¿Ordenar el Estado o concentrar el poder?

El asesinato de cuatro personas y el secuestro ocurrido en Trujillo ha vuelto a colocar la seguridad en el centro de la agenda y, sobre todo, ha convertido una promesa electoral de "mano dura" en una prueba concreta de capacidad de gobierno. Es decir, la de un Estado que funcione con autoridad y seguridad. El gobierno de Fuerza Popular –ante una ciudadanía cada vez más desconfiada de la política–, con el temor de un sector y la esperanza de otro, pareciera encontrarse en un terreno favorable para actuar como quien prometió poner orden.

Sin embargo, ese capital político alimentado por las promesas de orden y seguridad de la nueva administración, tiene también otro lado en la misma moneda que es el fracaso, como su principal riesgo. Recuperar la autoridad del Estado es indispensable, pero recuperar la capacidad de gobernar no es lo mismo. Menos si se pretendiera recobrar el poder para gobernar sin contrapesos.

Los homicidios, la extorsión y el avance del crimen organizado, han convertido -hace rato ya-, la demanda de seguridad en la principal preocupación ciudadana. Es comprensible que una población atemorizada reclame respuestas contundentes. Lo que habrá que comprobar es si detrás de la contundencia ofrecida existe una política pública capaz de producir resultados. La seguridad puede convertirse así en el primer gran indicador de la capacidad real del gobierno, pero también de su disposición al diálogo y concertación que pueda lograrse con el Congreso y la ciudadanía a la que representa.

Las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo (convertidas en una costumbre desde hace varios gobiernos), constituyen algo más que un trámite político. Son la primera oportunidad para observar cómo entiende el gobierno de la hija del dictador la relación entre poderes con el Congreso.

Aparentemente está respondiendo con firmeza al demandar mayores facultades para legislar en el endurecimiento de penas, la participación de las Fuerzas Armadas y un discurso de confrontación directa con el crimen. Acabar con la inseguridad constituye así una primera prueba que demanda resultados, porque anunciar mano dura es relativamente sencillo. Otra cosa más difícil es lograr desarticular las organizaciones criminales, investigar sus finanzas, recuperar los territorios controlados por ellas y hacer funcionar simultáneamente a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.

En este mes de la primavera cabe preguntarse si el nuevo gobierno buscará acuerdos y negociará reformas, aceptando modificaciones, o si utilizará su respaldo parlamentario para ampliar su margen de acción. No olvidemos que el fujimorismo no llega al poder sin historia. La experiencia de los años noventa forma parte de la memoria política del país y no debemos ignorarla pues esos antecedentes importan precisamente para saber qué señales institucionales deben ser observadas con mayor atención. Señales que no están solamente en el Congreso, sino también en la relación con la prensa y con los organismos de justicia, varios de ellos copados por gente de su confianza, como ocurre con las instituciones de control y con quienes investigan al poder.

Una democracia puede tener un gobierno fuerte de izquierda o de derecha, lo que no puede es tener uno que considere que toda crítica es una conspiración y todo control, una obstrucción. Por ahora, el respaldo ciudadano inicial a Keiko Fujimori es considerable y expresa, en buena medida, una expectativa, un consentimiento para que haga aquello que los anteriores no pudieron hacer. Algo que puede durar o diluirse muy pronto.

La estabilidad macroeconómica y la de nuestra moneda proporcionan al gobierno un margen que no debería desperdiciar pues el desafío no consiste en conservar indicadores que muestran cierta fortaleza, sino en transformar esa estabilidad cautelada por el BCR, en mayor empleo, una mejor distribución de los ingresos y mejores servicios públicos para la mayoría de los peruanos en su vida diaria. Eso significa en lo inmediato contar con una policía eficaz, instituciones coordinadas, servicios públicos que funcionen, inversión pública ejecutada y políticas capaces de llegar a los territorios donde el Estado prácticamente ha desaparecido.

El gobierno puede utilizar el mismo capital político para construir una estructura de poder cada vez más concentrada, en la que Congreso, gobierno e instituciones públicas terminen respondiendo a una misma lógica política y donde los controles democráticos sean vistos como obstáculos. Estamos a las puertas de ver cómo se resolverá esta disyuntiva.

La demanda ciudadana de orden no es una demanda de autoritarismo. El Perú necesita recuperar autoridad, pero una autoridad democrática. Es, fundamentalmente, la demanda de un Estado que proteja a sus ciudadanos, que funcione y que cumpla las reglas que él mismo establece.

El primer mes de Keiko Fujimori permite afirmar poco sobre el desenlace, aunque supone formular una pregunta que será cada vez más difícil obviar: ¿Estamos asistiendo a la recuperación de la capacidad de gobierno del Estado o al comienzo de una nueva concentración del poder político? No nos engañemos, la respuesta no estará en los discursos de Palacio, ni en las encuestas de aprobación. Estará en los hechos y allí cabe también la posibilidad de una crisis que se profundice en el pantano de la ineficiencia y el desgobierno. El Niño malo con lluvias extraordinarias y sequías simultaneas en el país también pondrá a prueba su desempeño.

desco Opina / 4 de setiembre del 2026

Las agendas de la sociedad civil en las regiones

 

El pasado 8 de mayo se realizó el seminario “Voces desde las regiones en defensa de la democracia”, congregando a colectivos y coordinaciones de la sociedad civil de siete regiones del país, La libertad, Cajamarca, Áncash y Piura por la macrorregión Norte; y Apurímac, Cusco y Arequipa de la macrorregión Sur. A lo largo del 2024 realizaron foros para analizar y generar respuestas frente a la profundización de la crisis política y la precarización de la democracia en el país, logrando formular agendas regionales que se expusieron durante el seminario. Estas iniciativas fueron estimuladas por la ejecución del proyecto Perú Conversa promovido por Idea Internacional en alianza con ONG locales, implementándose en 15 regiones.

El deterioro de la democracia tiene como componente central la crisis de los partidos políticos y el sistema de representación que se expresa también en la debilidad de las organizaciones sociales y, particularmente, en las organizaciones gremiales sindicales, poblacionales y rurales.

Esfuerzos de articulación de la sociedad civil se han realizado en distintos momentos a través de convocatorias a reuniones descentralizadas como el Acuerdo Nacional las cuales resultaron irrelevantes por la ausencia de iniciativas o acciones frente a la crisis, mostrando una disminuida capacidad de convocatoria. De otro lado, se establecieron articulaciones como la Coalición Ciudadana, integrada por alrededor de 300 instituciones con el propósito de recuperar la política para la ciudadanía; y la Plataforma Democrática como espacio de concertación frente a la ofensiva autoritaria. Ambas instancias han emitido reiterados pronunciamientos con una muy limitada incidencia, pues el Congreso y el Ejecutivo mantienen invariable el curso de aprobación de leyes que modifican o vulneran la Constitución y nuestra democracia representativa. El actual Congreso tiene el claro objetivo de asegurar su consolidación en el poder en el proceso electoral convocado para el 2026.

En un contexto desfavorable para el país representan un esfuerzo valioso las iniciativas de articulación, concertación y encuentro realizadas desde la sociedad civil, con el propósito de formular alternativas y respuestas ante el agravamiento de la crisis política y la ofensiva conservadora que, a través de la alianza entre el Gobierno y el Congreso, está administrando el Estado con el fin de mantener sus intereses y el poder.

Las agendas formuladas tienen múltiples coincidencias en la demanda por una modificación del rol que tiene hoy el Estado, el cual ha fracasado en la prestación de los servicios básicos de salud y educación, o en la dotación de empleo digno para los miles de jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. Pero también comparten la exigencia por incorporar prácticas de transparencia en la gestión pública, que solo será posible con una auténtica participación ciudadana en la gestión del territorio, priorizando la sostenibilidad ambiental, una economía inclusiva y la superación de las brechas territoriales y sociales que afectan con especial énfasis a las mujeres y jóvenes. En suma, son un conjunto de planteamientos que podrían ser base de un programa de reformas a ser encaradas con urgencia por el próximo Parlamento. Decimos próximo, porque de este no se puede esperar nada.

Pese a estos esfuerzos, aflora aún un vacío de liderazgos políticos capaces de articular el descontento y la frustración ciudadana, y movilizar a la población más allá del espontaneísmo y las buenas intenciones de sectores que frente a la precarización de la vida, muestran su rechazo permanente a la coalición autoritaria que ejercer el poder. Así, el escenario de fractura y la crisis de representación con la atomización y abundancia de “partidos políticos”, representan el gran reto para las fuerzas democráticas que buscan revertir el rumbo hacia la inviabilidad del país.

 

desco Opina – Regional / 23 de mayo del 2025

descosur

Aruntani, la mala de la película

 

En el actual contexto de polarización escuchamos permanentemente que hay que dejar de ver las cosas entre negro y blanco, entre buenos y malos. Si bien hay zonas grises que debemos transitar para mediar, hay casos en los que eso es imposible. Uno de ellos es la Minera Aruntani, que desde hace más de una década viene contaminando la cuenca de Llallimayo en Puno. No ha habido mesa de concertación y/o protesta que consiguiera cerrarla o que logre abrirle un proceso por delito ambiental.

Hace unos días la Dirección General de Minería (DGM) ejecutó las garantías de la empresa minera por US$ 10,3 millones con el fin de remediar la contaminación provocada por las actividades de extracción de oro en su unidad Arasi, ubicada en la provincia de Lampa (Puno). Esta garantía fue ejecutada porque la empresa no cumplió con el plan de cierre progresivo de la operación minera. Sin embargo, el monto de la garantía no es suficiente para el remediar el daño ambiental causado, pues según un estudio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se requiere la suma de US$ 265 millones para hacerlo.

Aruntani se ha lavado las manos. Informó que, tras la ejecución de la fianza, la responsabilidad del cierre recae en el Estado, pues de acuerdo a un artículo de la Ley de Minería, sería la DGM la encargada del cierre mediante la asignación de otra empresa para dichos fines.

Esta misma figura fue usada en agosto de este año para librarse de la responsabilidad por la contaminación del río Coralaque (Moquegua) y del río Tambo (Arequipa), esta vez por sus operaciones en su unidad Florencia Tucari, ubicada en Moquegua. Al no cumplir con el plan progresivo de la mina, en el 2019 la DGM ejecutó la garantía por US$ 8,4 millones, contratando a la empresa AMSAC para que realice dos tareas: labores de atenuación y diagnósticos técnicos sociales, tanto en Florencia Tucari como en la unidad Arasi, pero no para efectuar el cierre de la mina. AMSAC aclaró que esto no forma parte de su contrato y que las acciones de cierre demandarían una inversión que supera los S/ 1000 millones.

Respecto a esto último, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que existen dos resoluciones del Poder Judicial, ambas en materia de Amparo Constitucional, que señalan que Aruntani S.A.C. mantiene la responsabilidad de cierre, mitigación y remediación ambiental de la mencionada unidad minera Florencia Tucari. Es previsible que, para el caso de Puno, el Ministerio de Energía y Minas recurra a los mismos trámites judiciales para que la empresa cumpla con remediar el manejo irresponsable de sus operaciones.

Y en Melgar (Puno), el gobierno estudia la posibilidad de declarar la emergencia ambiental por la contaminación hídrica de la Cuenca Lllallimayo. El Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido a transferir S/ 4,6 millones para trabajos de derivación de aguas en cuatro distritos de la provincia: Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri.

Si bien los últimos veinte años el Estado ha hecho un esfuerzo por crear una legislación ambiental que vaya acorde con el incremento de inversión minera en nuestro país, es evidente que hay deficiencias. Los autores del libro Desarrollo Territorial y Minería, apuntan como problema que estas políticas tienen una visión muy sectorizada y carecen de una articulación efectiva entre autoridades del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. A ello se suma la fragilidad de la institucionalidad en el país, con funcionarios que son rotados continuamente de sus puestos y un ministerio –el MINEM– con un trastorno disociativo que alienta la inversión minera a ultranza y, al mismo tiempo, tiene que controlar su accionar. Un claro ejemplo es Rómulo Mucho, a quien la propia Aruntani le arruinó la campaña pro Tía María, cuando las aguas mostazas del río Coralaque tiñeron las del río Tambo, dejando a la población del valle sin agua potable y sin agua para riego.

Del otro lado están las empresas que, salvo excepciones, sólo piensan en sacar los mayores réditos posibles, aprovechando resquicios en los vacíos normativos y en la debilidad estatal para hacer un efectivo control ambiental. En vez de reconocer sus faltas, judicializan sus deudas y ejercen una fuerte presión para flexibilizar la normativa existente. Según el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados por el OEFA – RUIAS, existen 5718 infracciones en el sector minería, que representan el 26,8% de los ocho sectores económicos a los que hacen control. Estas infracciones suman alrededor de S/ 959,5 millones en multas, cifra que representa el 61% de la deuda de todos los sectores administrados.

El pasado viernes 1 de noviembre, el gobierno publicó de manera extraordinaria el Decreto Supremo Nº 009-2024-MINAM para reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo que evalúa los estudios de impacto ambiental de las empresas interesadas en explotar los recursos en nuestro país y aprueba su viabilidad. El objetivo de esta reorganización es “destrabar” las inversiones haciendo uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta iniciativa resulta ser un despropósito que viene siendo criticado por exministros de diferentes carteras y por el expresidente del organismo en cuestión, Alberto Barandiarán, quien ha calificado al accionar del Ejecutivo como una “clara interferencia de la autonomía y gestión medioambiental”. Esta es otra muestra de cómo se quiere afectar el control ambiental en pro de la inversión.

Así las cosas, el Ejecutivo y el Congreso parece que seguirán promoviendo políticas a favor de las empresas extractivas, sin que medie una preocupación real sobre el medio ambiente en plena crisis hídrica. Los CEO de las industrias extractivas seguirán facturando cómodamente desde sus mullidos sillones en algún barrio acomodado de Lima, a costa del bienestar de cientos de personas que vienen siendo afectadas en sus formas de vida y en su salud, pero que, por la distancia geográfica que las coloca fuera del foco de influencia en la opinión pública capitalina, pareciera no importar.

 

desco Opina – Regional / 8 de noviembre del 2024

descosur

El sonido del silencio

 

Contra toda expectativa Dina Boluarte llegó a su segundo aniversario patrio como presidenta. Sin embargo, su posición como mandataria es de las más débiles en la historia política peruana. Según la encuesta más reciente, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ya comentada en este espacio, la presidenta registraba apenas 5% de aprobación en julio del 2024. Apenas 13% de los encuestados está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país y 53% de encuestados evidencian un apoyo bajo a aquella. Ocho de cada diez creen que sus derechos básicos no están protegidos por el sistema político.

El mensaje de la mandataria en ese escenario, no despertó ni siquiera curiosidad. Más allá de la subordinación del Ejecutivo al Congreso como parte de la coalición autoritario-conservadora que nos gobierna, la desaparición de toda forma efectiva de representación política y la fragmentación y desarticulación social por las que atravesamos, no obstante, los esfuerzos en contrario son parte de la pérdida de significado de la democracia en uno de los países más desconfiados del planeta.

El discurso de Boluarte en el Congreso, además de plagado de mentiras, de infinidad de cifras y compromisos –algunos de ellos grandilocuentes y sin mayor contenido real–optó por jugar al cansancio para asegurarse que nadie lo siguiera con atención. Los escaños vacíos y el sueño de varios de los integrantes de su gabinete fueron la mejor evidencia de su irrelevancia. La extensión del mensaje evidenció la ausencia de iniciativas con sentido, así como el desprecio del gobierno por los cuestionamientos, las preocupaciones y las demandas de la gente. Un ensimismamiento de cinco horas en donde el único horizonte que le interesó a la mandataria fue aplaudir al Congreso ante el que se presentaba para llegar juntos hasta el 2026. Como su cirugía mayor, optó por responsabilizar al gobierno de Castillo de todos los males que dice encontró, obviando que fue su Vicepresidenta e integró su gabinete.

Dentro de las mentiras, algunas de las más notorias fueron su reconocimiento al Congreso por la defensa de la democracia y del Estado de derecho cuando éste fue atacado por los golpistas, es decir por quienes protestaron en distintas regiones, vale decir su reconocimiento a la complicidad de la Avenida Abancay con la represión y la violencia desatadas; su insistencia en que seguimos rumbo a integrar la OCDE son parte de este muestrario, que en este caso obvia la escondida carta de ese organismo que observa la promulgación de la ley que limita la colaboración eficaz, es otro ejemplo. La pobreza de sus anuncios contrastó con el peso de sus silencios y omisiones. Ni una palabra sobre los 49 muertos y los cientos de heridos sobre los que tiene responsabilidad directa su gestión. Ni una línea sobre los casos de corrupción que alcanzan a su gobierno e involucran a su hermano. Mutis total sobre relojes y joyas que la comprometen, sobre el uso de recursos y cargos para la constitución de un movimiento político o sobre su posición frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por señalar simplemente algunos de los más visibles. Ni palabra sobre la condenable postura de sus ministros de Educación y de la Mujer, que poco menos justificaron la violencia sexual contra más de 500 escolares de la comunidad Awajún o sobre la embestida de su ministro del Interior contra la DIVIAC.

Los anuncios más notorios fueron la creación del Ministerio de Infraestructura y el cambio de nombre del Ministerio del Interior. El primero será el ministerio más caro del país, con un presupuesto de más de 17 000 millones de soles que fusionará distintos proyectos, programas y fondos adscritos a ministerios. En nombre de cerrar las brechas existentes, el gobierno creó inicialmente la Autoridad Nacional de Infraestructura y ahora, sin evaluación ni argumento pretende una nueva cartera, dizque sin generar gasto público… y sin afectar al personal de los sectores involucrados, con el riesgo de quitar continuidad a la ejecución de proyectos en marcha y aumentar los peligros de corrupción como se observó en la creación de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que además no llegó a cumplir las funciones para las que fue creada. El caso del Ministerio del Interior es un engaña muchachos dada la gran deuda de seguridad ciudadana y la ostensible crisis que se observa en la propia PNP que, aunque tiene historia larga, encuentra en el ministro actual un actor privilegiado de su politización e instrumentación en su afán de proteger a la mandataria de las distintas investigaciones que la involucran.

Así las cosas, el escenario de los próximos meses es previsible. Más de lo mismo. Un Congreso manejado por Fuerza Popular y APP interesado en cerrar los ajustes institucionales que tiene pendientes: control de la JNJ y de los organismos electorales, candados para asegurar su impunidad e impedir candidaturas que los incomodan estilo Sagasti, control de las ONG y del mundo de la cooperación y facilitación de las condiciones para las economías ilegales. Boluarte pensando en cómo asegurar su continuidad después de abril 2025 cuando se haga totalmente prescindible para un Congreso que ya no la necesitará y la puede responsabilizar de todo por conveniencia electoral. Sectores empresariales que buscarán asegurar, jugando con todos los actores de la coalición autoritaria conservadora en el gobierno, las leyes de pesca, agricultura, minería y minería artesanal, así como las condiciones tributarias que buscan, para tener las condiciones para un nuevo ciclo del modelo. Muchas de las autoridades regionales y locales negociando el acceso a los recursos anunciados por la mandataria y encontrando formas y caminos para “acordar” su incorporación/vinculación con los “partidos” nacionales. Los más de 30 membretes hasta hoy hábiles para presentar candidatos, encerrados en cubileteos y cálculos menores, atravesados por negociaciones de distinta naturaleza y preocupados por encontrar candidatos atractivos, como si efectivamente creyeran que las elecciones, adelantadas o no, van a ser competitivas.

Cierto, el futuro no es tan plano. Las disputas por el liderazgo en las derechas, incluso en el mismo fujimorismo, ya están abiertas. La preocupación, aunque todavía minoritaria, de sectores empresariales por el peso creciente de las economías delictivas en el poder del Estado, simbolizado por la figura de Salhuana como Presidente del Congreso, no es un dato menor. La preocupación de las FF.AA. por la misma razón y por el ruido político que aún no las alcanza pero que puede hacerlo, sacándolas de su actual zona de confort, es importante. Les inquieta el avance del juicio a Keiko Fujimori, por su impacto en un escenario que quisieran fuera puramente electoral. Además, la conflictividad social que se mantiene inalterablemente alta y que podrá incrementarse con muchas de las medidas anunciadas, les preocupa por su capitalización por un liderazgo extremo.

Las movilizaciones recientes, no obstante su desarticulación y las dificultades para resolver sus desconfianzas y distancias, muestran su persistencia en un escenario en el que predomina una sociedad desformal, a decir de Martuccelli; es decir, uno en el que la vida social es incapaz de ser contenida por las formas y regulaciones existentes, en un contexto en el que coexisten fluidamente vinculados tres capitalismos –formal, informal e ilegal–, en una transición difícil y en un nuevo momento de nuestra historia, que ha abierto una coyuntura larga impredecible que seguramente tendrá tantas alzas como bajas, pero todo indica requiere de la presencia activa de la sociedad si se pretende construir una democracia real.

 

desco Opina – Regional / 2 de agosto de 2024

El APEC y la vida real

 

Después de mucho tiempo vimos un abundante resguardo policial en las calles de Arequipa, y no, no era por una extensión del Estado de Emergencia por el que clamaban los alcaldes, se trataba de una más de las reuniones preparativas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará el mes de noviembre en la capital. 

Ya en febrero se realizó un primer evento descentralizado en la ciudad, que reunió a viceministros de Finanzas y Bancos Centrales. Este segundo evento fue más extenso en días y actividades: se realizó la segunda reunión de altos funcionarios, el diálogo político de alto nivel sobre las mujeres y la economía, y la reunión conjunta de los ministros responsables de comercio y de la mujer. En paralelo, nuestra frágil “democracia” continuaba con su proceso de putrefacción diario, el Congreso continuó haciendo estropicios con la impunidad de siempre y el Ejecutivo siguió dando rienda suelta a sus decisiones para desestabilizar la institucionalidad del país, como nombrar a un nuevo ministro del Interior que fue defensor legal de malos elementos en el cuerpo policial, y acabar definitivamente con la SUNEDU eliminando las direcciones de supervisión, fiscalización y licenciamiento.

Hacemos un repaso por los últimos acontecimientos políticos y sociales del país porque entran en contradicción con lo referido en los foros realizados durante este último encuentro. Mientras que la embajadora de EE.UU., Katherine Tai, se refería a la importancia de la participación de las mujeres para construir una democracia representativa, el Congreso, días antes de su alocución, aprobó un dictamen para eliminar la alternancia en las planchas presidenciales y paridad horizontal en las elecciones subnacionales. También la Comisión de la Mujer del Congreso archivó cuatro proyectos de ley sobre derecho al cuidado. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, en vez de referirse a estos dos temas durante la conferencia de prensa que brindó dentro del evento, victimizó a la presidenta Dina Boluarte, refiriendo que las tres mociones de vacancia que no alcanzaron mayoría en el Pleno, constituían una forma de acoso político, como si todos los casos de corrupción y obstrucción a la justica en los que está implicada la mandataria fueran de fantasía.

En la declaración final de esta reunión, los ministros reiteraron su compromiso con la Visión de Putrajaya 2040 que identifica tres pilares: comercio e inversiones, innovación y digitalización, y crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo; y con la implementación del Plan de Acción de Aotearoa, que fue adoptado por los líderes participantes del APEC en el 2020 para los próximos 20 años.

Sobre el rol de la mujer, los participantes se comprometieron a eliminar barreras y promover la igualdad de acceso para mujeres de diversos orígenes, a fin de que puedan aprovechar todo el potencial de su participación económica y liderazgo en el comercio; y avanzar en los esfuerzos colectivos para hacer de Asia y el Pacífico regiones más resilientes e inclusivas. Esto como parte del componente Crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo de la visión Putrajaya. Al respecto, según el estudio “Situación de la mujer rural”, tenemos una alta participación de la mujer rural en actividades económicas, incluso más altas que la ciudad: el 77,8% de las mujeres rurales ocupadas se encuentran dedicadas al sector agricultura, pesca o minería, 9,7% al sector servicio y el 9,3% al comercio; sin embargo, la inclusión financiera todavía es una barrera dura de tumbar, sin contar que muchas de las actividades económicas que desarrollan se hacen en la informalidad. Y no hay que olvidar que las labores de cuidado, esas de las que no quiere legislar más el Congreso, recargan su tiempo limitando su adecuado empoderamiento económico.

Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del periodo abril 2023 - marzo 2024, en el país había 17 212 800 personas con empleo, de este total, el 71,2% tenía empleo informal. ¿Cómo integrarnos a la economía Asia-Pacífico con esta realidad? Sin una ruta clara, estos compromisos país, como parte de las 21 economías incluidas en el APEC, siguen siendo meramente declarativos. 

Como cereza de este evento, la presidenta Dina Boluarte, hizo su aparición en el penúltimo día del encuentro, también con un discurso de realidad paralela: “estamos frente a un hito significativo en nuestro compromiso por garantizar la igualdad de género y el acceso equitativo a las oportunidades económicas para todos en el Asia-Pacífico…”. La corta visita de la mandataria a Arequipa se produjo bajo un fuerte protocolo, el mismo que viene llevando el último mes durante sus apariciones públicas, con un restrictivo acceso a la prensa, salvo el canal del Estado, y en helicóptero para no recibir el cariño de la gente en las calles.

La próxima reunión del APEC se llevará a cabo en Cusco, entre el 5 y 9 de junio, donde se desarrollará una reunión ministerial de turismo. Hay que estar atentas y atentos a los resultados de esta reunión y realizar un seguimiento para enlazarlos con la realidad, con políticas efectivas, aunque el APEC no sea vinculante.

 

desco Opina – Regional / 24 de mayo del 2024

descosur

Un debate a la peruana: los retiros de fondos de las AFP

 

El jueves 11 de abril, el pleno del Congreso decidió aprobar un nuevo retiro de fondos de las AFP, con 97 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Debido a esto, los peruanos afiliados –y que cuenten con fondos– podrán retirar hasta 4 UIT (US$ 5.500).

Tras la votación, algunos de los congresistas se manifestaron en sus redes sociales para celebrar los resultados. Por ejemplo, JoséLuna Gálvez, de Podemos Perú, señaló que se impuso la voz del pueblo: “El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría la ley que permite el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Tras tres contundentes marchas que Podemos Perú lideró. ¡Lo logramos!”

De acuerdo con estimaciones previas, la medida significa la salida de más de US$ 9 mil millones del sistema privado de pensiones y que 7 millones de peruanos se queden sin ahorros para la jubilación. Seguramente, esto último es lo que tuvieron en consideración los integrantes de la bancada de Fuerza Popular para, luego de dar sus votos para aprobar la ley, publicaran un comunicado señalando que su objetivo era impulsar una reforma del sistema de pensiones y no solo el retiro parcial de los fondos, para “asegurar una vejez digna para todos los peruanos con el sistema de pensión por consumo”.

En otras palabras, nos ejemplifican como la política es también un medio para quedar bien con Dios y con el diablo, hasta donde se pueda, claro está. Por eso, la congresista Sigrid Bazán señaló que “la hipocresía fujimorista siempre queda retratada. Durante el debate se negaron al retiro de las 4 UIT de las AFP, pero al final votan en verde para la foto”.

Obviamente, las AFP pusieron el grito en el cielo, nuevamente. Criticaron que los fondos que administran se hayan convertido en una continua fuente de liquidez para los afiliados, trastocando su objetivo, es decir, asegurar una renta jubilatoria.  Al cierre del 2023, estos fondos representaban el 13% del Producto Bruto Interno (PBI), proporción muy inferior a la que implicaban, cuatro años atrás (23%). Esta situación, según Elmer Cuba, de Macroconsult, está conduciendo al desmontaje del sistema privado de pensiones y, como consecuencia, si vamos por este rumbo, “solo uno de cada 10 peruanos va a tener pensión en la vejez”.

Como suele suceder entre nosotros, cada vez con mayor frecuencia, parece que uno y otro lado apoyan sus posiciones en supuestos imaginados. Veamos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población ocupada en Perú está conformada por alrededor de 18 millones de personas. De este total, el empleo formal abarca a 4 millones de personas, mientras que el trabajo informal llegó a una cifra récord de 9.7 millones de personas en zonas urbanas durante el año móvil julio 2021-junio 2022; a esta cifra debe agregarse la que arroja la informalidad laboral rural. Esto significa, como sabemos, que más del 70% de los peruanos trabajan en la informalidad y la precariedad. Dicho de otra manera, tres de cada cuatro trabajadores de la población ocupada tienen empleo informal.

En cuanto a la distribución por género, el 44.7% de la población ocupada en Perú son mujeres, mientras que el 55.3% son hombres. Además, hay un dato por demás significativo que atañe al motivo de este artículo: se observa un aumento en la población ocupada de 45 años o más, mientras que el grupo de 14 a 24 años ha disminuido.

Recordemos, para contextualizar adecuadamente, que los trabajadores informales son aquellas personas que tienen una ocupación, pero no cuentan con beneficios sociales o cuyos trabajos no están registrados. Por otro lado, los trabajadores formales cuentan con vínculos laborales sujetos a la legislación laboral, fiscal y de la seguridad social.

Pero, debemos prestar cuidado al hecho de que el empleo informal no está concentrado exclusivamente en el sector informal. En efecto, como señalael INEI, el empleo informal se descompone en empleo informal dentro del sector informal y fuera de él.

Es decir, también pueden existir empleos informales en sectores institucionales que por definición son “formales”: sociedades financieras y no financieras, instituciones sin fines de lucro, gobierno, etc. Significativamente, el desagregado territorial de estas variables, dan como resultado que el lugar donde existe mayor informalidad laboral en el sector formal es la provincia de Lima, con el 22%. 

De otro lado, luego del quinto retiro de fondos de las AFP, se constató que el 70% de los afiliados activos habían retirado (total o parcialmente) sus fondos de pensiones. En este punto, el mayor porcentaje de afiliados con retiros fue el rango de 31 a 40 años (80% de este grupo retiró); es decir, se trata de una población joven que, al retirar o agotar su fondo, acorta el ciclo laboral de ahorro jubilatorio. En promedio, en esa ocasión, los afiliados retiraron en promedio el 82.1% del ahorro jubilatorio.

Sin embargo, para modular el impacto general de esas cifras, debe decirse que al 2023, los afiliados al sistema privado de pensiones eran 9 millones 220 mil 198 personas, mientras que los afiliados al sistema nacional totalizaban 4 millones 624 mil 201. De ellos, cotizantes activos solo fueron 3 millones 839 mil 547 en el caso del sistema privado y 1 millón 433 mil 679 en el del sistema nacional.

Asimismo, actualmente el total de pensionistas que cubren las AFP es de 203,443, el sistema nacional otorga cobertura a 738, 358 y en Pensión 65 tenemos a 627,924; totalizando 1 millón 569 mil 725 pensionistas. Pero, en el Perú existen 4 millones 140 mil adultos mayores, lo que significa que el 62% de esta población no tendría ninguna cobertura jubilatoria.

Ahora bien, al remitirnos a las estadísticas del INEI, constataremos que más allá de las preocupaciones sobre la pérdida de su rentabilidad que presentan las AFP o la extravagante apelación “al pueblo” que hace el congresista Luna, se yergue un drama nacional invisible y de connotaciones graves.

Cuando discutimos sobre las pensiones nadie refiere a los actores centrales en este asunto. Resulta que el 38,9% de los hogares del país tiene entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años y que, del total de hogares del país, el 25,2% tiene como jefa o jefe de hogar a una persona adulta mayor. Además, la población adulta mayor con algún problema de salud crónico es del 78,6% y que el 42.7% de las personas con discapacidad son adultos mayores.

En realidad, lo que han venido planteando los funcionarios de las AFP y los congresistas es como desligar la producción de los sistemas de cuidados. En sus cabezas, esto último forma parte de lo que llaman “sobrecostos”. Es decir, creen que en la consabida centralidad que le otorgan al PBI no cabe interés alguno en cómo van a sostenerse los adultos mayores y las familias que dependen de ellos o, en su defecto, de las cuales dependen.

Aunque les suene extraño y paradójico, el cuidado es una parte central de la vida socioeconómica y esto no es tomado en cuenta cuando se licúan los ahorros hoy sacrificando el futuro, desplazando los costos a la sociedad y sin ofrecer alternativa alguna al vaciamiento de los fondos previsionales; o cuando los pensionistas son considerados simplemente como instrumentos de rentabilidad y miden su existencia desde la cantidad de soles que pueden ahorrar y no deberían gastar, aun cuando las urgencias del presente apremien.

Debe darse una solución para todos los trabajadores, mediante propuestas consistentes desde el Legislativo sobre un fondo pensionario que aspire a su universalización.

 

 

desco Opina / 19 de abril de 2024

Una careta que se repite

 

El período de Alberto Otárola como Presidente del Consejo de Ministros llegó a su fin y ha sido el mejor ejemplo de cómo nuestra sociedad ha normalizado, no sólo el abuso de poder, si no la arbitrariedad desfachatada, la cultura de impunidad y la incapacidad de las y los gobernantes para dar cuenta de sus actos. Otárola fue el rostro de ese “régimen híbrido”, a medio camino entre democracia y autoritarismo, que nos otorgan los ránquines internacionales.

Aunque hace unas pocas semanas hubo cambios en cuatro carteras, el nombramiento del abogado Gustavo Adrianzén como nuevo presidente del Consejo de Ministros sin reemplazar a un solo integrante del gabinete es, por decir lo menos, inusual, más aún cuando en el Congreso de la República ya corrían firmas para interpelar al menos a cuatro de quienes fueron finalmente ratificados.

Adrianzén no sólo hereda un gabinete. Todo indica que dará continuidad al estilo de su predecesor. Ya había dado señas de su talante autoritario como defensor de Dina Boluarte ante la OEA, cuando además de justificar las muertes por represión durante las protestas a fines de 2022 y comienzos de 2023, perdió los papeles y respondió con gritos a un grupo de manifestantes que irrumpió en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del seguimiento a las recomendaciones que la entidad formuló en el “Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”.

La presencia de Adrianzén en el gobierno de Boluarte tampoco supone un cambio en las reglas de convivencia cínica entre el Ejecutivo y el Legislativo y se puede dar por descontado que el 3 de abril obtendrá los votos suficientes para su investidura. Formalmente, los objetivos del Premier apuntan a la reactivación económica y a la atención de los problemas más evidentes de criminalidad. Y en su agenda de defensor oficioso de Boluarte, ya dio su primera muestra de impaciencia y malcriadez ante los medios, al retirarse ofuscado de los micrófonos ante la pregunta por los relojes de lujo sin origen conocido, que luce la Presidenta.

Reactivación y seguridad, eso es todo lo que ha adelantado como parte de la “ronda de diálogo” con las 9 bancadas del Congreso a las que solicitará el voto de confianza y que han aceptado su invitación, haciendo un alto en su intensa labor de persecución de adversarios políticos, ataque a la Junta Nacional de Justicia, desmontaje de controles ambientales para la inversión privada, dación de innumerables dispositivos legales para favorecer a las economías delictivas que, a fin de cuentas, son las que “ordenan” el país, así como apuro para asegurar la impunidad que necesitan.

Poco o nada es lo que se derivará de estas conversaciones para aliviar los efectos que la corrupción y la violencia tienen sobre la vida de millones de peruanos y peruanas. Tanto en nuestras ciudades como en los territorios rurales crecientemente afectados por la minería informal, la trata, el narcotráfico y demás males conocidos.

Para la gran mayoría de peruanos y peruanas que repudian tajantemente tanto al Congreso como al Ejecutivo, —según todos los resultados de las encuestas hechas en el país durante los últimos años—, sólo queda esperar a las elecciones generales del año 2026. Visto así, la investidura de Adrianzén apenas marca el derrotero de otros dos años perdidos para la democracia peruana.

 

 

desco Opina / 22 de marzo de 2024

Sin reconciliación a la vista

El extenso mensaje presidencial por Fiestas Patrias de Dina Boluarte no ha menguado la indignación ciudadana, sobre todo porque las disculpas por las muertes durante las protestas de hace algunos meses no se han hecho a título personal, ni del Ejecutivo, sino a nombre del Estado. Tampoco se ha reconocido ninguna responsabilidad, pues en el discurso señala que las 49 víctimas de las fuerzas del orden murieron en enfrentamientos, cuando existen registros en video y distintos informes internacionales dan cuenta de por lo menos 20 ejecuciones extrajudiciales. Y no hizo mención sobre los cientos de heridos, algunos con secuelas de por vida por los excesos de la policía y las Fuerzas Armadas en el uso de sus armas letales y no letales.  

En paralelo, mientras Boluarte daba su mensaje, la represión en las calles contra los protestantes mostraba que el actuar de la policía no tenía ni un ápice de conciencia: bombas lacrimógenas que se dispararon al cuerpo, gases lanzados de forma desproporcionada, se registraron detenciones arbitrarias y denuncias por maltratos a los detenidos. Esta contradicción no pasó desapercibida por la prensa extranjera. ¿Dónde está la atención a los informes internacionales de derechos humanos mencionados en el discurso? 

El 19 de julio se realizaron marchas en casi todas las regiones del sur demandando la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales. Varias delegaciones que partieron desde el sur, también hicieron sentir su voz en Lima. Esta vez, a diferencia de otras marchas, se unió más gente de la capital. Con menor asistencia, pero con la misma intensidad, se registraron marchas el 28 de julio. La presidenta y su círculo en el Ejecutivo siguen sin escuchar, como lo atestigua Raúl Semillán, presidente de la Asociación de familiares de las víctimas asesinadas en Juliaca, quienes también clamaron por justicia en Fiestas Patrias.     

Para congraciarse con el sur, Boluarte anunció algunos compromisos durante su discurso, como la obra de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Juliaca; prometió también hacerse cargo del proyecto Majes Siguas II en Arequipa, tan pronto se resuelva su problema jurídico contractual.  Anunció la construcción de tres hospitales (que en realidad son ampliaciones o reactivación de proyectos paralizados) en Arequipa, Puno y Apurímac, así como proyectos de electrificación en dos únicos departamentos. Finalmente comprometió la atención de su gobierno para superar la dura sequía que está por castigar nuevamente a esta parte del país. Sin embargo, no sabemos si todas estas promesas serán viables de ejecutar, teniendo en cuenta que estamos con nuestra economía, ya en situación de recesión, mientras que el capital mira con creciente desconfianza a un país tan inestable como el nuestro. Por lo demás, no creemos que la suma de promesas e incluso de obras, reconcilien a esta parte del país con el gobierno.

El extenso listado de obras en los diferentes sectores y el anuncio de millones de soles en bonos y compensaciones en el territorio nacional, incurre en el error de ignorar la naturaleza de la profunda crisis política que atravesamos, en un país polarizado y confrontado donde quienes ejercen el poder al margen de las mayorías y sin la mínima legitimidad, con altísimos porcentajes de desaprobación como lo expresan las encuestas de opinión, insisten en mantenerse de espaldas al país y seguir adelante con sus intereses, sin entender que lo que estamos viviendo no puede ser tapado más con ningún discurso, ni con el punche del actual régimen. 

En este escenario, el único gobernador del sur que no ha cedido a la estrategia de extorsión del gobierno, “obras por silencio”, ha sido Richard Ancco en Puno, que sigue pidiendo la renuncia de Boluarte. Justamente esta región ha sido la más golpeada por el régimen, con muchos muertos a cuestas y en estado de emergencia permanente. Varias de las comunidades aymaras se han declarado en paralización permanente y la población está vigilante de la posición de sus autoridades; en Carabaya, por ejemplo, solicitaron una explicación pública a su alcalde por reunirse con Boluarte y exigieron que en adelante la población sea consultada sobre cualquier pedido que el alcalde presente al Ejecutivo; mientras en Acora la población obligó a su alcalde a pedir disculpas de rodillas por la misma razón. 

Si bien es cierto que debemos pensar cómo gestionar la crisis, sobre todo porque no se avizora ninguna voluntad en el Congreso para discutir y aprobar las reformas políticas que necesitamos, creemos que la salida de Dina Boluarte de la presidencia y el adelanto de elecciones son gestos políticos necesarios para restaurar la confianza y la tranquilidad en el país. 

desco Opina – Regional / 4 de agosto del 2023

descosur 

Elecciones generales, ¿una salida a la incertidumbre que vivimos?

La convocatoria para elecciones generales viene apareciendo crecientemente como solución frente a la crisis política que atravesamos, con poderes institucionales debilitados como el Ejecutivo y Legislativo que evidencian similar falta de idoneidad y capacidad para gobernar y gestionar nuestro país. Este camino empezó a resonar con la presentación de la iniciativa legislativa 1893/2021-CR del congresista Pasión Dávila, que propone recortar el mandato presidencial, congresal y del Parlamento Andino a julio del 2023. La bancada de Perú Libre retrocedió en dicha iniciativa retirando sus firmas de la propuesta. Ante ello, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, retomó el proyecto de su colega sosteniendo que el mismo permite una salida constitucional a la crisis que estamos viviendo. 

En este escenario la mayoría de bancadas se empeña en aferrarse a sus curules y decirle ¡No! a un adelanto de elecciones generales, manteniéndose a favor de una renuncia al cargo del presidente Castillo, dejando claro que no están dispuestos a sacrificar  sus salarios y la comodidad de los beneficios que mantienen por ser representantes, permitiendo que la crisis política entre en un bucle sin fin y en un pacto de no agresión que les posibilite al Ejecutivo y al Legislativo seguir sobreviviendo. Al medio, peruanos y peruanas nos sometemos a una incertidumbre que afecta nuestros bolsillos, conspira contra nuestra salud mental y empleo, y peor aún, resulta más grave dada la crisis alimentaria a puertas que nos angustia y puede impactarnos por la incapacidad gubernamental a pesar de ser un país rico en recursos. 

No sorprende que la derecha, en nombre de su rol fiscalizador continúe promoviendo acciones como la vacancia o la renuncia del presidente Castillo; sin embargo, desde hace ya varias semanas, distintas figuras de centro izquierda exigen algún tipo de salida a esta crisis. Como es conocido, el expresidente Francisco Sagasti fue de los primeros en pronunciarse a favor de un adelanto de elecciones ante la precariedad y la opacidad de la gestión gubernamental, ayudada por el comportamiento de un poder Legislativo igualmente rechazado mayoritariamente por la población. El exmandatario propuso en ese contexto el recorte del mandato presidencial y congresal dentro de los marcos constitucionales, teniendo como condición un acuerdo sobre nuevas reglas y las reformas necesarias para no repetir la crisis actual. 

Más recientemente, el congresista del Partido Morado, Edward Málaga, se ha manifestado a favor de una nueva moción de vacancia ante la aparición de nuevos audios de Zamir Villaverde que involucran en serios indicios de corrupción al Presidente, el exsecretario Bruno Pacheco y al ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, encontrando razones suficientes para que en esta ocasión la moción prospere.

A pesar de la descomposición que se sucede ante nuestros ojos, hasta la fecha el Congreso no está dispuesto mayoritariamente a avalar un adelanto general de elecciones, pero sí a aceptar la renuncia de Castillo. Mientras tanto, siguen apareciendo audios que involucran al entorno directo de Pedro Castillo, dando la impresión de que muchos esperan que pronto aparezca alguno que lo implique directamente y termine por hundir su gobierno facilitando la vacancia presidencial. 

En este marco, la moción de interpelación a Dina Boluarte, quien en cuestión de días podría enfrentar su destitución por una infracción al artículo 126 de la Constitución, facilitaría el camino de la vacancia al quedar sólo el presidente Castillo, que de ser vacado, dejaría el gobierno en manos de la Presidencia del Congreso. El ostensible y justificado desprestigio de su presidenta actual y la próxima elección de una nueva mesa directiva abre, por cierto, un nuevo espacio de incertidumbre y seguramente de nuevos intentos de componenda.

Es obvio que el hartazgo de la población por la actual clase política seguirá creciendo. El Ejecutivo y Legislativo con su lucha de poderes han terminado por sumergirnos en una desazón que viene agravándose desde años atrás y que hace que cada corto tiempo tengamos que elegir nuevos gobernantes y representantes que no dan la talla, que actúan en función a sus intereses particulares y continúan liquidando la democracia.

Cualesquiera sean las medidas que se tomen en los siguientes días respecto a la salida del Presidente, la situación nos obliga a pensar que si no existen reformas políticas que fortalezcan a los partidos y más allá de ellos al régimen político, continuaremos repitiendo la misma historia con gobernantes incapaces de asumir los retos que implica dirigir un país, con ministros y congresistas cuestionados por denuncias de corrupción, vinculados con poderes opacos y permanentes altos índices de desaprobación. Seguiremos clamando como país el adelanto de elecciones como salida a una crisis de larga duración, pero continuaremos retrocediendo en nuestra aspiración de mejores políticas que atiendan las problemáticas urgentes que la gente vive diariamente.

desco Opina – Regional / 10 de junio del 2022

descoCiudadano

La política, el Ministro y la Premier

 

Los últimos días del ahora exministro Walter Ayala fueron más tristes de lo que suelen ser estos momentos para aquellos funcionarios que deben irse, pero buscan un milagro a sabiendas que todo está consumado.

En los pocos meses que ejerció como ministro de Defensa, no dio pie con bola. No recordamos alguna afirmación, siquiera una frase retórica con la que intentara sino definir, al menos darnos un bosquejo de lo que buscaba hacer. Es cierto que esto no lo alejó demasiado del promedio de una secuencia de ministros –militares retirados, premieres efímeros ahora encausados por la justicia o literales neófitos en la materia– que dejaban muchísimo que desear.

Para el caso, los que ahora reclaman airadamente la falta de idoneidad de los funcionarios del actual gobierno, deberían recordar que lo que llamaron «gabinete de lujo» del encausado PPK, incluyó a un ministro de Defensa que en noviembre de 2016 debió renunciar al revelarse sus vínculos personales con una asesora de su despacho, a la cual presumiblemente había favorecido con un ascenso. La justificación fue memorable: “Lo que he cometido es un hecho de amor. Mi único delito es haberme enamorado”.

Pero, aunque no es argumento válido hurgar los acontecimientos pasados de otros para justificar los propios, podemos referir algunos de ellos, precisamente, para lograr mayor nitidez en lo que aconteció con Ayala.

Al respecto, deben ser cada vez menos los que recuerdan la decisión que debió tomar el general Velasco Alvarado para imponer al vicealmirante Guillermo Faura Gaig como ministro de Marina, obligando a que pasen al retiro varios vicealmirantes y luego de haber alterado previamente el escalafón de ascensos, como medida para sortear la amenaza de insubordinación que empezaron a mostrar los altos oficiales navales desde 1974, por lo menos.

Pero, si lo de Velasco es perfectamente explicable por las circunstancias políticas, lo hecho por Vladimiro Montesinos en los años 90 superó con creces cualquier cálculo en ese sentido. En diciembre de 1991, auspició la promoción del general Hermoza Ríos como comandante general del Ejército y para lograrlo debió distorsionar el cuadro de ascensos permanentemente a partir de ese momento.

Es decir, si le creemos al exministro Ayala sobre lo que sucedió previamente al pase al retiro de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, dada la casi insignificancia de lo que estaba comprometido, estamos ante una situación de clamorosa incompetencia política que basta y sobra para ser puesto de lado. Expresado de otra manera, Velasco y Montesinos hicieron gala de su poder cuando tomaron las decisiones que se refieren líneas arriba. Seguramente, el exministro Ayala ya debe haber comprendido que, si tenía alguno, no le alcanzaba para algo sideralmente menor a lo que estaba comprometido en aquellas ocasiones.

De otro lado, la ocasión también ha traído noticias auspiciosas. Por ejemplo, constatar que la premier Mirtha Vásquez disputa cada centímetro de poder, demostrando que lee correctamente la política. En efecto, aceptó el cargo sabiendo que debía amoldar el Gabinete para conseguir objetivos mínimos pero muy valiosos, dada la precariedad extrema del gobierno del presidente Castillo. Por eso su actitud ante Barranzuela. Por eso su posición ante Ayala.

Asimismo, no se retira al primer escollo o insolencia proveniente desde el lado cerronista. Por el contrario, los enfrenta, los amenaza soterradamente y los obliga a mostrar lo que tienen, lo que, finalmente, es la forma para evidenciar que más allá de la palabra altisonante no hay nada.

La pregunta, a estas alturas, es hasta cuándo le durará la paciencia a la Premier, formando parte de un Gobierno reacio a darse coherencia y que desata crisis semanales sin que nadie se las provoque.

 

desco Opina / 19 de noviembre de 2021