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martes

Entre la incertidumbre, el temor y la polarización

 

El país inició la semana en modo preocupación y angustia. Los primeros resultados de las elecciones presidenciales del 11 de abril no dejaban mucho espacio para la duda. La segunda vuelta, ratificando las tendencias que mostraron distintas encuestas a lo largo de la última semana, incluso cuando estaba prohibida su difusión, sería entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, tras tres meses de campaña donde la volatilidad de la intención del voto fue una constante. Los comicios, hay que recordarlo, se llevaron adelante en un contexto de pandemia y enfermedad que luce sin control. En la semana previa a la votación, el gobierno anunció el cambio de su estrategia de vacunación ante el naufragio evidente de la que estaba en curso; más tarde, el 10 de abril se denunciaba la muerte de 12 pacientes en el hospital II de Talara porque el isotanque de oxígeno se quedó vacío, mientras el día previo a la elección se registraron 384 muertos, el número más alto desde que aquella asomara en nuestras tierras.

Así, al total descrédito de la política y los políticos como a la falta de credibilidad del Estado, en esta ocasión se añadió a lo largo del proceso electoral, la cuota de muerte y sufrimiento que atraviesa el país como parte del COVID-19 que desnudó, por si hiciera falta, la precariedad acumulada a lo largo de décadas de nuestro aparato de salud, la incapacidad del Estado y las grandes desigualdades que nos caracterizan como sociedad. Al desinterés y la desconfianza que producía una elección con 18 candidatos presidenciales, los más de ellos desconectados de la gente y sus necesidades, se sumó una campaña altisonante, prácticamente vacía de contenidos y llena de ofertas y anuncios fantasiosos en los que cayeron la mayoría de aspirantes para beneplácito de muchos medios de comunicación, interesados en el rating y la venta, antes que en la información y la promoción del debate.

Con este escenario no sorprende que el ausentismo, 28.30%, fuera el más alto de este siglo, superando por más de 10 puntos al del 2016, no obstante el esfuerzo realizado por la ONPE más allá de errores puntuales como el horario de votación para la población vulnerable, que hay que reconocer, logró sacar adelante el proceso con relativo éxito. Tampoco debe sorprender la suma también alta de votos blancos y nulos (17.5%), lo que hace que más del 45% del padrón expresara su desconfianza en la variopinta oferta electoral y su desconfianza en que desde aquella haya voluntad e interés por cambiar las cosas. Sólo así puede entenderse que la suma de los votos de los candidatos que ocuparon los tres primeros lugares, esté por debajo de ese porcentaje.

Más allá del desconcierto y de las explicaciones parciales que han producido inicialmente los resultados, hay algunos elementos, nuevos y viejos, que conviene señalar. El mapa electoral resultante es muy similar al que se diera el 2006. Lima - Callao y parte importante de la costa moderna votando por el modelo y el mercado, mientras la sierra, desde Cajamarca hasta Puno, haciéndolo por el cambio y por mayor presencia del Estado. García y Humala terminan reemplazados por Fujimori y Castillo en esta ocasión. Si entonces el comandante era la “sorpresa” para los entendidos, ahora parece serlo el profesor.

El fujimorismo, si bien severamente golpeado tras su naufragio los últimos años, apareció en estas elecciones con tres rostros –Keiko, López Aliaga y De Soto– que se fueron diferenciando y distanciando rápidamente a lo largo de la campaña, evidenciando las grandes dificultades de una derecha que compitió más dividida que nunca. Dificultades que le harán más difíciles de lo que se puede creer, la construcción de acuerdos con sus primos hermanos que, a juzgar por su reacción inicial, no encuentran hasta ahora “razones” válidas para ceder con facilidad su espacio. El uno, porque coincide con su conservadurismo, su homofobia y su machismo con varios de los discursos presentes en la candidatura de Perú Libre; el otro, porque su voluntad asesora lo hace impredecible.

El caso de Castillo es tanto o más complejo. A las distintas explicaciones identitarias de su voto, que sin duda son parte de la explicación, hay que añadir que se trata de un candidato que contó con el apoyo movilizado de algunos miles de maestros en todo el país y una campaña más presencial, especialmente en el sur, que siguieron su liderazgo en el conflicto en el gremio magisterial desde la huelga de 2017. A ellos se suma el aparato de Perú Libre, una construcción partidaria de los hermanos Cerrón que tiene una década de actuación, además del “aventón” que le dieron distintos medios de comunicación en su afán de liquidar las posibilidades de Verónika Mendoza, vista a lo largo de la campaña, hasta empezar abril, como el riesgo electoral mayor para la derecha y el modelo. A ello, por cierto, hay que añadir el conservadurismo y desinformación de sectores importantes del mundo popular, especialmente del interior del país y del medio rural. Como parece claro, la relación entre el candidato y la agrupación que lo llevó, será un primer tema de tensión.

A las dificultades y desafíos de ambos candidatos de cara a la segunda vuelta, hay que añadir que tendrán al frente a un Congreso fragmentado en 10 u 11 bancadas, donde en el mejor de los casos Patria Libre tendrá entre 33 y 37 representantes (¿cuántos del partido?, ¿cuántos del candidato?) y Fuerza Popular no más de 25. En un escenario complejo, con dos personajes que entrarán a un nuevo proceso, distinto a la primera vuelta, emergiendo de unos comicios que lo que expresan es desconfianza, descontento y distintos malos humores y temores, es probable que la incertidumbre y las sorpresas se mantengan hasta el final.

Como es evidente, en el corto plazo tendrán que pronunciarse con precisión sobre la vida cotidiana. Adquisición de vacunas, vacunación, oxígeno, atención primaria de la salud, generación de empleo y rutas de reactivación de la economía, están entre las preocupaciones de la gente. En el mundo ideal, ellos y los partidos que han logrado representación en el Congreso debieran construir acuerdos que corresponden al sentido común y no a la ideología. Parece, sin embargo, que será muy difícil, como lo ha sido hasta ahora, que algo así ocurra, lo que nos llevará a más polarización y temor a pesar de algunos parecidos entre ambas candidaturas. O precisamente por ellos.

 

desco Opina / 13 de abril de 2021

viernes

La selva huele a humo



Más de 80 000 incendios han sido registrados en la selva amazónica este año, lo que ha generado una alerta mundial sobre los daños a este estratégico espacio forestal y de biodiversidad. Lo más clamoroso ha sido sin duda, el desdén del gobierno brasileño por afrontar los incendios forestales en su Amazonía, producto de los planes de gobierno del Presidente Bolsonaro para desarrollar la "Amazonía improductiva”, un ecosistema particularmente vulnerable, en un contexto de preocupación mundial por el cambio climático.
La Amazonía peruana no es desde luego ajena a este problema; todos los años se reportan incendios forestales, habiendo sido particularmente devastador uno producido en el año 2016, que afectó 20 000 hectáreas en Satipo (Junín). Es alarmante que este siniestro haya sido prácticamente silenciado, sin tenerse conocimiento alguno sobre las responsabilidades en torno a su desencadenamiento, menos aún de acciones técnicas de recuperación. La impunidad persiste y a nadie le sorprende que la quema de bosques siga siendo una práctica habitual y parcialmente tolerada en la selva central. Coincidentemente, en estos días, se está produciendo un incendio forestal de grandes proporciones en Chanchamayo.
Detrás de esto hay, sin duda, ideologías como las que respaldaron el famoso "síndrome del perro del hortelano" del fallecido expresidente Alan García, evidenciado en afirmaciones como la siguiente: "…hay muchos recursos que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad o por indolencia”.
En la Amazonía no existen incendios forestales naturales, pues eso requeriría rayos secos, sin lluvia; los siniestros son producto de la irresponsabilidad y la falta de escrúpulos, basadas en intereses económicos. Es conocida la existencia de vínculos directos entre la quema de bosques y la expansión de áreas para la producción agropecuaria, lo que ocurre muchas veces con la soterrada complicidad de las autoridades nacionales o locales.
Una condición estructural para afrontar estos siniestros son las limitaciones del Estado. Así, en el plano normativo, existe un marco legal que sanciona el hecho –provocar incendios forestales es considerado un delito contra el ambiente y puede castigarse por ley con pena privativa de la libertad–; pero se carece de capacidades para identificar responsables, iniciar las acciones legales y ejecutar la sanción correspondiente. Las intervenciones requieren apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía Ambiental, que no siempre están disponibles. Más grave aún, hay una clamorosa insuficiencia de bomberos forestales especializados, con equipos necesarios para combatir incendios. La capacidad operativa para desarrollar acciones de prevención es todavía menor. Llama por eso la atención, que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) pretenda minimizar la frágil situación.
Por todo esto, el combate inmediato a los incendios corre siempre a cargo de iniciativas locales, en donde participan unos pocos bomberos mal equipados y muchos pobladores preocupados y comprometidos, intervenciones a todas luces insuficientes.
La presión internacional a raíz de los gigantescos incendios en la Amazonía brasileña, ha motivado la firma del Pacto de Leticia, que esperamos contribuya a mejorar la protección del principal pulmón del planeta, aun cuando hasta hoy no se han evaluado los resultados del Tratado de Cooperación Amazónica que fue firmado por los mismos países en 1978.
En conclusión, el olor a humo que emana del Amazonas, evidencia la falta de escrúpulos de ciertos empresarios y la corrupción de autoridades y funcionarios públicos. Muchos pequeños agricultores son, asimismo, en parte responsables, lo que demuestra que la pobreza secular es también una de las grandes causantes. Por eso preocupa que el flamante pacto, no enfatice en la necesidad de sancionar a los culpables, dejando abiertos muchos vacíos y resquicios legales en los compromisos internacionales, que permitirían reducir acciones contrarias a la preservación de la riqueza forestal y ambiental de esta importante cuenca. En el caso peruano, la ausencia del Estado, su escasa preocupación y la poca prioridad que de hecho le asigna al problema, agravan la situación.


desco Opina - Regional / 20 de setiembre de 2019
Programa Regional Centro - descocentro

jueves

De nuevo y a reacomodarse


Que el suicidio de Alan García no delineaba heroísmos ni cobardías, lo prueba el hecho de que días después, finalizada la Semana Santa, rápidamente los peruanos y peruanas volvimos a nuestras tribulaciones cotidianas que, como muestran incansablemente las encuestas desde hace décadas, pasan por cuestiones sideralmente lejanas a los políticos y los medios de comunicación. Hubo consternación, claro que sí, pero no duelo.
Fue un hecho personalísimo capaz de ser explicado únicamente por el psicoanalista del expresidente. Todo lo demás que se diga, sólo expresa frustraciones, deseos no cumplidos, aspiraciones personales y un largo etcétera que no quieren tomar en cuenta que el referente simplemente, ya murió.
Asimismo, el acto cometido por el expresidente no alterará el rumbo que han adoptado las acciones judiciales ya programadas. Se llevan a cabo los interrogatorios previstos con Jorge Barata y otros, esperando cuánta novedad traerán ante lo que ya se sabe. Pero, eso sí, pase lo que pase, ya no se enjuiciará a Alan García ni se le encarcelará si se probara su culpabilidad: el símbolo per se de la corrupción en la mente de la gran mayoría de peruanos ya salió del juego, así no nos guste. Por supuesto, como se adelanta desde ya, quedará el consuelo del «triunfo moral», ese gran artífice de la historia nacional.
Entonces, decíamos, hemos vuelto a la normalidad y nada mejor que constatando los problemas recientes que tiene el Ejecutivo para gobernar, como se evidencia, entre otras situaciones, en la forma que está adoptando lo que acontece alrededor de Las Bambas.
Al respecto, una cuestión es cómo se manejan los desafíos que puedan poner sobre la mesa aquellos con quienes se está negociando, en este caso los dirigentes de las comunidades campesinas, pero otra muy diferente, es cómo se manejan los desatinos propios.
A estas alturas, no debe caber duda en el Ejecutivo que haber propuesto la presencia del Poder Judicial y el Ministerio Público en las negociaciones, luego de que se le exigiera la liberación de los dirigentes campesinos y asesores presos, fue un tremendo error, por decir lo menos. Desde ya, Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, ha subrayado que la resolución de la actual tensión pasa por la liberación de las personas referidas, mediante una amnistía que debe ser procesada en el Congreso. En otras palabras, descoloca al Ejecutivo, agregando un nuevo actor estatal al escenario conflictivo.
Por ahora, Las Bambas deja de ser un conflicto circunscrito a los impactos sociales ocasionados por la actividad minera y ha tomado visos eminentemente políticos, donde los dirigentes campesinos parecen desenvolverse con bastante más propiedad que los representantes del Estado peruano. El mar no tan de fondo de todo esto es que la paralización del referido proyecto, pone en duda las modestas cifras de crecimiento que se han propuesto las autoridades para el presente año.
En este escenario, empiezan a quedar atrás las dudas y emergen certezas sobre la reforma política que tan buenos réditos diera al presidente Vizcarra en el primer tramo de su administración. Todo parece indicar que la modorra y el desinterés sobre estos asuntos no son privativos del Congreso, sino compartidos por el Ejecutivo.
Tras haber presentado al Legislativo doce proyectos de ley el pasado 10 de abril, no parece existir entusiasmo alguno para aligerar su aprobación. Al respecto, la premura en su presentación se justifica en tanto parte importante de las propuestas necesitan reformas constitucionales que deben iniciarse inmediatamente, para tener afianzado el marco normativo electoral y de partidos políticos el 2021. Por esta vía el Ejecutivo apenas salva su responsabilidad en las formas.


desco Opina / 25 de abril de 2019