez más un presidente con investigación penal enfrenta la obligación de responder a la justicia y, simultáneamente, dirigir un Estado fracturado. Esta circunstancia no es un hecho aislado, sino el resultado de un largo proceso de erosionamiento de la autoridad estatal, la captura del Estado por redes clientelares y la normalización de prácticas corruptas al más alto nivel.

El Congreso de la República, lejos de funcionar como un órgano de control y equilibrio, se ha consolidado como el epicentro de un pacto político-electoral mafioso que prioriza intereses particulares por encima del interés general. Nos enfrentamos a la ambivalencia de muchos congresistas –y también de las bancadas– que se manifiesta en la carencia de una postura ética clara: se alterna entre la retórica de “defensa de la institucionalidad”, y el apoyo tácito a prácticas que favorecen a los investigados, dependiendo de conveniencias coyunturales.

También en negociaciones opacas sobre la continuidad o censura provenientes del Ejecutivo, que han migrado de debates públicos a acuerdos informales entre cúpulas partidarias. Constatamos así, una pasmosa inacción del poder Legislativo frente a estos escándalos: más que fiscalizar, el Congreso ha evitado investigaciones profundas que podrían implicar a sus propios miembros o alianzas, priorizando la preservación del poder compartido.

El doble discurso del fujimorismo, Alianza para el Progreso y otros actores de un sector de las izquierdas es innegable. El fujimorismo, por un lado, se declara defensor del orden, la estabilidad y la lucha contra la corrupción, mientras apoya acuerdos que preservan su influencia política, incluso si implican avalar a figuras bajo investigación en un discurso que evidencia una priorización del poder sobre la coherencia ética y la transparencia. De forma similar, Alianza para el Progreso, bajo la conducción de César Acuña, exhibe una retórica moderada y tecnocrática que pretende diferenciarse de las acusaciones de corrupción generalizada, respaldando decisiones que favorecen la permanencia del statu quo político, diluyendo así cualquier postura de ruptura con el modelo de captura de poder que se practica.

Todo esto se trenza faltando menos de dos meses para las elecciones generales en un escenario caracterizado por un padrón de opciones excesivamente fragmentado. Con casi 180 casilleros en la cédula de votación se complica la decisión racional de los electores, lo que sin duda producirá un alto número de votos anulados por la complejidad de la boleta que se usará.

Asimismo, la fragmentación electoral beneficia a los grupos hoy presentes en el Congreso, quienes además de disponer de más recursos para la campaña, han diseñado el sistema y –más o menos– controlan al Jurado Nacional de Elecciones. En este escenario, por ejemplo, la forma de elegir al Senado, que es el centro del poder que se instale, beneficia la elección de cuatro senadores por Lima, donde se concentra la votación de derecha extrema, como lo evidencian las simpatías por López Aliaga.

Esto ocurre en medio de una campaña poco informativa en la que la mayoría de candidaturas carece de propuestas claras y detalladas, centrándose en lemas genéricos, en confrontaciones personales o trayendo propuestas francamente estúpidas como la entrega de DNI a los fetos o la construcción de un aeropuerto internacional en Oxapampa, entre las varias formuladas por el candidato de Renovación Popular.

Finalmente, el ambiente de desencanto político ha generado un alto desinterés electoral. Lo muestran todas las encuestas recientes que revelan niveles crecientes de apatía y de abstencionismo, particularmente entre jóvenes y sectores populares. Esto, a nuestro entender, se explica por diversos factores como el serio déficit de información a consecuencia de la carencia de medios efectivos de difusión de las propuestas, y la inexistencia de una educación cívica robusta que permitiera a la mayoría de votantes evaluar críticamente a los candidatos. A nadie sorprenderá entonces, que esta situación probablemente desemboque en que muchos ciudadanos voten por identidad de grupo, influencias mediáticas o endoses superficiales, y no sobre la base de propuestas concretas o planes de gobierno viables. El resultado previsible es el sacrificio de la calidad del proceso democrático y el consecuente cuestionamiento de la legitimidad de los resultados, independiente de quién resulte elegido por un electorado desinformado y desinteresado, enfrentando una cédula de votación confusa y desarticulada.

Preocupa, sin duda, que este cóctel de factores nos conduzca a un ciclo político por lo menos tan incierto como el actual, donde las decisiones tomadas en las urnas no se traduzcan en estabilidad, transparencia o progreso institucional para nuestra patria. Toca a los ciudadanos más conscientes hacer un esfuerzo especial para intentar evitar este oscuro escenario ad portas.

 

desco Opina / 6 de febrero de 2026

 

Lima atorada: una historia de bypass, trenes y peajes

 

En los últimos días viene “circulando” información acerca de la construcción de un viaducto de 1.8 km en la av. Javier Prado –una de las arterias más congestionadas de la ciudad capital–, el cual conectará desde la av. Las Begonias hasta la av. Arenales. Esta obra proyecta iniciar su construcción entre enero o febrero del 2026 y se prevé su culminación para finales del mismo año.

Esta obra forma parte de los preparativos para la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027, la cual proyectaba meses atrás, que la av. Javier Prado tendría tres bypass valorizados en S/500 millones para descongestionar el tránsito en distritos como San Isidro, Lince y Ate. Esta noticia que en principio puede sonar alentadora, apuntando a liberar el tráfico que sufren muchos limeños que transitan por esta vía de la ciudad, puede terminar generando un efecto contrario al esperado, pues quizá el resultado sea “transportar” el tráfico de un punto a otro de la ciudad, que actualmente está catalogada entre las siete primeras ciudades con mayor tráfico a nivel mundial, con un promedio de velocidad de tan solo 14 km/h.

Esta situación solo demuestra que el problema del transporte urbano en la ciudad de Lima es un tema álgido y complejo, que no ha contado con soluciones adecuadas ni integrales, y que no hace más que sumarse a otras obras previas de envergadura a nivel metropolitano como el popular tren Lima–Chosica, cuyo plan hoy difiere de la propuesta inicial anunciada por Rafael López Aliaga cuando aún no dejaba el sillón municipal metropolitano y prometía que el ferrocarril llegaría con sus 10 estaciones hasta el Callao. Actualmente, Proinversión, encargada de la asistencia técnica del proyecto ha reducido su propuesta de estaciones y evaluará sobre la marcha blanca dónde deberían ser ubicadas, en principio para esta primera fase se prevé un recorrido desde Chosica hasta Monserrate, con una sola parada confirmada en Huaycán; mientras que se viene evaluando la pertinencia de llegar hasta el Callao, tomando en consideración que la Línea 2 del Metro cubrirá esa ruta. 

Otro aspecto que suma al cuestionamiento sobre los criterios técnicos y de planificación integral del transporte es lo que viene sucediendo con el cobro de los peajes, cambiando de un discurso en el que se eliminaba el cobro de los mismos a uno en el que la Municipalidad de Lima anuncia que el cobro de peajes en la Panamericana Sur será a precios 'más asequibles'. Esto probablemente porque no se tomó en consideración que se requiere hacer un gasto mensual en mantenimiento de autopistas que asciende a S/6 millones según el municipio metropolitano.  

Todo este escenario no hace más que confirmar la poca planificación y el escaso criterio con el que cuentan nuestras autoridades para proponer soluciones estratégicas e integrales a los problemas que aquejan a los ciudadanos. Muchas veces gana el deseo de figurar o anunciar la noticia de impacto que pueda dar visibilidad, sin que eso signifique claridad hacia dónde se tienen que dar los siguientes pasos; la necesidad y la urgencia pueden hacer que, a menudo, el remedio sea peor que la enfermedad.

 

desco Opina - Regional / 18 de diciembre de 2025

descoCiudadano

Ciudades en construcción permanente

 

Motivados por el nuevo proceso eleccionario nacional próximo y en medio de un panorama incierto sobre lo que nos deparará la gestión de nuevas autoridades en el país, vemos que se han producido algunos cambios que podrían ser importantes. Varias autoridades electas, han dejado sus cargos como el caso del gobernador regional de La Libertad.

Aquí en Lima ha sido el alcalde metropolitano quien ha renunciado para tentar el sillón presidencial del país. Todo estaría bien, si las gestiones de ambos funcionarios destacaran con referencias positivas a resaltar lo que nos haría esperar que el nuevo espacio para el cual tientan sirviera para replicar o mejorar lo hecho. Lamentablemente, los resultados de ambas gestiones son pobres, dejan mucho que desear, y los “logros de sus gestiones” palidecen ante la creciente inseguridad ciudadana y obras inconclusas en las que se ha dispendiado mucho dinero público.

Percibimos, en el caso de los municipios de Lima, que enfrentamos gestiones que en forma generalizada se han caracterizado por autoridades de muy limitada capacidad en los distritos. Así, en Lima Metropolitana, a dos meses de culminar el año, solo nueve alcaldes distritales han logrado apenas ejecutar el 60% del presupuesto asignado a obras para este 2025. Mientras tanto el forado que tiene el presupuesto de Lima por presupuesto comprometido a futuro para pago de deuda contraída, está en la misma cuenta en rojo de los trenes gastando vanamente 22 millones de dólares para importar chatarra ferroviaria con toda impunidad.

Cabe preguntarse dónde radica el principal problema para cumplir con las metas programadas; parte de la respuesta la vamos a encontrar si indagamos por los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento vigentes. La participación ciudadana está marginada y no se le tiene en consideración para garantizar que las obras se ejecuten atendiendo criterios de calidad y contando con los aportes y participación de la comunidad en general, para determinar el nivel de satisfacción que se tiene sobre su realización y resultados.

Sin embargo, lo que vemos es la implementación de distintos proyectos apurados bajo la modalidad de fast trak, hechos sin mayor estudio evidenciando –sin vergüenza y con descaro– un afán de marketing electorero y nada más. Incluso en obras con oposición del vecindario y carentes de fundamentos técnicos, que terminan siendo grandes elefante blancos sin mayor utilidad o peor aún, obras que ponen en peligro a la comunidad a la que deberían servir.

Por ello, no es menos importante la tarea de educar y capacitar a los ciudadanos en sus derechos y obligaciones a vivir en ciudades, en grandes metrópolis como Lima, que deben ofrecer niveles crecientes de calidad para sus habitantes como ocurre en muchos lugares de Sudamérica, por ejemplo.

Vemos con estas renuncias, malas prácticas de nuestras autoridades, que nos conducen a vivir en ciudades que en lugar de mejorar son cada vez peores. La forma como producimos las ciudades y cómo somos laxos o estrictos para exigir mecanismos de control más adecuados, nos están conduciendo a situaciones de creciente violencia y colapso que pueden medirse. Un terrible ejemplo en Lima Metropolitana, es el hecho de que un 60 % de las licencias de construcción otorgadas no pasan por una verificación técnica, según informa la Contraloría General de la República.

La escasa participación ciudadana y la poca fiscalización que se ejerce para construir una ciudad con crecientes estándares de calidad para la mayoría de sus habitantes es un grave problema que nos afecta a todos en medio de la pasividad. Este momento de reemplazo de unas autoridades por sus herederos debe servir como una nueva oportunidad para que exijamos un mayor control urbano de nuestras ciudades y promovamos iniciativas que mejoren su calidad en los espacios públicos colectivos, áreas verdes, los servicios públicos, la transitabilidad urbana y la generación de empleos adecuados. Y, por cierto, la calidad de las viviendas en las que habitan precariamente millones de limeños.

 

desco Opina - Regional / 24 de octubre de 2025

descoCiudadano

López Aliaga: la municipalidad como trampolín

 

El uso abusivo de un cargo público como plataforma personal tiene su personificación más reciente en el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Con la complicidad de su cuerpo de funcionarios y bajo un discurso populista que no resiste contraste con la realidad, su administración se ha convertido en una vitrina de propaganda electoral en la que se inauguran obras incompletas, se anuncian ocurrencias inviables y se compromete el futuro financiero de la ciudad con gran irresponsabilidad, como ha resaltado recientemente un reportaje de The Economist.

El alcalde, ya en el tercer año de gestión, ha reemplazado con improvisación y espectáculo mediático lo que deberían ser avances reales respecto a la infraestructura urbana de Lima, tan necesitada de planificación y proyectos urbanos coherentes. Ejemplos sobran: la insólita iniciativa de convertir piscinas municipales en “playas” echando arena, la delirante idea de resolver la movilidad en el Centro Histórico con “carrozas tiradas por caballos” o la promesa incumplida de llevar agua potable a las laderas de los cerros donde cientos de miles de limeños viven sin servicios básicos, usurpando funciones del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal en lugar de coordinar, como también tendría que hacerlo con la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU.

En el terreno social, ha fracasado rotundamente en la reubicación de ambulantes —otro de sus compromisos centrales— generando más conflictos que soluciones, sin ofrecer alternativas para los cientos de miles de peruanos que dependen de ese trabajo precarizado. Su supuesta capacidad de gestión, que vende como carta de presentación presidencial, se desploma frente a la evidencia de una ciudad que sigue desordenada, desigual y sin un horizonte claro.

López Aliaga no construye consensos, divide y polariza, buscando consolidar una base radicalizada a costa de deteriorar el debate democrático. Ello se manifiesta en el cargamontón de insultos y descalificaciones contra todo aquel que no se alinee con su discurso de ultraderecha, empezando por quienes expresan posiciones de izquierda, aunque sin dejar de lado a la propia derecha fujimorista y a Acuña de APP, a quienes ahora ve como peligrosos rivales.

Más grave aún es el manejo de recursos públicos: la operación de los trenes “donados”, convertida en un show personalista, ha destapado cuestionamientos sobre las modalidades de adjudicación de contratos en la Municipalidad de Lima, en las que lo único transparente parece ser el direccionamiento de oportunidades de negocio a antiguos socios del alcalde, para quienes plantea adendas para añadirlos haciendo un abierto tráfico de influencias y la carga de un enorme endeudamiento para la ciudad, hipotecada ahora por más de 15 años.

Es el presente y el futuro de Lima usado como caja chica de su campaña presidencial; una candidatura disfrazada de gestión protagonizada por alguien incapaz de gobernar con seriedad, con el riesgo añadido de trasladar sus fracasos y deudas a nivel nacional.

La contradicción es brutal: mientras promete rescatar al país de la corrupción y la ineficiencia, su gestión municipal exhibe prácticas de opacidad, improvisación y endeudamiento irresponsable. Se vende como gestor exitoso, pero no logra resolver los problemas más urgentes de Lima ni cumplir las promesas con las que llegó al sillón municipal.

Su candidatura, una campaña mal disfrazada de obras de gestión exitosa, sostenida en insultos, populismo barato, apostando por un discurso de choque que explota el desencanto ciudadano con la política tradicional, demuestra que estamos ante un liderazgo peligroso, incapaz de gobernar con seriedad y con el riesgo añadido de trasladar sus fracasos y deudas a nivel nacional.

 

desco Opina / 5 de setiembre de 2025

Una maquinaria de largo plazo en acción

 

La difusión de una encuesta reciente ha causado alguna sorpresa. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y dueño de Renovación Popular, aparece por primera vez encabezando las preferencias electorales con 10%, seguido por Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y César Acuña con 8%, 6% y 3% respectivamente. Entre enero y agosto la candidata naranja perdió cuatro puntos, mientras el alcalde de Lima, al ritmo de sus influencers y sus trenes, ganó 6.  La medición mostraba también que 58% definitiva o probablemente no votaría por Fuerza Popular, 55% no lo haría por Perú Libre y 54% por APP. Lo que los titulares y los comentarios de la encuesta dejaron en segundo plano, es que entre enero y agosto, el voto blanco, viciado, ninguno o no precisa, creció 7 puntos, llegando a 51% –67% en el nivel socio económico E y 57% fuera de Lima–, vale decir derrotando a todos los candidatos.

Como foto instantánea, la medición adelanta la importante probabilidad del antivoto dando paso en abril del próximo año a una elección en la que, al ausentismo, que puede crecer, se sumarán el pragmatismo de corto plazo y, seguramente, la resignación de sectores del electorado. La gente tiene claro quiénes manejan el Congreso de la República y gobiernan el país con la subordinación complaciente de Dina Boluarte, preocupada centralmente por asegurar su impunidad.

Mientras sectores de la opinión pública se distraen con las encuestas, la coalición autoritaria que gobierna avanza sin tregua, consolidando una maquinaria que camina, cree que imparable, en la consolidación de sus intereses. La elección de la presidencia de las comisiones del Congreso fue una pieza más de la repartija a la que nos han acostumbrado; muchos de los congresistas hoy en esa función, enfrentan investigaciones fiscales, denuncias penales o directamente carecen de preparación, mientras que otros enfrentan cuestionamientos por su trayectoria política y sus antecedentes personales. Así, uno de los denominados “Niños”, indagado por corrupción en el gobierno de Castillo, preside la comisión de Ética; una parlamentaria, invasora de varios espacios públicos para ampliar sus propiedades, lidera la comisión de Vivienda, mientras un congresista, promotor de la prolongación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2026, lo hace en la de Energía y Minas.

La mandataria firmó con entusiasmo y alentada por su ministro de Agricultura la nueva Ley Agraria, la ley Chlimper 2.0 en julio, aprobada por el Congreso que, por diez años, reducirá el Impuesto a la Renta de las grandes agroexportadoras y cambia las reglas del agua, permitiendo que las asociaciones de usuarios realicen “transacciones con terceros” del excedente que ahorren, sin intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), debilitando el control público sobre un recurso que es patrimonio de la Nación. El regalo que nos cuesta 20 000 millones de soles beneficia especialmente a Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícola y Agrovisión Perú, a las que se suman industrias del sector vitivinícola como Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero).

Más grosero aún, Boluarte promulgó con satisfacción una ley que otorga amnistía a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa por crímenes graves contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000) y permite la liberación de condenados mayores de 70 años. Su entusiasta abrazo con el grupo Colina desnudó su pobre humanidad y aparecía comprando su impunidad y pagando los servicios de quienes dispararon contra civiles desarmados, defendiendo su régimen.

Todo esto como parte de un espectáculo donde el Congreso, ahora liderado por Fernando Rospigliosi pretende duplicarse el sueldo, y quien se piensa mandataria, continúan con su hostigamiento al Ministerio Público, su afán por recortar la autonomía judicial, su decisión de acabar con la posibilidad de elecciones competitivas, y el desprecio abierto que muestran por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un espectáculo donde todas las piezas funcionan en la misma dirección: un Tribunal Constitucional que blinda a la señora, una Junta Nacional de Justicia que evapora 1200 expedientes, un gobierno y congresistas que resultan patrioteros tras los despropósitos de Petro y se desentienden de las responsabilidades que les tocan por el abandono de Santa Rosa y de nuestras fronteras en general.

Las cosas son más duras aún. La maquinaria que avanza, busca instalarse en el largo plazo. Más allá de las ambiciones puntuales que separan a sus integrantes, antes que grandes diferencias, que explican el posicionamiento «opositor» que buscan López Aliaga y sus secuaces para afirmarse como la futura cabeza de la misma coalición autoritaria de hoy, comparten ese como interés fundamental. Si cabe alguna duda sobre aquel, basta mirar el programa tentativo del CADE Ejecutivos 2025, con el claro nombre de “Firmes en la acción ¡por la patria! Porque liderar hoy es una responsabilidad ineludible”. Más allá de los temas, lo impresionante es el reparto. No podía ser muy distinto, siendo la presidenta del evento María Isabel León, exresponsable del plan de gobierno en educación y vocera del fujimorismo en la materia el 2016.

Desde Javier Milei, el presidente argentino, y Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular español, pasando por el parlamentario platense del Partido Libertario Bartolomé Abdalá, hasta Axel Kaiser, activista de derecha y presidente de la Fundación para el Progreso (Chile), la extrema derecha global dice presente y evidencia la actividad de sus redes y fundaciones en la región. Con ellos, lo más rancio, pero también lo más duro de nuestra derecha. Abogados como Humberto Abanto, Natale Amprimo y Aníbal Quiroga ocupándose de la seguridad jurídica y la justicia para los peruanos. Militantes de la Coordinadora Republicana y columnistas de Lampadia repartidos en los distintos paneles, Francisco Tudela y Juan Claudio Lechín ocupándose del impacto de la geopolítica en las próximas elecciones. Obviamente, también en protagónicos papeles Aldo Mariátegui y Fernando Rospigliosi.

Más allá de la apariencia del CADE, todo indica que la maquinaria de la derecha se mantiene anclada en la cultura patrimonial, racial y mercantil que la caracteriza. Que seguirá respondiendo a pactos informales y a la exclusión sistemática de las grandes mayorías para mantener cerradamente su espacio, preservar sus privilegios y administrar el Estado a su servicio, con la violencia que crea necesaria.

 

desco Opina / 22 de agosto de 2025

Lima, ¿quién la celebra?

 

A dos años de gestión municipal en Lima, Rafael López Aliaga, político de ultraderecha y exregidor del procesado alcalde Castañeda –desaparecido sin rendir cuentas a la justicia–, celebra los 490 años de su fundación española. De aquél recibió como herencia política su partido Solidaridad Nacional, para montar Renovación Popular, la organización política de su propiedad, con la que aspiró a la presidencia nacional y luego obtuvo la alcaldía de Lima como premio consuelo. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es claramente un trampolín para que él tiente nuevamente la presidencia de la República en las elecciones 2026.

En marzo 2024, Ipsos indicó que 64% de las y los ciudadanos desaprobaba la administración de López Aliaga, cifra que se confirma con una caída a 31% de aprobación en noviembre. Ofreció convertir a Lima en potencia mundial (¿…?) pero su gestión a la vista está a años luz de llegar a cumplir esa promesa, según lo expresado en sus rendiciones de cuentas. Este descontento se atribuye, en parte, al incumplimiento de promesas que las encuestas reflejan como un creciente descontento entre los limeños respecto a la gestión municipal.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, ha emprendido un plan de financiamiento mediante la emisión de bonos para ejecutar diversas obras en la ciudad. En diciembre de 2023, se colocaron bonos por S/ 1250 millones a un plazo de 20 años y una tasa de interés del 10,1% anual, significativamente superior a la que podría haberse obtenido con el aval del Gobierno central, estimada en alrededor del 7%, lo que habría significado un ahorro de aproximadamente S/ 500 millones en intereses a lo largo de 20 años.

Los recursos recién obtenidos se destinarán a financiar proyectos de inversión pública, incluyendo megaobras viales en toda Lima Metropolitana. Sin embargo, se ha observado, que el 70% de los proyectos priorizados carece de expediente técnico, lo que podría retrasar su ejecución, además de que algunas obras incluidas en el plan de financiamiento presentan duplicidades y falta de sustento técnico.

El préstamo adquirido por la MML implica un fuerte endeudamiento a largo plazo para financiar proyectos de infraestructura. Ello ha generado un debate debido a las condiciones financieras y la planificación de las obras a ejecutar. El Consejo Fiscal y la Contraloría General de la República han expresado su preocupación por el posible sobreendeudamiento y la sostenibilidad financiera de la municipalidad, alertando sobre los riesgos de comprometer recursos de gestiones futuras.

No existe un plan vial integrado ni concertado para la ciudad, ni uno específico de transporte, como se aprecia en muchas de las obras en las que se invierte sin que respondan a un plan para Lima. Aparecen como salidas del sombrero de un mago, como ocurrió con la donación de casi un centenar de vagones y máquinas Diesel para prestar un servicio de transporte diario de trenes de pasajeros entre Callao y Chosica, sin contar con ningún proyecto de estaciones, accesos, vías y otras consideraciones indispensables para un proyecto general, con expedientes aprobados para prestar ese servicio, con interconexiones planificadas con otras rutas y servicios de tren o de ómnibus en la ciudad.

Para el alcalde se trata de romper con la inercia de no hacer nada por la población con el financiamiento internacional obtenido, destinado a la ejecución de importantes obras viales en Lima Metropolitana. Este endeudamiento, mostrado como logro, busca mejorar la infraestructura urbana y optimizar el tránsito en medio de marchas y contramarchas que ya han enfrentado al municipio limeño con varios gobiernos distritales y el propio Poder Ejecutivo. Por cierto, las obras implican costos sociales, como la afectación de viviendas y espacios públicos, lo que genera cuestionamientos sobre el estilo de la planificación y ejecución de estos proyectos para la Municipalidad de Lima. Según voceros de la MML como Deborah Inga, regidora de la Municipalidad Metropolitana, la obra de continuación de la vía expresa Bedoya Reyes ya empezó al recuperar espacios ilegalmente tomados, y las pistas se iniciarían durante este primer semestre 2025, luego de 60 años en los que no se hizo nada.

Simultáneamente, otros temas generan polémica: la compra de miles de motos para la Policía con el presupuesto municipal, los trenes donados de Estados Unidos, que aparecen fuera de todos los planes en marcha, sus anuncios sin pruebas contra la corrupción, la campaña repetidamente fallida por erradicar el comercio informal del Cercado de Lima y Barrios Altos, y recientemente la repetida mudanza de la estatua ecuestre del Conquistador del Perú a las inmediaciones de la plaza de Armas, etc.

Hay una visión de la ciudad como mercancía. Con una lógica de explotar los recursos urbanos para obtener ganancias en medio de procesos de segregación urbana al servicio del capital. Estamos ante un modelo de gestión municipal que apunta a ver la ciudad como mercancía obviando muchos temas en la responsabilidad territorial de servicios a los ciudadanos.

No hay mucho que celebrar cuando Lima aparece ahora internacionalmente como el espejo de lo que no se quiere para una metrópoli. Al parecer por las tendencias, podríamos llegar a ser la Calcuta sudamericana. Un mal ejemplo de ciudad, con lo peor en el tránsito, en el hacinamiento en el transporte, en el desabastecimiento de agua potable y otros servicios para millones de personas: sin olvidar la enorme segmentación y segregación de su población y de un déficit múltiple de calidad urbana, donde destaca la falta de áreas verdes para sus doce millones de habitantes. Mientras tanto, Rafael López Aliaga seguirá con su ánimo electoral y su acérrima defensa a causas conservadoras, prefiriendo rasgar sus vestiduras por inofensivos montajes teatrales tomados a pecho por ciertos sectores religiosos para quienes representan una afrenta u organizando eventos para revalorar los lazos hispanistas, junto a sectores de la ultraderecha internacional como VOX.

 

desco Opina - Regional / 17 de enero de 2025

descoCiudadano

Más espacios públicos para Lima

 

La llegada de la temporada de verano trae consigo cambios importantes en la vida urbana para todas y todos. Es un momento en el que el uso intensivo de los espacios públicos en Lima, hace evidente las carencias temporales y la falta de atención a demandas básicas para mínimos aceptables de calidad de vida urbana.

Entre las carencias destacadas en la ciudad de Lima, está la falta de áreas verdes de recreación, parques y plazas públicas con buen mantenimiento para el uso de las y los ciudadanos. Principalmente en los barrios. Ante ello, es urgente invertir en el mejoramiento de dichos espacios públicos, que en esta temporada, son constantemente visitados por familias de Lima y otras regiones; así como garantizar el funcionamiento del transporte público masivo que adolece en medio del agotador y sofocante tráfico de la ciudad.

La inseguridad ciudadana, instalada como preocupación central de los vecindarios, y los latrocinios en las obras municipales y del gobierno central, las demandas por más y mejores áreas verdes vecinales; aparecen para algunos como asuntos exquisitos y de menor prioridad, frente a problemáticas como la ausencia de redes de agua potable y para consumo en las ciudades de la costa, la sierra y la Amazonía.

Sin embargo, las estadísticas sobre Lima son aplastantes al revisar la calidad de vida de sus habitantes respecto al tránsito, la diversa contaminación ambiental y la mala distribución de las áreas públicas existentes. Lima es una metrópoli que está muy por atrás en las encuestas que miden la oferta urbana (pública y privada) de servicios vecinales urbanos –propios de grandes ciudades o metrópolis– como son el transporte público masivo no contaminante y de calidad, acceso masivo a Internet con wifi abierto en espacios públicos, baños públicos gratuitos con políticas de género, parvularios y servicios para ciudadanas y vecinos ancianos, una adecuada iluminación nocturna y paraderos acogedores para pasajeros escolares, mujeres y cualquier ciudadano.

Diariamente, el Estado se pone de espaldas a la población limeña y sus urgentes necesidades. El alcalde metropolitano, Rafael López Aliaga, aspirante a presidente de la República 2026, ha priorizado acciones ridículas que ponen a la población en un estado de abandono, como su apuesta terca por seguir construyendo playas artificiales en parques zonales y la donación sospechosa de locomotoras de casi 40 años de antigüedad. No cabe duda que su incompetencia pervierte el sentido de urgencia de una ciudad que hace buen tiempo ha sido sobrepasada por la delincuencia.

Recordemos que el verano aparece como una buena ocasión para promover la apertura de espacios públicos para la comunidad, sobre todo de aquella que, debido a sus condiciones económicas y sociales, no pueden acceder a áreas recreativas o de descanso, como parques, lozas deportivas, etc., y por el aumento de la precariedad que cada día explota más el tiempo libre de las familias. Para lograrlo es indispensable superar las estrategias individualistas que priorizan el mercado y su funcionalidad, para dar paso a una gobernanza colectiva, que apueste por la recuperación de espacios tomados por la delincuencia y la mala gestión de las autoridades.

La dotación de áreas verdes, en cada barrio y distrito, es un indicador público del grado de desarrollo que hemos alcanzado en una perspectiva de democratización de la ciudad. Está más allá de las luchas contra la privatización de los espacios colectivos, públicos, de la urbe ya existentes en todos y cada uno de sus distritos. Es una demanda por mayores derechos que permitan disminuir las grandes diferencias sociales que nos caracterizan y recibir, del Estado y del municipio, ofertas atractivas de recreación y entretenimiento cultural, como cabinas de Internet, bibliotecas, espacios para la práctica del baile, para exposiciones fotográficas, de pintura y actividades teatrales. Estas pueden resultar de formas de organización democrática como lo son las juntas de vecinos de edificios, condominios, grupos residenciales y otros, aplicables al mejoramiento de las ciudades, los barrios y las propias viviendas.

Salta a la vista la necesidad de un plan verdaderamente concertado con todos los que vivimos en los distritos y el conjunto de la metrópoli. Un Plan que no existe, planes que nadie conoce o planes que sirven solamente para mostrarlos como un elemento decorativo de cumplimiento de la norma. La exigencia es que sean planes construidos de una manera verdaderamente participativa en una ciudad caótica que requiere un orden que tiene que venir de la autoridad, pero en el cual tiene que participar el ciudadano y comprometerse también a hacerlo realidad.

La construcción fallida de un puente peatonal innecesario e inconsulto, iniciado por un par de alcaldes distritales, es un mal ejemplo de cómo, por falta de canales institucionales de participación y diálogo, millones de personas que van a la playa en Lima verán afectada su calidad de vida los próximos meses, al impedir un buen uso de los reducidos espacios públicos con los que contamos.

 

desco Opina - Regional / 20 de diciembre

descoCiudadano