El futuro gobierno: entre dilemas y desafíos

Creer que el ajustado triunfo de Keiko Fujimori y Fuerza Popular (FP) cierra la crisis política del país es ingenuo o definitivamente interesado. En realidad, en medio de la continuidad de un orden que el partido naranja y la cuatro veces candidata fueron construyendo aplicadamente desde la elección de Pedro Castillo, asistimos al inicio de un nuevo momento del mismo, marcado por la débil legitimidad de la nueva mandataria, la continuidad de una polarización que viene creciendo desde el final del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y un escenario de difícil gobernabilidad en el que conviven un Estado exánime y depredado, instituciones capturadas por el poder político y una sociedad fuertemente fragmentada y atravesada por distintos malestares y exclusiones, que profundizan su desconfianza en la política y los políticos.

La nueva presidenta llega al poder tras un proceso electoral intenso y disputado en el que las denuncias de fraude y las acusaciones atravesaron toda la campaña. Iniciadas por López Aliaga y Renovación Popular, repitiendo una práctica y un discurso que compartieron con Fujimori el 2021, finalmente fueron el refugio de Roberto Sánchez para enfrentar su derrota en la segunda vuelta. Con el 50,13% del sufragio válido y una diferencia de 49 641 votos sobre el candidato de Juntos por el Perú (JPP) en una suerte de “déja vu” de las elecciones del 2021, la lideresa de Fuerza Popular llega al poder en un país partido en mitades casi exactas. Su victoria fue la de la derecha que cerró filas atrás de ella en la segunda vuelta como no lo había hecho tan nítida y unánimemente en los tres procesos electorales anteriores, donde fue derrotada por Ollanta Humala, PPK y Pedro Castillo, sucesivamente.

Como es claro, más importante que la división electoral que aparece nítida, es la fractura profunda que combina las distancias entre ricos y pobres, entre una Lima percibida como abusiva y el resto del país, entre lo urbano y lo rural, además de la notoria distancia étnica y cultural y los diversos clivajes territoriales. El triunfo de Keiko introduce, además, un elemento no por simbólico menos significativo: el retorno del fujimorismo al poder 25 años después de la caída del dictador y fundador de la dinastía, Alberto Fujimori. Se trata de un apellido que, aunque su rechazo ha disminuido, sigue dividiendo al Perú entre apoyos decididos y resistencias igualmente intensas. Esa ambivalencia habla de una fortaleza y una debilidad. Le garantiza a la mandataria una base mínima relativamente sólida, pero también hace crecer un antifujimorismo que podría convertirse en movilización social.

En este escenario, el país está en compás de espera, aguardando los anuncios de la nueva mandataria sobre la conformación de su gabinete y las principales medidas para enfrentar los urgentes desafíos que tiene por delante, varios de los cuales tienen entre sus principales artífices a su actual representación parlamentaria. En la espera, constatamos que el nuevo gobierno tiene ya al frente la difícil tarea de responder a los intereses y presiones de sus distintas clientelas. De las históricas y las nuevas. El desfile de visitas, saludos y felicitaciones ya empezó. Los compañeros de Alfonso Ugarte, con Jorge del Castillo y Mauricio Mulder a la cabeza, ya pasaron por la oficina presidencial de San Isidro, gestionando una cartera para Luis Carranza quien parece invertir en la misma desde el 2021, cuando también integró el equipo técnico naranja para los debates. Rivales hasta el 12 de abril, –Juan Sheput, Carlos Neuhaus y Rafael Belaunde–, circulan por los medios como ministeriables, mientras Daniel Barragán, recientemente elegido senador por el Partido Cívico Obras y exministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo, conversa con Fuerza Popular la futura conducción del Parlamento.

No son los únicos. Desde los diversos sectores empresariales, algunos con cierto cuidado con las formas, otros, como el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, sin ningún tapujo, multiplican saludos y felicitaciones y no olvidan los distintos pronunciamientos y declaraciones que hicieran a su favor y en contra de su competidor, las dos semanas previas a las elecciones. La mayoría de medios de comunicación nacionales que se dedicaron a demoler a JPP entre la primera y la segunda vuelta, hoy día se llenan de recomendaciones y consejos a la mandataria. Pero también desde algunos de los sectores que han arribado al Congreso, empiezan a sucederse cantos de sirena y voces interesadas que se distancian del discurso con el que llegaron.

La composición del próximo Gabinete podrá darnos una pista del futuro modelo de gobierno que resultará de las múltiples presiones que existen y de los apoyos que hay que reconocer. Un camino es el del exclusivo color naranja, combinando un ala tecnocrática y una social clientelar, priorizando y respondiendo a las presiones del partido y sus figuras, al estilo Fernando Rospigliosi. Uno segundo es un modelo en el que los sectores empresariales tienen al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los sectores productivos en sus manos, mientras el partido maneja los ministerios sociales. En ambos, la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será indudablemente importante, a juzgar por las declaraciones de diversos voceros de FP. En cualquiera de los casos, la continuidad del orden actual no está en cuestión.

 

desco Opina / 10 de julio de 2026

Vencedores vencidos

 

Hay cuestiones que debieran ser abordadas porque dan elementos importantes para entender el comportamiento del sistema político peruano, sin importar hacia donde se hayan inclinado las preferencias electorales de la segunda vuelta. Una de ellas es que, desde la reinstalación de la democracia en 2001, el único dato político constante ha sido, paradójicamente, el fujimorismo.

Aunque debilitado entre 2001 y 2006, el fujimorismo reapareció con fuerza desde el 2011 con Keiko Fujimori, llegando siempre a segunda vuelta. Primero, la política peruana se organiza en torno a la tensión fujimorismo vs. antifujimorismo, que lo convierte en un actor inevitable, aunque no mayoritario. Segundo, es el eje de una legitimidad ambivalente que mantiene vivo el debate político: para algunos sectores representa orden y eficacia, para otros, simboliza corrupción y autoritarismo. Tercero, a diferencia de otros partidos que desaparecen tras sus derrotas, el fujimorismo conserva su estructura, redes clientelares y presencia parlamentaria. En suma, esa capacidad de sobrevivir lo convierte en el único “partido estable” en un sistema altamente volátil.

Una segunda cuestión sería la aparente ventaja que pudo darle a Keiko Fujmori el recurso del efecto demostración en el debate frente a Roberto Sánchez; es decir, remitirse al recuerdo del gobierno de Alberto Fujimori. Mostrar un antecedente concreto (el gobierno de su padre) funciona como evidencia de que “sí se puede gobernar con firmeza”. En contraste, Roberto Sánchez careció de un referente histórico o familiar que legitimara su propuesta ante la población.

El “efecto demostración” es un recurso de legitimidad simbólica: tener algo que mostrar del pasado (aunque sea controvertido) da ventaja frente a un adversario que no puede exhibir antecedentes. En este caso, Keiko capitaliza la memoria de su padre como un activo político, mientras Sánchez aparece sin un referente histórico que respalde sus propuestas.

De esta manera, el recuerdo del fujimorismo divide, pero también moviliza. Para sus seguidores, es un argumento de confianza; para sus detractores, un motivo de rechazo. En un debate, sin duda, esa memoria puede ser usada como arma política para reforzar identidad y adhesión. Sin embargo, esa misma estrategia también refuerza la polarización y puede convertirse en un impacto en reversa, si la memoria negativa del fujimorismo es activada políticamente en sectores antifujimoristas.

Por eso, evocar el gobierno de Alberto Fujimori, lejos de ser un capital político estable, también podría funcionar como un impacto negativo para Keiko: refuerza la polarización, alimenta la oposición y condiciona la percepción de su gobierno como una reedición del autoritarismo noventero.

Un tercer aspecto es que, a diferencia de Keiko, el triunfo y la legitimidad política de su padre fue sostenida en gran medida por el voto rural que no sólo le dio la victoria en 1990, sino que cimentó el discurso de que su poder emanaba de “los sectores olvidados”, reforzando su legitimidad frente a las élites urbanas.

En 1995, el voto rural a favor de Fujimori superó el 70 % en varias regiones como fueron los casos de Cusco y Puno, resultó clave para su reelección y para la construcción de su legitimidad política, alcanzando alrededor del 62 % en regiones como Arequipa. Estos resultados jamás pudo repetirlos Keiko. Roberto Sánchez tampoco, pero quien sí superó estos porcentajes en Cusco y Puno fue Pedro Castillo.

“Voy a gobernar como mi padre”, es el lema que ha adelantado Keiko como distintivo de su posible gobierno. Y es en esa frase donde ha anclado su fracaso anticipado. No será la actividad de una oposición tan emocional como inorgánica; tampoco la falta de recursos. Será la constatación de que mirar hacia atrás sin comprender que ya nada es igual que hace treinta años, como indica la pérdida masiva del voto rural y, especialmente, del sur andino (Sánchez gana en 16 regiones, en 13 de ellas lo hace en todas las provincias y en 5 obtiene todos los distritos: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y Tacna). Ello solo corrobora que haber obtenido el 17% de los votos, imposibilita su posible gobierno y cualquier otro.

 

desco Opina / 26 de junio de 2026

Junín tras la segunda vuelta electoral

 

Al 98.999% del conteo oficial de la ONPE, Fuerza Popular (FP) seguía encabezando la elección de la segunda vuelta, las cifras fueron beneficiándola a medida que llegaban los votos del extranjero, convirtiendo a Keiko Fujimori en la ganadora de los comicios en el exterior del país; mientras que en el territorio peruano, Juntos por el Perú (JP) se imponía con un 50.144% de actas contabilizadas, frente a un 49.856% de FP.

El respaldo a JP se fue incrementando con una campaña renovada que convocó a nuevos rostros que provenían del espectro de la izquierda peruana como la Alianza Electoral Venceremos, y de otros sectores políticos como Ahora Nación. Su apuesta política enfocada en el acercamiento a la población, un mensaje moderado y la elección de un equipo técnico confiable, generaron las bases para que actores distantes al programa político original, apuesten sus cartas a la candidatura de Roberto Sánchez, quien, a más de una semana de las elecciones, ya ha expresado su gratitud a estos sectores: “Agradezco a todos los líderes del movimiento popular, movimiento social, el que nos puso en la primera vuelta, los líderes abiertos y sociales, culturales, académicos y muchos ciudadanos que han dicho voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron, creo con su vocación, de lograr este eventual triunfo en estándares de paz, justicia y reconciliación”. Cabe mencionar que su principal respaldo se reflejó en las regiones del sur como Puno, Apurímac y Cusco, territorios que hoy constituyen la fuente de resistencia y memoria frente a un posible gobierno fujimorista que replique lo hecho en los 90. En la zona central del país se evidencia el mismo fenómeno, principalmente en Huancavelica y Ayacucho.

En el caso de Junín se observó un repunte al respaldo de JP y un rechazo importante a FP, pese a que Keiko Fujimori eligió a esta región para sus actividades finales de campaña, como la celebración privada de su cumpleaños, evitando a la prensa local. Este hermetismo continuó en el mitin del día siguiente, al que arribaron buses con una portátil bien organizada procedente de Lima. Esta situación desató la reacción de ciudadanas y ciudadanos huancaínos que se movilizaron en rechazo a Fujimori, siendo víctimas nuevamente de un uso excesivo de la fuerza policial. No estuvieron exentas las promesas ridículas que Fujimori asintió como favorecer el consumo de cerveza a menor precio, al mismo estilo que López Aliaga.

Con tantos candidatos en carrera en primera vuelta, los votos se dividieron y la postulante fujimorista alcanzó el primer lugar con un porcentaje bajo; capitalizando esta falsa percepción del momento electoral en el que, al parecer, la región Junín se convertía en un “bastión fujimorista” teñido homogéneamente de naranja, ganando en seis de las nueve provincias que conforman esta región. Sin embargo, en el tramo final de la segunda vuelta, al 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), JP se impuso con un 54.9%, derrotando al fujimorismo que obtuvo un 45%. La arrogancia mostrada, no solo de la candidata naranja, sino de toda su fórmula presidencial, se desdibujó con la ironía de cada una de sus acciones. O como lo llamaría el filósofo alemán Wilhelm Wundt la “heterogonía de los fines”, que explica cómo las consecuencias de nuestros actos a menudo escapan de nuestro control, en lugar de obtener el beneficio buscado, la intervención en el mundo genera un resultado imprevisto y perjudicial.

JP se impuso en ocho de las nueve provincias que conforman el territorio de Junín: en las provincias de la selva central como Satipo, alcanza un 57.46% frente a un 42.54% de FP; y en Chanchamayo, un 52.53%, mientras que FP un 47.47%. En la zona andina como Chupaca, JP obtiene 60.85%; en Concepción, 52.39%; en Huancayo capital de región, alcanza un 55.27%. En Jauja obtiene 52.32%; en Junín provincia logra un 66.27%; y en Yauli consigue 61.62%. Tarma es la única provincia de la región donde FP alcanza un 52.90% frente a un 47.10% de JP. Mostrando así que Junín no solo no es un “bastión fujimorista”, sino que, al igual que el sur del país, ha mostrado con su voto, un claro rechazo al modelo político representado por el fujimorismo, avalado por los grupos de poder que lo respaldan. Otras regiones del centro del país como Pasco con un 60.92% para JP; Huánuco, 64.15%; Huancavelica, 81.40% y Ayacucho, 79.31%; también son reflejo de esa misma realidad.

De poco sirvió la organización de fastuosas ceremonias, faraónicos cumpleaños, caravanas masivas que paralizan ciudades, o discursos que proclaman el inicio de una nueva era mesiánica, frente a la amplia ciudadanía que desde Junín y otras regiones del sur, votaron con memoria en defensa de la democracia.

 

 

desco Opina – Regional / 19 de junio de 2026

descocentro

La segunda vuelta y la memoria

 

La segunda vuelta no comienza con la proclamación oficial de resultados. Empezó antes, con la difusión de nuevas encuestas. Esta vez mostrando un escenario de empate técnico: dos candidaturas bordeando el 38% y un país que, antes que decidir, parece, por ahora, contener el aliento. Las candidaturas entran a una fase de contraste, donde aparece un elemento importante que no se puede esquivar: la memoria de las peruanas y peruanos sobre lo vivido desde la elección de Pedro Castillo y lo que siguió.

Ese dato tiene implicancias concretas. Anticipa una campaña más disputada, más agresiva y un cambio en el terreno del debate. Las promesas generales y los lemas de la primera vuelta no serán suficientes. En ese campo, el fujimorismo no llega en blanco. Lo hace con un registro de decisiones tomadas en el Congreso durante el período 2021–2026, donde su bancada ha tenido un rol sostenido en la articulación de mayorías, que muchos analistas han denominado “pacto mafioso”: una coalición parlamentaria funcional a sus intereses particulares, articulada no necesariamente por orientación ideológica, para sacar adelante votaciones clave, incluyendo el debilitamiento y captura de instituciones como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.

No han sido episodios aislados, sino parte de un patrón que, bajo el discurso de “orden” y “seguridad jurídica”, ha impulsado normas duramente cuestionadas por sus efectos: debilitamiento de herramientas contra el crimen organizado, desprecio y riesgo de impunidad en materia de derechos humanos, restricciones a la acción de organizaciones civiles y ONG, retrocesos groseros en políticas de género y un uso recurrente del mecanismo de la insistencia legislativa para promulgar leyes frente a observaciones técnicas, que no se tomaron en cuenta. Todo esto tiene consecuencias que también se reflejarán en los votos. Ya más del 70% de quienes integraron esas mayorías congresales de facto, han sido rechazados por los votantes en su pretensión reeleccionista.

Estos procesos tienen efectos concretos. En el campo, los trabajadores agroindustriales siguen encasillados en esquemas precarios mientras se mantienen beneficios tributarios al sector. En la Amazonía, la presión sobre territorios y el avance de economías ilegales (tala ilegal, producción de cocaína y extracción de oro con dragas) continúa sin ninguna respuesta estatal consistente. En las ciudades, las clases medias y populares enfrentan servicios públicos precarios e ineficientes (salud, educación, agua potable y transporte público) y sistemas previsionales indecorosos. En los sectores urbano populares, las brechas estructurales persisten sin cambios, sin que ninguna ley declarativa –que han sido muchas– logre contentar a la tribuna. La inseguridad y la violencia delictiva que atraviesan el país son su manifestación más visible.

La discusión del balotaje, por tanto, no es sólo sobre cada medida; lo es sobre la dirección que éstas configuran. Esa orientación es la que ahora busca validación electoral, justamente cuando la memoria aparece como relevante para decidir el voto, no solo por el contenido de cada medida producida y concertada por el pacto mafioso, sino porque emerge la figura de quien ha manejado la batuta de esa concertación de intereses que busca validación electoral: Keiko Fujimori y la orientación política derechista y ultra conservadora que se aupó para controlar el Poder Ejecutivo y el gobierno de la nación.

El país llega a este momento atravesado por varias fracturas: entre fujimorismo y antifujimorismo, pero también entre derecha e izquierda, entre norte y sur, entre Lima y el resto del país. Son divisiones que se superponen y que hacen que el voto sea, al mismo tiempo que político o ideológico, también territorial, social y hasta emocional o de abierto conflicto reivindicativo. A ello se suma un contexto internacional más inestable de tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, realineamientos internacionales y volatilidad económica. Todos ellos afectando en variables clave del país, como precios, empleo e inversión. La política interna no puede discutirse aislada de ese contexto.

En ese marco, la pregunta no es quién gana, sino con qué agenda lo hace. La campaña que sigue exigirá definiciones más claras sobre institucionalidad, derechos, seguridad y servicios públicos, pero también sobre la relación entre discurso y práctica. El fujimorismo enfrenta aquí un punto crítico: su narrativa apela al orden, pero su comportamiento legislativo reciente es parte central del cuestionamiento. Puede intentar reposicionarse o matizar su discurso, pero el registro de sus votaciones congresales existe. Incluso puede ensayar cínicamente hasta una autocrítica. Pero en política, como en la vida, hay cosas que no se borran con una conferencia de prensa.

El electorado no decide sobre una hoja en blanco, sino sobre una acumulación de decisiones y sus consecuencias. En ese contexto, la memoria deja de ser un recurso retórico. Se vuelve un criterio de decisión.

 

desco Opina / 30 de abril de 2026

Segunda vuelta… ya vuelta, oye

 En un desco opina de quince años atrás titulado «La selva central y la segunda vuelta», manifestamos que “para nadie es un secreto que la selva central es un bastión fujimorista”. Hoy en el 2026, el escenario se repite por cuarta vez consecutiva, enfrentando una segunda vuelta electoral con un sólido respaldo de la selva central a Keiko Fujimori.

De los ocho distritos de Oxapampa (Pasco), siete han afirmado un respaldo “escandalosamente abrumador”; en Chanchamayo (Junín), los seis distritos que componen esta provincia acumulan un caudal fujimorista contundente. Este mismo comportamiento se observa en Pichanaqui, a pesar del rechazo a la visita que realizó Keiko meses antes. Aquí, el fujimorismo obtuvo un virtual empate junto a Roberto Sánchez; mientras que en Satipo, alcanzó un segundo puesto con 21.5% de los votos, a escasos 3 puntos del primer lugar. En elecciones como la del 2016, el respaldo al fujimorismo en estas zonas superó el 50%, actualmente en muchos distritos este respaldo se mantiene por encima del 40%. Si recorremos nuestra Amazonía, en muchas de sus provincias, Keiko tiene un fuerte respaldo electoral, demostrando que en quince años el mapa político se ha movido muy poco o casi nada, y que ninguna o muy pocas de las 35 candidaturas presidenciales pudieron disputar su posicionamiento actual.

Aunque el escenario electoral de la segunda vuelta aún es incierto, todo nos indica que, si Sánchez es el candidato rival de Keiko, gran parte del voto local migrará hacia el partido naranja. El discurso de Sánchez y su exhibición pública con personajes de la izquierda denominada como radical por algunos sectores, no le auguran mucho respaldo en la selva central debido a la narrativa impregnada en esos sectores que apela al temor y la memoria de los años de la violencia terrorista. Máxime si uno de los aliados más cercanos señaló en su momento que “lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo”. La izquierda política en la selva central peruana (Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali) ha enfrentado históricamente un panorama electoral adverso, caracterizado por un contundente respaldo al fujimorismo.

Mientras el sur peruano es de tendencia izquierdista, las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa han mostrado un fuerte respaldo a opciones conservadoras. Este “romance” entre el fujimorismo y la selva peruana sigue vigente desde los 90, y otras propuestas políticas no han sido capaces de disputarle ese posicionamiento. Cabe precisar que, al igual que en las grandes ciudades de la costa y sierra, en las ciudades de selva también existen colectivos de “No a Keiko”, quienes han organizado acciones de resistencia ante las visitas de los simpatizantes naranjas, pese al pasado albertista que aún sigue vigente en estas regiones, aunque, por la juventud de muchos de los actuales simpatizantes, podríamos aventurarnos a señalar que ahora la selva central es en su mayoría “keikista”.

No hay duda de que los principales y más antiguos representantes del fujimorismo seguirán apelando a la figura del padre, pero ahora es la hija la que está construyendo un liderazgo propio dirigido a las nuevas generaciones que no vivieron los 90 y que hoy muestran su respaldo en las ánforas. Para no perder ese respaldo, Fuerza Popular ya ha iniciado su campaña aprovechando la ventaja que la posiciona en el primer lugar, mientras aún aguardamos los resultados finales que darán los organismos electorales para conocer a su rival, en medio de una fuerte incertidumbre y la preocupación de sectores importantes de la población por una posible afectación a la voluntad que expresaron en las urnas.

 

desco Opina – Regional / 24 de abril de 2026

descocentro 

El día después

 

A la pandemia que soporta nuestro país desde poco más de un año, se ha sumado ahora una nueva epidemia nacional. Es un contagio mental muy activo que se disemina y/o reacciona más agresivamente cada día, apoyado en información variada en colores y tonos propios de estas tierras, en medio de un proceso electoral atípico.

Nos llueven sin cesar en medio de una polarización creciente, desde inofensivos y graciosos memes –que de alguna manera arañan a los candidatos–, hasta acusaciones violentas cargadas de la peor pasión verbal pocas veces vistas en los procesos electorales de este siglo. La segunda vuelta electoral peruana se produce también en circunstancias en las que más de la mitad de los partidos políticos, 16 en total, perderán su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Así, desaparecen del escenario oficial al no haber superado la valla de 5% de los votos válidos y cinco congresistas electos en las elecciones parlamentarias, o por no haber participado en el proceso electoral del 11 de abril.

La campaña política se desarrolla en medio de acusaciones nada orgánicas entre tres grupos activos que es posible identificar en los medios y redes sociales: a favor de alguno de los candidatos y en contra de ambos.  Incluso el enfrentamiento personal de las figuras aspirantes a la presidencia aumenta: “Le vuelvo a decir, señor Castillo, si usted no tiene los pantalones bien puestos para debatir, permita entonces que el señor Cerrón salga a exponer las ideas de su equipo”, agrede Fujimori a su competidor. Por su lado, el profesor Castillo, califica a su rival de “mafiosa, asesina y vaga” con elipsis retóricas que todos entienden.

Como es bastante evidente ya, las elecciones constreñirán a muchos compatriotas a zanjar no precisamente entre dos candidatos, sino más bien entre un fortalecido antifujimorismo de padre e hija y un antiizquierdismo alimentado por un anticomunismo de manual, propio de las peores expresiones de un macartismo aggiornado de maoísmo terrorista. En ese escenario un número importante de peruanos antiizquierdistas –que también son antifujimoristas– se negarán a votar por alguno de los dos.

Acusaciones violentas cargadas de la peor agresividad que afloran vestidas de datos, cifras, hechos históricos recientes y también del siglo pasado, son reflejo de la crispación política y social y de profundos sentimientos encontrados ¿cómo insertarlos en una celebración compartida del bicentenario de la independencia política del Perú?

El caso de los medios de comunicación en general, y de la televisión y la prensa en particular, ofrecen una clara muestra de esta violencia. Poniendo megáfonos a las crispaciones verbales más mordaces e hirientes para descalificar al contrario, incluyen en su crítica a los cobardes, indecisos y covidiotas. Si bien son los periodistas quienes destacan las frases más duras, las descalificaciones más sonoras y las expresiones más dañinas al oponente –citado a veces como enemigo y no como adversario–, son los internautas en las redes sociales quienes más abiertamente muestran cómo funciona el cerebro de las y los peruanos al momento de procesar las creencias, ideas y valores propios y ajenos.

Al final de este proceso electoral, el 6 de junio, habrá formalmente quien venza. Lo que no sabemos es cómo haremos para acabar con la violencia. Al día siguiente no habrá desaparecido y sabemos bien, por lo sufrido durante las dos últimas décadas del siglo pasado, que es una manera altamente eficaz para controlar el comportamiento de las otras personas.

Es relativamente fácil imponerse ante el otro y conseguir que haga lo que es la voluntad de uno convertido en gobierno. A corto plazo trae consecuencias positivas para el agresor y negativas para el agredido, pero a largo plazo conlleva un saldo negativo para el conjunto de nuestra maltratada, empobrecida y enferma sociedad. Empecemos entonces también a preocuparnos por diseñar cómo hacer soportable y consensuado el país que despierte el día después.

 

desco Opina / 7 de mayo de 2021

Adelanto de elecciones: lecciones de una derrota anunciada

Como era previsible desde hace días, y ni bien partió la Comisión de Venecia invitada por la mayoría opositora del Congreso, la propuesta del presidente Vizcarra para adelantar las elecciones fue archivada en la Comisión de Constitución. Como diversos analistas mencionaron en su momento, ahora el jefe de Estado se encuentra en una suerte de trampa, pues se le han agotado las herramientas a las que puede echar mano para responder al desafío que aquél le ha planteado. Esto pareció evidente en la presentación del Premier Del Solar que, ante la decisión de la mayoría aprofujimorista, no respondió nada en concreto.

La cuestión de confianza en torno perdió viabilidad, y en ciertos corrillos se rumoreaba incluso, que el Presidente del Consejo de Ministros era reticente a presentarla. Pero aun si ello ocurriera, la estrategia del Congreso dominado por el aprofujimorismo sería derivarla a un Tribunal Constitucional (TC) recompuesto con magistrados afines que la entramparían o la declararían improcedente. Algunos congresistas «duros» estarían preparando una moción de vacancia presidencial, aun cuando a la fecha, es dudoso que tengan los votos y causales razonables (hay al menos una comisión del congreso que está expurgando la trayectoria del Presidente).

Cabe preguntarse cómo, un Presidente que hasta hoy había logrado arrinconar al Congreso, ha terminado ahora aparentemente acorralado. El público en las calles (y también algunos analistas), consideran que el Congreso debió cerrarse hace meses, en tanto otros sostienen que el error estribó en haber presentado el proyecto de adelanto de elecciones que desencadenó un conflicto que supuestamente no existía.

Al respecto, debe señalarse que, de acuerdo a las reglas de juego, el Congreso no podía cerrarse pues en las ocasiones en que fue emplazado por la cuestión de confianza, se allanó al pedido de reformas del Ejecutivo para evitarlo. En cuanto al segundo argumento, si bien el Congreso, desde el año 2016, había aprobado las iniciativas del gobierno, estas fueron especialmente medidas económicas (en las que no parece haber mayores discrepancias), pero se rechazaban u obstruían otras de carácter institucional y político. Este conflicto parecía destinado a escalar cuando Fuerza Popular recuperó recientemente el control del Congreso con la elección de Pedro Olaechea y la recomposición de las comisiones.

Los errores entonces, hay que buscarlos en otra parte. Hay sin duda varios factores, pero uno de ellos tiene que ver con las dificultades del gobierno y del mismo Presidente de entender que la política no puede constreñirse a las reglas formales de las instituciones estatales. Limitarse a ello, sin buscar alianzas políticas en el Congreso (es sabido que Vizcarra no tiene una bancada significativa), sin concertar con algunos partidos y sin apostar a neutralizar los intentos de Fuerza Popular por reconstruir una mayoría, le dejó a esta última la cancha libre para reconstituir una nueva coalición que de momento ha terminado cercando al Ejecutivo.

Las dificultades del Presidente, sea por desconfianza o inexperiencia, para convocar y atraer asesores y operadores políticos con peso y experiencia, son también parte del problema. Su condición de «externo» a la élite limeña y su falta de un aparato político lo han ido aislando.

Por otro lado, existe en las calles un fuerte antifujimorismo, capaz de decidir una elección como ocurrió en el 2011 y 2016 pero que, en las condiciones actuales, muestra sus déficits organizativos para movilizarse y enfrentar al aprofujimorismo aislado socialmente, pero atrincherado en instituciones claves que saben manejar.

Los resultados del enfrentamiento son aún inciertos, y la última respuesta del Presidente anunciando la presentación de una cuestión de confianza para cambiar las reglas de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, muestra una disposición del gobierno a continuar la pugna de poderes, intentando frenar los intentos de la oposición por copar el TC, aunque sin replicar la decisión de archivar el proyecto de ley antes mencionado. El desenlace continúa en suspenso y las posibilidades de un acuerdo político lejanas.

Una derrota de Vizcarra y una posterior renuncia o vacancia, significaría una victoria del fujimorismo y todos sus lastres (corrupción, autoritarismo, carencia de visión de país, etc.) en la escena política oficial, aun cuando en la de la opinión pública y las intenciones de voto para el 2020 o 2021 futuro luzca de momento derrotado. Aunque parcial y temporal, sería su primera revancha en casi 20 años de enfrentamientos con el antifujimorismo.

Entonces, una lección que deja esta crisis para quienes aspiran a gobernar el Perú es que deben asimilar la política no solo como competir, ganar elecciones y gobernar respetando las reglas democráticas (esto último es desde luego un valor clave), sino también negociar, establecer acuerdos y forjar alianzas, más aun, considerando la precaria correlación de fuerzas y la débil institucionalidad política del país.

desco Opina / 27 de setiembre de 2019