La segunda vuelta y la memoria

 

La segunda vuelta no comienza con la proclamación oficial de resultados. Empezó antes, con la difusión de nuevas encuestas. Esta vez mostrando un escenario de empate técnico: dos candidaturas bordeando el 38% y un país que, antes que decidir, parece, por ahora, contener el aliento. Las candidaturas entran a una fase de contraste, donde aparece un elemento importante que no se puede esquivar: la memoria de las peruanas y peruanos sobre lo vivido desde la elección de Pedro Castillo y lo que siguió.

Ese dato tiene implicancias concretas. Anticipa una campaña más disputada, más agresiva y un cambio en el terreno del debate. Las promesas generales y los lemas de la primera vuelta no serán suficientes. En ese campo, el fujimorismo no llega en blanco. Lo hace con un registro de decisiones tomadas en el Congreso durante el período 2021–2026, donde su bancada ha tenido un rol sostenido en la articulación de mayorías, que muchos analistas han denominado “pacto mafioso”: una coalición parlamentaria funcional a sus intereses particulares, articulada no necesariamente por orientación ideológica, para sacar adelante votaciones clave, incluyendo el debilitamiento y captura de instituciones como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.

No han sido episodios aislados, sino parte de un patrón que, bajo el discurso de “orden” y “seguridad jurídica”, ha impulsado normas duramente cuestionadas por sus efectos: debilitamiento de herramientas contra el crimen organizado, desprecio y riesgo de impunidad en materia de derechos humanos, restricciones a la acción de organizaciones civiles y ONG, retrocesos groseros en políticas de género y un uso recurrente del mecanismo de la insistencia legislativa para promulgar leyes frente a observaciones técnicas, que no se tomaron en cuenta. Todo esto tiene consecuencias que también se reflejarán en los votos. Ya más del 70% de quienes integraron esas mayorías congresales de facto, han sido rechazados por los votantes en su pretensión reeleccionista.

Estos procesos tienen efectos concretos. En el campo, los trabajadores agroindustriales siguen encasillados en esquemas precarios mientras se mantienen beneficios tributarios al sector. En la Amazonía, la presión sobre territorios y el avance de economías ilegales (tala ilegal, producción de cocaína y extracción de oro con dragas) continúa sin ninguna respuesta estatal consistente. En las ciudades, las clases medias y populares enfrentan servicios públicos precarios e ineficientes (salud, educación, agua potable y transporte público) y sistemas previsionales indecorosos. En los sectores urbano populares, las brechas estructurales persisten sin cambios, sin que ninguna ley declarativa –que han sido muchas– logre contentar a la tribuna. La inseguridad y la violencia delictiva que atraviesan el país son su manifestación más visible.

La discusión del balotaje, por tanto, no es sólo sobre cada medida; lo es sobre la dirección que éstas configuran. Esa orientación es la que ahora busca validación electoral, justamente cuando la memoria aparece como relevante para decidir el voto, no solo por el contenido de cada medida producida y concertada por el pacto mafioso, sino porque emerge la figura de quien ha manejado la batuta de esa concertación de intereses que busca validación electoral: Keiko Fujimori y la orientación política derechista y ultra conservadora que se aupó para controlar el Poder Ejecutivo y el gobierno de la nación.

El país llega a este momento atravesado por varias fracturas: entre fujimorismo y antifujimorismo, pero también entre derecha e izquierda, entre norte y sur, entre Lima y el resto del país. Son divisiones que se superponen y que hacen que el voto sea, al mismo tiempo que político o ideológico, también territorial, social y hasta emocional o de abierto conflicto reivindicativo. A ello se suma un contexto internacional más inestable de tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, realineamientos internacionales y volatilidad económica. Todos ellos afectando en variables clave del país, como precios, empleo e inversión. La política interna no puede discutirse aislada de ese contexto.

En ese marco, la pregunta no es quién gana, sino con qué agenda lo hace. La campaña que sigue exigirá definiciones más claras sobre institucionalidad, derechos, seguridad y servicios públicos, pero también sobre la relación entre discurso y práctica. El fujimorismo enfrenta aquí un punto crítico: su narrativa apela al orden, pero su comportamiento legislativo reciente es parte central del cuestionamiento. Puede intentar reposicionarse o matizar su discurso, pero el registro de sus votaciones congresales existe. Incluso puede ensayar cínicamente hasta una autocrítica. Pero en política, como en la vida, hay cosas que no se borran con una conferencia de prensa.

El electorado no decide sobre una hoja en blanco, sino sobre una acumulación de decisiones y sus consecuencias. En ese contexto, la memoria deja de ser un recurso retórico. Se vuelve un criterio de decisión.

 

desco Opina / 30 de abril de 2026

Las derechas extremas y la pretensión de un fujimorismo 2.0

 

Las derechas peruanas de hoy, entendiendo por ellas a las agrupaciones que consideran la desigualdad como una cuestión natural, se diferencian de otras de la región por la estabilidad que lograron en el orden neoliberal que construyeron los últimos treinta y cinco años, así como por su creciente hegemonía política e ideológica. Carlos Alberto Adrianzén, sostuvo certeramente cómo la cohesión lograda por las élites empresariales desde los años 80 cuando fundaron la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), así como la renovación ideológica neoliberal promovida entre otros por Hernando de Soto, explican la estabilidad lograda que se vio posteriormente alimentada por el crecimiento económico y la expansión de la economía extractiva. El sorpresivo triunfo de Fujimori en los 90 fue absorbido por quienes apoyaron a Vargas Llosa, y su gobierno y su pronto autoritarismo, autogolpe mediante, tuvo como soporte una coalición integrada por las FF.AA., las élites empresariales, los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y los organismos multilaterales.

Tres décadas después, las derechas exhiben cinco grupos, comprometidos todos con la defensa neoliberal. La derecha populista y autoritaria fujimorista, que introdujo temprano y con fuerza un componente mafioso en la política; la de los partidos tradicionales –PPC, AP y APRA– que se fue desdibujando con el paso del tiempo y que parió posteriores grupos mafiosos como Solidaridad Nacional y Podemos; la derecha tecnocrática, materializada en un grupo de funcionarios públicos y en diversos think tanks vinculados a la gran empresa privada, como el Instituto Peruano de Economía (IPE); aquella otra surgida del «emprendimiento» de César Acuña y finalmente, la derecha religiosa y conservadora, católica y evangélica, que encuentra canales políticos en partidos como Renovación Popular. Aunque no todos estos sectores hacen automáticamente parte de la derecha extrema y algunos de ellos buscan una apariencia mínimamente liberal, la defensa cerrada del modelo los hermana, más aún en momentos de polarización que ellos mismos alentaron. Todos ellos, por cierto, con vinculación estrecha con la Coordinadora Republicana, autodefinida como organización de la sociedad civil que agrupa a lo más rancio de la derecha y el autoritarismo nacional.

Estas agrupaciones, con el concurso de Perú Libre, impusieron a Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo, lo que además de una ironía de mal gusto, evidencia la oscuridad y la alevosía que se han instalado en la política del país. Su elección, tras un proceso plagado de vicios y arbitrariedades que a estas alturas no sorprenden a nadie, llamó la atención de algunos analistas que parecen jugar a ingenuos, dadas las características del personaje, que no se destaca por su trayectoria como jurista o abogado y que es recordado como el exparlamentario nacionalista que antes de instalado ese gobierno, pretendió sorprender a los rusos presentándose como emisario del nuevo gobierno, como militante devoto y abogado de Vladimir Cerrón y más recientemente como asesor de la Comisión de Justicia del Congreso de la República.

Su elección, después de un concurso por demás opaco, promovida finalmente por Fuerza Popular y la agrupación que llevó al gobierno a Pedro Castillo, permite medir el deterioro y la pérdida del poco contenido que le queda al sistema democrático y es parte de la ola autoritaria que avanza por el mundo, donde la justicia y su independencia están entre sus principales blancos, como lo demuestran los casos de Hungría, Polonia, Nicaragua o Filipinas, por citar apenas algunos. Controlar la justicia en todas sus manifestaciones es un interés claro de las derechas de este país desde el año 2020. Derrotados en las fantasías de fraude que enarbolaron, y que hoy Keiko Fujimori quien las promoviera, las ignora para defender la legitimidad de su transitoria socia actual, la señora Boluarte, fracasaron en sus intentos de vacancia hasta el suicidio político del exmandatario.

No obstante tales contratiempos, desde la instalación del Congreso actual, el mismo que tiene los niveles de desaprobación más altos de la historia, las derechas se dedicaron, como parte de su contribución a la degradación de la democracia, a la captura de distintas instituciones que administran justicia. La elección del Tribunal Constitucional fue el primer paso. El segundo busca acabar desde hace dos años con la independencia de la justicia electoral; la arremetida acompañada de sus barras bravas, incluyó amenazas de muerte, campañas violentas de movilización y de noticias falsas, así como amenazas de destitución contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La elección de Gutiérrez es el tercer paso, que apunta al control de la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar, ratificar o destituir jueces y fiscales, donde el Defensor encabeza la comisión que define los integrantes de aquella. Controlar los órganos electorales, siguiendo el modelo de Ortega y la pretensión similar de AMLO, es uno de los pendientes que seguramente abordarán en un futuro próximo.

Junto con el control de la justicia, se pretende también el de distintas instituciones autónomas que deben regular y ordenar distintas actividades que buscan ser definitivamente capturadas por grupos mafiosos. Fue el caso de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), aceptado por la señora Boluarte, pero también fueron las presiones sobre el tema del transporte que han terminado, por decisión del Ejecutivo, cambiando a la Autoridad de Transporte Urbano, mientras continúan las presiones alrededor de la minería artesanal, la tala y la pesca artesanal.

En sentido estricto, del presidencialismo de nuestro sistema político, la derecha nos está llevando al parlamentarismo autoritario, repitiendo el camino que realizara Alberto Fujimori desde el Ejecutivo, décadas atrás. Su aspiración es un fujimorismo 2.0 para asegurar un nuevo ciclo político neoliberal y para terminar de liquidar a los “caviares, los auténticos enemigos del Perú”, como señala uno de sus pensadores más auténticos. La pretensión no es fácil, más allá del creciente rechazo que paulatinamente seguirá generando, porque la disputa por el liderazgo en las derechas, no está resuelta. Que Keiko Fujimori lleve ventaja porque es la única que cuenta con un partido organizado y relativamente disciplinado y que sea la validadora del entendimiento de Fuerza Popular con la agrupación de los hermanos Cerrón, que todo indica que va más allá de un simple canje de algunas posiciones de poder, no garantiza nada, más allá de la demolición de nuestra institucionalidad.

 

desco Opina / 19 de mayo de 2023