¿Ordenar el Estado o concentrar el poder?

El asesinato de cuatro personas y el secuestro ocurrido en Trujillo ha vuelto a colocar la seguridad en el centro de la agenda y, sobre todo, ha convertido una promesa electoral de "mano dura" en una prueba concreta de capacidad de gobierno. Es decir, la de un Estado que funcione con autoridad y seguridad. El gobierno de Fuerza Popular –ante una ciudadanía cada vez más desconfiada de la política–, con el temor de un sector y la esperanza de otro, pareciera encontrarse en un terreno favorable para actuar como quien prometió poner orden.

Sin embargo, ese capital político alimentado por las promesas de orden y seguridad de la nueva administración, tiene también otro lado en la misma moneda que es el fracaso, como su principal riesgo. Recuperar la autoridad del Estado es indispensable, pero recuperar la capacidad de gobernar no es lo mismo. Menos si se pretendiera recobrar el poder para gobernar sin contrapesos.

Los homicidios, la extorsión y el avance del crimen organizado, han convertido -hace rato ya-, la demanda de seguridad en la principal preocupación ciudadana. Es comprensible que una población atemorizada reclame respuestas contundentes. Lo que habrá que comprobar es si detrás de la contundencia ofrecida existe una política pública capaz de producir resultados. La seguridad puede convertirse así en el primer gran indicador de la capacidad real del gobierno, pero también de su disposición al diálogo y concertación que pueda lograrse con el Congreso y la ciudadanía a la que representa.

Las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo (convertidas en una costumbre desde hace varios gobiernos), constituyen algo más que un trámite político. Son la primera oportunidad para observar cómo entiende el gobierno de la hija del dictador la relación entre poderes con el Congreso.

Aparentemente está respondiendo con firmeza al demandar mayores facultades para legislar en el endurecimiento de penas, la participación de las Fuerzas Armadas y un discurso de confrontación directa con el crimen. Acabar con la inseguridad constituye así una primera prueba que demanda resultados, porque anunciar mano dura es relativamente sencillo. Otra cosa más difícil es lograr desarticular las organizaciones criminales, investigar sus finanzas, recuperar los territorios controlados por ellas y hacer funcionar simultáneamente a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.

En este mes de la primavera cabe preguntarse si el nuevo gobierno buscará acuerdos y negociará reformas, aceptando modificaciones, o si utilizará su respaldo parlamentario para ampliar su margen de acción. No olvidemos que el fujimorismo no llega al poder sin historia. La experiencia de los años noventa forma parte de la memoria política del país y no debemos ignorarla pues esos antecedentes importan precisamente para saber qué señales institucionales deben ser observadas con mayor atención. Señales que no están solamente en el Congreso, sino también en la relación con la prensa y con los organismos de justicia, varios de ellos copados por gente de su confianza, como ocurre con las instituciones de control y con quienes investigan al poder.

Una democracia puede tener un gobierno fuerte de izquierda o de derecha, lo que no puede es tener uno que considere que toda crítica es una conspiración y todo control, una obstrucción. Por ahora, el respaldo ciudadano inicial a Keiko Fujimori es considerable y expresa, en buena medida, una expectativa, un consentimiento para que haga aquello que los anteriores no pudieron hacer. Algo que puede durar o diluirse muy pronto.

La estabilidad macroeconómica y la de nuestra moneda proporcionan al gobierno un margen que no debería desperdiciar pues el desafío no consiste en conservar indicadores que muestran cierta fortaleza, sino en transformar esa estabilidad cautelada por el BCR, en mayor empleo, una mejor distribución de los ingresos y mejores servicios públicos para la mayoría de los peruanos en su vida diaria. Eso significa en lo inmediato contar con una policía eficaz, instituciones coordinadas, servicios públicos que funcionen, inversión pública ejecutada y políticas capaces de llegar a los territorios donde el Estado prácticamente ha desaparecido.

El gobierno puede utilizar el mismo capital político para construir una estructura de poder cada vez más concentrada, en la que Congreso, gobierno e instituciones públicas terminen respondiendo a una misma lógica política y donde los controles democráticos sean vistos como obstáculos. Estamos a las puertas de ver cómo se resolverá esta disyuntiva.

La demanda ciudadana de orden no es una demanda de autoritarismo. El Perú necesita recuperar autoridad, pero una autoridad democrática. Es, fundamentalmente, la demanda de un Estado que proteja a sus ciudadanos, que funcione y que cumpla las reglas que él mismo establece.

El primer mes de Keiko Fujimori permite afirmar poco sobre el desenlace, aunque supone formular una pregunta que será cada vez más difícil obviar: ¿Estamos asistiendo a la recuperación de la capacidad de gobierno del Estado o al comienzo de una nueva concentración del poder político? No nos engañemos, la respuesta no estará en los discursos de Palacio, ni en las encuestas de aprobación. Estará en los hechos y allí cabe también la posibilidad de una crisis que se profundice en el pantano de la ineficiencia y el desgobierno. El Niño malo con lluvias extraordinarias y sequías simultaneas en el país también pondrá a prueba su desempeño.

desco Opina / 4 de setiembre del 2026

Segunda vuelta: un escenario incierto y polarizado

Un rápido balance de la primera vuelta electoral nos indicaba varias cosas. En principio, la suma de los votos válidos de Fujimori y Sánchez no alcanza el tercio de los votos válidos y por lo menos el 25% del electorado con voto válido se quedará sin representación, lo que afecta inevitablemente la legitimidad del nuevo gobierno, que estará obligado a buscar consensos con otros grupos, si quiere ganar la segunda vuelta, pero, sobre todo, si pretende gobernar.

En la primera vuelta Sánchez ganó en 1094 de 1874 distritos y Fujimori en 583, pero recordemos que Castillo lo hizo en 1262. Los distritos que votaron por Sánchez son mayoritariamente serranos y su población es menor a 20,000 habitantes; los favorables a FP están en la costa y la selva y tienen más de 100,000 habitantes. El porcentaje de Sánchez crece en los distritos más pobres, mientras el de Fujimori lo hace en los menos pobres. Más de un tercio de quienes viven en distritos donde mayoritariamente votaron por Sánchez, tienen el quechua como lengua materna mientras que en el caso de FP llegan al 6%. Más allá de los perfiles que resultan de la primera vuelta, es claro que ninguno de los dos candidatos entra a la segunda vuelta con mayores ventajas y el proceso estará marcado hasta el final por la incertidumbre, la polarización y la desconfianza que seguirán creciendo.

En segundo lugar, la primera ronda deja ya un escenario paradójico. El sistema electoral fue cambiado para asegurar la reproducción de sus diseñadores, pero la mayoría de ellos desaparecieron electoralmente, quedando un esquema institucional más complejo, fragmentado y potencialmente más conflictivo, lo que obliga a preguntarse si será posible gobernar con las reglas vigentes en un escenario que seguirá polarizado. Lo que es claro es que la composición del nuevo Congreso, obligará a quien sea gobierno, a una negociación constante. En tercer término, el país no votó programáticamente, ni por ideas; lo hizo como una sociedad fracturada, precarizada y desconfiada de quienes la gobiernan, de la política y los políticos.

En este escenario, a 18 días del balotaje, las cifras que mostró la primera encuesta que circuló, realizada el 16 y 17 de mayo, mostraba cierta mejora en las preferencias a favor de la señora K, 39%, frente al 35% del candidato de JP, muy cerca del margen de error. El porcentaje de quienes definitivamente o probablemente votaría por ella llegó a 44%, mientras el de Sánchez lo hizo a 39%; 48% definitiva o probablemente no votaría por ella y 47% no lo haría por él. La encuesta evidencia que una gran mayoría no le tiene particular confianza a ninguno de los dos; en el caso de que necesitaran que alguien cuidara sus casas y sus pertenencias, 52% responde que no le daría las llaves a ninguno y 41% responde que no le gustaría invitar a cualquiera de los dos.

Así las cosas, el fujimorismo, apoyado por las diversas derechas, basa su estrategia en una narrativa dura de orden y seguridad, que combina las formas “cuidadosas” que su candidata prioriza ahora, buscando construirse una imagen de empatía y diálogo, como lo evidenció en sus instrumentales visitas a una comunidad ayacuchana o al ex presidente PPK, con la reivindicación plena del gobierno de su padre, anunciando que el orden estará para ella, siempre por encima de la libertad y la democracia. Sánchez, por su parte, ha apostado por buscar correrse paulatinamente al centro y ha ido sumando, no sin dificultad, alianzas y apoyos (Venceremos, Ahora Nación, Primero la Gente, Obras, Cooperación Popular y un sector del Partido Morado). Evidencias del temor que generan los movimientos del candidato los encontramos en la campaña de demolición, emprendida por la mayoría de medios tradicionales de comunicación, tan grosera en algunos casos, que terminan beneficiándolo. Más importante aún, declaraciones recientes de la señora K, insistiendo en que le robaron las elecciones el 2021, parece el inicio de un argumento, ante la eventualidad de una derrota.

El reciente debate entre los equipos de ambas agrupaciones terminó en un empate virtual en el que las mayores capacidades técnicas, las exhibieron los profesionales que fueron incorporados para la segunda vuelta en los dos casos. En un intercambio de algunas propuestas para el país y muchos puyazos políticos, resultó preocupante el afán de los participantes naranjas por mostrar la década de los noventa del siglo pasado como un tiempo exitoso, como buscando reescribir la historia, evidenciando que, para seguir en el poder, tienen que instalar un relato que encubra sus responsabilidades y disimule las confesiones involuntarias que salen de sus filas. La versión 2026 de “nosotros matamos menos” del ex congresista Trelles, la protagonizó el electo senador Torres al afirmar que Pedro Castillo “no se vacó solo”, sino que fue responsabilidad del Congreso, el Ministerio Público y un sector de la prensa.

El escenario para el nuevo gobierno, cualquiera que fuere, será muy difícil, cuando confluyen el desplome del Estado, el vaciamiento de contenido de la democracia y sus instituciones, la desconfianza absoluta en la política; polarización extrema y fragmentación social, el crecimiento acelerado de las economías criminales y la inseguridad, en un mundo en el que Trump nos pretende como una ficha más a ser alineada contra China, además del inminente fenómeno de El Niño. Fujimori o Sánchez necesitarán negociar y construir acuerdos básicos con sectores que no votaron por ellos para hacer viables sus gestiones sin recurrir a la fuerza como siempre será su tentación, en el caso de la primera, para evitar el bloqueo y liquidación de su gobierno, en el del segundo.

 

desco Opina / 29 de mayo de 2026

La representación diluida

Tras semanas de indefinición, pataleo y denuncias promovidas por el candidato López Aliaga sobre un supuesto fraude; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer oficialmente a los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en una segunda vuelta. Para sorpresa de nadie, se reveló que entre los dos consiguieron el 29% del total de votos válidos: Keiko Fujimori, 17.1% y Roberto Sánchez, 12%. En una boleta con 36 fórmulas presidenciales, era previsible que, aparte de confundir al electorado, el voto se dispersara.  

Este problema estructural en las normas electorales propiciado por el Congreso, ahora se trasladará a las elecciones subnacionales. La legitimidad con la que llegan al poder muchos alcaldes y gobernadores regionales, nuevamente estará en discusión. Por lo menos en este proceso no se han perdido las elecciones primarias.

El domingo 4 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Como parte del cronograma de este proceso, el domingo 17 de mayo, diversas organizaciones políticas eligieron a sus delegados, incluso los partidos que no pasaron la valla nacional lo hicieron. A su vez, estos delegados designarán a los candidatos que competirán por los gobiernos regionales y municipales incluidos consejos y regidores, el domingo 24 de mayo. Este proceso interno, aunque necesario, ocurre en medio de un ecosistema político cada vez más atomizado, si sumamos a los movimientos regionales con inscripción vigente.

Según el JNE, un total de 150 organizaciones políticas están habilitadas para participar en las ERM 2026: 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales. En la macrorregión sur, por ejemplo, la dispersión es notable. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas, en Arequipa existen seis movimientos regionales aptos para estos comicios, al igual que en Tacna. En Puno, ocho; en Cusco, dos movimientos regionales: Túpac y Pachakuteq. En Moquegua, dos; y en Apurímac y Madre de Dios, tres. Esto no es un dato menor, pues a pesar de tener las mismas taras de los partidos nacionales, pero menos recursos económicos, los movimientos regionales usualmente son los que ganan en las elecciones regionales. En el 2022, obtuvieron 14 gobernaturas contra 11 de los partidos nacionales.  

Si bien los datos históricos de la ONPE de las elecciones en regiones no revelan un panorama tan desolador como en las elecciones nacionales, sigue siendo preocupante la legitimidad de las autoridades subnacionales. En las elecciones regionales de 2022, Rohel Sánchez fue elegido gobernador de Arequipa con el 38.4% de los votos válidos. En Puno, Richard Hancco accedió al cargo con el 33.9% de la votación válida. En Cusco, Werner Salcedo se impuso en segunda vuelta con el 57.9% de los votos válidos. En Moquegua, Gilia Gutiérrez ganó en segunda vuelta con el 52.28%, luego de que en primera vuelta ningún candidato superara el 30%. En Tacna, Luis Torres logró el 30.6% de los votos válidos. En Apurímac, Percy Godoy alcanzó el 40.3%. Y en Madre de Dios, Luis Otsuka obtuvo apenas el 31.8% de los votos. Salvo excepciones como Cusco y Moquegua en segunda vuelta, el resto de los ganadores se movió entre el 30% y 40%, lo que significa que entre el 60% y el 70% del electorado no votó por quien terminó gobernando. Este porcentaje disminuye si hacemos el cruce de los datos con todo el padrón electoral. El porcentaje de votos nulos y blancos expresan el descontento.

Si en 2022 ganar con el 30% y 40% era común, con más de 150 organizaciones compitiendo, es probable que en los próximos comicios muchos ganadores obtengan porcentajes aún más bajos y vayamos a una segunda vuelta. Un alcalde o gobernador que llega al poder con el respaldo de apenas el 30% o 35% del electorado asume un cargo con un mandato debilitado, aunque normativamente sea válido.

Con procesos electorales diseñados bajo las normas actuales, la gobernabilidad regional se resiente y la confianza ciudadana en la política sigue erosionándose. El problema no es solo la cantidad de partidos o movimientos, sino la ausencia de un debate serio sobre cómo construir legitimidad con umbrales de representación tan bajos.

Propuestas de reformas como la sugerida por la Coalición Ciudadana son importantes. Como aquella referida a la legitimidad de las autoridades electas que, aunque se diseñó para las elecciones nacionales, bien podría encajar con nuestros procesos subnacionales: “para la segunda vuelta de elecciones presidenciales deben participar, como máximo, los cuatro candidatos con votaciones más altas hasta superar el 55% de los votos”. Por supuesto, esta reforma nunca fue acogida en el seno parlamentario.    

La democracia peruana necesita autoridades que realmente representen a la mayoría. Mientras el sistema electoral premie la fragmentación y no incentive la construcción de consensos reales, la falta de legitimidad seguirá siendo el talón de Aquiles de nuestros gobiernos nacionales y subnacionales.

 

desco Opina – Regional / 22 de mayo del 2026

descosur

Una mirada a los resultados de las elecciones municipales en Lima

Rafael López Aliaga de Renovación Popular es el nuevo alcalde de la ciudad de Lima. ONPE, al 100% de actas procesadas y el 99.8% de actas contabilizadas, informó que alcanzó una votación de 1,401,001 votos, superando a Daniel Urresti de Podemos por 53,645 votos. El burgomaestre electo obtiene la votación más baja alcanzada por las autoridades ediles los últimos 42 años.  

Este resultado, por la configuración del Consejo Municipal que establece la norma electoral, tiene como consecuencia que de los 39 regidores que lo conforman, 21 corresponden a Renovación Popular, 13 a Podemos y los  restantes a otras organizaciones que participaron del proceso. Los distritos, por su parte, se han ordenado en un nuevo mapa político para el período 2023 – 2026. Según la ONPE Renovación Popular ganó en 13 distritos, Alianza para el Progreso en 9, Podemos Perú en 8, Somos Perú en 6, Avanza País en 5, Juntos por el Perú y Acción Popular en un distrito cada uno, respectivamente. 

Como se evidenció desde el inicio de la campaña, predominó la ausencia de propuestas sólidas de cara a los problemas centrales que enfrenta la ciudad. La mayoría de candidatos  presentaron ofertas populistas y poco viables considerando el presupuesto anual que maneja la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en muchos casos, comprometían promesas que estaban más allá de las competencias de los gobiernos locales. La mayoría de propuestas estuvieron centradas en la lucha contra la delincuencia, con medidas poco estructuradas que no recogían la amplia experiencia que se tiene a través de los comités de seguridad ciudadana a nivel local, ni incorporaban tampoco la perspectiva de policía comunitaria que propone procesos de coordinación eficiente entre comisarías, municipios y sociedad civil, a fin de mejorar la seguridad ciudadana a nivel local, donde iniciativas como la estrategia multisectorial “Barrio Seguro” y el lineamiento “Vecindario Seguro”, son ejemplos a contemplar.

La victoria de Rafael López Aliaga representa la afirmación de los grupos conservadores de extrema derecha en la política. Acompañado de un discurso polarizador y de conspiración, ha impulsado constantemente campañas de desinformación contra las políticas del Estado en temas de igualdad de género y derechos sexuales, así como un discurso homofóbico contra la población LGTBIQ+. Expresa también la desafección de limeñas y limeños por la política y la poca expectativa que generó el proceso; la suma del ausentismo electoral (21.246%, más de 1’600,000 habitantes de la ciudad), a lo que se suman los votos en blanco y viciados (10.720%), superan largamente los votos que eligieron al nuevo alcalde.

En Lima y muchos de sus distritos, la ciudadanía nuevamente se encuentra frente a aventureros que juegan a hacer de la política un espacio para el beneficio de intereses particulares por sobre los de la mayoría de los habitantes de la ciudad. El desinterés y desapego de la participación política nos pasa factura y parece cumplirse el adagio que señala que nos merecemos las autoridades que tenemos, por desentendernos de los asuntos públicos de nuestro entorno.

Hacia adelante, podemos  seguir de espectadores mirando cómo en poco tiempo la policía, el Ministerio Público y los jueces encarcelan a autoridades municipales que integran bandas y organizaciones bien estructuradas dentro de los gobiernos locales o enfrentamos activamente el desafío de construir procesos de dialogo y consenso, superando conflictos puntuales para impulsar procesos participativos orgánicos, que den paso a liderazgos ciudadanos que permitan los contrapesos necesarios para sostener procesos de concertación entre la ciudadanía y las autoridades y dinámicas de vigilancia ciudadana y control social para impulsar desarrollo y la gobernabilidad en la ciudad.  

desco Opina – Regional / 14 de octubre del 2022

descoCiudadano

Las decepciones del momento

No deberían sorprendernos las formas y contenidos del Mensaje a la Nación del presidente Castillo presentando el balance de su primer año de gestión en el que el Ejecutivo ni siquiera ha podido resolver las urgentes compras de fertilizantes, sin afrontar la creciente acumulación de indicios sobre la corrupción “hormiga” que lo rodea. Menos aún el fraccionamiento mostrado por el Congreso, que cubrió de suspenso hasta el tramo final las elecciones de su nueva mesa directiva y que, interesadamente o no, no ha podido consensuar aún la designación para la Defensoría del Pueblo. 

A estas alturas es más que evidente que el empate de las fuerzas políticas del país se manifiesta por el peor de los escenarios, que no es el del consuelo de la “polarización” que hemos inventado para evitar quedar desnudos ante nosotros mismos. Es, en su lugar, la incapacidad de construir equilibrios que se compensa con la imposibilidad de todas estas fuerzas para idear y conducir una salida que supere el entrampamiento en el que nos encontramos desde el estado de Derecho. 

La anterior es una de las lecturas posibles del momento político actual. Otra, supondría que el espectáculo escenificado, en realidad esconde la verdadera intención de los actores políticos, es decir, la poca o ninguna vocación que tienen de superar esta normalidad realmente existente, que se ha instalado como la manera en que se expresa nuestra democracia y a la cual se han ido adaptando organizaciones políticas cuya estructura es más bien empresarial, que han devenido en sospechosas de ser organizaciones criminales en realidad.

Cualquiera de estas interpretaciones y las variantes que puedan derivarse de ellas, nos conducen a plantear como premisa que la democracia está afectada en su calidad, esencialmente por factores externos, cuya corrección, también, debe provenir desde fuera del régimen. Un mal gobierno debe ser cancelado sin importar las reglas establecidas, el Congreso deslegitimado debe ser clausurado sin más, los partidos políticos requieren ser judicializados y los representantes y funcionarios serán por definición depositarios de todas las sospechas ciudadanas.

En suma, forzada por la propia dinámica que adquiere la política, la ciudadanía expresa su distanciamiento de ella y de sus protagonistas, elaborando argumentos que justifiquen sus posiciones principistas y moralistas -“que se vayan todos” y “todos son corruptos”-. 

Sin embargo, la democracia formal, por definición, tiene mecanismos auto correctores para evitar su colapso y, sobre todo, para asegurar su objetivo, que es la prevalencia de la norma. Desgraciadamente, no es esto lo que estamos poniendo en debate hoy en el Perú.   

Si lo hiciéramos, una primera cuestión que consideraríamos es aquello sobre lo que se preguntaba Robert Dahl hace 60 años: “En un sistema político donde casi todos los adultos pueden votar, pero donde el conocimiento, la riqueza, la posición social, el acceso a los funcionarios, y otros recursos se distribuyen de manera desigual, ¿quién gobierna realmente?”.

En efecto, las desigualdades cada vez más profundas caracterizan a países como el nuestro, lo que tiene un impacto profundo y directo en la manera en que se configuran los sistemas políticos democráticos. Incluso, el impacto compensatorio de los esfuerzos que pueden darse en la esfera económica parece ser considerablemente más tenue de lo que se cree, a pesar de la cómoda noción entre muchos liberales de que el público se ha movilizado o pronto se movilizará en apoyo de una “legislación igualadora”.

Entre otras razones que se esgrimen, está el que los sectores con menor poder adquisitivo tienen poco acceso a los recursos políticos disponibles, los que además circulan en espacios muy reducidos controlados por los sectores privilegiados mediante los políticos profesionales, los expertos técnicos y los medios de comunicación. Además, como ha venido ocurriendo, la densificación de las redes sociales no identificables y la apropiación de datos personales cada vez mayores, probablemente aumente la direccionalidad de la opinión y de las elecciones. En conclusión, independientemente de quién sea elegido, se ignoran los sueños, demandas y quejas de la mitad inferior o más de la población. 

Así, puede ser que lo actualmente decepcionante de la política peruana no sea el gobierno que se quiere cambiar sino los que buscan que se vaya a cualquier precio, revolviendo lo que hay para quedarnos, posiblemente, en el mismo sitio. No se considera la posibilidad de una presencia de la ciudadanía decisiva, pese a que muchos decían buscar una mayor participación ciudadana, mejores mecanismos de rendición de cuentas, más formas de control ciudadano, que podrían hacernos aspirar a una mejor inserción de los ciudadanos en las esferas políticas. Nada de eso cuenta hoy; lo que interesa es únicamente adelantar las elecciones sin proponernos claramente para qué.

desco Opina / 12 de agosto de 2022

La gente quiere un gobierno que gobierne

 

La última encuesta de IPSOS Apoyo, que ratifica resultados que habían adelantado otras empresas, resulta bastante significativa. La aprobación presidencial sube 4 puntos a 42%, oscilando entre 29% que obtiene en Lima y 52% en el sur del país. Mientras aquella es justificada por la apuesta por el cambio del mandatario, 45%, su desaprobación, que sube un punto, se ubica en 46%, moviéndose entre el 62% de Lima y el 29% del sur, lo es según los encuestados porque el Presidente no está preparado para gobernar (39%), ha convocado a malos profesionales (31%) y está rodeado de simpatizantes del terrorismo (apenas 28%). En la misma, la aprobación de Guido Bellido está 17 puntos por debajo de la del mandatario, mientras que la desaprobación de la señora Alva sube 10 puntos, a 47% y la del Legislativo 5, a 49%.

En otras palabras, varios elementos que permanecen y que son parte de la polarización que instalaron con fantasía y aplicación el fujimorismo y buena parte de la derecha, a partir del 6 de junio en la noche. No obstante la campaña de demolición que sufren el mandatario y su Ejecutivo, su aprobación se incrementa manteniéndose la profunda brecha entre Lima, donde es mayoritariamente desaprobado, y el interior del país donde aumenta levemente su aprobación, como también ocurre en los sectores A, B, D y E.

La misma está ligada a la expectativa de cambio que no disminuye entre la gente, en tanto que su desaprobación obedece a la inefectividad que perciben en su gobierno, antes que al constante «terruqueo» y a los peligros de un supuesto comunismo o del retorno del senderismo, con el que la mayoría de medios de comunicación atormentan a su público los siete días de la semana.

Si en un texto anterior decíamos que nos encontrábamos en un circo de tres pistas, con un Congreso donde predominan los aprendices y muchos intereses particulares, un Ejecutivo fuertemente marcado por la improvisación y la mayoría de medios de comunicación sin ninguna responsabilidad en lo que hacen y dicen, la encuesta ratifica la debilidad de tales actores y muestra los límites del discurso extremo de la derecha que no alcanza al mandatario pero que golpea a varios de sus ministros y allegados, impacta significativamente en Lima y se diluye en el interior del país. Ello, en un escenario más general en el que la gente luce cansada de la polarización y simultáneamente aparecen peligrosos grupos de derecha extrema que actúan impunemente con violencia y terror, como lo hicieran cobardemente con el exfiscal Avelino Guillén.

En cualquier caso, el mensaje al Ejecutivo desde la encuesta es claro. La gente quiere que el mandatario lidere el cambio y gobierne eficazmente. Un desafío grande que puede empezar a pasarle factura si no se responde pronto, y que empieza a ser incorporado por sectores de la derecha a su repertorio para aislar a Castillo. Sin duda, un argumento que parece más cercano a la gente que las sicodélicas denuncias de fraude o el «terruqueo» vacío de contenido, que desde hace más de 20 años funciona para defender un régimen político-económico incapaz de reformarse y responder a demandas sociales legítimas.

En este escenario, mientras el gobierno borre con una mano lo que hace con la otra, continuará aislado. A las inocultables diferencias en el Gabinete –el tratamiento al cadáver de Abimael Guzmán o las relaciones con Venezuela–, se suma la reiteración de nombramientos polémicos, si no escandalosos, como el del nuevo presidente de INDECOPI, evidenciando algunas de las limitaciones más significativas de un equipo que no termina de amalgamarse ni de definir una ruta, facilitando el accionar de sus opositores, que como también es evidente, tampoco son fuertes.

En este escenario la muerte de Abimael Guzmán, responsable directo de miles de muertos y de uno de los peores períodos de nuestra historia, antes que aprovecharse para enfrentar las verdaderas interrogantes que nos plantea su terrorismo si queremos que la historia no se repita, alimentó la histeria colectiva que viene construyéndose hace ya un tiempo, alimentando una cultura fundada en el miedo y la sospecha, en la autocensura y la inhibición ante el temor de ser señalados de presunta simpatía, vínculos, coincidencias o peor aún, militancia senderista.

Histeria, hay que decirlo, que desnuda una vez más la precariedad de nuestra institucionalidad y la debilidad de los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Ministerio Público– que fueron incapaces de responder políticamente, como lo fueron los últimos 29 años. Todo ello, siendo claros en la imperativa obligación que tienen todos los políticos y funcionarios públicos de aclarar su historia pasada.

 

 

desco Opina / 24 de setiembre de 2021

Batiburrillo político

 

El Gabinete presidido por Guido Bellido, acudió al Congreso para obtener su voto de confianza, como estipula la Constitución vigente. Sin embargo, son pocas las veces en las que este procedimiento se haya llevado a cabo en un ambiente tan tormentoso como el actual.

Sin considerar la posibilidad, cada vez más cierta, de una tercera ola de la pandemia con consecuencias no previstas, la población peruana siente sobremanera el impacto de la inflación de los precios de los combustibles y alimentos, así como la apreciación del dólar respecto a la moneda nacional. Pero, no hay claridad en las causas y, menos aún, cómo enfrentar esta situación.

En todo caso, esto no puede atribuirse solamente a la idea de «desorden político» que busca instalar la derecha, porque a todas luces son resultados que trascienden a lo que pudo hacer o no un gobierno que tiene solamente tres semanas de gestión. Lo que sí puede señalársele al actual gobierno es que, en medio de su confusión, no haya previsto estas situaciones y amenguar sus efectos, lo cual empieza a pasarle una temprana factura.

Así, la encuesta nacional del IEP, realizada entre el 16 y 19 de agosto, tuvo entre sus resultados, además del rapidísimo desgaste del Presidente de la República –cayendo su aprobación del 53% al 38% en dos semanas–, el bajo grado de confianza que inspira (46% de la población), la generalizada opinión sobre la necesidad de realizar cambios en el Gabinete ministerial (79%), y las preocupaciones de la población peruana sobre su futuro económico (el 44% considera que empeorará su economía familiar y el 43% la economía del país).

Esto último, guarda sintonía con lo publicado por Ipsos Apoyo, cuando afirma que el 50% de la población expresa preocupación ante el gobierno del presidente Castillo, a solo dos semanas de haberse instalado.

Como suele ocurrir en estos casos, los voceros gubernamentales salieron a relativizar los resultados, apelando a los posibles errores metodológicos y las motivaciones políticas de las empresas encuestadoras. Sin embargo, deberíamos indicar que estos cuestionamientos desde quienes gobiernan nunca han sido acompañados de evidencia pertinente que contradigan los resultados presentados. Ha sido igual en este caso.

Mientras la opinión ciudadana, al parecer, iniciaba un rápido y profundo declive en su aceptación hacia el gobierno del presidente Castillo, éste pareció empeñarse en propiciar lluvia sobre el terreno mojado. El caso paradigmático de esta figura fue, sin duda y por ahora, la manera como resolvió políticamente la renuncia del canciller Héctor Béjar.

Las formas usadas por la derecha peruana para provocar esta decisión fueron, todas ellas, totalmente ajenas a cualquier criterio democrático. Pero, también, fue una «guerra anunciada» con procedimientos más que conocidos, porque si la derecha peruana encarnada en el fujimorismo no pudo ganar las últimas elecciones, fue precisamente porque no tiene otra manera de entender el régimen democrático que no sea una aplanadora puesta a su servicio, para arrasar así a cualquiera que se oponga a sus intereses.

Eso mismo, en versión corregida y aumentada, es lo que vemos en esa derecha mandona y cuartelaria que expresa Renovación Popular: la democracia como un ejercicio de suma cero, que le sirve de marco para imponer “una lista no negociable” de ministros que deben renunciar, porque ellos –y solo ellos– consideran que así debe ser. Finalmente, el lugar de Béjar ha sido ocupado por un diplomático de carrera y los cuestionamientos cambiaron de sentido. Ahora provienen desde sectores anidados en el partido gobernante, porque estiman que el nuevo Canciller es una concesión intolerable a la derecha.

Así, envalentonada porque considera que ha arrinconado al gobierno, la derecha arreció con sus exigencias de renuncias ministeriales, dizque, para proceder a otorgarle la confianza al Gabinete Bellido lo que, a su vez, fue respondido al inicio con una posibilidad de cambios para luego imponerse los duros de Perú Libre y decidir presentarse con el Gabinete tal cual está en estos momentos.

Este ha sido un escenario preocupante por la falta de iniciativa del espacio gubernamental y así llegó el Ejecutivo al 26 de agosto, día de la presentación del Gabinete, con nerviosas reuniones previas de ministros. En suma, fue muchísimo el ruido para tan pocas nueces porque de lo escuchado al premier Bellido solo podrá deducirse sin temor a equivocaciones que nada de lo que alimentó el griterío de la derecha peruana tuvo justificación alguna, pues ha sido más o menos lo que se presenta como «estrategias» gubernamentales en los últimos años. Salvo que suponga que crear un sistema de cuidados, cambios en el sistema de pensiones o plantear dudosas reformas al servicio militar, lo más «radical» que presentó el premier Bellido, sean las pruebas del «comunismo» gubernamental.

Más aun, Bellido fue tan fiel a lo anterior, que incluso siguió estrictamente sus formas: una enorme lista de lavandería que dice algo sobre lo que desea hacer, pero absolutamente nada sobre los resultados que se esperan obtener, salvo asistir y subsidiar a «la población vulnerable», lo cual es necesario, pero lejanamente suficiente.

En fin, al cierre de esta publicación, queda pendiente el debate congresal, sin que sepamos si se seguirá auspiciando la redacción de una nueva Constitución o, lo que es peor, qué vamos a hacer para que las familias peruanas superen permanentemente, sin asistencialismos ocasionales, su actual depresión económica.

 

desco Opina / 26 de agosto de 2021