La temporada de un circo que se prolonga

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos da cuenta cabal de la caída en picada de la aprobación del Congreso de la República. Ésta, que se inició con 31% en agosto 2021, no obstante que un sector del mismo alentado por la furia de Keiko Fujimori permanecía inalterable en la cantaleta del fraude electoral, ha llegado en julio de este año apenas a 6%. Porcentaje éste, prácticamente uniforme en el país -entre 7.4% en el oriente y 3.8% en el norte- así como en los distintos sectores sociales, entre 6.5% en el segmento C y 5.2% en el A/B. La misma encuesta identifica con claridad parte de sus “méritos”, cuando reconoce su poder, identificando a los parlamentarios como el grupo con mayor poder en el país (34%) y simultáneamente señalando con claridad meridiana, 78%, que abusa permanentemente del poder que tiene. 

Que el actual Congreso y la mayoría de sus integrantes hicieron méritos para tal valoración, no hay duda. Que el deterioro de la democracia es el telón de fondo no admite murmuración; el Latinobarómetro 2023 muestra que sólo 8% de peruanas y peruanos está satisfecho con la democracia, el porcentaje más bajo de la región, mientras que 90% cree que los partidos son inútiles y no funcionan bien, el porcentaje más alto de la región. Lo indignante es la indiferencia, si no el desprecio de parlamentarios que se asumen impunes e inimputables y no se cansan de ofrecer espectáculo en una temporada que es más larga que la de cualquiera de los circos que se instalan en estas tierras en fiestas patrias.

Si nos limitamos a revisar los últimos noventa días de su acción, encontramos una diversidad de números. Si queremos leyes cuestionables pensemos en la norma que reduce la vigencia de la colaboración eficaz a ocho meses tras ocurridos los hechos, cerrando la ventana de tiempo para proteger a los corruptos. Si buscamos leyes que favorecen a sectores ligados a las economías ilegales, se aprobó que los bienes incautados a la minería ilegal no sean destruidos y pasen a instituciones del Estado. Si interesan disposiciones inconstitucionales, revisemos aquella que faculta a Boluarte para que gobierne temporalmente desde el exterior, lo que le permitirá realizar viajes que no podía hacer por carecer de un Vicepresidente para asignarle sus funciones; que el Tribunal Constitucional no haya dicho nada sobre la materia, no debe ser motivo de sorpresa.

Si además de “legislicidios”, interesa encontrar casos flagrantes de abuso de poder, está la inhabilitación por cinco años a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, bajo el argumento de que cuando ejerció como fiscal general, entre 2019 y 2022, “demoró” en tomar acciones contra el entonces presidente Pedro Castillo. Como es notorio, dicha magistrada es una abierta rival interna de la fiscal general, Patricia Benavides, señalada con fundadas razones como aliada del gobierno y del Congreso, por lo que la inhabilitación termina siendo una intervención abusiva contra el aparato judicial. En otras palabras, el Congreso gritando a los cuatro vientos, una vez más, que no tiene que rendirle cuentas a nadie.

Cuando creíamos haberlo visto todo, asistimos al matrimonio por interés de Fuerza Popular y Perú Libre, el cínicamente autonombrado Bloque Democrático, santificado por APP a cambio de la presidencia de una mesa directiva resultante de ese romance, aplaudido por la mayoría de congresistas, sin importar si se dicen de izquierda o de derecha. Como en el caso de la parlamentaria Lady Camones, el congresista cusqueño Alejandro Soto fue impuesto por César Acuña Peralta, el dueño de la agrupación, y como en aquella ocasión, el congresista tiene más de un anticucho en su haber. Tras su elección, ya no caben dudas de que se benefició de una ley promovida y defendida por él, aprobada el 11 de mayo, que fijó en un año el plazo de suspensión de la prescripción, norma a la que recurrió en julio, días antes de ser elegido, para archivar una acusación en su contra por estafa y falsedad genérica. Enredado en sus cuentos había mentido al sostener que ese caso había prescrito el 2018. Mentiras, hay que decirlo, que resultan costumbre, como lo evidencia su inútil y patético afán por negar el parentesco de una de sus contratadas con la madre de su hijo, argumentando cobarde y machistamente una relación de choque y fuga. 

Su caso es de los más graves de los últimos tiempos y compromete a buena parte de los congresistas que lo eligieron y de los partidos que lo sentaron en la presidencia. La norma a la que se acogió, que lo beneficia y que defendió activamente antes de su aprobación, es la misma que acaba de aprovechar, por ejemplo, el ex Secretario General de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. El Presidente del Congreso aparece, así como el integrante aventajado de un Congreso pleno de “mochasueldos”, viajeros frecuentes con recurso públicos o invitados de grandes empresas internacionales, empleadores de sus clientes y defensores de intereses variopintos.

Finalmente, en las últimas horas, la curiosa implosión de la bancada de Acción Popular se constituye en el último número del espectáculo. Iniciada por la congresista Alva, la misma que nos tiene acostumbrados a sus buenas maneras y a su talante democrático, la corrida de ocho parlamentarios de la lampa por la elección del “niño” Darwin Espinoza como vocero, no deja de sorprender. Por varias razones. Los renunciantes son ocho y los que eligieron quince. Entre los que se van hay tres congresistas sindicados de “niños” o de vínculos con ellos, un cuarto denunciado por quitarles el sueldo a sus trabajadores, una congresista investigada por supuestos vínculos con el ex ministro de Vivienda Geiner Alvarado y uno investigado en la fiscalía por lavado de activos y desbalance patrimonial, cuando fue alcalde. Es decir una banda de angelitos, seguramente como quienes permanecen en la bancada. 

Así las cosas, aunque se trate de una temporada que parece que no dejará de sorprendernos, es comprensible que 80% de los encuestados crean que el adelanto de elecciones es lo más conveniente para el país y que 77% coincida con el pedido de cierre del Congreso. Parece no haber otra vía a menos que uno sea tan ingenuo o interesado como para alentar a Boluarte y al Congreso a un salto de calidad en la aprobación de normas, reformas y gestión para reforzar el “incipiente” impulso reformista que han descubierto en el discurso de la mandataria.

desco Opina / 11 de agosto de 2023

Elecciones generales, ¿una salida a la incertidumbre que vivimos?

La convocatoria para elecciones generales viene apareciendo crecientemente como solución frente a la crisis política que atravesamos, con poderes institucionales debilitados como el Ejecutivo y Legislativo que evidencian similar falta de idoneidad y capacidad para gobernar y gestionar nuestro país. Este camino empezó a resonar con la presentación de la iniciativa legislativa 1893/2021-CR del congresista Pasión Dávila, que propone recortar el mandato presidencial, congresal y del Parlamento Andino a julio del 2023. La bancada de Perú Libre retrocedió en dicha iniciativa retirando sus firmas de la propuesta. Ante ello, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, retomó el proyecto de su colega sosteniendo que el mismo permite una salida constitucional a la crisis que estamos viviendo. 

En este escenario la mayoría de bancadas se empeña en aferrarse a sus curules y decirle ¡No! a un adelanto de elecciones generales, manteniéndose a favor de una renuncia al cargo del presidente Castillo, dejando claro que no están dispuestos a sacrificar  sus salarios y la comodidad de los beneficios que mantienen por ser representantes, permitiendo que la crisis política entre en un bucle sin fin y en un pacto de no agresión que les posibilite al Ejecutivo y al Legislativo seguir sobreviviendo. Al medio, peruanos y peruanas nos sometemos a una incertidumbre que afecta nuestros bolsillos, conspira contra nuestra salud mental y empleo, y peor aún, resulta más grave dada la crisis alimentaria a puertas que nos angustia y puede impactarnos por la incapacidad gubernamental a pesar de ser un país rico en recursos. 

No sorprende que la derecha, en nombre de su rol fiscalizador continúe promoviendo acciones como la vacancia o la renuncia del presidente Castillo; sin embargo, desde hace ya varias semanas, distintas figuras de centro izquierda exigen algún tipo de salida a esta crisis. Como es conocido, el expresidente Francisco Sagasti fue de los primeros en pronunciarse a favor de un adelanto de elecciones ante la precariedad y la opacidad de la gestión gubernamental, ayudada por el comportamiento de un poder Legislativo igualmente rechazado mayoritariamente por la población. El exmandatario propuso en ese contexto el recorte del mandato presidencial y congresal dentro de los marcos constitucionales, teniendo como condición un acuerdo sobre nuevas reglas y las reformas necesarias para no repetir la crisis actual. 

Más recientemente, el congresista del Partido Morado, Edward Málaga, se ha manifestado a favor de una nueva moción de vacancia ante la aparición de nuevos audios de Zamir Villaverde que involucran en serios indicios de corrupción al Presidente, el exsecretario Bruno Pacheco y al ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, encontrando razones suficientes para que en esta ocasión la moción prospere.

A pesar de la descomposición que se sucede ante nuestros ojos, hasta la fecha el Congreso no está dispuesto mayoritariamente a avalar un adelanto general de elecciones, pero sí a aceptar la renuncia de Castillo. Mientras tanto, siguen apareciendo audios que involucran al entorno directo de Pedro Castillo, dando la impresión de que muchos esperan que pronto aparezca alguno que lo implique directamente y termine por hundir su gobierno facilitando la vacancia presidencial. 

En este marco, la moción de interpelación a Dina Boluarte, quien en cuestión de días podría enfrentar su destitución por una infracción al artículo 126 de la Constitución, facilitaría el camino de la vacancia al quedar sólo el presidente Castillo, que de ser vacado, dejaría el gobierno en manos de la Presidencia del Congreso. El ostensible y justificado desprestigio de su presidenta actual y la próxima elección de una nueva mesa directiva abre, por cierto, un nuevo espacio de incertidumbre y seguramente de nuevos intentos de componenda.

Es obvio que el hartazgo de la población por la actual clase política seguirá creciendo. El Ejecutivo y Legislativo con su lucha de poderes han terminado por sumergirnos en una desazón que viene agravándose desde años atrás y que hace que cada corto tiempo tengamos que elegir nuevos gobernantes y representantes que no dan la talla, que actúan en función a sus intereses particulares y continúan liquidando la democracia.

Cualesquiera sean las medidas que se tomen en los siguientes días respecto a la salida del Presidente, la situación nos obliga a pensar que si no existen reformas políticas que fortalezcan a los partidos y más allá de ellos al régimen político, continuaremos repitiendo la misma historia con gobernantes incapaces de asumir los retos que implica dirigir un país, con ministros y congresistas cuestionados por denuncias de corrupción, vinculados con poderes opacos y permanentes altos índices de desaprobación. Seguiremos clamando como país el adelanto de elecciones como salida a una crisis de larga duración, pero continuaremos retrocediendo en nuestra aspiración de mejores políticas que atiendan las problemáticas urgentes que la gente vive diariamente.

desco Opina – Regional / 10 de junio del 2022

descoCiudadano

Caminar derecho (siendo de izquierda)

Acaba de oficializarse la renuncia de Omar Chehade a la megacomisión para investigar los actos de corrupción del gobierno de Alan García, el mismo régimen que nos regaló la palabra ‘faenón’. Sin duda se trata de un hecho paradójico, pues el flamante vicepresidente –hombre identificado con la lucha contra la corrupción– hoy es motivo de sospecha por dos supuestos arreglos bajo la mesa, ambos comprometedores, que involucrarían a dos importantes empresas y, de paso, al gobierno de Alan García en la figura del ex ministro Cornejo. De esta manera, a menos de noventa días del gobierno de Ollanta Humala, se ha producido su crisis política más importante. Lo cual impone una decisión sin alternativas: los hechos bajo sospecha deben ser investigados con celeridad y transparencia.

Por otro lado, el escándalo político le ha dado un caramelo a la oposición al régimen, una oposición que no existe en forma articulada en el actual Congreso y que no ha sido capaz de proponer temas sólidos en agenda. Al mismo tiempo, los bautizados «comeoros» y «robacables» han desgastado aún más la credibilidad en el Parlamento como un todo. Esto hace que la opinión pública confunda y ponga en el mismo saco a las figuras gobiernistas con los casi candorosos intentos, por ejemplo, de Kenyi Fujimori cuando trata de balbucear algo contra el gobierno. Así, ante la falta de ideas, ahora a la oposición parlamentaria le cae muy bien colgarse de las denuncias mediáticas, encontrando en ellas, recién algo sustancioso para su agenda.

Otra paradoja: en política también «negocios son negocios». La frase vendría a colación de ser cierto que seguiría dándose la vieja práctica del lobby con almuerzo incluido. De ser así, entonces los «faenones» y las componendas con el poder serían la regla y no la excepción.

Varias preguntas –como estas– persisten: ¿Empezarán los medios a diferenciar la paja del trigo en las denuncias actuales? Nada parece más incierto. Su sospecha sobre el gobierno será perenne y parece que no disminuirá su tendencia a gritar «¡lobo!» ante cada hecho que puedan «levantar» contra el gobierno. Ya se vio con el caso de la Ministra García Naranjo, donde varios se lanzaron a proponer la interpelación, con escaso criterio. Como señala Gustavo Gorriti, nada tiene que ver el pataleo con la preocupación por el bien común.

¿Debilita esta crisis al gobierno de forma decisiva? Todo parece indicar que no. Es interesante notar en el caso de la titular del MIMDES, cómo éste habría generado una especie de «división productiva» al interior del gobierno. Y se refleja en el hecho de que figuras como Javier Diez Canseco toman fuerza y, junto a otras figuras públicas como Avelino Guillén, proponen el derrotero de la acción del gobierno.

En medio de todo este panorama, la reacción del presidente ha sido cauta. Y esto, porque todavía hay mucho espacio para asumir gestos y tomar las medidas necesarias, de manera que su imagen de honestidad no se despinte. Entre tanto, para los opositores de la izquierda, cuando un gobierno de derecha es corrupto, se plantea un problema de «eficiencia» de las instituciones. Pero, cuando algo se denuncia en un gobierno que no es de derecha, entonces se trata de una honda fractura en la moral del Ejecutivo. Lo cual nos lleva a una especie de moraleja: aprender a separar lo importante de lo accesorio y exigir tanto rigor contra la corrupción como en quienes buscan satisfacer sus agendas particulares.

desco Opina / 28 de octubre de 2011
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De la selva, su vergüenza

Desde hace varias semanas las noticias periodísticas avergüenzan a los ciudadanos de la selva central. Los dos congresistas que recibieron mayor respaldo electoral tanto en la selva de Junín (provincias de Satipo y Chanchamayo) como en Pasco (provincia de Oxapampa) tienen serias denuncias. La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones denunció penalmente al legislador Federico Pariona Galindo de Fuerza 2011 por haber consignado información falsa en su hoja de vida. Y el congresista, también de Fuerza 2011, Néstor Valqui Matos habría sido sentenciado por proxenetismo y sería dueño de uno de los centros de diversión más grandes y concurridos de Yanacancha, Pasco. De ambas denuncias tal vez el caso que más incomoda a la población es el de Valqui, porque la denuncia contra Pariona, sin dejar de ser censurable es vista como la consecuencia de una «criollada» mal hecha.

La naturaleza de los respaldos electorales ha sido distinta: Pariona es natural y residente de la selva de Junín (Satipo), por lo que concentró su mayor esfuerzo en captar los votos de sus vecinos de realidades y problemáticas. Por otro lado, el congresista Valqui, sin ser natural o residente de Oxapampa, realizó una campaña proselitista cuya inversión en manejo de imagen del buen ciudadano conquistó el respaldo de los electores de la selva, concentrado principalmente en los distritos de Villa Rica y Oxapampa. Por ello los comentarios de hombres y mujeres sobre el ocultamiento de la sentencia por proxenetismo no es sólo vista como una manipulación de la imagen que los llevó a una mala decisión electoral, sino como una estafa que los ha llevado al infortunio y a la vergüenza.

El proxenetismo es un delito sensible para muchas familias de la selva peruana porque han sido testigos directos o indirectos de denuncias por tráfico de personas de sus comunidades para la explotación sexual en ciudades y campamentos mineros de diversos puntos del país. En la selva central, sobre todo a nivel de las etnias nativas, existen denuncias de desapariciones de niñas y adolescentes, que no son ni serán resueltas. Sin embargo, por la inacción de autoridades se transforman en riquezas para los bolsillos de los inescrupulosos. Es común que en ciudades de la sierra central como Huancayo, La Oroya y Tarma se promocionen burdeles, bares y centros nocturnos con la atención de lindas «ñañitas de la selva», promoción que no es investigada por fiscales ni autoridades policiales, con lo cual este tipo de comercio se mantiene sólido y en crecimiento, a pesar de que en muchas ocasiones existe esclavitud demostrada.

Las provincias de la selva central promocionan sus atractivos naturales como productos turísticos, tratando de desprenderse de la posibilidad de convertirse en destinos de turismo sexual, imagen que lamentablemente afecta a algunas de las ciudades de la selva del oriente peruano. Por otro lado, hay que reconocer que desde las autoridades locales poco o nada se ha hecho para luchar contra ese estigma que mantiene la errada imagen de que las mujeres de la selva tienen «una exacerbada apetencia y reducida inhibición sexual», lo que las convierte en apetecibles productos para el placer carnal. Mito que se extiende hasta creer que todas las mujeres, sobre todo las adolescentes y jóvenes, están dispuestas a regalar o vender sus cuerpos por necesidad, o porque tras una iniciación sexual temprana, se convierte en algo común.

Antes, erraron en la selección de sus candidatos, hoy ninguna voz de la selva central –incluidos los que le dieron sus votos– manifestará incomodidad alguna si el mencionado congresista fuera finalmente desaforado del Parlamento, e impedido de por vida para ocupar cargo público alguno, ya que su sola presencia en el hemiciclo humilla a todas las mujeres en general.

Tanto Pariona como Valqui, integran la lista de 12 congresistas denunciados alcanzada por el Ministerio Público a la Mesa Directiva del Congreso. Sin embargo, la cifra se queda corta, pues hay otros 29 padres de la patria que tienen en su haber procesos judiciales pendientes. Esto nos lleva a una reflexión final respecto a los filtros para la evaluación y selección de candidatos, donde la responsabilidad principal recae en la debilidad de los partidos políticos que los acogen; y luego, a la definición de mecanismos de fiscalización más rigurosos que deberían ser impuestos –vía reforma de leyes electorales si fuera necesario– por los organismos competentes en estos procesos.

desco Opina - Regional / 21 de octubre de 2011
Programa Selva Central
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