Vencedores vencidos

 

Hay cuestiones que debieran ser abordadas porque dan elementos importantes para entender el comportamiento del sistema político peruano, sin importar hacia donde se hayan inclinado las preferencias electorales de la segunda vuelta. Una de ellas es que, desde la reinstalación de la democracia en 2001, el único dato político constante ha sido, paradójicamente, el fujimorismo.

Aunque debilitado entre 2001 y 2006, el fujimorismo reapareció con fuerza desde el 2011 con Keiko Fujimori, llegando siempre a segunda vuelta. Primero, la política peruana se organiza en torno a la tensión fujimorismo vs. antifujimorismo, que lo convierte en un actor inevitable, aunque no mayoritario. Segundo, es el eje de una legitimidad ambivalente que mantiene vivo el debate político: para algunos sectores representa orden y eficacia, para otros, simboliza corrupción y autoritarismo. Tercero, a diferencia de otros partidos que desaparecen tras sus derrotas, el fujimorismo conserva su estructura, redes clientelares y presencia parlamentaria. En suma, esa capacidad de sobrevivir lo convierte en el único “partido estable” en un sistema altamente volátil.

Una segunda cuestión sería la aparente ventaja que pudo darle a Keiko Fujmori el recurso del efecto demostración en el debate frente a Roberto Sánchez; es decir, remitirse al recuerdo del gobierno de Alberto Fujimori. Mostrar un antecedente concreto (el gobierno de su padre) funciona como evidencia de que “sí se puede gobernar con firmeza”. En contraste, Roberto Sánchez careció de un referente histórico o familiar que legitimara su propuesta ante la población.

El “efecto demostración” es un recurso de legitimidad simbólica: tener algo que mostrar del pasado (aunque sea controvertido) da ventaja frente a un adversario que no puede exhibir antecedentes. En este caso, Keiko capitaliza la memoria de su padre como un activo político, mientras Sánchez aparece sin un referente histórico que respalde sus propuestas.

De esta manera, el recuerdo del fujimorismo divide, pero también moviliza. Para sus seguidores, es un argumento de confianza; para sus detractores, un motivo de rechazo. En un debate, sin duda, esa memoria puede ser usada como arma política para reforzar identidad y adhesión. Sin embargo, esa misma estrategia también refuerza la polarización y puede convertirse en un impacto en reversa, si la memoria negativa del fujimorismo es activada políticamente en sectores antifujimoristas.

Por eso, evocar el gobierno de Alberto Fujimori, lejos de ser un capital político estable, también podría funcionar como un impacto negativo para Keiko: refuerza la polarización, alimenta la oposición y condiciona la percepción de su gobierno como una reedición del autoritarismo noventero.

Un tercer aspecto es que, a diferencia de Keiko, el triunfo y la legitimidad política de su padre fue sostenida en gran medida por el voto rural que no sólo le dio la victoria en 1990, sino que cimentó el discurso de que su poder emanaba de “los sectores olvidados”, reforzando su legitimidad frente a las élites urbanas.

En 1995, el voto rural a favor de Fujimori superó el 70 % en varias regiones como fueron los casos de Cusco y Puno, resultó clave para su reelección y para la construcción de su legitimidad política, alcanzando alrededor del 62 % en regiones como Arequipa. Estos resultados jamás pudo repetirlos Keiko. Roberto Sánchez tampoco, pero quien sí superó estos porcentajes en Cusco y Puno fue Pedro Castillo.

“Voy a gobernar como mi padre”, es el lema que ha adelantado Keiko como distintivo de su posible gobierno. Y es en esa frase donde ha anclado su fracaso anticipado. No será la actividad de una oposición tan emocional como inorgánica; tampoco la falta de recursos. Será la constatación de que mirar hacia atrás sin comprender que ya nada es igual que hace treinta años, como indica la pérdida masiva del voto rural y, especialmente, del sur andino (Sánchez gana en 16 regiones, en 13 de ellas lo hace en todas las provincias y en 5 obtiene todos los distritos: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y Tacna). Ello solo corrobora que haber obtenido el 17% de los votos, imposibilita su posible gobierno y cualquier otro.

 

desco Opina / 26 de junio de 2026

Junín tras la segunda vuelta electoral

 

Al 98.999% del conteo oficial de la ONPE, Fuerza Popular (FP) seguía encabezando la elección de la segunda vuelta, las cifras fueron beneficiándola a medida que llegaban los votos del extranjero, convirtiendo a Keiko Fujimori en la ganadora de los comicios en el exterior del país; mientras que en el territorio peruano, Juntos por el Perú (JP) se imponía con un 50.144% de actas contabilizadas, frente a un 49.856% de FP.

El respaldo a JP se fue incrementando con una campaña renovada que convocó a nuevos rostros que provenían del espectro de la izquierda peruana como la Alianza Electoral Venceremos, y de otros sectores políticos como Ahora Nación. Su apuesta política enfocada en el acercamiento a la población, un mensaje moderado y la elección de un equipo técnico confiable, generaron las bases para que actores distantes al programa político original, apuesten sus cartas a la candidatura de Roberto Sánchez, quien, a más de una semana de las elecciones, ya ha expresado su gratitud a estos sectores: “Agradezco a todos los líderes del movimiento popular, movimiento social, el que nos puso en la primera vuelta, los líderes abiertos y sociales, culturales, académicos y muchos ciudadanos que han dicho voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron, creo con su vocación, de lograr este eventual triunfo en estándares de paz, justicia y reconciliación”. Cabe mencionar que su principal respaldo se reflejó en las regiones del sur como Puno, Apurímac y Cusco, territorios que hoy constituyen la fuente de resistencia y memoria frente a un posible gobierno fujimorista que replique lo hecho en los 90. En la zona central del país se evidencia el mismo fenómeno, principalmente en Huancavelica y Ayacucho.

En el caso de Junín se observó un repunte al respaldo de JP y un rechazo importante a FP, pese a que Keiko Fujimori eligió a esta región para sus actividades finales de campaña, como la celebración privada de su cumpleaños, evitando a la prensa local. Este hermetismo continuó en el mitin del día siguiente, al que arribaron buses con una portátil bien organizada procedente de Lima. Esta situación desató la reacción de ciudadanas y ciudadanos huancaínos que se movilizaron en rechazo a Fujimori, siendo víctimas nuevamente de un uso excesivo de la fuerza policial. No estuvieron exentas las promesas ridículas que Fujimori asintió como favorecer el consumo de cerveza a menor precio, al mismo estilo que López Aliaga.

Con tantos candidatos en carrera en primera vuelta, los votos se dividieron y la postulante fujimorista alcanzó el primer lugar con un porcentaje bajo; capitalizando esta falsa percepción del momento electoral en el que, al parecer, la región Junín se convertía en un “bastión fujimorista” teñido homogéneamente de naranja, ganando en seis de las nueve provincias que conforman esta región. Sin embargo, en el tramo final de la segunda vuelta, al 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), JP se impuso con un 54.9%, derrotando al fujimorismo que obtuvo un 45%. La arrogancia mostrada, no solo de la candidata naranja, sino de toda su fórmula presidencial, se desdibujó con la ironía de cada una de sus acciones. O como lo llamaría el filósofo alemán Wilhelm Wundt la “heterogonía de los fines”, que explica cómo las consecuencias de nuestros actos a menudo escapan de nuestro control, en lugar de obtener el beneficio buscado, la intervención en el mundo genera un resultado imprevisto y perjudicial.

JP se impuso en ocho de las nueve provincias que conforman el territorio de Junín: en las provincias de la selva central como Satipo, alcanza un 57.46% frente a un 42.54% de FP; y en Chanchamayo, un 52.53%, mientras que FP un 47.47%. En la zona andina como Chupaca, JP obtiene 60.85%; en Concepción, 52.39%; en Huancayo capital de región, alcanza un 55.27%. En Jauja obtiene 52.32%; en Junín provincia logra un 66.27%; y en Yauli consigue 61.62%. Tarma es la única provincia de la región donde FP alcanza un 52.90% frente a un 47.10% de JP. Mostrando así que Junín no solo no es un “bastión fujimorista”, sino que, al igual que el sur del país, ha mostrado con su voto, un claro rechazo al modelo político representado por el fujimorismo, avalado por los grupos de poder que lo respaldan. Otras regiones del centro del país como Pasco con un 60.92% para JP; Huánuco, 64.15%; Huancavelica, 81.40% y Ayacucho, 79.31%; también son reflejo de esa misma realidad.

De poco sirvió la organización de fastuosas ceremonias, faraónicos cumpleaños, caravanas masivas que paralizan ciudades, o discursos que proclaman el inicio de una nueva era mesiánica, frente a la amplia ciudadanía que desde Junín y otras regiones del sur, votaron con memoria en defensa de la democracia.

 

 

desco Opina – Regional / 19 de junio de 2026

descocentro

Entre conteo y ruido: un país en hilachas

La lentitud del cómputo electoral ha vuelto a  poner a Perú  frente a un  espejo incómodo que  nos muestra como lo que  somos. El conteo y revisión de cada acta  pendiente se convierte en carburante para la ansiedad política, las sospechas y las narrativas extremas. Es la expresión de la desconfianza acumulada durante años hacia las instituciones (todas en crisis), los partidos, los medios y, finalmente, hacia los propios compatriotas. Pero lo es también de los miedos que atraviesan nuestra sociedad.

Conviene decirlo con claridad, el problema no es únicamente que Perú esté “dividido en dos”, imagen que sugiere bloques compactos enfrentados, cuando en realidad lo que tenemos es más peligroso: una sociedad fragmentada en múltiples desconfianzas que se traslapan, y atravesada por experiencias muy distintas del país. No son dos bloques equivalentes que discuten un proyecto común. Las regiones sienten que Lima no las representa, los sectores urbanos miran con desconfianza al voto rural, las débiles clases medias se angustian ante la posibilidad de perder la poca estabilidad económica lograda y los ciudadanos populares, del campo y las ciudades, reiteran su malestar y su cansancio por la exclusión y el maltrato. En ese terreno turbio, cualquier demora se interpreta como amenaza y el espacio para el diálogo se reduce.

Por eso reaparece el “fraudismo”: la idea de que una derrota solo puede explicarse por manipulación, sin pruebas sólidas, porque la sospecha se ha convertido en un recurso político rentable, al mismo tiempo que irresponsable y de confrontación peligrosa. Ante la desconfianza pública, la narrativa del fraude convierte la derrota posible en conspiración, y transforma al adversario en enemigo ilegítimo. El efecto no es sólo político, es cultural: se instala la idea de que ninguna institución merece confianza. Y sin confianza cada resultado se vuelve provisional y cada adversario, ilegítimo. Nuestro problema es que esa lógica erosiona más aún la legitimidad de quien gobierne y normaliza la idea de que la democracia solo vale si gana el bando propio.

Simultáneamente la economía envía señales contradictorias. El tipo de cambio se ha apreciado con fuerza y el sol se ha fortalecido. Algunos leen eso como un voto de confianza de los mercados; para otros, el mercado cambiario muestra otra dinámica, influida por factores externos –debilidad global del dólar, precios de minerales, entradas de divisas–. Es decir, un fenómeno transitorio que se explicaría por factores externos y la capacidad del Banco Central para contener expectativas. Vemos que podemos tener un sol fuerte y, al mismo tiempo, inversión paralizada, empleo precario, conflictividad social y un Estado incapaz de planificar. Confundir estabilidad cambiaria con estabilidad nacional nos parece un error ya que una moneda relativamente fuerte no oculta que, al mismo tiempo, padecemos una profunda debilidad política y social. Eso no significa que la economía esté bien. Significa, más bien, que el tipo de cambio no resume el estado del país.

Finalmente, otra gran señal está presente en la coyuntura: El Niño fuerte que se aproxima. La evidencia científica y los reportes especializados vienen advirtiendo desde hace meses sobre la alta probabilidad de lluvias intensas, inundaciones, daños severos en infraestructura y producción. También sequías y hambrunas. Sin embargo, la respuesta pública sigue siendo mínima. No hay ninguna sensación de urgencia. No vemos obras preventivas aceleradas, ni coordinación territorial, ni campañas masivas de preparación. No solo de un gobierno central sin rumbo, también de muchos gobiernos regionales, municipalidades, gremios empresariales, grandes propietarios y actores sociales que conocen el riesgo y, aun así, actúan como si el problema pudiera esperar.

Ese contraste revela algo profundo sobre nuestra crisis nacional. Discutimos hasta con odio sobre quién ganó, pero apenas si conversamos sobre cómo enfrentar un desastre climático anunciado. La política consume toda la atención y deja sin energía la gestión de gravísimos problemas reales y riesgos concretos: abastecimiento de agua, defensas ribereñas, prevención sanitaria, drenajes urbanos, protección de pequeños productores agrícolas. La política como espectáculo inmediato nos ha dejado sin atención a las tareas elementales de supervivencia colectiva de nuestro país.

¿Qué decir entonces? Tal vez que el verdadero desafío no es “cerrar” ya el proceso electoral, sino impedir que el ruido destruya la capacidad de actuar juntos frente a problemas concretos y reconstruir algunas bases mínimas de realidad compartida. La democracia no consiste solo en contar votos correctamente; también exige aceptar resultados, contener la desinformación y reconstruir mínimos de confianza entre ciudadanos que piensan distinto para actuar juntos, democráticamente, ante amenazas comunes.

El Perú necesita más sentido de realidad. Ni el fortalecimiento del sol resuelve por sí mismo la crisis de representación, ni las sospechas infundadas de fraude explican las frustraciones acumuladas del país por la desigualdad extrema, la exclusión, la discriminación grosera, las terribles carencias sanitarias y educativas o la seguridad alimentaria. Ese desbalance puede salirnos mucho más caro que cualquier resultado electoral. Y, sobre todo, ninguna disputa en esa materia suspenderá la llegada de El Niño más fuerte y sus consecuencias, desde cuando se tiene registro.

 

desco Opina / 12 de junio de 2026

Debate en el páramo

 

¿El “debate presidencial” puede, aunque fuere en mínima proporción, aumentar la confianza ciudadana hacia alguno o a ambos candidatos en contienda electoral? Parece una pregunta casi obvia que debiera responderse, para intentar establecer una base desde la cual imaginemos el lanzamiento del nuevo gobierno y crear fórmulas que le permitan una mínima estabilidad.

El pecado original compartido que, como es sabido, si ambos no sinceran sus posiciones los arrojará más temprano que tarde del paraíso democrático, es la casi inexistente legitimidad electoral de los dos. Ninguno superó el 20 % de los votos en la primera vuelta. En contraste, una democracia con enormes dificultades, pero, seguramente, con una base institucional infinitamente mayor que la nuestra como la colombiana, acaba de mostrarnos qué es un resultado significativamente político: el candidato de derecha Abelardo de la Espriella obtuvo aproximadamente el 43.7 % de los votos, seguido por el izquierdista Iván Cepeda con 40.9 %, y Paloma Valencia, en tercer lugar, con 6.9 %.

Para el caso, no olvidemos otros resultados en la primera vuelta electoral ocurridos en la región. En Chile (2025), la candidata Jeannette Jara (Partido Comunista) obtuvo el primer lugar con 26.85 % de los votos, seguida por José Antonio Kast (Partido Republicano) con 23.92 %. En Argentina (2023), Sergio Massa fue el candidato más votado con 36.7 %, seguido por Javier Milei con 30 % y Patricia Bullrich con 23.8 %. En Ecuador (2025), los dos candidatos más votados fueron Daniel Noboa (44.17 %) y Luisa González (44.00 %), En Brasil (2022), Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo 48.43 % de los votos y Jair Bolsonaro 43.20 %. En Bolivia (2025), Rodrigo Paz obtuvo 32.06 % de los votos, seguido por Jorge Quiroga con 28.74 %.

El caso boliviano, a su vez, nos reitera que la legitimidad electoral es fundamental, pero no es lo único que sostiene a una autoridad electa. Gobernar exige más que haber ganado votos: requiere construir legitimidad política y social. Esto nos conduce a otros aspectos, que evidenció el “debate presidencial”.

Una primera cuestión es que las opciones en juego demostraron su limitada capacidad política, una por diseño y otro por impotencia. Fujimori no es ni desea ser un actor político democrático. Como su padre, su aspiración es gobernar demoliendo la institucionalidad y sin concebir oposición, apenas escondida por un seudo formalismo.

Sánchez intenta organizar una imagen más representativa, que abarque fundamentalmente a ese gran espacio social formado no sólo por los excluidos, sino también por aquellos que sienten que están al borde mismo del precipicio, aquellos que las estadísticas denominan ahora como “vulnerables”. Sin embargo, más allá de la voluntad, pareciera que su opción solo da para administrar, de forma más “social”, el sistema que demuele precisamente la sociedad que busca remediar, sin aspirar a alcanzar siquiera los estándares que alguna vez tuvo el Estado de bienestar.

Una segunda cuestión es el narcisismo político de ambos candidatos. Debaten para decirle al otro lo malo que es y, con ello, buscar resaltar sus atribuidas bondades mediante un penoso ejercicio de transferencias y contratransferencias en el que, finalmente, los supuestos contrincantes terminan siendo complementarios uno con otro.

De esta manera, se busca demostrar quién es más fuerte, más capaz o más “social”, en vez de discutir políticas públicas, desplazando así al ciudadano, que se convierte en espectador de un duelo personal, no en sujeto de propuestas. Así, lo que inicialmente aparece lejano –el ciudadano y la ciudadana–, se aleja aún más, cuando la política termina reducida a un espectáculo vacío y al que no ha sido invitado, lo que alimenta apatía y abstención.

El narcisismo político convirtió el debate en un escenario de autoafirmación, más que en un espacio de deliberación democrática. En ese sentido, lo que vimos el fin de semana entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez puede interpretarse como un reflejo de cómo la lucha por la imagen personal desplaza la discusión sobre el futuro del país.

La tercera cuestión para considerar es el hecho de que los candidatos informaron qué harían en caso de ser elegidos, pero no cuál sería el objetivo, ni qué resultado esperarían obtener. Esto fue palpable en temas como la seguridad ciudadana, en el que la idea fujimorista fue insistir en la aplicación de la fuerza: mientras más, mejor. Por su lado, Sánchez anunciaba, sin convencerse, una serie de reformas vagas de contenidos, al garete en objetivos y vacías de resultados.

En sus fantasías, la inseguridad nunca ha sido un problema social y la convirtieron, esforzándose en no salir del sentido común imperante, en uno policial-militar, o mejor dicho, en un asunto burocrático y no de movilización social. En esto no hay diferencias, ni siquiera matices ideológicos. Como sabemos, todo lo que se dijo sobre este tema, ya se ha hecho y los tristes resultados están a la vista.

A estas alturas, pareciera que el ansiado objeto del deseo de los y las peruanas, es la inalcanzable confianza entre ciudadanía y gobernantes. Algo que el ensimismamiento de los contendientes presidenciales solo atiza. El problema, entre muchos otros más, es que la desconfianza hacia las instituciones alimenta la polarización y la fractura social, permitiendo que las brechas de desigualdad se expandan aún más: unos pocos centralizan y concentran la riqueza mientras la mayoría se queda atrás.

 

desco Opina Regional / 5 de junio de 2026

Segunda vuelta: un escenario incierto y polarizado

Un rápido balance de la primera vuelta electoral nos indicaba varias cosas. En principio, la suma de los votos válidos de Fujimori y Sánchez no alcanza el tercio de los votos válidos y por lo menos el 25% del electorado con voto válido se quedará sin representación, lo que afecta inevitablemente la legitimidad del nuevo gobierno, que estará obligado a buscar consensos con otros grupos, si quiere ganar la segunda vuelta, pero, sobre todo, si pretende gobernar.

En la primera vuelta Sánchez ganó en 1094 de 1874 distritos y Fujimori en 583, pero recordemos que Castillo lo hizo en 1262. Los distritos que votaron por Sánchez son mayoritariamente serranos y su población es menor a 20,000 habitantes; los favorables a FP están en la costa y la selva y tienen más de 100,000 habitantes. El porcentaje de Sánchez crece en los distritos más pobres, mientras el de Fujimori lo hace en los menos pobres. Más de un tercio de quienes viven en distritos donde mayoritariamente votaron por Sánchez, tienen el quechua como lengua materna mientras que en el caso de FP llegan al 6%. Más allá de los perfiles que resultan de la primera vuelta, es claro que ninguno de los dos candidatos entra a la segunda vuelta con mayores ventajas y el proceso estará marcado hasta el final por la incertidumbre, la polarización y la desconfianza que seguirán creciendo.

En segundo lugar, la primera ronda deja ya un escenario paradójico. El sistema electoral fue cambiado para asegurar la reproducción de sus diseñadores, pero la mayoría de ellos desaparecieron electoralmente, quedando un esquema institucional más complejo, fragmentado y potencialmente más conflictivo, lo que obliga a preguntarse si será posible gobernar con las reglas vigentes en un escenario que seguirá polarizado. Lo que es claro es que la composición del nuevo Congreso, obligará a quien sea gobierno, a una negociación constante. En tercer término, el país no votó programáticamente, ni por ideas; lo hizo como una sociedad fracturada, precarizada y desconfiada de quienes la gobiernan, de la política y los políticos.

En este escenario, a 18 días del balotaje, las cifras que mostró la primera encuesta que circuló, realizada el 16 y 17 de mayo, mostraba cierta mejora en las preferencias a favor de la señora K, 39%, frente al 35% del candidato de JP, muy cerca del margen de error. El porcentaje de quienes definitivamente o probablemente votaría por ella llegó a 44%, mientras el de Sánchez lo hizo a 39%; 48% definitiva o probablemente no votaría por ella y 47% no lo haría por él. La encuesta evidencia que una gran mayoría no le tiene particular confianza a ninguno de los dos; en el caso de que necesitaran que alguien cuidara sus casas y sus pertenencias, 52% responde que no le daría las llaves a ninguno y 41% responde que no le gustaría invitar a cualquiera de los dos.

Así las cosas, el fujimorismo, apoyado por las diversas derechas, basa su estrategia en una narrativa dura de orden y seguridad, que combina las formas “cuidadosas” que su candidata prioriza ahora, buscando construirse una imagen de empatía y diálogo, como lo evidenció en sus instrumentales visitas a una comunidad ayacuchana o al ex presidente PPK, con la reivindicación plena del gobierno de su padre, anunciando que el orden estará para ella, siempre por encima de la libertad y la democracia. Sánchez, por su parte, ha apostado por buscar correrse paulatinamente al centro y ha ido sumando, no sin dificultad, alianzas y apoyos (Venceremos, Ahora Nación, Primero la Gente, Obras, Cooperación Popular y un sector del Partido Morado). Evidencias del temor que generan los movimientos del candidato los encontramos en la campaña de demolición, emprendida por la mayoría de medios tradicionales de comunicación, tan grosera en algunos casos, que terminan beneficiándolo. Más importante aún, declaraciones recientes de la señora K, insistiendo en que le robaron las elecciones el 2021, parece el inicio de un argumento, ante la eventualidad de una derrota.

El reciente debate entre los equipos de ambas agrupaciones terminó en un empate virtual en el que las mayores capacidades técnicas, las exhibieron los profesionales que fueron incorporados para la segunda vuelta en los dos casos. En un intercambio de algunas propuestas para el país y muchos puyazos políticos, resultó preocupante el afán de los participantes naranjas por mostrar la década de los noventa del siglo pasado como un tiempo exitoso, como buscando reescribir la historia, evidenciando que, para seguir en el poder, tienen que instalar un relato que encubra sus responsabilidades y disimule las confesiones involuntarias que salen de sus filas. La versión 2026 de “nosotros matamos menos” del ex congresista Trelles, la protagonizó el electo senador Torres al afirmar que Pedro Castillo “no se vacó solo”, sino que fue responsabilidad del Congreso, el Ministerio Público y un sector de la prensa.

El escenario para el nuevo gobierno, cualquiera que fuere, será muy difícil, cuando confluyen el desplome del Estado, el vaciamiento de contenido de la democracia y sus instituciones, la desconfianza absoluta en la política; polarización extrema y fragmentación social, el crecimiento acelerado de las economías criminales y la inseguridad, en un mundo en el que Trump nos pretende como una ficha más a ser alineada contra China, además del inminente fenómeno de El Niño. Fujimori o Sánchez necesitarán negociar y construir acuerdos básicos con sectores que no votaron por ellos para hacer viables sus gestiones sin recurrir a la fuerza como siempre será su tentación, en el caso de la primera, para evitar el bloqueo y liquidación de su gobierno, en el del segundo.

 

desco Opina / 29 de mayo de 2026

La representación diluida

Tras semanas de indefinición, pataleo y denuncias promovidas por el candidato López Aliaga sobre un supuesto fraude; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer oficialmente a los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en una segunda vuelta. Para sorpresa de nadie, se reveló que entre los dos consiguieron el 29% del total de votos válidos: Keiko Fujimori, 17.1% y Roberto Sánchez, 12%. En una boleta con 36 fórmulas presidenciales, era previsible que, aparte de confundir al electorado, el voto se dispersara.  

Este problema estructural en las normas electorales propiciado por el Congreso, ahora se trasladará a las elecciones subnacionales. La legitimidad con la que llegan al poder muchos alcaldes y gobernadores regionales, nuevamente estará en discusión. Por lo menos en este proceso no se han perdido las elecciones primarias.

El domingo 4 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Como parte del cronograma de este proceso, el domingo 17 de mayo, diversas organizaciones políticas eligieron a sus delegados, incluso los partidos que no pasaron la valla nacional lo hicieron. A su vez, estos delegados designarán a los candidatos que competirán por los gobiernos regionales y municipales incluidos consejos y regidores, el domingo 24 de mayo. Este proceso interno, aunque necesario, ocurre en medio de un ecosistema político cada vez más atomizado, si sumamos a los movimientos regionales con inscripción vigente.

Según el JNE, un total de 150 organizaciones políticas están habilitadas para participar en las ERM 2026: 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales. En la macrorregión sur, por ejemplo, la dispersión es notable. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas, en Arequipa existen seis movimientos regionales aptos para estos comicios, al igual que en Tacna. En Puno, ocho; en Cusco, dos movimientos regionales: Túpac y Pachakuteq. En Moquegua, dos; y en Apurímac y Madre de Dios, tres. Esto no es un dato menor, pues a pesar de tener las mismas taras de los partidos nacionales, pero menos recursos económicos, los movimientos regionales usualmente son los que ganan en las elecciones regionales. En el 2022, obtuvieron 14 gobernaturas contra 11 de los partidos nacionales.  

Si bien los datos históricos de la ONPE de las elecciones en regiones no revelan un panorama tan desolador como en las elecciones nacionales, sigue siendo preocupante la legitimidad de las autoridades subnacionales. En las elecciones regionales de 2022, Rohel Sánchez fue elegido gobernador de Arequipa con el 38.4% de los votos válidos. En Puno, Richard Hancco accedió al cargo con el 33.9% de la votación válida. En Cusco, Werner Salcedo se impuso en segunda vuelta con el 57.9% de los votos válidos. En Moquegua, Gilia Gutiérrez ganó en segunda vuelta con el 52.28%, luego de que en primera vuelta ningún candidato superara el 30%. En Tacna, Luis Torres logró el 30.6% de los votos válidos. En Apurímac, Percy Godoy alcanzó el 40.3%. Y en Madre de Dios, Luis Otsuka obtuvo apenas el 31.8% de los votos. Salvo excepciones como Cusco y Moquegua en segunda vuelta, el resto de los ganadores se movió entre el 30% y 40%, lo que significa que entre el 60% y el 70% del electorado no votó por quien terminó gobernando. Este porcentaje disminuye si hacemos el cruce de los datos con todo el padrón electoral. El porcentaje de votos nulos y blancos expresan el descontento.

Si en 2022 ganar con el 30% y 40% era común, con más de 150 organizaciones compitiendo, es probable que en los próximos comicios muchos ganadores obtengan porcentajes aún más bajos y vayamos a una segunda vuelta. Un alcalde o gobernador que llega al poder con el respaldo de apenas el 30% o 35% del electorado asume un cargo con un mandato debilitado, aunque normativamente sea válido.

Con procesos electorales diseñados bajo las normas actuales, la gobernabilidad regional se resiente y la confianza ciudadana en la política sigue erosionándose. El problema no es solo la cantidad de partidos o movimientos, sino la ausencia de un debate serio sobre cómo construir legitimidad con umbrales de representación tan bajos.

Propuestas de reformas como la sugerida por la Coalición Ciudadana son importantes. Como aquella referida a la legitimidad de las autoridades electas que, aunque se diseñó para las elecciones nacionales, bien podría encajar con nuestros procesos subnacionales: “para la segunda vuelta de elecciones presidenciales deben participar, como máximo, los cuatro candidatos con votaciones más altas hasta superar el 55% de los votos”. Por supuesto, esta reforma nunca fue acogida en el seno parlamentario.    

La democracia peruana necesita autoridades que realmente representen a la mayoría. Mientras el sistema electoral premie la fragmentación y no incentive la construcción de consensos reales, la falta de legitimidad seguirá siendo el talón de Aquiles de nuestros gobiernos nacionales y subnacionales.

 

desco Opina – Regional / 22 de mayo del 2026

descosur

La segunda vuelta y la memoria

 

La segunda vuelta no comienza con la proclamación oficial de resultados. Empezó antes, con la difusión de nuevas encuestas. Esta vez mostrando un escenario de empate técnico: dos candidaturas bordeando el 38% y un país que, antes que decidir, parece, por ahora, contener el aliento. Las candidaturas entran a una fase de contraste, donde aparece un elemento importante que no se puede esquivar: la memoria de las peruanas y peruanos sobre lo vivido desde la elección de Pedro Castillo y lo que siguió.

Ese dato tiene implicancias concretas. Anticipa una campaña más disputada, más agresiva y un cambio en el terreno del debate. Las promesas generales y los lemas de la primera vuelta no serán suficientes. En ese campo, el fujimorismo no llega en blanco. Lo hace con un registro de decisiones tomadas en el Congreso durante el período 2021–2026, donde su bancada ha tenido un rol sostenido en la articulación de mayorías, que muchos analistas han denominado “pacto mafioso”: una coalición parlamentaria funcional a sus intereses particulares, articulada no necesariamente por orientación ideológica, para sacar adelante votaciones clave, incluyendo el debilitamiento y captura de instituciones como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.

No han sido episodios aislados, sino parte de un patrón que, bajo el discurso de “orden” y “seguridad jurídica”, ha impulsado normas duramente cuestionadas por sus efectos: debilitamiento de herramientas contra el crimen organizado, desprecio y riesgo de impunidad en materia de derechos humanos, restricciones a la acción de organizaciones civiles y ONG, retrocesos groseros en políticas de género y un uso recurrente del mecanismo de la insistencia legislativa para promulgar leyes frente a observaciones técnicas, que no se tomaron en cuenta. Todo esto tiene consecuencias que también se reflejarán en los votos. Ya más del 70% de quienes integraron esas mayorías congresales de facto, han sido rechazados por los votantes en su pretensión reeleccionista.

Estos procesos tienen efectos concretos. En el campo, los trabajadores agroindustriales siguen encasillados en esquemas precarios mientras se mantienen beneficios tributarios al sector. En la Amazonía, la presión sobre territorios y el avance de economías ilegales (tala ilegal, producción de cocaína y extracción de oro con dragas) continúa sin ninguna respuesta estatal consistente. En las ciudades, las clases medias y populares enfrentan servicios públicos precarios e ineficientes (salud, educación, agua potable y transporte público) y sistemas previsionales indecorosos. En los sectores urbano populares, las brechas estructurales persisten sin cambios, sin que ninguna ley declarativa –que han sido muchas– logre contentar a la tribuna. La inseguridad y la violencia delictiva que atraviesan el país son su manifestación más visible.

La discusión del balotaje, por tanto, no es sólo sobre cada medida; lo es sobre la dirección que éstas configuran. Esa orientación es la que ahora busca validación electoral, justamente cuando la memoria aparece como relevante para decidir el voto, no solo por el contenido de cada medida producida y concertada por el pacto mafioso, sino porque emerge la figura de quien ha manejado la batuta de esa concertación de intereses que busca validación electoral: Keiko Fujimori y la orientación política derechista y ultra conservadora que se aupó para controlar el Poder Ejecutivo y el gobierno de la nación.

El país llega a este momento atravesado por varias fracturas: entre fujimorismo y antifujimorismo, pero también entre derecha e izquierda, entre norte y sur, entre Lima y el resto del país. Son divisiones que se superponen y que hacen que el voto sea, al mismo tiempo que político o ideológico, también territorial, social y hasta emocional o de abierto conflicto reivindicativo. A ello se suma un contexto internacional más inestable de tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, realineamientos internacionales y volatilidad económica. Todos ellos afectando en variables clave del país, como precios, empleo e inversión. La política interna no puede discutirse aislada de ese contexto.

En ese marco, la pregunta no es quién gana, sino con qué agenda lo hace. La campaña que sigue exigirá definiciones más claras sobre institucionalidad, derechos, seguridad y servicios públicos, pero también sobre la relación entre discurso y práctica. El fujimorismo enfrenta aquí un punto crítico: su narrativa apela al orden, pero su comportamiento legislativo reciente es parte central del cuestionamiento. Puede intentar reposicionarse o matizar su discurso, pero el registro de sus votaciones congresales existe. Incluso puede ensayar cínicamente hasta una autocrítica. Pero en política, como en la vida, hay cosas que no se borran con una conferencia de prensa.

El electorado no decide sobre una hoja en blanco, sino sobre una acumulación de decisiones y sus consecuencias. En ese contexto, la memoria deja de ser un recurso retórico. Se vuelve un criterio de decisión.

 

desco Opina / 30 de abril de 2026

Segunda vuelta… ya vuelta, oye

 En un desco opina de quince años atrás titulado «La selva central y la segunda vuelta», manifestamos que “para nadie es un secreto que la selva central es un bastión fujimorista”. Hoy en el 2026, el escenario se repite por cuarta vez consecutiva, enfrentando una segunda vuelta electoral con un sólido respaldo de la selva central a Keiko Fujimori.

De los ocho distritos de Oxapampa (Pasco), siete han afirmado un respaldo “escandalosamente abrumador”; en Chanchamayo (Junín), los seis distritos que componen esta provincia acumulan un caudal fujimorista contundente. Este mismo comportamiento se observa en Pichanaqui, a pesar del rechazo a la visita que realizó Keiko meses antes. Aquí, el fujimorismo obtuvo un virtual empate junto a Roberto Sánchez; mientras que en Satipo, alcanzó un segundo puesto con 21.5% de los votos, a escasos 3 puntos del primer lugar. En elecciones como la del 2016, el respaldo al fujimorismo en estas zonas superó el 50%, actualmente en muchos distritos este respaldo se mantiene por encima del 40%. Si recorremos nuestra Amazonía, en muchas de sus provincias, Keiko tiene un fuerte respaldo electoral, demostrando que en quince años el mapa político se ha movido muy poco o casi nada, y que ninguna o muy pocas de las 35 candidaturas presidenciales pudieron disputar su posicionamiento actual.

Aunque el escenario electoral de la segunda vuelta aún es incierto, todo nos indica que, si Sánchez es el candidato rival de Keiko, gran parte del voto local migrará hacia el partido naranja. El discurso de Sánchez y su exhibición pública con personajes de la izquierda denominada como radical por algunos sectores, no le auguran mucho respaldo en la selva central debido a la narrativa impregnada en esos sectores que apela al temor y la memoria de los años de la violencia terrorista. Máxime si uno de los aliados más cercanos señaló en su momento que “lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo”. La izquierda política en la selva central peruana (Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali) ha enfrentado históricamente un panorama electoral adverso, caracterizado por un contundente respaldo al fujimorismo.

Mientras el sur peruano es de tendencia izquierdista, las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa han mostrado un fuerte respaldo a opciones conservadoras. Este “romance” entre el fujimorismo y la selva peruana sigue vigente desde los 90, y otras propuestas políticas no han sido capaces de disputarle ese posicionamiento. Cabe precisar que, al igual que en las grandes ciudades de la costa y sierra, en las ciudades de selva también existen colectivos de “No a Keiko”, quienes han organizado acciones de resistencia ante las visitas de los simpatizantes naranjas, pese al pasado albertista que aún sigue vigente en estas regiones, aunque, por la juventud de muchos de los actuales simpatizantes, podríamos aventurarnos a señalar que ahora la selva central es en su mayoría “keikista”.

No hay duda de que los principales y más antiguos representantes del fujimorismo seguirán apelando a la figura del padre, pero ahora es la hija la que está construyendo un liderazgo propio dirigido a las nuevas generaciones que no vivieron los 90 y que hoy muestran su respaldo en las ánforas. Para no perder ese respaldo, Fuerza Popular ya ha iniciado su campaña aprovechando la ventaja que la posiciona en el primer lugar, mientras aún aguardamos los resultados finales que darán los organismos electorales para conocer a su rival, en medio de una fuerte incertidumbre y la preocupación de sectores importantes de la población por una posible afectación a la voluntad que expresaron en las urnas.

 

desco Opina – Regional / 24 de abril de 2026

descocentro 

Una historia repetida

 

A cinco días de la primera vuelta electoral, aún desconocemos quién será el rival de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta, quiénes los integrantes del Congreso futuro y cuáles las fuerzas que controlarán al Senado todopoderoso. Sin embargo, es meridianamente claro que no estamos asistiendo a un proceso electoral “normal”. Lo sabíamos desde un inicio, porque se trata de uno diseñado por un congreso mafioso y autoritario que, convertido ya en primer poder del Estado, busca perpetuarse en el gobierno y lo diseñó a su imagen y semejanza.

Como se recordaba en un artículo publicado el día mismo de las elecciones, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto al derecho de las minorías. En nuestro país, aquellas se fragmentaron aceleradamente por la perversión de las reglas de juego, consagrándose el imperio de las segundas. La alianza de facto de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú, Podemos, AP y Perú Libre, destruyó la frágil institucionalidad democrática, el estado de derecho e incluso la persecución del crimen, todo en su beneficio. En ese proceso, la frivolidad de un Congreso lleno de privilegios que hoy cuesta 1768 millones de soles, más del doble de lo que costaba el 2022, así como su grosero desprecio por sus electores, explican el profundo rechazo que generan en la población, rechazo que, como es obvio, comparten los partidos políticos.

La cédula de votación, 44 cm x 21 cm, era el símbolo perfecto del desorden y la confusión que podían producirse el 12 de abril. Cinco columnas para igual número de elecciones simultáneas, 37 agrupaciones en competencia y varios miles de aspirantes en pugna, hablaban de la elección con más candidatos en los últimos 60 años en toda la historia nacional. La eliminación de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) multiplicó el número de partidos y abrió las puertas a agrupaciones que no habrían superado los filtros de procesos anteriores, asegurando una arquitectura electoral que asegurara el acceso al gobierno y a la representación con números irrelevantes. En otras palabras, la decisión de prolongar la situación que ya se observaba desde años atrás, manteniendo la baja legitimidad de origen de los parlamentarios. Recordemos que Fuerza Popular, con el 39.8% de los votos, logró el 56.15% de los congresistas el 2016, mientras que la alianza de facto que controla el actual Congreso, sin contar los votos de Perú Libre, no alcanzó ni el 15% del voto emitido.

Lo que no era tan previsible fue el naufragio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de la votación. Retrasos significativos en la distribución del material electoral, problemas con el funcionamiento y las conexiones de las computadoras o ausencia de éstas y locales inadecuados se fueron evidenciando en Lima desde las primeras horas. Finalmente, 52 261 electores en Lima se quedaron sin ejercer su derecho, porque no se pudieron instalar 187 mesas de votación en varios distritos del sur de la capital. La incapacidad de la ONPE para responder a una situación que generaba malestar creciente y la pronta reaparición de López Aliaga denunciando un fraude en su contra, retomando una letanía que había iniciado semanas atrás y que incluía, desde entonces, una amenaza directa a Corvetto, enrarecieron rápidamente el ambiente y en pocas horas asistimos a una acelerada película que permite múltiples sospechas, y que debe ser aclarada pronto.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salvar su indiscutible responsabilidad en los problemas suscitados, el Ministerio Público y la Policía, todos atrás del cuento del fraude, enfilaron contra Corvetto como responsable único y avanzaron en su afán de encontrar delito y flagrancia, incluyendo la detención y la exhibición de un funcionario esposado. Para entendernos, las gruesas fallas logísticas de la ONPE, los silencios y las importantes omisiones de su máxima autoridad, más allá de afectar de distinta manera el voto de más de 850 000 personas, exigen investigación inmediata y profunda, pero no justifican ni las denuncias de fraude ni la cacería de chivos expiatorios desde un Estado en derrumbe y en creciente deriva autoritaria (Nicolás Vargas en “Un golpe silencioso; un golpe perfecto”, La República 17 de abril de 2026). Mientras no se presenten pruebas, insistir con el argumento linda con el delito. El asunto es tan grosero que Keiko Fujimori hizo un llamado a la calma y a no hablar de fraude, cierto que como preámbulo a recordar que “el enemigo es la izquierda”, mientras distintos abogados, insospechables de izquierdismo, como César Nakazaki, insisten en que no se puede usar el derecho penal en este momento.

En medio de ese escenario, la gente participó y votó masivamente el domingo 12 porque asumió que con el voto también se lucha. Los resultados hasta el momento, así lo demuestran. Más allá de quién competirá con Fuerza Popular en la segunda vuelta, lo que es indiscutible es la lista de quiénes desaparecen del Congreso, sentenciados sin apelación. A César Acuña y APP, José Luna y Podemos, Avanza País y sus ruidosos voceros, Somos Perú con su triste paso por la presidencia del país, el huidizo Cerrón y su Perú Libre, así como a los viejos partidos históricos –APRA, PPC y AP, previamente suicidada –, les quedará como consuelo su eventual participación en las elecciones subnacionales de octubre. Los electores no se perdieron en la fragmentación ni en las dificultades del proceso mismo, decidiendo recordar y castigar.

El competidor de la señora K en la segunda vuelta difícilmente se definirá en las próximas horas. Hay más de 5400 actas impugnadas en el país, 18.8% en Lima. Los personeros naranjas y celestes se las reparten, priorizando muchos de los territorios en los que ganó Sánchez, en un proceso electoral cuya calidad ha sido seriamente afectada, involucrando la representatividad de los resultados y aumentando la polarización y la desconfianza de la ciudadanía. A la incontinente violencia verbal del exalcalde limeño se suman periodistas que no dudan, por ejemplo, en calificar de “ignorante, revanchista y odiador” al voto del sur, así como una derecha que no aprende y que mira como rojo y peligroso todo lo que no ve el mundo como lo hacen desde sus intereses y sus miedos. En este escenario, los próximos días las denuncias de fraude se multiplicarán, seguramente desde el lado de los candidatos en pugna, pero también de sectores del electorado y de poblaciones que sentirán que atrás de las acusaciones de fraude está el interés de desconocer su voluntad.

Como lo señaló un analista, citando a Marx, la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Recordemos que a la segunda vuelta concurrirán dos candidatos, no importa si López Aliaga o Sánchez, que sumados a Fujimori no representan al 30% de los electores.

 

 

desco Opina / 17 de abril de 2026

Por un voto consciente y con memoria

 

Entramos a la recta final rumbo a la primera vuelta de las elecciones 2026 en medio de dudas sobre quiénes lograrán pasar a la segunda vuelta. Mientras los principales medios de comunicación tradicionales ya tienen a su dupla ganadora para este domingo 12 de abril, tal como lo demostraron en sus recientes dominicales, alrededor del 30% de la ciudadana aún no logra definir su voto, como lo evidenció la reciente encuesta del IEP.

Creemos que el país no solo se enfrenta a la decisión de elegir autoridades, lo hace, sobre todo, a una realidad incómoda que nos lleva a cuestionarnos a qué estamos dispuestos para que las cosas cambien. Eso implica que decidamos con consciencia crítica, abandonando la vaga y tibia apuesta que ha justificado la opción de un “mal menor” y que descartemos de plano a aquellos partidos políticos que han sido parte del pacto mafioso que ha creado las bases para institucionalizar el crimen, la corrupción y la impunidad que tanto daño nos hacen hoy.

Hablar de ello implica hacer memoria para llegar a las urnas con una decisión más clara, considerando, además, la historia viva de los últimos años, aquellos hechos que la prensa, y cómo no, los fake news, se han encargado de pasar por agua tibia. No en vano aún seguimos asumiendo la responsabilidad de rechazar cada 5 de abril, uno de los sucesos más críticos de nuestra historia reciente que, junto a los crímenes perpetrados por el régimen fujimontesinista, significaron un quiebre para la supervivencia de nuestra democracia y el estado de derecho.

Más allá del protagonismo individual que asumió Alberto Fujimori y que hoy lo hace Keiko frente a ese bolsón electoral fiel que recuerda con vehemencia el pasado albertista y que ve en ella la oportunidad de reivindicar la promesa mesiánica que se introdujo en los 90, como lo analiza el historiador José Ragas, lo que debe inquietarnos es la vigencia de una forma de hacer política que no ha desaparecido: la idea de que el autoritarismo puede ser necesario, incluso deseable, si promete orden o estabilidad. Esa narrativa, lejos de ser superada, tiene nuevos voceros y nuevas formas de legitimación facilitadas por el difícil contexto de inseguridad. La zozobra en la que vive gran parte de la población, temerosa y sin poder asegurar un mínimo de estabilidad económica, laboral y emocional, se ha vuelto el motor para anhelar un orden que priorice la mano dura, antes que políticas seriamente pensadas.

De ahí que personajes como Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y la propia Keiko Fujimori resalten como prioridad el retiro del Pacto de San José, responsabilizando de la actual crisis de seguridad a las políticas pro derechos humanos que fueron  trabajadas y defendidas por diversas instituciones de la sociedad civil, alejando del meollo del asunto al autoritarismo y el abuso de varios sectores políticos hoy en carrera, impulsando las leyes pro crimen, a cambio de asegurarse la impunidad para seguir operando en los márgenes de la ilegalidad.

No es casual que, en los últimos años, sectores políticos que manejan el Congreso de la República, y desde ahí el país, hayan reivindicado ese pasado funesto, relativizando sus consecuencias que hasta hoy lamentamos. El pacto mafioso opera más allá de alianzas formales o de coincidencias ideológicas; de ahí que sean también herederos del fujimorismo. Para ellos, fue más útil apelar a la necesidad de sobrevivencia, imponiendo sus intereses particulares compartidos, para llevar adelante el desmontaje y captura institucional que sufrimos, asegurando su impunidad total, sin importar que con ello dejaban en la mayor desprotección a la mayoría de la población, que tiene suficiente con sobrevivir diariamente en la informalidad y la precariedad.

Las gestiones de Boluarte, Jerí y Balcázar, han evidenciado una forma de gobernar desde las sombras que rinde frutos al menor costo posible. Esa es una lección aprendida que seguirán aplicando los que logren pasar la valla electoral, así no lleguen a segunda vuelta. Saben que desde el Congreso hoy se gobierna porque ellos cambiaron el sistema político, construyendo una forma basada en la precarización de la democracia, que demandará un compromiso político de largo aliento para desbaratarla. Pero este proceso no se sostiene únicamente desde las élites políticas, también se alimenta de un clima social y cultural en el que los discursos de odio han ido ganando terreno gracias a candidatos como López Aliaga o Fujimori, pero también de otros como Carlos Espá y Carlos Álvarez, que hoy sale n a negar sus dichos o a arrepentirse de lo afirmado en su momento. Todos ellos y otros más, no desaprovecharon oportunidad para terruquear a quienes protestaban frente al atropello del poder político y económico. Que hoy salgan a querer atenuar sus afirmaciones, no niega la tibieza con la que afrontaron ese momento crítico que demandó madurez y claridad política para enfrentar los discursos de odio pululantes.

Ese discurso que comparten, construido sobre la base de diferencias culturales, justificando actos racistas, clasistas e incluso, machistas, no es fenómeno reciente, pero se ha convertido en herramienta política válida para descreditar al opositor, delimitando quiénes merecen derechos y quiénes no; erosionando lentamente la idea misma de ciudadanía.

No se puede ignorar el desencanto que atraviesa a buena parte de la ciudadanía. La desconfianza hacia la clase política, la sensación de que “todos son lo mismo” y el agotamiento frente a las crisis sucesivas que han debilitado el vínculo con lo político. En ese contexto, el voto puede sentirse vacío, sin dimensionar el impacto real que tiene en nuestras vidas. La indiferencia no neutraliza el poder, al contrario, lo deja en manos de quienes saben organizarse para capturarlo.

Por ello, el llamado no es a un optimismo ingenuo ni a una defensa superficial de la democracia como discurso desgastado que resuena en varios medios. Es, más bien, una reflexión apelando a la memoria. Que votar no solo sea un acto de elegir entre opciones disponibles, que implique preguntarse quiénes han contribuido a este escenario, quiénes han guardado silencio frente a los abusos y quiénes han promovido activamente retrocesos en nuestros derechos. Se trata de recuperar la memoria como herramienta política, no como un acto de resentimiento, sino para evitar que los sucesos que vivimos se repitan sin control ni sanción. En un escenario en el que las reglas del juego han sido trastocadas, la responsabilidad ciudadana no puede reducirse a la resignación. Toca decidir qué prácticas no estamos dispuestos a legitimar, qué discursos no queremos normalizar y qué tipo de país estamos dispuestos a sostener, incluso en contextos adversos.

 

desco Opina Regional / 10 de abril de 2026