Los días que restan (cumplidos cien días)

En sus primeros cien días, el principal mérito del presidente Humala ha sido lograr el complicado equilibrio que le exigía su «Hoja de Ruta»: conjurar los fantasmas del desgobierno económico que levantaban sus detractores y cumplir en lo elemental con sus ofertas electorales respecto a captar la renta minera y promulgar la ley de la consulta previa. Pasada la evaluación de costumbre, y aún sensible por el affaire Chehade, el gobierno enfrenta su primer desborde de conflictividad social.

El paro regional convocado en Cajamarca y las movilizaciones ocurridas en Andahuaylas, –por la revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga de Yanacocha y por la declaratoria de exclusión de la actividad minera, respectivamente– no obstante sus particularidades, expresan uno de los problemas de fondo del llamado «modelo»: las relaciones entre el Estado y las empresas. La opción por mantener la matriz extractiva de nuestra economía lleva a pensar erradamente que esa relación, como se ha dado hasta ahora, se revierte con una mayor captación de la ganancia minera. Sin embargo, el lugar del gobierno nacional y los gobiernos regionales en la definición de la expresión territorial de la economía –agua versus oro, mina versus agro– es lo clave en esa relación, y las protestas recientes nos «devuelven» a esa realidad.

Otra mirada a las relaciones entre el Estado y el poder empresarial se vincula al tema de la corrupción, y ha tocado la puerta de la «Gran Transformación» con el desafortunado comportamiento del vicepresidente Omar Chehade. La otra cara del escándalo político es que muestra que los grupos de poder económico pueden llevar a la mesa de su lobby hasta a aquellos que opusieron una retórica radical contra la «amistad» entre el poder económico y el gobierno de García. Es ahí donde más daño ha hecho lo ocurrido con Chehade.

El otro efecto de la caída del vicepresidente tiene que ver con el equilibrio de fuerzas en la representación congresal. La necesaria salida de Chehade de la comisión parlamentaria que investigará a Alan García, hizo que el nacionalismo –al perder protagonismo– jugara a hacerle vacío a su incómodo aliado por izquierda: Javier Diez Canseco. Su renuncia a la comisión le resta filo político a la investigación y merma significativamente la posibilidad de instalar en la agenda pública una evaluación global del período García.

Si bien a cien días no hay indicador de un cambio de rumbo, un buen primer medidor de las decisiones respecto al modelo económico, será el diseño del presupuesto público 2012. Allí podremos contar con una evaluación de cómo se están –o no– reorientando recursos, cambiando prioridades en el gasto corriente y en la inversión pública (y no sólo en la política social) y si se amplía el presupuesto global, pues su tamaño en relación al PBI es sumamente pequeño. Entonces veremos también si se cumple uno de los puntos en los que insistió Humala en su inaugural gira latinoamericana: el compromiso por un Estado más fuerte.

desco Opina / 14 de noviembre de 2011
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Caminar derecho (siendo de izquierda)

Acaba de oficializarse la renuncia de Omar Chehade a la megacomisión para investigar los actos de corrupción del gobierno de Alan García, el mismo régimen que nos regaló la palabra ‘faenón’. Sin duda se trata de un hecho paradójico, pues el flamante vicepresidente –hombre identificado con la lucha contra la corrupción– hoy es motivo de sospecha por dos supuestos arreglos bajo la mesa, ambos comprometedores, que involucrarían a dos importantes empresas y, de paso, al gobierno de Alan García en la figura del ex ministro Cornejo. De esta manera, a menos de noventa días del gobierno de Ollanta Humala, se ha producido su crisis política más importante. Lo cual impone una decisión sin alternativas: los hechos bajo sospecha deben ser investigados con celeridad y transparencia.

Por otro lado, el escándalo político le ha dado un caramelo a la oposición al régimen, una oposición que no existe en forma articulada en el actual Congreso y que no ha sido capaz de proponer temas sólidos en agenda. Al mismo tiempo, los bautizados «comeoros» y «robacables» han desgastado aún más la credibilidad en el Parlamento como un todo. Esto hace que la opinión pública confunda y ponga en el mismo saco a las figuras gobiernistas con los casi candorosos intentos, por ejemplo, de Kenyi Fujimori cuando trata de balbucear algo contra el gobierno. Así, ante la falta de ideas, ahora a la oposición parlamentaria le cae muy bien colgarse de las denuncias mediáticas, encontrando en ellas, recién algo sustancioso para su agenda.

Otra paradoja: en política también «negocios son negocios». La frase vendría a colación de ser cierto que seguiría dándose la vieja práctica del lobby con almuerzo incluido. De ser así, entonces los «faenones» y las componendas con el poder serían la regla y no la excepción.

Varias preguntas –como estas– persisten: ¿Empezarán los medios a diferenciar la paja del trigo en las denuncias actuales? Nada parece más incierto. Su sospecha sobre el gobierno será perenne y parece que no disminuirá su tendencia a gritar «¡lobo!» ante cada hecho que puedan «levantar» contra el gobierno. Ya se vio con el caso de la Ministra García Naranjo, donde varios se lanzaron a proponer la interpelación, con escaso criterio. Como señala Gustavo Gorriti, nada tiene que ver el pataleo con la preocupación por el bien común.

¿Debilita esta crisis al gobierno de forma decisiva? Todo parece indicar que no. Es interesante notar en el caso de la titular del MIMDES, cómo éste habría generado una especie de «división productiva» al interior del gobierno. Y se refleja en el hecho de que figuras como Javier Diez Canseco toman fuerza y, junto a otras figuras públicas como Avelino Guillén, proponen el derrotero de la acción del gobierno.

En medio de todo este panorama, la reacción del presidente ha sido cauta. Y esto, porque todavía hay mucho espacio para asumir gestos y tomar las medidas necesarias, de manera que su imagen de honestidad no se despinte. Entre tanto, para los opositores de la izquierda, cuando un gobierno de derecha es corrupto, se plantea un problema de «eficiencia» de las instituciones. Pero, cuando algo se denuncia en un gobierno que no es de derecha, entonces se trata de una honda fractura en la moral del Ejecutivo. Lo cual nos lleva a una especie de moraleja: aprender a separar lo importante de lo accesorio y exigir tanto rigor contra la corrupción como en quienes buscan satisfacer sus agendas particulares.

desco Opina / 28 de octubre de 2011
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